Un funcionario del consejo escolar, elegido para servir en el órgano de gobierno local de un distrito escolar de EE. UU. en el estado de Tennessee, hizo algunos comentarios sobre el diálogo frente a las exigencias en una entrevista en 2022, describiendo sus interacciones en el consejo con grupos populistas como Madres por la Libertad. Representantes del grupo habían estado asistiendo a las reuniones del consejo regularmente con quejas referentes al currículo que incluía libros que describían las dolorosas luchas de los afroamericanos durante el Movimiento por los Derechos Civiles en EE. UU. (Williams 2022). Grupos como Madres por La Libertad han surgido como poderosas fuerzas en la política educativa de EE. UU. El populismo se caracteriza por expresiones políticas de contestación y exigencias entre «el pueblo» y quienes les gobiernan, considerados como élites en el encuadre populista (Laclau, 2005). El populismo aparece cuando cobran vida colectivos como una forma de agencia o articulación manifestada.

Las últimas décadas han sido testigo del surgimiento del populismo en todo el mundo. Los sistemas educativos financiados por el Estado se encuentran entre las instituciones que son objetivos populistas en países como Estados Unidos, Chile, Brasil, Turquía e Israel. Tomando como punto de partida las recientes investigaciones sobre populismo en la legislación y política educativa, analizo la importancia del populismo en los centros educativos financiados por el Estado: ¿cuáles son los supuestos beneficios democráticos, y el coste, de la expresión populista para la educación en las democracias liberales? Si bien las formas populistas de contestación tienen una importante función en la esfera pública en materia de educación, actualmente, muchos movimientos populistas conllevan la erosión de las normas democráticas liberales fundamentales. Aunque son necesarias formas de expresión populista para la evolución y reforma democrática, parte del «espíritu intervencionista» de la propia democracia (Rogers, 2010, p. 5), el populismo también contiene las semillas de la destrucción democrática en tanto que reduce las posibilidades de deliberación, y la necesaria capacidad de respuesta al pluralismo, que son esenciales para la legitimidad y estabilidad de las instituciones democráticas liberales.

En este artículo, analizo una muestra de las prácticas educativas actuales en los movimientos populistas educativos de Brasil, Estados Unidos e Israel¹. Tras un breve análisis de estas formas de populismo, que revela tendencias políticas de nacionalismo étnico, ortodoxia religiosa, antisecularismo y autoritarismo, reviso la teoría democrática para interpretar el populismo desde una posición teórica democrática dual: pragmatismo, y teoría democrática crítica o radical. Utilizo reflexiones pragmáticas en la esfera pública (Dewey, 1927; Frega, 2010, 2019), para explicar cómo y por qué emergen colectivos en la dinámica de instituciones estatales democráticas de educación. Y después paso a la teoría democrática radical para analizar la idea de la expresión populista y su función en la política democrática (Laclau, 2005; Mouffe, 2018). En términos pragmáticos, los movimientos populistas son colectivos en potencia, basados en una idea experimentalista de la vida política que incluye asociaciones de grupos en la sociedad civil que generan opinión, acción y desacuerdo en intentos de conformar decisiones en las instituciones estatales. Pero muchos movimientos populistas no llegan a ser colectivos democráticos en la medida en que se caracterizan por reducidos intereses privatizados, hábitos irreflexivos y prácticas que resultan antagónicas a la interpelación, la capacidad de respuesta y la deliberación. Como tales, los movimientos populistas pueden amenazar la legitimidad normativa y la estabilidad de las instituciones estatales democráticas liberales de educación. Aunque las versiones minimalistas o menos militantes de populismo son compatibles con, y vehículos importantes para la política educativa, las versiones maximalistas actualmente dominantes perfiladas en este artículo amenazan el proyecto de modalidades de educación pública e inclusiva (Sant, 2021).

La palabra populismo tiene sus raíces en la antigua Roma, del latín populi, «para referirse simultáneamente al pueblo soberano y a la ‘gente común’» (Sant 2021, p. 39). Los antecedentes del populismo en política fechan la historia más reciente en el siglo XIX en Rusia y EE. UU. En las décadas de 1860 y 1870, jóvenes urbanos rusos conocidos como narodniki intentaron activar a los campesinos para derrocar al Zar (Sant, 2021, p. 39). En 1891, en una convención en Cincinnati, Ohio, una coalición de granjeros y obreros, que compartían la misma problemática económica, formaron el “People’s Party”. Estos autodeclarados populistas fueron a la vez producto y catalizadores de un movimiento social de trabajadores, destinado a devolver el poder al pueblo. Estos populistas caracterizaron al «pueblo» como trabajadores corrientes: granjeros, obreros industriales, inmigrantes y nativos, negros y blancos, hombres y mujeres, cristianos y judíos, cuya lucha compartida por la supervivencia económica les unía contra un adversario común: los plutócratas, la élite económica (Frank 2020). Ser populista, en ese momento, era estar unido como «pueblo» contra «la élite». Boyte (2012) sostiene que «los movimientos populistas son narrativa. Crecen a partir de la idea de que una élite está dañando los valores, identidades y prácticas de un pueblo constituido culturalmente, sus memorias, orígenes y modos de vida» (p. 300).

Para varios estudiosos, el populismo se define como una «ideología delgada», es decir poco desarrollada (Mudde, 2004), un discurso (Laclau, 2005) y un fenómeno cultural (Mazzarella, 2019). La expresión populista tiene raíces históricas en todo el mundo, y hoy en día, procede de la organización política tanto de la derecha política como de la izquierda política. Sant (2021) describe líderes populistas en casi todos los continentes, desde el primer ministro indio, Narendra Modi, un nacionalista hindú considerado como el más prominente líder populista de Asia, el One Nation Party australiano, opuesto a la inmigración asiática y el multiculturalismo, a Hugo Chávez en Venezuela y Jair Bolsonaro en Brasil. Aunque la mayoría de la expresión populista documentada en todo el mundo es de derechas y autoritaria por naturaleza, hay muchos ejemplos de populismo de izquierdas que se organizan para, entre otros temas, derechos civiles y humanos. Una distinción fundamental en los tipos de populismo, que emplearé aquí, es entre las definiciones «maximalismo versus minimalismo» de la política populista (Sant 2021). Una definición maximalista se ve favorecida por los portavoces de los medios de comunicación y se caracteriza por líderes autoritarios, objetivos nacionalistas y desafíos fundamentales en las instituciones, leyes y usos democráticos. La definición maximalista es claramente evidente en la destacada literatura contemporánea sobre populismo educativo, tal y como describo aquí. Sin embargo, Sant sostiene que confundir el propio populismo con el bagaje ideológico que frecuentemente le acompaña, ayuda a alimentar la demonización de la expresión populista en los medios y en el discurso dominante en lugar de facilitar una interpretación rigurosa y cuidadosa. Por consiguiente, para Sant (2021), populismo es un «término poco consistente que hace referencia a prácticas políticas que polarizan la sociedad en dos grupos distintos, la élite y el pueblo, donde el pueblo cimenta la base principal de la voluntad general» (p. 52). La definición minimalista o delgada de Sant -haciéndose eco del influyente análisis del concepto de Mudde (2004)- proporciona una útil base para esta investigación, y permite una gran variedad de prácticas y posturas que podrían constituir un movimiento populista educativo particular.

Globalmente, los movimientos populistas han influido activamente en la legislación y en la política educativa durante décadas. Esbozo una imagen limitada de estas prácticas educativas a partir de una cuidada selección de artículos de investigación actuales de Brasil, Estados Unidos e Israel. La extensa erudición filosófica sobre el populismo en la educación muestra la abundante diversidad de expresiones y movimientos populistas que son contextualmente exclusivos de las dinámicas político-culturales de sus orígenes nacionales (Sant, 2021; Sullivan, 2019). Sin embargo, lo que surge de los recientes estudios empíricos es un retrato de populismo educativo caracterizado por valores de nacionalismo étnico, autoritarismo y ortodoxia religiosa, singularmente unidos y expresados en una miríada de formas culturales. Además, un patrón visto en esta literatura emergente es el sentido de «reacción violenta» contra los valores democráticos liberales en centros educativos estatales, donde los intentos para hacer los centros educativos más inclusivos y representativos del rico pluralismo multicultural de las naciones se enfrenta con formas populistas de resistencia por grupos de ciudadanos y funcionarios populistas elegidos que les representan.

Brasil presenta un caso práctico de estos patrones y tendencias globales. Surgido como estado democrático en la década de 1980, la educación en Brasil «experimentó un giro democrático social en las políticas sociales. … El ‘derecho a la educación’ incluía desarrollo infantil, justicia social, ejercicio de la ciudadanía y cualificación laboral» (Alvesa, Segattob, y Pinedaa, 2021, p. 332). En los años 2000, la política educativa reflejaba valores de inclusión y diversidad, «con énfasis en la igualdad racial, [y] en la igualdad de tratamiento de los estudiantes basada en el reconocimiento de género y LGTBQ» (ibid.). Como respuesta, se produjo una potente reacción violenta étnico-nacionalista y religiosa conservadora. Alvesa, Segttob y Pinedaa (2021) documentan cómo el movimiento No Partisan School (NPSM), organizado en 2004, evolucionó rápidamente para organizarse contra lo que era percibido como un movimiento izquierdista de censura política, ideológica y religiosa. Finalmente, el NPSM unió sus fuerzas con un grupo cristiano pentecostalista, el Evangelical Parliamentary Front (EPF), para convertirse en un grupo unido y políticamente poderoso aliado del presidente populista Jair Bolsonaro en 2018. Esta coalición populista de nacionalismo étnico y evangelismo cristiano buscaba «alejar la política educativa de una praxis feminista, marxista y freireana». Mientras «se basaba en un marco de educación «no partidista» o «neutral», la identificación de las ideologías opuestas como «el enemigo» creó automáticamente una división social binaria de «nosotros» contra «ellos» y «merecedores» frente a «no merecedores» (Hussain, y Yudas, 2021, p. 257). La coalición del NPSM y el EPF ha producido numerosos proyectos de ley modelados por valores conservadores y fundamentalistas cristianos cuyo objetivo son los centros educativos, las prácticas educativas o las iniciativas percibidas como «el enemigo». Representativo de todo esto es la acometida contra los materiales antihomófobos en los colegios, dispuestos por la reciente presidenta electa Dilma Rousseff.

La coalición entre NPSM y EPF también ha producido diversos intentos reaccionarios dirigidos contra la influencia de Paulo Freire en el programa educativo y entre el profesorado. Condenado como marxista, nuevos informes han documentado la intimidación de profesores mediante «notificaciones extrajudiciales para reprimir el supuesto adoctrinamiento ideológico, incluyendo el tratamiento pedagógico de temas relacionados con el género y la sexualidad (ibid., p. 345). Aunque el intento de segundo mandato presidencial de Bolsonaro fue derrotado por estrecho margen en 2022, el poder de estas coaliciones populistas se mantendrá.

El caso de Brasil tiene importantes paralelismos con la escena política contemporánea en Estados Unidos. En la actualidad, la política educativa populista de EE. UU. tiene su origen en crisis interrelacionadas. La primera de estas fue la reacción frente al COVID cuando se ordenó el uso de mascarillas y el cierre de colegios. La segunda fue la agitación política y las demandas de justicia racial surgidas tras el asesinato de un hombre afroamericano desarmado llamado George Floyd en el verano de 2020 por un agente de policía de Minneapolis, grabado en vídeo. Una resistencia reaccionaria a las iniciativas de justicia racial en la política educativa y pública surgió después del asesinato de Floyd, y fue encabezada nada más y nada menos que por el presidente Donald Trump, un populista de derechas cuya retórica ayudó a alentar la resistencia conservadora a las iniciativas de equidad en la educación. Expertos conservadores han denunciado que la doctrina de teóricos de la raza críticos está siendo enseñada en escuelas públicas de hasta 12 años, alegando sin ninguna evidencia que tiene una fuerte influencia sobre el programa y el desarrollo profesional. En el momento de la redacción de este artículo, 43 de los 50 estados de EE. UU. han presentado proyectos de ley o adoptado otras medidas para limitar el modo en que los profesores pueden hablar sobre racismo o sexismo en las aulas (Schwartz, 2021). En algunos estados como Florida, Oklahoma y Arizona, los gobernadores conservadores han introducido legislación beligerante que penaliza formas de educación relacionadas con la equidad y la inclusión de minorías raciales, y estudiantes y familias LGTBQ. El estado de Florida popularizó primero una versión de estos proyectos de ley, apodada por los críticos como legislación “Don’t Say Gay”, que restringe el debate de temas de identidad de género y sexualidad en las escuelas de primaria en dicho estado (Díaz, 2022). Estas iniciativas populistas están, además, a menudo respaldadas con autoritarismo, reafirmado por líderes políticos populistas que establecen un control mediante la clara amenaza de castigo en caso de incumplimiento. Los castigos por incumplimiento van desde la retención de fondos públicos procedentes del distrito, la rebaja de la puntuación en la libreta de calificaciones o calificación de evaluación estatal, retirada de la licencia profesional de la parte culpable, o permitir demandas civiles contra distritos o profesores individuales, como es el caso en Oklahoma, Florida, Missouri, Arizona y otros (Bayless, 2022). Estas expresiones populistas también están motivadas por excepcionalismo nacionalista. Prohibiciones en contra de las denominadas «ideas divisionistas» impiden la enseñanza crítica sobre la historia de EE. UU. porque dañarían o atacarían la pretendida verdad de América como un faro de esperanza y promesa democrática. Finalmente, estos movimientos populistas están cada vez más articulados como «derechos parentales», con grupos como Madres por La Libertad abriendo el camino para coaccionar a los equipos directivos de los centros escolares de todo el país a prohibir libros en las bibliotecas públicas y de los colegios que traten temas de equidad racial y LGTBQ (Bailey, 2022).

Mirando al este desde Norteamérica y Sudamérica, observamos patrones similares en la legislación y política educativa israelí, donde los populistas que gobiernan en coalición utilizan las revisiones de los programas curriculares y libros de texto como oportunidades para infundir un planteamiento «religioso-étnico-nacionalista» en el material escolar (Silberberga, y Agbaria, 2021, p. 326). The Basic Law: Israel as the Nation State of the Jewish People (Ley Fundamental: Israel como Estado-Nación del pueblo judío) aprobada en 2018 (Knesset, 2018) es un ejemplo de política populista israelí de la variedad religiosa-étnica-nacional. Esta, según sus críticos,

Silberberg y Agbaria (2021) señalan la revisión de 2016 de los libros de texto nacionales sobre educación cívica, Being citizens in Israel, como un ejemplo destacado de cómo estas ideologías alimentadas por el populismo han impregnado la educación. El nuevo contenido del texto es más religioso y menos pluralista. Estos autores también ponen de manifiesto que el propio proceso de revisión fue criticado por su falta de transparencia y la exclusión de educadores israelí-palestinos del proceso de revisión; varios miembros del comité de revisión también dimitieron debido a controversias sobre el contenido (Silberberg, y Agbaria, 2021, p. 321). Silberberg y Agbaria además señalan que «el énfasis sobre los ideales religiosos en la política populista de educación puede contemplarse como un movimiento estratégico para circunscribir la identidad nacional de la mayoría judía dentro de fronteras puramente religiosas» (p. 326). Al igual que en el caso de Brasil, vemos cómo el conservadurismo religioso se siente llamado a resistir frente al estado secular que está influyendo en los programas y actividades educativas financiadas por el estado.

Estos tres países muestran un patrón de populismo emergente en la literatura reciente: el populismo educativo se caracteriza en muchos lugares por nacionalismo étnico, autoritarismo y conservadurismo y ortodoxia religiosa. Constituye un tipo de reacción violenta colectiva contra las reformas educativas del estado democrático liberal, cada vez más fuertes, que enfatizan la igualdad, la inclusión y el pluralismo en toda sociedad. Brubaker (2017) señala tres elementos del populismo que también son relevantes en este conjunto de países: proteccionismo, antiinstitucionalismo y mayoritarismo.

El mayoritarismo afirma la voluntad, intereses y derechos de la mayoría frente a las minorías. El mayoritarismo reclama

La política populista en educación, a lo largo de la historia de la educación pública, ha contribuido a crear centros educativos con una orientación más inclusiva y pluralista; el Movimiento por los Derechos Civiles en EE. UU., al que se ha hecho referencia anteriormente, es un ejemplo de grupos y coaliciones que han utilizado la esfera pública —manifestaciones, acciones políticas y formas persistentes de demanda— para ampliar la promesa de la democracia liberal de inclusión e igualdad para afroamericanos, estudiantes con discapacidad y población femenina. Actualmente, la investigación en materia educativa revela que están floreciendo formas de populismo conservador, religioso y nacionalista. El populismo es una especie de democracia asociativa, pero una que tiene un propósito y un conjunto de objetivos y hábitos distintos. Para analizar los costes y beneficios de los movimientos populistas en las instituciones educativas, debemos sacar a la luz la función crítica de las asociaciones de grupos en la política y gobierno democráticos, a través de filósofos pragmáticos de la democracia (Dewey, 1927; Frega, 2010, 2019). Frente a la evidencia empírica aquí tratada, que representa el impacto de la política populista contemporánea en tres diferentes estados-nación, la idea de populismo como un elemento potenciador de política democrática requiere un análisis adicional.

Un proyecto clave de los teóricos democráticos en el último medio siglo ha sido «ampliar la democracia», cuestionando teóricamente las nociones estática y estatal de la democracia como «instituciones políticas formales al servicio de proteger valores liberales» (Frega, 2019, p. 31). Debido a que las escuelas financiadas por el estado no pueden cumplir totalmente las promesas de la democracia liberal en sus sistemas educativos, plagados de exclusiones basadas en clase, raza y género, estas objeciones resultaron fundamentales para el desarrollo institucional educativo. Una notable constelación de teorías en este proyecto son las ofrecidas por pragmáticos filosóficos, que buscan interpretar la función de la sociedad civil en la política democrática. Las teorías de Jürgen Habermas de racionalidad comunicativa y la función de la democracia deliberativa prevalecen aquí, al igual que la teoría de John Dewey de lo público (Habermas, 1996; Dewey, 1927; Frega, 2019, p. 40). Un conjunto paralelo de poderosas ampliaciones teóricas ha sido aportado por teóricos críticos en su conceptualización de democracia radical, usando estrategias agonísticas de contestación para empujar los procesos e instituciones políticas formales más allá de sus actuales dimensiones excluyentes y opresoras, mediante la contestación y creación de movimientos (Laclau y Mouffe, 1985). El populismo parte de estas dos tradiciones teóricas.

Democracia, para los pragmáticos, es una teoría social, política y educativa, que se expande más allá de los parámetros de las teorías políticas tradicionales centradas en el estado. Incluidos en el alcance político pragmatista están la miríada de grupos y formas sociales que conforman nuestras vidas a nivel social, relaciones intersubjetivas y encuentros en la diferencia. Frega (2019) describe la relación entre la teoría de sociedad civil y los procedimientos e instituciones democráticos formales de la democracia representativa. Las teorías de la sociedad civil

Las teorías de la sociedad civil de la política democrática han sido, para las instituciones educativas, particularmente adecuadas, ya que las instituciones educativas proporcionan un espacio de asociación informal y particularmente localizado, y valor, para familias, niños y jóvenes. Incluso en sistemas centralizados de educación pública, las escuelas pertenecen tanto al sector de la sociedad civil como a sectores estatales o gubernamentales más institucionalizados. Las escuelas son lugares de múltiple interacción asociativa, reuniendo comunidades, familias, organizaciones voluntarias, y organizando trabajo político en sus órbitas.

Las teorías democráticas de la sociedad civil en la tradición pragmática centran nociones de la esfera pública, y múltiples colectivos, como asociaciones de significado y poder para definir intereses mutuos sobre problemas compartidos. Como Frega (2019) apunta,

El terreno profusamente pluralista y social de los centros educativos hace de las teorías de la esfera pública una herramienta útil para analizar las políticas educativas. Asociaciones de ciudadanos, miembros de la más amplia ciudadanía de la nación-estado, se constituyen periódicamente en localidades o regiones para dar voz e influir en asuntos relacionados con sus colegios, cuestiones educativas o dificultades experimentadas por los estudiantes. Estos pequeños colectivos ciudadanos están impulsados por problemas o inquietudes compartidas entre familias o por otros actores educativos (Knight Abowitz, 2014). En la esfera pública, estas asociaciones ayudan a los ciudadanos a adquirir voz propia y poder para expresar sus intereses y agendas en la medida en que pueden ser distintas, o también opuestas, a las políticas de sus centros educativos. Las comunidades educativas pueden ejercer presión con el fin de romper el comportamiento rutinario generado por los burocráticos y centralizados sistemas escolares con sus estructuras formales de representación política (Waks, 2010). Como Rogers (2009) señala, los colectivos pueden servir frecuentemente como

La democracia debe ser reinventada continuamente, ya que la sociedad y las condiciones políticas evolucionan (Dewey, 1927; Rogers, 2009). Los marcos políticos pragmáticos asociativos, intersubjetivos y orientados a la praxis (Rogers, 2009) se superponen con los que los teóricos democráticos radicales consideran respecto de la política democrática. Articulado a partir de la teoría crítica, el proceso de ampliación democrática de los teóricos políticos agonistas analiza el populismo como un tipo especial de estrategia agonista, empleando la lógica de la esfera pública y la sociedad civil democráticas, pero hacia fines emancipadores. Mouffe (2000) ofrece la distinción entre «política» y «lo político» como una posición que explica los solapamientos y las distinciones con teorías democráticas pragmáticas, con énfasis sobre el pluralismo profundo y sus elementos necesarios de conflicto:

Mouffe no persigue la unidad como definidora del proyecto democrático, ya que este objetivo es imposible; la democracia siempre deja un resto, un grupo excluido o un conjunto de subjetividades. La democracia ha creado una distinción entre nosotros y ellos en su propio diseño, desde este punto de vista. La política democrática, por tanto, en las tradiciones radicales, intenta crear los supuestos de un pluralismo profundo, y por tanto antagonismo, en el modelo.

El populismo adopta directamente temas de democracia agonista tal como han sido articulados por teóricos democráticos radicales (Laclau, 2005; Mouffe, 2018).

El pragmatismo complementa las teorías radicales de democracia en tanto que ambas orientaciones contemplan la sociedad civil como una esfera rica para la política, donde agentes sociales colectivos pueden surgir como respuesta a un contexto social «inestable y parcialmente indeterminado» (Zamora, y Santarelli, 2021, p. 496). Ambas tradiciones teóricas entienden las instituciones estatales democráticas como estáticas y cercadas por burocracias que excluyen identidades e intereses minoritarios. Ambas tradiciones, asimismo, usan rutinas de asociación y acción de grupo para ayudar a empujar las instituciones estatales hacia una reconstrucción expansiva.

Los movimientos populistas actuales que están influyendo en la educación en Brasil, EE. UU. e Israel no son emancipadores; están fundamentados en valores antiliberales, definidos por intereses privados no compartidos con la colectividad general, poseen hábitos irreflexivos y entran en prácticas antagonistas de interpelación y deliberación. Como resultado, la política populista presente, con su interpretación maximalista de «el pueblo» en términos autoritarios, religiosos y étnico-nacionalistas, no puede conducir a la ampliación de la democracia (Frega, 2019). En su lugar, estos movimientos muestran los problemas de legitimidad y estabilidad que los populismos maximalistas llevan a las instituciones democráticas liberales de educación. Para responder a estos desafíos populistas, las instituciones estatales responsables de la educación requieren que la política democrática mejore las condiciones y el diseño. Estas condiciones son aquellas que fomenten la interpelación, expandan hábitos de responsabilidad y promuevan culturas y procesos de deliberación que, en constantes condiciones de incertidumbre, produzcan decisiones que puedan guiar la evolución y mejora de la política y práctica educativa sin poner en riesgo la estabilidad y la legitimidad.

La expresión populista, en formaciones maximalistas, es producto de múltiples factores del actual entorno social. La globalización, tanto económica como cultural, ha creado una dinámica de ganadores y perdedores:

Podemos ver estas amenazas al multiculturalismo en Israel con la circunscripción de la identidad nacional de la mayoría judía dentro de fronteras y narrativas puramente religiosas, en los libros de texto de educación cívica revisados. Somos testigos de amenazas similares en EE. UU., donde grupos como Madres por la Libertad presentan iniciativas de prohibición de libros que abordan relatos presentando grupos minoritarios raciales y étnicos, familias y personas LGTBQ, o personas con identidades de género no binarias. El populismo cristiano conservador en Brasil tiene en el punto de mira a la educación y al programa educativo «freireano» feminista y antihomófobo. Estas quejas contra el multiculturalismo se pueden comunicar de muchas formas, ya que las formas cambiantes de los medios de comunicación «han facilitado la difusión de los discursos populistas» (Sant, 2021, p. 54). Estas condiciones se unen para demostrar el profundo pluralismo y la polarización que crecientemente marcan la vida pública en las democracias liberales. Formas concretas de soluciones «razonables» de consenso del estado liberal tradicional parecen, por consiguiente, cada vez más inalcanzables. Los teóricos democráticos radicales nos dicen que debemos renunciar a los objetivos de gobernanza de consenso como «formas de escapismo» y de ese modo «enfrentarse al reto que supone el reconocimiento del pluralismo de valores» (Mouffe 2000, p. 9).

Donde Mouffe se equivoca, sin embargo, es en que la democracia no requiere ninguna forma permanente de consenso (Vasilev, 2015). El gobierno, en condiciones de profundo pluralismo, requiere algo menos concreto, pero quizás no menos desafiante: condiciones que fomenten la interpelación, la capacidad de respuesta y la deliberación que, en las constantes condiciones de incertidumbre, produzcan decisiones que puedan orientar la evolución y mejora de la política y práctica educativa sin poner en riesgo la estabilidad y la legitimidad. Cuando los colectivos emergentes se maximalizan en la política expresiva y activista del populismo autoritario, étnico-nacionalista y religioso, la democracia asociativa pierde su potencial para realizar los procesos políticos necesarios para la toma de decisiones democrática inclusiva en las sociedades plurales. Las políticas democráticas en educación que se caracterizan por la interpelación y la capacidad de respuesta y deliberación son necesarias para asegurar que los desafíos populistas ayudan a mejorar y ampliar la inclusividad, y el acceso a las instituciones educativas democráticas liberales.

Las condiciones para la interpelación son un problema hoy en día en todas partes. En la introducción, describo un encuentro entre un funcionario escolar elegido localmente, un representante de una institución educativa democrática liberal, y una persona que representaba a un grupo cívico —Madres por La Libertad— que presentaba una demanda populista. Aquí entran en conflicto dos prácticas políticas distintas: la práctica de pregunta-respuesta, señalando una disposición a involucrarse en una interpelación compartida, frente a la práctica de articulación de una demanda, la expresión asertiva de una petición formalizada. Este encuentro es un momento de contingencia, potencialmente bloqueado por la demanda en lugar de realizar un análisis del problema en cuestión usando formas de inteligencia social. La formación de un colectivo es resultado de la interpelación social relativa a una cuestión determinada, lo que Dewey denominó «situaciones problemáticas» (Dewey, 1938, p. 109; Frega, 2010). La interpelación se hace necesaria para una «situación problemática» deweyana, que es una condición social indeterminada que requiere métodos experimentales de pensamiento, acción, reflexión y descubrimiento entre diferentes intereses e identidades. Tal y como Frega describe:

Las asociaciones populistas frecuentemente limitan su interpelación a problemas y situaciones experimentadas por un limitado conjunto particular de intereses e identidades, ya que su organización está a menudo limitada a personas y grupos afines. Los conservadores brasileños han organizado y creado coaliciones entre diferencias políticas y religiosas, para formular una alianza táctica de posiciones y poder político orientada hacia valores conservadores tradicionales. Existe un problema planteado de articulación; uno que ayuda a formular una descripción del problema que corresponde a las experiencias sociales y vividas de aquellos entre su asociación o grupo limitado de actores conservadores. Su interpelación está hasta ahora limitada al proyecto de interpretar y organizar la articulación de la demanda. Este es el ámbito «político» de Mouffe, de contestación y conflicto. Para entrar en el terreno de juego de la política, de proceso y procedimiento entre una amplia y pluralista comunidad, la interpelación debe estar abierta a un razonamiento y una investigación más general, la condición de acceso al ámbito institucional democrático. El rechazo a la interpelación más allá de los límites de una sencilla perspectiva asociativa también puede llevar fácilmente a una «epistemología de la certidumbre» que, en muchos casos, puede definir los proyectos populistas (Moreira, 2022). El populismo de Laclau acepta la contingencia de lo político, pero el objetivo último es crítico, y la demanda, que a menudo puede detener, en lugar de hacer evolucionar, la interpelación hacia instituciones o funcionarios.

La condición de capacidad de respuesta refleja una necesidad para las instituciones democráticas de responder a las cambiantes necesidades y dificultades de su gente. Como ciudadanos, esperamos que nuestras instituciones estatales democráticas liberales sean receptivas al cambio social y cultural, y a otras situaciones experimentadas por los ciudadanos, incluyendo las amenazas planteadas a los derechos y libertades liberales. Los representantes gubernamentales esperan que las asociaciones de ciudadanos sean receptivas a las razones y condiciones que representan los diversos intereses y objetivos del estado pluralista inclusivo. Este doble sentido de la capacidad de respuesta política se ha visto amenazado en un mundo donde las políticas económicas neoliberales globales han exacerbado la desigualdad y hecho que muchos gobiernos sean generalmente más sensibles a los intereses y actores corporativos y privados que a sus propios ciudadanos. Esto, a su vez, ha hecho a los grupos ciudadanos más antagónicos.

Sant (2021) señala el ascenso del populismo chileno como favorecido por condiciones globales que han fomentado la resistencia y rigidez institucional de los movimientos democráticos para la igualdad:

La política populista continuará apelando a los ciudadanos en tanto los representantes de las instituciones estatales rechacen comprometerse con asociaciones ciudadanas. Como Peterson (2022) señala, el populismo se ha legitimado «porque las promesas de igualdad y soberanía popular esenciales en los sistemas democráticos no se han cumplido para todos» (p. 1429). Sin embargo, este es un complejo argumento cuando procede de formas de populismo étnico-nacionalista, antisecular y homófobo que están amenazando los principios liberales democráticos en Israel, Brasil y Estados Unidos. Grupos cívicos o políticos que demandan una narrativa histórica selectiva de la nacionalidad presentada en libros o currículo, que rechazan un retrato complejo y preciso del desarrollo y la identidad de una nación-estado, representarán intereses que no cumplen la prueba de inclusividad democrática. Esto no significa que las instituciones y representantes democráticos puedan justificar una carencia de capacidad de respuesta hacia estos grupos o intereses. La función del gobierno es ser «un dispositivo institucional para controlar resultados en interés de la ciudadanía», y mucho está en juego en «la manera en que las necesidades y opiniones de los colectivos se toman en consideración» (Frega, 2019, p. 192). En definitiva, la política democrática debe, a nivel de instituciones estatales, proporcionar «un criterio inicial descriptivo y normativo para analizar procesos democráticos; su capacidad para favorecer una constitución inclusiva de la colectividad» (Ibid.). La capacidad de respuesta a todos los grupos e intereses es la promesa de estar abierta a la consideración de razones y demandas presentadas por ciudadanos y asociaciones, y para involucrarse en el conflicto de forma productiva. Esta capacidad de respuesta es un requerimiento de todos los grupos y actores democráticos, tanto dentro de las instituciones estatales como los que representan las colectividades populistas.

La capacidad de respuesta a las formas agonistas de política requiere no solo una aquiescencia a las demandas intolerantes de grupos autoritarios, sino que probablemente requiere que las instituciones estatales desarrollen planes para una mejor mediación y faciliten la interpelación y deliberación productiva en torno a los desafíos populistas, de cualquier ideología y clase (Lowndes y Paxton, 2018).

Finalmente, llegamos al debate sobre la deliberación y sus condiciones facilitadoras necesarias. Hablar y ofrecer explicaciones, por encima de la fuerza y la coacción, caracteriza los principios políticos democráticos. La deliberación es una cualidad de la toma de decisiones y el desacuerdo democráticos. Las formas puristas de procesos políticos deliberativos rehúyen de formas simples mayoritarias y agregadas de toma de decisiones y son, por lo tanto, difíciles de escalar incluso para pequeñas instituciones democráticas liberales. Pero afirmar que los procesos deliberativos de interpelación e intercambio deben ser un aspecto central de la toma de decisiones de la democracia representativa es o debería ser una aseveración bastante incontrovertible. Los procesos de deliberación son fundamentales en una teoría política pragmática y se asume que los participantes tienen capacidad para adaptar sus convicciones frente a buenas razones. Como Frega (2012) señala:

La deliberación se construye sobre el intercambio dialógico, y representa un elemento fundamental de la legitimidad democrática. Con todo, una de las enormes dificultades de los actuales desacuerdos sobre el sistema educativo en las sociedades plurales son las estridentes e incendiarias formas de intercambio político con que se plantean. White y Neblo (2021) señalan las formas de polarización afectiva que han acabado con la deliberación política productiva en muchas sociedades democráticas. Las controversias sobre mascarillas durante la pandemia de la COVID que se produjeron en EE. UU. y otros lugares constituyen un ejemplo clave, y un incidente que puede ser origen de la expansión actual de la política populista en materia de educación. En estos debates quedaba poco espacio para el compromiso o el punto intermedio; las familias antimascarillas alegaron que la obligatoriedad de la mascarilla recortaba sus libertades fundamentales como padres. Las posiciones a favor y en contra de las mascarillas se endurecieron hasta convertirse en enemigas en el campo de batalla de la política. La polarización afectiva y de convicciones sobre diferentes posturas hacia las mascarillas y las vacunas se convirtieron rápidamente en posiciones de identidad y estilo de vida irresolubles (Talisse, 2019). Los distritos escolares en EE. UU., atrapados en medio de las diferentes posturas e intereses implicados en estas disputas, quedaron expuestos a una crisis de legitimidad, ya que cualquier terreno para la deliberación quedó sumamente limitado. «Diremos que una crisis de legitimidad existe para una agencia dada en el grado en que sus políticas se encuentran con amplia o intensa resistencia» (White, y Neblo, 2021, p. 175).

¿Cómo puede uno deliberar con el Otro? Esta es la pregunta que cada vez más nos hacemos a nosotros mismos —no importa cuál sea nuestra postura o condición— en nuestras sociedades polarizadas. Cuando un ciudadano o un grupo de ciudadanos plantea una demanda a un organismo que elabora políticas, la respuesta inicial es retroceder, rechazar o responder de la misma manera, con condiciones o contrademandas hacia ellos. El profundo pluralismo al que nos enfrentamos hoy en la vida pública pone en tensión los límites de la imaginación deliberativa. Los colectivos se agrupan ahora alrededor de intereses de crecimiento saludable y desarrollo de niños y jóvenes de género no binario, crecientemente identificados en muchas sociedades, y aquellos que demandan acceso igualitario a espacios seguros e inclusivos en la educación pública. La misma idea de género como constructo social, como ejemplo, es muy variable, y tiene tanto posibilidades emancipadoras como amenazadoras, dependiendo del posicionamiento y los intereses de cada uno. Las identidades de género no binario son muy cuestionadas en muchos y variados terrenos, incluyendo el religioso y el cultural. Si consideramos la democracia como una formación político-social que debe evolucionar, o morir, encontrando modos de deliberar sobre posturas aparentemente irreconciliables, podemos ver que se requerirá un gran acuerdo de experimentación creativa cuando se trata de reunir a colectivos muy diversos en la mesa de intercambio y negociación (Shuffelton, 2022). Esta experimentación es esencial, sin embargo, frente a cualquier desafío populista a las instituciones democráticas liberales, y particularmente aquellas cuyos objetivos están orientados hacia los niños, un terreno que mezcla lo público/privado, y alrededor del que circula mucha preocupación parental. ¿Es posible para las instituciones educativas crear legitimidad mediante procesos que construyen procesos deliberativos para la toma de decisiones, haciendo de ese modo más receptivas las burocracias educativas, más flexibles, y más participadas por las sociedades pluralistas a las que sirve?

He argumentado que el populismo puede ser un potenciador de la democracia en los centros educativos cuando ayuda a impulsar a los centros a alcanzar los principios democráticos liberales de inclusión e igualdad. El populismo minimalista, cuando consiste en una asociación de ciudadanos que se organizan en nombre de demandas desoídas o ignoradas hasta el momento por las instituciones estatales de educación, puede aportar una mayor legitimidad y estabilidad a los sistemas escolares y educativos. Estos objetivos pueden surgir de políticas democráticas que entienden el estado como una institución liberal-democrática que debe ser sensible y receptiva a la colectividad y a las asociaciones que sus ciudadanos forman orgánicamente con el paso del tiempo. La educación financiada por el estado en muchas naciones democráticas liberales está sometida a la presión del desafío crucial de las formas autoritarias, étnico-nacionalistas y religiosas ortodoxas de los movimientos populistas. Estos populismos maximalistas suscitan homogeneidad sobre pluralismo, y exclusividad sobre esferas públicas integradas. Prestar atención y afrontar los miedos, la desubicación y las incertidumbres que motivan estos movimientos requiere hablar a, y con, la gente que lleva estos miedos al terreno de lo político en forma de demandas antidemocráticas. Estas intervenciones pueden producirse a nivel legislativo y escolar. Las deliberaciones sobre el programa educativo deben ser transparentes y equilibrar las opiniones de expertos con capacidad de respuesta a los diversos grupos representativos de familias, estudiantes, y ciudadanía en general. Las cuestiones de política y práctica deben ser objeto de verdadera interpelación y deliberación. Sin estos movimientos expansivos en el gobierno y la elaboración de políticas democráticas, nuestras democracias no pueden esperar evolucionar más allá del actual momento de crisis protofascista.