Aunque, como se ha mencionado anteriormente, la FP se ha desarrollado en diversos contextos, podemos afirmar que en la antigüedad se inicia en el ámbito laboral y, en muchos casos, familiar, como un proceso de enseñanza-aprendizaje informal hasta la llegada del sistema gremial en la Edad Media (Rodríguez Herrero, 1986). Con carácter oficial, el origen de los gremios se encuentra en las diversas ordenanzas que se dictaron durante los siglos XIII⁴, XIV y XV, estando fechadas la mayoría de ellas durante los reinados de los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe II⁵. Existían decenas de ordenanzas con distinto ámbito de aplicación; algunas regulaban los gremios a nivel municipal y otras sólo abordaban un gremio concreto. La mayoría de ellas, además, no se encontraban recopiladas en ningún lugar, lo que generó un sistema legislativo caótico que, según el análisis de Rodríguez Campomanes, influyó negativamente en el crecimiento de los oficios gremiales. En cuanto al aprendizaje, en todos los gremios existían diversos niveles de cualificación (aprendices, oficiales y maestros) y en las ordenanzas se establecían el tiempo que había que dedicar a la formación para poder acceder al siguiente nivel, la existencia de un examen para alcanzar la maestría, así como el precio que el aprendiz debía pagar en concepto de matrícula. Sin embargo, el tiempo de formación establecido variaba de un oficio a otro, según la ciudad para un mismo oficio y, en muchos casos, incluso se pactaba entre maestro y aprendiz mediante contrato, aun cuando esto fuera en contra de la ordenanza correspondiente⁶. Por otra parte, no se establecía metodología ni ningún otro aspecto sobre la enseñanza, por lo que no se puede afirmar que existiese un verdadero modelo común. Si bien, podemos entender como FP las enseñanzas que recibían los aprendices porque, aunque eran muy diversas, todas ellas consistían en la adquisición de una serie de competencias profesionales que tenían como objetivo la obtención de una licencia que les permitía ejercer su oficio con independencia productiva, no podemos considerar que fueran impartidas en dualidad, ya que el aprendizaje era impartido en su totalidad por el maestro, que además, solía acoger al aprendiz en su unidad familiar y ocuparse de su sustento⁷. Esta formación coexistirá con otras formas de FP hasta el siglo XIX⁸, siendo las Cortes de Cádiz, con el Decreto CCLXII de 8 de junio de 1813⁹, las que derogaron la obligatoriedad del aprendizaje en los gremios¹⁰: «II. También podrán ejercer libremente cualquiera industria ú oficio útil, sin necesidad de examen, título ó incorporacion á los gremios respectivos, cuyas ordenanzas se derogan en esta parte»¹¹.

Durante el reinado de los Borbones, especialmente bajo los mandatos de Felipe V, Fernando VI y Carlos III, las Reales Fábricas¹² fueron la gran apuesta de la monarquía para la reindustrialización del país y la eliminación de la dependencia del exterior. Durante décadas se crearon gran cantidad de ellas por todo el territorio español, de sectores productivos muy diversos y con titularidades diferentes, públicas y privadas, aunque en estas últimas existían distintos niveles de intervención por parte del Estado.¹³ En ellas, se instruía a los aprendices que iban ascendiendo según avanzaba su formación y, aunque pueda parecer que este aprendizaje no difiere mucho de la forma en la que se habían forjado los artesanos y otras profesiones hasta ese momento, y pese a que dicho aprendizaje continuaba en manos de la empresa, encontramos diferencias. En concreto, en las Reales Fábricas existía un aprendizaje colectivo y la preocupación por la formación era mayor, especialmente en aquellas en las que la fabricación de productos manufacturados era más compleja y artística. Como se buscaba sustituir las importaciones por producto nacional, era necesario formar a españoles que desarrollaran estos oficios, teniendo que recurrir, en muchos casos, a maestros extranjeros¹⁴ para lograrlo. Como prueba de la mayor importancia dada a la formación encontramos documentación de la época que acredita la existencia de zonas dedicadas únicamente a la formación de los aprendices en algunas Reales Fábricas¹⁵, el nombramiento de personal encargado de dirigir las escuelas de aprendices y la inclusión de la regulación de la formación en sus reglamentos, aunque tal y como ocurría en el caso de los gremios, sólo se abordaban aspectos como la edad, el tiempo de formación y los precios, sin existir referencia alguna a metodología, evaluación u otros aspectos relacionados¹⁶.

Durante el reinado de Carlos III, su ministro de Hacienda, Campomanes, propuso como alternativa al modelo de la manufactura real lo que él denominó “Industria Popular”. Buscaba una mejora en la rentabilidad frente a las Reales Fábricas que supusieron una gran inversión y que, en muchos casos, fueron deficitarias debido a la incapacidad de sus gestores y a la falta de competitividad frente a productos extranjeros (Helguera Quijada, 1986). En su Discurso sobre el Fomento de la Industria Popular Rodríguez Campomanes (1776) dejó constancia de la importancia que la industria y la agricultura tenían en la economía española y cómo la carencia de formación en los distintos oficios hacía que se importasen gran cantidad de productos manufacturados o procesados que provocaban que la balanza comercial del país fuera deficitaria. Campomanes abogó por una industria de baja cualificación que podía desarrollarse en las propias casas e incluso que podía compatibilizarse con la práctica de la agricultura. Por otro lado, en este discurso encontramos la idea de la necesidad de formación competencial, al referirse Campomanes a la ausencia de atención durante siglos a los conocimientos sólidos y usuales en pro de conocimientos abstractos a los que solo podía dedicarse una pequeña parte de la población. Asimismo, podemos destacar las referencias a instituciones y a diversas medidas con las que Campomanes pretendía lograr el fomento de la industria y que estaban relacionadas con la FP:

Este discurso, del que se imprimieron 30.000 ejemplares siguiendo órdenes del Consejo de Castilla y de S.M. Carlos III, se convirtió en una exposición de motivos que serviría de base a la legislación posterior (Lluch y Argemí de Abadal, 1995). También fueron múltiples los dictámenes que Campomanes, en calidad de Fiscal del Consejo de Castilla, hizo sobre las escuelas de aprendizaje, los gremios y las fábricas (Helguera Quijada, 1980). Además de este discurso, Campomanes publicó otras dos obras (Rodríguez Campomanes, 1774, 1775) donde se reafirmó en la idea de la importancia de la escuela industrial.

De todas las medidas mencionadas en las obras de Campomanes, nos detenemos en las escuelas patrióticas, que nacieron con el objetivo de formar a los ciudadanos en la ya mencionada “Industria Popular”. Tal y como se ha comentado, estas escuelas fueron promovidas por las Sociedades Económicas. Este es el caso de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, creada en 1775 y cuyos socios pertenecían mayoritariamente a la Administración, a los Consejos de Hacienda e Indias y al Comercio de Madrid, siendo uno de los promotores el propio Campomanes. Esta Sociedad creó, financió y gestionó nueve de las denominadas escuelas patrióticas (cuatro de hilazas, una de tejedoras, una de bordados, una de hilos finos, una de encajes y una de flores artificiales) y otras escuelas que, aunque no se consideraban patrióticas por no estar directamente relacionadas con el objetivo marcado por la industria popular de incorporar a las mujeres y a los mendigos al sistema productivo, sí abordaban el aprendizaje de oficios como en el caso de la escuela de talabartería y de relojería. Todas estas escuelas eran financiadas por la familia Real, donativos privados y, también, por la venta de los productos creados en ellas. Carlos III apoyó el proyecto presentado por la Sociedad Matritense y, mediante una real cédula (Consejo Real de Castilla, 1775), animó a otras Sociedades a seguir su ejemplo. El funcionamiento de estas escuelas, sin embargo, seguía sin ser uniforme ya que se regían por reglamentos ad-hoc creados por las Sociedades Económicas para cada una de ellas. En cuanto a los contenidos impartidos, además de aprender el oficio, se enseñaba al alumnado a leer, escribir, contar y, de forma voluntaria, se podía acceder a la enseñanza religiosa. Podríamos decir que es en este momento cuando aparece por primera vez una institución independiente a la empresa-fábrica para el aprendizaje del oficio, aunque seguimos sin poder hablar de formación dual.

Según Palma García (1984) las escuelas patrióticas de la Matritense fueron un primer ensayo de Formación Profesional porque promovieron una enseñanza más artesanal que industrial y porque sus principios esenciales (oficialmente reconocidos por ordenanzas de 1807 y 1809) implicaban la obligación de los gobernantes de asegurar una educación gratuita y uniforme que fuera vigilada por el Estado¹⁸. También hay que destacar que fue en ese momento cuando, en virtud de la Real Cédula de 1779 (Consejo Real de Castilla, 1779), se abrió la posibilidad de acceder a estas escuelas a las mujeres y niñas, si bien, solo en el sector textil y sin opción de llegar a la maestría. Sin embargo, López Barahona (2016, 2020) reflexiona sobre la realidad de estas escuelas, en concreto de las de hilazas, y plantea la cuestión de si el término “escuela” era utilizado para encubrir lo que realmente eran talleres donde se trabajaba a destajo por remuneraciones consideradas “limosnas”. Esto daba un matiz de caridad a lo que realmente era una relación laboral desigual entre fabricantes y pobres y mujeres, que eran considerados cargas para el Estado, siendo el “maestro” una figura de vigilancia y control. Esta reflexión podemos hacerla extensiva también a aquellas Reales Fábricas donde se desarrolló la fabricación de productos más industriales que artesanales, es decir, a aquellos casos en los que no se requería una cualificación media, sino baja. Estas escuelas patrióticas no sobrevivieron a la Guerra de la Independencia¹⁹.

En conclusión, según Sanchidrián Blanco (2010), puede considerarse que el proceso de institucionalización de la FP comenzó a mitad del siglo XVIII con la aparición de estas escuelas técnicas o escuelas patrióticas que, financiadas y gestionadas por las Sociedades Económicas de Amigos del País, las Juntas de Comercio y los Consulados, estaban dirigidas a la formación de trabajadores en los nuevos oficios nacidos gracias a la industrialización y al nuevo comercio. Estas escuelas convivieron con los gremios, que continuaban manteniendo sus sistemas de aprendizaje, y con las ya mencionadas Reales Fábricas. En palabras de Escolano Benito (1982):

En mayo de 1808, en las abdicaciones de Bayona, tanto Carlos IV como su hijo Fernando VII renunciaron al trono en favor de Napoleón Bonaparte quien, a su vez, lo cedió a su hermano José I (1808-1813). De forma paralela, los contrarios a la invasión francesa crearían la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, sustituida posteriormente por el Consejo de Regencia, y más tarde por las Cortes de Cádiz que continuarían legislando y reconocerían a Fernando VII como Rey. Estas Cortes fueron las que redactaron y promulgaron la Constitución de 1812 que conllevó el cambio de monarquía absolutista a monarquía constitucional. Aunque fue este un período de inestabilidad, José I aprobó diversas normas (León Esteban, 1983) relacionadas con la educación, entre ellas el Decreto de 26 de octubre de 1809²⁰, por el que debía ponerse en marcha la parte del Plan General de Instrucción Pública (objetivo de José I y para cuya elaboración y ejecución creó en 1811 la Junta Consultiva de Instrucción Pública) que concernía a los establecimientos de primera educación y los liceos. En este decreto no existe ninguna referencia a la FP debido a que este tipo de enseñanza debía impartirse en otras instituciones, los Ateneos, cuya regulación se pensaba realizar posteriormente. Aunque este Plan nunca llegó a terminarse, sí que existen trabajos previos desarrollados por los integrantes de la mencionada Junta Consultiva, como el de José Vargas y Ponce²¹ que, en su Informe a la Junta de Instrucción Pública de octubre de 1810, hacía referencia a la importancia de la formación profesional en los ateneos: «Vivo también firmemente persuadido que al establecer el gobierno los ateneos tiene la santa mira de formar en ellos buenos agricultores, hábiles artesanos, diestros artistas, y comerciantes instruidos».

Se pretendía que en los ateneos los alumnos y alumnas²² aprendieran materias consideradas de interés general como la Lengua Castellana, la Historia Universal y la Geografía, entre otras, y también otras más prácticas como el Comercio, el Dibujo, nociones sobre contratos y convenios y lecciones de Artes y Agricultura. Sin embargo, como se ha comentado, el Plan no llegó a concluirse y estas iniciativas no se pusieron en marcha. También se contemplaban en este Plan los conservatorios de artes y oficios, aunque en este caso sí se llegó a aprobar el Decreto de 13 de junio de 1810²³ por el que se creaba uno de estos conservatorios en Madrid. El objetivo de este decreto también estaba íntimamente relacionado con la FP, pues planteaba: «[…]facilitar y mantener los medios de fomentar la industria nacional, y contribuir a la perfección de las artes y los oficios».

La creación de este conservatorio buscaba el aprendizaje, la conservación y la promoción de enseñanzas relacionadas con la fabricación y uso de maquinaria, tal y como puede extraerse de la lectura del decreto: «Habrá en el conservatorio un taller y escuela en que se enseñará la construcción y uso de toda especie de máquinas e instrumentos, el dibujo y la geometría descriptiva». Según Sabio (2005) este conservatorio podría haber sido la antesala de las actuales Enseñanzas de Artes Plásticas y de Diseño que forman parte del sistema de FP vigente. Sin embargo, y pese a haberse aprobado su creación, el Conservatorio nunca llegó a materializarse.

Por otra parte, durante el período napoleónico continuaron funcionando algunas escuelas impulsadas por organismos, como es el caso de las promovidas por la Junta de Comercio de Cataluña, aunque la actividad de dichas escuelas durante este período fue tan escasa que puede hablarse de la práctica paralización de buena parte de ellas (Monés i Pujol-Busquets, 1985).

Como se ha mencionado anteriormente, los contrarios a José I continuaron legislando de forma paralela. Fruto de ello, en la Constitución de 1812, aprobada por las Cortes de Cádiz, se dejó constancia de la creciente preocupación por la educación que, además, se vio reflejada en un proyecto legislativo que no llegó a ser aprobado debido a la vuelta al poder de los Borbones en 1813 con el monarca absolutista Fernando VII. Dicha vuelta ocurrió cuando Napoleón I decidió dar por terminada la Guerra de la Independencia y el reinado de su hermano José I tras las múltiples derrotas militares, a las que se sumó la nula aceptación que su hermano había tenido como monarca en el país.

Con su regreso al poder, Fernando VII derogó toda la normativa en educación que se había generado desde su abdicación, y el 1 de febrero de 1815 creó una Junta de Ministros a la que confió el desarrollo de un Plan General de Estudios. Sin embargo, en palabras del monarca: «Sobrevino la terrible calamidad de marzo de 1820, y en el diluvio de males que inundaron la Península perecieron los documentos y memorias que la sabiduría y el celo habían reunido para formar los planes de educación y de instrucción conforme a mis sabios y religiosos designios»²⁴.

La terrible calamidad a la que hace referencia fue su pérdida de poder tras la caída del absolutismo y el consiguiente inicio del trienio constitucionalista en 1820. Será entonces, cuando el proyecto de ley de las Cortes de Cádiz, con modificaciones, vea la luz con la aprobación del Reglamento General de Instrucción Pública el 29 de junio de 1821²⁵. En él se sentaron las bases de una educación pública, uniforme y gratuita, permitiendo también la enseñanza privada, cuyo alumnado podía optar a los grados y permisos para desarrollar profesiones si aprobaban los exámenes públicos necesarios. La enseñanza se dividía en primera, segunda y tercera. El objetivo de la primera enseñanza era alfabetizar y enseñar valores cristianos y civiles. En la enseñanza secundaria, que se desarrollaba en las llamadas Universidades de Provincia, se impartían cátedras que poco tenían que ver con el carácter práctico de la formación profesional. Su objetivo estaba más orientado a dotar a los ciudadanos de cultura general y de la base necesaria para avanzar a la tercera enseñanza, tal y como se recoge en el artículo 21 del propio reglamento: «La segunda enseñanza comprende aquellos conocimientos, que al mismo tiempo que sirven de preparación para dedicarse después a otros estudios más profundos, constituyen la civilización general de la nación». Por su parte, la tercera enseñanza se enfocaba a habilitar para el ejercicio de profesiones relacionadas con la ley, la Iglesia y la sanidad²⁶.

Podemos decir que, en este momento de la historia, el sistema educativo descrito apenas tenía relación con la FP. Sólo encontramos cierta conexión con las competencias profesionales cuando en el artículo 28 del reglamento se enumera el equipamiento de los centros en los que se impartía la segunda enseñanza, es decir, de las universidades de provincia. En este artículo se establecía que en estos centros debía haber un laboratorio químico, uno dedicado a productos industriales, otro de modelos de máquinas y un terreno destinado a la agricultura práctica. Sin embargo, aunque en este reglamento se hubiera profundizado más en la FP, no hubiera tenido demasiada importancia porque esta norma quedó prácticamente sin aplicar por la falta de recursos económicos del Estado, la inestabilidad política y la nueva vuelta al trono de Fernando VII en 1823, que recuperó el poder con la ayuda de los franceses y reinó desde ese momento hasta su fallecimiento en 1833 (Alvarez de Morales, 1975).

Fue durante este último mandato de Fernando VII cuando entró en vigor el Plan General de Instrucción Pública, conocido como Plan Calomarde²⁷, que estaba formado por tres normas: Plan y Reglamento General de Escuelas de Primeras Letras (1825)²⁸, el Reglamento General para las escuelas de Latinidad y los Colegios de Humanidades (1826)²⁹ y el Plan Literario de Estudios y Arreglo General de las Universidades del Reino (1824). En ellas no se hicieron avances en la introducción de la FP en el sistema educativo, pues el objetivo de estas reformas no fue mejorar la cualificación de los españoles, sino en palabras del Rey: «[…] cerrar de una vez para siempre el abismo de todas las revoluciones»³⁰.

Con este objetivo en mente, la educación secundaria, que se impartía en las escuelas de latinidad y los colegios de humanidades, se centró en enseñar Latín, Filosofía y otras materias teóricas, y se estableció por normativa las prácticas religiosas que debían seguirse.

Fuera del ámbito educativo, a iniciativa del ministro de hacienda Luis López Ballesteros, Fernando VII aprobó mediante la Real Orden de 18 de agosto de 1824³¹ la fundación en Madrid del Real Conservatorio de Artes. Tras la lectura de esta norma, se puede afirmar que el objetivo principal de esta institución era promover y mejorar la industrialización y las artes a través de la formación básica de artesanos y obreros, entre otras medidas. En su primer apartado podemos leer: «La mejora y adelantamiento de las operaciones industriales, tanto en las artes y oficios, como en la agricultura forman el objeto de este establecimiento, el cual por lo mismo será público». En realidad, esta real orden no establecía la colaboración empresarial en la formación del alumnado, tan solo estipulaba que debía ser anunciada la creación del real conservatorio para la búsqueda de patrocinios entre los industriales y empresarios del país.

Este real conservatorio, que sufrió cambios a lo largo de todo el siglo, comenzando con su transformación en 1827 en un centro de enseñanzas técnicas, es considerado el precursor de las Escuelas de Artes y Oficios.

La Reina Isabel II sucedió en el trono a Fernando VII con solo tres años. Su reinado estuvo marcado por la inestabilidad política y económica que, como en décadas anteriores, provocó que la educación y su legislación quedasen en un segundo plano. Se aprobó durante el gobierno moderado de Istúriz, por Real Orden de 29 de octubre de 1836³², un plan general de estudios en el que se volvió a establecer una primera, segunda y tercera enseñanza, pero sin introducir materias prácticas ni aprendizaje de ningún oficio³³. Esta real orden quedó sin implantar porque días después de su promulgación tuvo lugar el golpe de estado progresista que obligó al nombramiento de un nuevo gobierno que no tardó en derogarla. Pero la importancia de esta ley no residió en su vigencia, que fue mínima, sino en que sentó precedentes para legislaciones posteriores. De cualquier forma, tras esta derogación, se volvió a enseñanzas de corte más humanista, alejadas del carácter utilitario y democrático con el que se plantearon en un primer momento por parte de los liberales, y a la normativa educativa Fernandina que estuvo en vigor hasta 1945.

Observamos en estas primeras décadas del siglo XIX como la enseñanza secundaria tenía una doble vertiente: una enseñanza teórica orientada a aquellos que querían formarse para después acceder a la universidad y otra opción más práctica relacionada con la FP cuyo fin era formar al aprendiz para el desarrollo de un oficio (Montero Pedrera, 2013). Según el tipo de gobierno del momento y de sus ideales se potenció más una u otra opción. Así, en los momentos del siglo XIX en los que el sistema de gobierno tenía un corte más liberal, se hizo una apuesta más intensa por la formación utilitaria y práctica, mientras que en aquellos gobiernos conservadores o absolutistas se abogó por la educación teórica, preparatoria para la universidad y más asociada a las diferencias de clase.

En el reinado de Isabel II, pero en este caso durante la denominada década moderada (1844-1854), se aprobó el Plan General de Estudios de 1845³⁴. Este plan comprendía cuatro clases de estudios: estudios de segunda enseñanza, estudios de facultad mayor, estudios superiores y estudios especiales. Introdujo una novedad importante; por primera vez se divide la enseñanza secundaria en elemental y de ampliación, siendo el objetivo de la primera educar a la mayoría de la población en los conocimientos que se consideraban mínimos para una persona bien educada y el de la segunda: «[…]adquirir otros especiales preparatorios para el estudio de la profesión que se emprenda».

Aunque en un principio pueda parecer que esta división marca un cambio en lo que a la FP se refiere, tras la lectura completa de la norma, resulta evidente que esta educación secundaria de ampliación nació con la meta de educar a la élite del país³⁵ como preparación para la Universidad y por ese motivo solo existen dos opciones: ciencias y letras. Por tanto, este nivel se asemeja más a un Bachiller que a la FP. De nuevo, una reforma educativa deja prácticamente fuera de la educación secundaria a la formación en competencias profesionales³⁶. Este vacío vino a agravar una situación que ya venía siendo problemática desde el siglo anterior: el déficit de profesionales españoles de niveles intermedios, la dependencia de personal extranjero y el excesivo número de alumnado en las facultades superiores, hechos todos enunciados por el ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, D. Manuel de Seijas Lozano, en la exposición a la Reina previa al Real Decreto de 4 de septiembre que creó las Escuelas Industriales en 1850³⁷, conocido como Decreto Seijas. Este real decreto dividió la enseñanza industrial en tres niveles: elemental, —impartido en Institutos, conducía a la obtención de un certificado de aptitud para las profesiones industriales (3 años) o de maestro de artes y oficios (4 años)— de ampliación —cursado en las nuevas Escuelas Industriales en Barcelona, Sevilla o Vergara, concluía con un certificado de profesor industrial, de ingeniero mecánico de segunda clase o de ingeniero industrial de segunda clase— y superior —cursado por los ingenieros industriales, ingenieros mecánicos de primera clase o ingenieros químicos de primera clase en Madrid, en el recién creado Real Instituto Industrial que absorbió al Real Conservatorio de Artes tras esta reforma—. Además, en el artículo 47 se concretó la participación de las empresas en la formación del alumnado al establecer como parte del método de enseñanza: «Práctica en fábricas y talleres particulares, con los cuales cuidará el Gobierno de hacer ajustes y convenios para que los alumnos tomen parte en sus trabajos y adquieran de esta suerte la habilidad y destreza indispensables en todas las operaciones industriales».

Podemos considerar estos convenios el primer acercamiento institucional a la FP Dual, donde la enseñanza reglada a cargo del Gobierno se une a la participación de las empresas para la mejora en la formación competencial del alumnado.

A instancias del Ministerio de Fomento, se reforma este modelo para simplificar y mejorar estos estudios con el Plan Orgánico de Escuelas Industriales que fue aprobado por la Reina mediante Real Decreto el 20 de mayo de 1855³⁸. Este Plan mantenía la división de la enseñanza industrial en tres etapas: elemental, —orientada a la formación de artesanos³⁹— profesional —conducente al título de aspirante-ingeniero para las carreras industriales⁴⁰— y central que hacía referencia a las enseñanzas superiores que se continuarían impartiendo en el Real Instituto Industrial. Sin embargo, esta reforma apenas tuvo aplicación debido a la entrada en vigor de la Ley de Instrucción Pública en 1857⁴¹.

Esta Ley, también conocida como Ley Moyano, abordó una gran reforma del sistema educativo. En ella se jerarquiza la enseñanza en tres niveles: primera, segunda y superior. En la segunda enseñanza encontramos dos opciones diferenciadas, los “Estudios Generales” y los “Estudios de Aplicación”, ambas impartidas en los Institutos Provinciales. Los Estudios Generales preparaban para el examen de Bachiller en Artes con el que se accedía a la facultad. Por su parte, los Estudios de Aplicación acababan con un Certificado de Peritos y permitían promocionar a las Escuelas Superiores o Escuelas Profesionales (Montero Alcaide, 2009). Estos Estudios de Aplicación absorbieron las enseñanzas especiales del plan de 1845, así como la enseñanza industrial elemental. Las enseñanzas industriales de ampliación y superior se unieron en los estudios superiores de ingenieros industriales (Cano Pavón, 1996). De esta forma, las Escuelas Industriales pasaron a ser instituciones de orden superior, alejándose de la educación secundaria y acercándose al mundo universitario. Las Escuelas Industriales fueron desapareciendo paulatinamente desde 1860 hasta 1867, sobreviviendo únicamente la de Barcelona hasta 1899 (Cano Pavón, 1997), aunque durante estos años se dedicaron a la educación de ingenieros, abandonando la enseñanza de la FP.

Fue con esta ley cuando comenzó la apuesta del Estado Español por la impartición de la FP en instituciones educativas con el objetivo de aumentar la accesibilidad y conseguir así un mayor número de alumnos. Sin embargo, la aceptación de los Estudios de Aplicación fue muy baja debido a la escasez de recursos económicos, su carácter eminentemente teórico, las altas tasas de analfabetismo, la falta de empleabilidad al acabarlos y el bajo status que se le daba a esta enseñanza frente al Bachiller. Además, gran parte de las enseñanzas técnicas continuaban realizándose en los lugares de trabajo por iniciativa de las propias empresas o de alguna de las instituciones ya mencionadas anteriormente que seguían en funcionamiento con mayor o menor presencia, —como es el caso de las escuelas de las Juntas de Comercio, que, en la década de 1840, enfocaron mayoritariamente sus esfuerzos a la formación de cuadros intermedios en detrimento de la formación de personal directivo a la que se habían dedicado durante la segunda mitad del siglo XVIII (Monés i Pujol-Busquets, 2010)—. Aunque con las limitaciones señaladas, se puede considerar que este es el inicio de la transferencia de la FP a los centros escolares, situación que se mantendrá en los siguientes siglos. Esta transferencia, que en principio parecía positiva porque ampliaba la formación del alumnado más allá del aprendizaje de tareas mecánicas y que, además, servía como protección del aprendiz frente al posible abuso de las empresas, desembocará en uno de los principales problemas que ha experimentado esta enseñanza en los siglos XX y XXI: el desfase entre la formación recibida y la realidad empresarial. Es este proceso el que se pretende revertir en parte con la implantación de la Formación Profesional Dual que se basa en el aumento de la participación del sector empresarial en la formación del alumnado. Además, hay que destacar que el mencionado bajo status quo de los Estudios de Aplicación frente al Bachiller se ha extendido hasta nuestros días, pues todavía la imagen de la FP sigue siendo negativa en muchos casos⁴².

En 1868, la llamada Revolución Gloriosa, acabó con el reinado de Isabel II e inició un agitado periodo en la historia de España en el siglo XIX. Dicha revolución desembocó en un Gobierno Provisional que dirigió el destino de los españoles hasta la subida al trono de Amadeo I en 1871. Este primer intento de monarquía parlamentaria en España fracasó con la abdicación del monarca en 1873, tras solo dos años de reinado, y dio paso a la I República (1873-1874) que fue aún más efímera. En este escenario de inestabilidad, los avances en la FP fueron muy escasos, limitándose prácticamente a la aprobación de una nueva Escuela de Artes y Oficios.

Como se ha comentado en puntos anteriores, el origen de las Escuelas de Artes y Oficios se remonta a 1824 con la creación del Conservatorio de Madrid, que quedó relegado a un segundo plano cuando pasó a ser una parte del Real Instituto Industrial en 1850. Tras la desaparición de este instituto en 1867 y el fracaso de los Estudios de Aplicación, la formación de obreros y artesanos vuelve a quedar abandonada. En 1869 se estableció un nuevo Conservatorio de Artes y D. Manuel Ruiz Zorrilla, como ministro de Fomento durante el Gobierno Provisional, promovió la creación en este conservatorio de una Escuela de Artes y Oficios que quedó aprobada por Decreto de Amadeo I el 5 de mayo de 1871⁴³ y que tenía como fin: «[…] la educación del artesano, maestro de taller, contramaestre de fábrica, maquinista y capataz, y propagando los conocimientos indispensables á la agricultura é industria de nuestro país».

Queda esta escuela ligada al sistema educativo en tanto en cuanto el diseño de los programas y las asignaturas era competencia de la Dirección General de Instrucción Pública, no participando ninguna empresa ni en la planificación ni en la impartición de la formación. Éste fue el modelo para otros centros similares que se crearon por todo el país (Guereña et al., 1994) de manera discrecional a través de decretos y reales decretos en las ciudades donde se pensaba que eran necesarias por la existencia de industrias crecientes y por la alta población.

El 3 de enero de 1874 se produjo un Golpe Militar encabezado por el General Pavía que provocó la disolución de las Cortes, siendo este el primer paso hacia la Restauración de la Monarquía que tuvo lugar el día 19 del mismo mes. La Restauración se dividió en tres periodos: el Reinado de Alfonso XII (1874-1885), la Regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena (1885-1902), y el Reinado de Alfonso XIII (1902-1923).

Durante el primer período de la Restauración, en concreto el 20 de octubre de 1876, se decretaron una serie de medidas con la intención de potenciar las Escuelas de Artes y Oficios: ampliar el número de plazas de la escuela de Madrid a 4.000, crear una junta que ayudara a la difusión de este tipo de instituciones y el compromiso de incluir la concesión de préstamos para tal fin en los siguientes presupuestos del Estado. Resulta muy interesante la exposición que el ministro de fomento, D. Francisco Queipo de Llano⁴⁴, hace al monarca para solicitarle estas medidas porque en ella podemos confirmar los que venían siendo problemas endémicos del sistema educativo español: el clasismo y la marginalidad de la FP. En el siguiente extracto de la citada exposición queda clara esta idea:

Pese a la entrada en vigor de este decreto, no fue hasta 1886 cuando aparecieron las primeras Escuelas de Artes y Oficios estatales (Montero Pedrera, 2013) con la creación de las siete Escuelas de Distrito por Decreto de 5 de noviembre de 1886⁴⁵. Las distintas escuelas y talleres que existían bajo la gestión de diversas instituciones como las Sociedades Económicas se acogieron a este modelo contando —al menos en teoría— con el auxilio económico del Estado, como se recogió en la exposición que antecede a este decreto. Las Escuelas de Artes y Oficios se han ido adaptando a lo largo de su historia a la cambiante normativa y, por ende, a los distintos modelos de FP que establecían, e incorporando al sistema educativo hasta formar parte del catálogo de ciclos formativos actualmente vigente.

Es también durante el siglo XIX cuando surge en España la FP en los centros escolares privados. La ya mencionada Ley Moyano, que permitía que las enseñanzas primera y segunda pudieran impartirse por centros públicos y privados⁴⁶, y el marco establecido por el Gobierno para la creación de Escuelas de Artes y Oficios propiciaron este surgimiento. La congregación salesiana, cuyo fundador San Juan Bosco se considera en la actualidad el precursor de la FP en Italia y santo patrón de los estudiantes de FP en España⁴⁷, es la primera en fundar uno de estos centros privados en España. Concretamente, es en marzo de 1885 cuando se inaugura el primer centro salesiano en España dedicado a la FP, la Escuela Sarriá. Los salesianos eligen Barcelona, por ser una ciudad industrial repleta de fábricas, como lugar para inaugurar los Talleres Salesianos del Niño Jesús basados en la metodología del «sistema preventivo». En la siguiente década fundaron otras escuelas técnicas en Sevilla (1894) y Málaga (1897). Esta congregación religiosa abrió camino en la FP para otras como la Salle, los Maristas, los Escolapios y los Jesuitas. El papel de la Iglesia en la FP se mantendría a lo largo del siglo XX, experimentando un momento álgido durante el Franquismo (Dávila Balsera et al., 2014) —como prueba la creación en 1957 del Secretariado Nacional de Formación Profesional de la Iglesia dentro de la Comisión Episcopal de Enseñanza— y, desde entonces, se ha ido adaptando a la diversa normativa sobre FP existente en cada momento hasta la actualidad.