El papel de la empresa en la Formación Profesional en España hasta finales del siglo XIX

Este discurso, del que se imprimieron 30.000 ejemplares siguiendo órdenes del Consejo de Castilla y de S.M. Carlos III, se convirtió en una exposición de motivos que serviría de base a la legislación posterior (Lluch y Argemí de Abadal, 1995). También fueron múltiples los dictámenes que Campomanes, en calidad de Fiscal del Consejo de Castilla, hizo sobre las escuelas de aprendizaje, los gremios y las fábricas (Helguera Quijada, 1980). Además de este discurso, Campomanes publicó otras dos obras (Rodríguez Campomanes, 1774, 1775) donde se reafirmó en la idea de la importancia de la escuela industrial.

De todas las medidas mencionadas en las obras de Campomanes, nos detenemos en las escuelas patrióticas, que nacieron con el objetivo de formar a los ciudadanos en la ya mencionada “Industria Popular”. Tal y como se ha comentado, estas escuelas fueron promovidas por las Sociedades Económicas. Este es el caso de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, creada en 1775 y cuyos socios pertenecían mayoritariamente a la Administración, a los Consejos de Hacienda e Indias y al Comercio de Madrid, siendo uno de los promotores el propio Campomanes. Esta Sociedad creó, financió y gestionó nueve de las denominadas escuelas patrióticas (cuatro de hilazas, una de tejedoras, una de bordados, una de hilos finos, una de encajes y una de flores artificiales) y otras escuelas que, aunque no se consideraban patrióticas por no estar directamente relacionadas con el objetivo marcado por la industria popular de incorporar a las mujeres y a los mendigos al sistema productivo, sí abordaban el aprendizaje de oficios como en el caso de la escuela de talabartería y de relojería. Todas estas escuelas eran financiadas por la familia Real, donativos privados y, también, por la venta de los productos creados en ellas. Carlos III apoyó el proyecto presentado por la Sociedad Matritense y, mediante una real cédula (Consejo Real de Castilla, 1775), animó a otras Sociedades a seguir su ejemplo. El funcionamiento de estas escuelas, sin embargo, seguía sin ser uniforme ya que se regían por reglamentos ad-hoc creados por las Sociedades Económicas para cada una de ellas. En cuanto a los contenidos impartidos, además de aprender el oficio, se enseñaba al alumnado a leer, escribir, contar y, de forma voluntaria, se podía acceder a la enseñanza religiosa. Podríamos decir que es en este momento cuando aparece por primera vez una institución independiente a la empresa-fábrica para el aprendizaje del oficio, aunque seguimos sin poder hablar de formación dual.

Según Palma García (1984) las escuelas patrióticas de la Matritense fueron un primer ensayo de Formación Profesional porque promovieron una enseñanza más artesanal que industrial y porque sus principios esenciales (oficialmente reconocidos por ordenanzas de 1807 y 1809) implicaban la obligación de los gobernantes de asegurar una educación gratuita y uniforme que fuera vigilada por el Estado¹⁸. También hay que destacar que fue en ese momento cuando, en virtud de la Real Cédula de 1779 (Consejo Real de Castilla, 1779), se abrió la posibilidad de acceder a estas escuelas a las mujeres y niñas, si bien, solo en el sector textil y sin opción de llegar a la maestría. Sin embargo, López Barahona (2016, 2020) reflexiona sobre la realidad de estas escuelas, en concreto de las de hilazas, y plantea la cuestión de si el término “escuela” era utilizado para encubrir lo que realmente eran talleres donde se trabajaba a destajo por remuneraciones consideradas “limosnas”. Esto daba un matiz de caridad a lo que realmente era una relación laboral desigual entre fabricantes y pobres y mujeres, que eran considerados cargas para el Estado, siendo el “maestro” una figura de vigilancia y control. Esta reflexión podemos hacerla extensiva también a aquellas Reales Fábricas donde se desarrolló la fabricación de productos más industriales que artesanales, es decir, a aquellos casos en los que no se requería una cualificación media, sino baja. Estas escuelas patrióticas no sobrevivieron a la Guerra de la Independencia¹⁹.

En conclusión, según Sanchidrián Blanco (2010), puede considerarse que el proceso de institucionalización de la FP comenzó a mitad del siglo XVIII con la aparición de estas escuelas técnicas o escuelas patrióticas que, financiadas y gestionadas por las Sociedades Económicas de Amigos del País, las Juntas de Comercio y los Consulados, estaban dirigidas a la formación de trabajadores en los nuevos oficios nacidos gracias a la industrialización y al nuevo comercio. Estas escuelas convivieron con los gremios, que continuaban manteniendo sus sistemas de aprendizaje, y con las ya mencionadas Reales Fábricas. En palabras de Escolano Benito (1982):

«En resumen, la institucionalización de las enseñanzas técnicas a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII se nos muestra como un proceso en el que, junto a la persistencia de algunos modelos tradicionales reformados, comienza a operarse la escisión entre la escuela y el taller, es decir, entre el lugar de trabajo y el de formación».

El inicio de las Escuelas de Artes y Oficios y la Escuela Industrial (siglo XIX)

La Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz (1808-1813)

En mayo de 1808, en las abdicaciones de Bayona, tanto Carlos IV como su hijo Fernando VII renunciaron al trono en favor de Napoleón Bonaparte quien, a su vez, lo cedió a su hermano José I (1808-1813). De forma paralela, los contrarios a la invasión francesa crearían la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, sustituida posteriormente por el Consejo de Regencia, y más tarde por las Cortes de Cádiz que continuarían legislando y reconocerían a Fernando VII como Rey. Estas Cortes fueron las que redactaron y promulgaron la Constitución de 1812 que conllevó el cambio de monarquía absolutista a monarquía constitucional. Aunque fue este un período de inestabilidad, José I aprobó diversas normas (León Esteban, 1983) relacionadas con la educación, entre ellas el Decreto de 26 de octubre de 1809²⁰, por el que debía ponerse en marcha la parte del Plan General de Instrucción Pública (objetivo de José I y para cuya elaboración y ejecución creó en 1811 la Junta Consultiva de Instrucción Pública) que concernía a los establecimientos de primera educación y los liceos. En este decreto no existe ninguna referencia a la FP debido a que este tipo de enseñanza debía impartirse en otras instituciones, los Ateneos, cuya regulación se pensaba realizar posteriormente. Aunque este Plan nunca llegó a terminarse, sí que existen trabajos previos desarrollados por los integrantes de la mencionada Junta Consultiva, como el de José Vargas y Ponce²¹ que, en su Informe a la Junta de Instrucción Pública de octubre de 1810, hacía referencia a la importancia de la formación profesional en los ateneos: «Vivo también firmemente persuadido que al establecer el gobierno los ateneos tiene la santa mira de formar en ellos buenos agricultores, hábiles artesanos, diestros artistas, y comerciantes instruidos».

Se pretendía que en los ateneos los alumnos y alumnas²² aprendieran materias consideradas de interés general como la Lengua Castellana, la Historia Universal y la Geografía, entre otras, y también otras más prácticas como el Comercio, el Dibujo, nociones sobre contratos y convenios y lecciones de Artes y Agricultura. Sin embargo, como se ha comentado, el Plan no llegó a concluirse y estas iniciativas no se pusieron en marcha. También se contemplaban en este Plan los conservatorios de artes y oficios, aunque en este caso sí se llegó a aprobar el Decreto de 13 de junio de 1810²³ por el que se creaba uno de estos conservatorios en Madrid. El objetivo de este decreto también estaba íntimamente relacionado con la FP, pues planteaba: «[…]facilitar y mantener los medios de fomentar la industria nacional, y contribuir a la perfección de las artes y los oficios».

La creación de este conservatorio buscaba el aprendizaje, la conservación y la promoción de enseñanzas relacionadas con la fabricación y uso de maquinaria, tal y como puede extraerse de la lectura del decreto: «Habrá en el conservatorio un taller y escuela en que se enseñará la construcción y uso de toda especie de máquinas e instrumentos, el dibujo y la geometría descriptiva». Según Sabio (2005) este conservatorio podría haber sido la antesala de las actuales Enseñanzas de Artes Plásticas y de Diseño que forman parte del sistema de FP vigente. Sin embargo, y pese a haberse aprobado su creación, el Conservatorio nunca llegó a materializarse.

Por otra parte, durante el período napoleónico continuaron funcionando algunas escuelas impulsadas por organismos, como es el caso de las promovidas por la Junta de Comercio de Cataluña, aunque la actividad de dichas escuelas durante este período fue tan escasa que puede hablarse de la práctica paralización de buena parte de ellas (Monés i Pujol-Busquets, 1985).

Como se ha mencionado anteriormente, los contrarios a José I continuaron legislando de forma paralela. Fruto de ello, en la Constitución de 1812, aprobada por las Cortes de Cádiz, se dejó constancia de la creciente preocupación por la educación que, además, se vio reflejada en un proyecto legislativo que no llegó a ser aprobado debido a la vuelta al poder de los Borbones en 1813 con el monarca absolutista Fernando VII. Dicha vuelta ocurrió cuando Napoleón I decidió dar por terminada la Guerra de la Independencia y el reinado de su hermano José I tras las múltiples derrotas militares, a las que se sumó la nula aceptación que su hermano había tenido como monarca en el país.

La Restauración Absolutista de Fernando VII (1813-1820), el Trienio Constitucionalista (1820-1823) y la Década Ominosa (1823-1833)

Con su regreso al poder, Fernando VII derogó toda la normativa en educación que se había generado desde su abdicación, y el 1 de febrero de 1815 creó una Junta de Ministros a la que confió el desarrollo de un Plan General de Estudios. Sin embargo, en palabras del monarca: «Sobrevino la terrible calamidad de marzo de 1820, y en el diluvio de males que inundaron la Península perecieron los documentos y memorias que la sabiduría y el celo habían reunido para formar los planes de educación y de instrucción conforme a mis sabios y religiosos designios»²⁴.

La terrible calamidad a la que hace referencia fue su pérdida de poder tras la caída del absolutismo y el consiguiente inicio del trienio constitucionalista en 1820. Será entonces, cuando el proyecto de ley de las Cortes de Cádiz, con modificaciones, vea la luz con la aprobación del Reglamento General de Instrucción Pública el 29 de junio de 1821²⁵. En él se sentaron las bases de una educación pública, uniforme y gratuita, permitiendo también la enseñanza privada, cuyo alumnado podía optar a los grados y permisos para desarrollar profesiones si aprobaban los exámenes públicos necesarios. La enseñanza se dividía en primera, segunda y tercera. El objetivo de la primera enseñanza era alfabetizar y enseñar valores cristianos y civiles. En la enseñanza secundaria, que se desarrollaba en las llamadas Universidades de Provincia, se impartían cátedras que poco tenían que ver con el carácter práctico de la formación profesional. Su objetivo estaba más orientado a dotar a los ciudadanos de cultura general y de la base necesaria para avanzar a la tercera enseñanza, tal y como se recoge en el artículo 21 del propio reglamento: «La segunda enseñanza comprende aquellos conocimientos, que al mismo tiempo que sirven de preparación para dedicarse después a otros estudios más profundos, constituyen la civilización general de la nación». Por su parte, la tercera enseñanza se enfocaba a habilitar para el ejercicio de profesiones relacionadas con la ley, la Iglesia y la sanidad²⁶.

Podemos decir que, en este momento de la historia, el sistema educativo descrito apenas tenía relación con la FP. Sólo encontramos cierta conexión con las competencias profesionales cuando en el artículo 28 del reglamento se enumera el equipamiento de los centros en los que se impartía la segunda enseñanza, es decir, de las universidades de provincia. En este artículo se establecía que en estos centros debía haber un laboratorio químico, uno dedicado a productos industriales, otro de modelos de máquinas y un terreno destinado a la agricultura práctica. Sin embargo, aunque en este reglamento se hubiera profundizado más en la FP, no hubiera tenido demasiada importancia porque esta norma quedó prácticamente sin aplicar por la falta de recursos económicos del Estado, la inestabilidad política y la nueva vuelta al trono de Fernando VII en 1823, que recuperó el poder con la ayuda de los franceses y reinó desde ese momento hasta su fallecimiento en 1833 (Alvarez de Morales, 1975).

Fue durante este último mandato de Fernando VII cuando entró en vigor el Plan General de Instrucción Pública, conocido como Plan Calomarde²⁷, que estaba formado por tres normas: Plan y Reglamento General de Escuelas de Primeras Letras (1825)²⁸, el Reglamento General para las escuelas de Latinidad y los Colegios de Humanidades (1826)²⁹ y el Plan Literario de Estudios y Arreglo General de las Universidades del Reino (1824). En ellas no se hicieron avances en la introducción de la FP en el sistema educativo, pues el objetivo de estas reformas no fue mejorar la cualificación de los españoles, sino en palabras del Rey: «[…] cerrar de una vez para siempre el abismo de todas las revoluciones»³⁰.

Con este objetivo en mente, la educación secundaria, que se impartía en las escuelas de latinidad y los colegios de humanidades, se centró en enseñar Latín, Filosofía y otras materias teóricas, y se estableció por normativa las prácticas religiosas que debían seguirse.

Fuera del ámbito educativo, a iniciativa del ministro de hacienda Luis López Ballesteros, Fernando VII aprobó mediante la Real Orden de 18 de agosto de 1824³¹ la fundación en Madrid del Real Conservatorio de Artes. Tras la lectura de esta norma, se puede afirmar que el objetivo principal de esta institución era promover y mejorar la industrialización y las artes a través de la formación básica de artesanos y obreros, entre otras medidas. En su primer apartado podemos leer: «La mejora y adelantamiento de las operaciones industriales, tanto en las artes y oficios, como en la agricultura forman el objeto de este establecimiento, el cual por lo mismo será público». En realidad, esta real orden no establecía la colaboración empresarial en la formación del alumnado, tan solo estipulaba que debía ser anunciada la creación del real conservatorio para la búsqueda de patrocinios entre los industriales y empresarios del país.

Este real conservatorio, que sufrió cambios a lo largo de todo el siglo, comenzando con su transformación en 1827 en un centro de enseñanzas técnicas, es considerado el precursor de las Escuelas de Artes y Oficios.

La construcción del estado liberal con Isabel II (1833-1868)

La Reina Isabel II sucedió en el trono a Fernando VII con solo tres años. Su reinado estuvo marcado por la inestabilidad política y económica que, como en décadas anteriores, provocó que la educación y su legislación quedasen en un segundo plano. Se aprobó durante el gobierno moderado de Istúriz, por Real Orden de 29 de octubre de 1836³², un plan general de estudios en el que se volvió a establecer una primera, segunda y tercera enseñanza, pero sin introducir materias prácticas ni aprendizaje de ningún oficio³³. Esta real orden quedó sin implantar porque días después de su promulgación tuvo lugar el golpe de estado progresista que obligó al nombramiento de un nuevo gobierno que no tardó en derogarla. Pero la importancia de esta ley no residió en su vigencia, que fue mínima, sino en que sentó precedentes para legislaciones posteriores. De cualquier forma, tras esta derogación, se volvió a enseñanzas de corte más humanista, alejadas del carácter utilitario y democrático con el que se plantearon en un primer momento por parte de los liberales, y a la normativa educativa Fernandina que estuvo en vigor hasta 1945.

Observamos en estas primeras décadas del siglo XIX como la enseñanza secundaria tenía una doble vertiente: una enseñanza teórica orientada a aquellos que querían formarse para después acceder a la universidad y otra opción más práctica relacionada con la FP cuyo fin era formar al aprendiz para el desarrollo de un oficio (Montero Pedrera, 2013). Según el tipo de gobierno del momento y de sus ideales se potenció más una u otra opción. Así, en los momentos del siglo XIX en los que el sistema de gobierno tenía un corte más liberal, se hizo una apuesta más intensa por la formación utilitaria y práctica, mientras que en aquellos gobiernos conservadores o absolutistas se abogó por la educación teórica, preparatoria para la universidad y más asociada a las diferencias de clase.

En el reinado de Isabel II, pero en este caso durante la denominada década moderada (1844-1854), se aprobó el Plan General de Estudios de 1845³⁴. Este plan comprendía cuatro clases de estudios: estudios de segunda enseñanza, estudios de facultad mayor, estudios superiores y estudios especiales. Introdujo una novedad importante; por primera vez se divide la enseñanza secundaria en elemental y de ampliación, siendo el objetivo de la primera educar a la mayoría de la población en los conocimientos que se consideraban mínimos para una persona bien educada y el de la segunda: «[…]adquirir otros especiales preparatorios para el estudio de la profesión que se emprenda».

Aunque en un principio pueda parecer que esta división marca un cambio en lo que a la FP se refiere, tras la lectura completa de la norma, resulta evidente que esta educación secundaria de ampliación nació con la meta de educar a la élite del país³⁵ como preparación para la Universidad y por ese motivo solo existen dos opciones: ciencias y letras. Por tanto, este nivel se asemeja más a un Bachiller que a la FP. De nuevo, una reforma educativa deja prácticamente fuera de la educación secundaria a la formación en competencias profesionales³⁶. Este vacío vino a agravar una situación que ya venía siendo problemática desde el siglo anterior: el déficit de profesionales españoles de niveles intermedios, la dependencia de personal extranjero y el excesivo número de alumnado en las facultades superiores, hechos todos enunciados por el ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, D. Manuel de Seijas Lozano, en la exposición a la Reina previa al Real Decreto de 4 de septiembre que creó las Escuelas Industriales en 1850³⁷, conocido como Decreto Seijas. Este real decreto dividió la enseñanza industrial en tres niveles: elemental, —impartido en Institutos, conducía a la obtención de un certificado de aptitud para las profesiones industriales (3 años) o de maestro de artes y oficios (4 años)— de ampliación —cursado en las nuevas Escuelas Industriales en Barcelona, Sevilla o Vergara, concluía con un certificado de profesor industrial, de ingeniero mecánico de segunda clase o de ingeniero industrial de segunda clase— y superior —cursado por los ingenieros industriales, ingenieros mecánicos de primera clase o ingenieros químicos de primera clase en Madrid, en el recién creado Real Instituto Industrial que absorbió al Real Conservatorio de Artes tras esta reforma—. Además, en el artículo 47 se concretó la participación de las empresas en la formación del alumnado al establecer como parte del método de enseñanza: «Práctica en fábricas y talleres particulares, con los cuales cuidará el Gobierno de hacer ajustes y convenios para que los alumnos tomen parte en sus trabajos y adquieran de esta suerte la habilidad y destreza indispensables en todas las operaciones industriales».

Podemos considerar estos convenios el primer acercamiento institucional a la FP Dual, donde la enseñanza reglada a cargo del Gobierno se une a la participación de las empresas para la mejora en la formación competencial del alumnado.

A instancias del Ministerio de Fomento, se reforma este modelo para simplificar y mejorar estos estudios con el Plan Orgánico de Escuelas Industriales que fue aprobado por la Reina mediante Real Decreto el 20 de mayo de 1855³⁸. Este Plan mantenía la división de la enseñanza industrial en tres etapas: elemental, —orientada a la formación de artesanos³⁹— profesional —conducente al título de aspirante-ingeniero para las carreras industriales⁴⁰— y central que hacía referencia a las enseñanzas superiores que se continuarían impartiendo en el Real Instituto Industrial. Sin embargo, esta reforma apenas tuvo aplicación debido a la entrada en vigor de la Ley de Instrucción Pública en 1857⁴¹.

Esta Ley, también conocida como Ley Moyano, abordó una gran reforma del sistema educativo. En ella se jerarquiza la enseñanza en tres niveles: primera, segunda y superior. En la segunda enseñanza encontramos dos opciones diferenciadas, los “Estudios Generales” y los “Estudios de Aplicación”, ambas impartidas en los Institutos Provinciales. Los Estudios Generales preparaban para el examen de Bachiller en Artes con el que se accedía a la facultad. Por su parte, los Estudios de Aplicación acababan con un Certificado de Peritos y permitían promocionar a las Escuelas Superiores o Escuelas Profesionales (Montero Alcaide, 2009). Estos Estudios de Aplicación absorbieron las enseñanzas especiales del plan de 1845, así como la enseñanza industrial elemental. Las enseñanzas industriales de ampliación y superior se unieron en los estudios superiores de ingenieros industriales (Cano Pavón, 1996). De esta forma, las Escuelas Industriales pasaron a ser instituciones de orden superior, alejándose de la educación secundaria y acercándose al mundo universitario. Las Escuelas Industriales fueron desapareciendo paulatinamente desde 1860 hasta 1867, sobreviviendo únicamente la de Barcelona hasta 1899 (Cano Pavón, 1997), aunque durante estos años se dedicaron a la educación de ingenieros, abandonando la enseñanza de la FP.

Fue con esta ley cuando comenzó la apuesta del Estado Español por la impartición de la FP en instituciones educativas con el objetivo de aumentar la accesibilidad y conseguir así un mayor número de alumnos. Sin embargo, la aceptación de los Estudios de Aplicación fue muy baja debido a la escasez de recursos económicos, su carácter eminentemente teórico, las altas tasas de analfabetismo, la falta de empleabilidad al acabarlos y el bajo status que se le daba a esta enseñanza frente al Bachiller. Además, gran parte de las enseñanzas técnicas continuaban realizándose en los lugares de trabajo por iniciativa de las propias empresas o de alguna de las instituciones ya mencionadas anteriormente que seguían en funcionamiento con mayor o menor presencia, —como es el caso de las escuelas de las Juntas de Comercio, que, en la década de 1840, enfocaron mayoritariamente sus esfuerzos a la formación de cuadros intermedios en detrimento de la formación de personal directivo a la que se habían dedicado durante la segunda mitad del siglo XVIII (Monés i Pujol-Busquets, 2010)—. Aunque con las limitaciones señaladas, se puede considerar que este es el inicio de la transferencia de la FP a los centros escolares, situación que se mantendrá en los siguientes siglos. Esta transferencia, que en principio parecía positiva porque ampliaba la formación del alumnado más allá del aprendizaje de tareas mecánicas y que, además, servía como protección del aprendiz frente al posible abuso de las empresas, desembocará en uno de los principales problemas que ha experimentado esta enseñanza en los siglos XX y XXI: el desfase entre la formación recibida y la realidad empresarial. Es este proceso el que se pretende revertir en parte con la implantación de la Formación Profesional Dual que se basa en el aumento de la participación del sector empresarial en la formación del alumnado. Además, hay que destacar que el mencionado bajo status quo de los Estudios de Aplicación frente al Bachiller se ha extendido hasta nuestros días, pues todavía la imagen de la FP sigue siendo negativa en muchos casos⁴².

El Sexenio Revolucionario (1868-1874)

En 1868, la llamada Revolución Gloriosa, acabó con el reinado de Isabel II e inició un agitado periodo en la historia de España en el siglo XIX. Dicha revolución desembocó en un Gobierno Provisional que dirigió el destino de los españoles hasta la subida al trono de Amadeo I en 1871. Este primer intento de monarquía parlamentaria en España fracasó con la abdicación del monarca en 1873, tras solo dos años de reinado, y dio paso a la I República (1873-1874) que fue aún más efímera. En este escenario de inestabilidad, los avances en la FP fueron muy escasos, limitándose prácticamente a la aprobación de una nueva Escuela de Artes y Oficios.

Como se ha comentado en puntos anteriores, el origen de las Escuelas de Artes y Oficios se remonta a 1824 con la creación del Conservatorio de Madrid, que quedó relegado a un segundo plano cuando pasó a ser una parte del Real Instituto Industrial en 1850. Tras la desaparición de este instituto en 1867 y el fracaso de los Estudios de Aplicación, la formación de obreros y artesanos vuelve a quedar abandonada. En 1869 se estableció un nuevo Conservatorio de Artes y D. Manuel Ruiz Zorrilla, como ministro de Fomento durante el Gobierno Provisional, promovió la creación en este conservatorio de una Escuela de Artes y Oficios que quedó aprobada por Decreto de Amadeo I el 5 de mayo de 1871⁴³ y que tenía como fin: «[…] la educación del artesano, maestro de taller, contramaestre de fábrica, maquinista y capataz, y propagando los conocimientos indispensables á la agricultura é industria de nuestro país».

Queda esta escuela ligada al sistema educativo en tanto en cuanto el diseño de los programas y las asignaturas era competencia de la Dirección General de Instrucción Pública, no participando ninguna empresa ni en la planificación ni en la impartición de la formación. Éste fue el modelo para otros centros similares que se crearon por todo el país (Guereña et al., 1994) de manera discrecional a través de decretos y reales decretos en las ciudades donde se pensaba que eran necesarias por la existencia de industrias crecientes y por la alta población.

La Restauración 1874-1923

El 3 de enero de 1874 se produjo un Golpe Militar encabezado por el General Pavía que provocó la disolución de las Cortes, siendo este el primer paso hacia la Restauración de la Monarquía que tuvo lugar el día 19 del mismo mes. La Restauración se dividió en tres periodos: el Reinado de Alfonso XII (1874-1885), la Regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena (1885-1902), y el Reinado de Alfonso XIII (1902-1923).

Durante el primer período de la Restauración, en concreto el 20 de octubre de 1876, se decretaron una serie de medidas con la intención de potenciar las Escuelas de Artes y Oficios: ampliar el número de plazas de la escuela de Madrid a 4.000, crear una junta que ayudara a la difusión de este tipo de instituciones y el compromiso de incluir la concesión de préstamos para tal fin en los siguientes presupuestos del Estado. Resulta muy interesante la exposición que el ministro de fomento, D. Francisco Queipo de Llano⁴⁴, hace al monarca para solicitarle estas medidas porque en ella podemos confirmar los que venían siendo problemas endémicos del sistema educativo español: el clasismo y la marginalidad de la FP. En el siguiente extracto de la citada exposición queda clara esta idea:

Es preciso, Señor, á juicio del Ministro que tiene la honra de dirigirse á V. M., establecer el equilibrio que debe existir entre la instrucción de las clases acomodadas y la de las que no lo son: es indispensable que el país conceda al trabajo un apoyo semejante al que de él obtienen las profesiones liberales: es necesario, en suma, dar la instrucción conveniente á nuestros artesanos.

Pese a la entrada en vigor de este decreto, no fue hasta 1886 cuando aparecieron las primeras Escuelas de Artes y Oficios estatales (Montero Pedrera, 2013) con la creación de las siete Escuelas de Distrito por Decreto de 5 de noviembre de 1886⁴⁵. Las distintas escuelas y talleres que existían bajo la gestión de diversas instituciones como las Sociedades Económicas se acogieron a este modelo contando —al menos en teoría— con el auxilio económico del Estado, como se recogió en la exposición que antecede a este decreto. Las Escuelas de Artes y Oficios se han ido adaptando a lo largo de su historia a la cambiante normativa y, por ende, a los distintos modelos de FP que establecían, e incorporando al sistema educativo hasta formar parte del catálogo de ciclos formativos actualmente vigente.

Es también durante el siglo XIX cuando surge en España la FP en los centros escolares privados. La ya mencionada Ley Moyano, que permitía que las enseñanzas primera y segunda pudieran impartirse por centros públicos y privados⁴⁶, y el marco establecido por el Gobierno para la creación de Escuelas de Artes y Oficios propiciaron este surgimiento. La congregación salesiana, cuyo fundador San Juan Bosco se considera en la actualidad el precursor de la FP en Italia y santo patrón de los estudiantes de FP en España⁴⁷, es la primera en fundar uno de estos centros privados en España. Concretamente, es en marzo de 1885 cuando se inaugura el primer centro salesiano en España dedicado a la FP, la Escuela Sarriá. Los salesianos eligen Barcelona, por ser una ciudad industrial repleta de fábricas, como lugar para inaugurar los Talleres Salesianos del Niño Jesús basados en la metodología del «sistema preventivo». En la siguiente década fundaron otras escuelas técnicas en Sevilla (1894) y Málaga (1897). Esta congregación religiosa abrió camino en la FP para otras como la Salle, los Maristas, los Escolapios y los Jesuitas. El papel de la Iglesia en la FP se mantendría a lo largo del siglo XX, experimentando un momento álgido durante el Franquismo (Dávila Balsera et al., 2014) —como prueba la creación en 1957 del Secretariado Nacional de Formación Profesional de la Iglesia dentro de la Comisión Episcopal de Enseñanza— y, desde entonces, se ha ido adaptando a la diversa normativa sobre FP existente en cada momento hasta la actualidad.

Conclusiones

La evolución de la FP en España hasta finales del siglo XIX refleja un proceso gradual de institucionalización y adaptación a las necesidades socioeconómicas del país. Así se pone de manifiesto desde sus primeras etapas, cuando la FP surgió en el ámbito laboral y doméstico, inicialmente de manera informal y, posteriormente, formalizada bajo el amparo de los gremios. En el siglo XVIII, de la mano de los Borbones, se desarrolla la FP como aprendizaje colectivo en las Reales Fábricas en un intento de responder al problema de dependencia de las importaciones, continuando la formación en manos de la empresa, pero en este caso ya con cierta intervención del Estado y con una preocupación económica más centrada en mejorar la productividad del país. Esta preocupación se puso de manifiesto también durante el reinado de Carlos III con la creación de las Escuelas Patrióticas, instituciones independientes de la empresa-fábrica, dirigidas y financiadas por organismos como las Sociedades Económicas, que iniciaron la escisión entre escuela-taller y comenzaron el proceso de institucionalización de la FP. A pesar de intentos fallidos durante el reinado de José I, como la creación de los Ateneos y un Conservatorio de Artes y Oficios, fue bajo el último mandato de Fernando VII cuando se fundó el Real Conservatorio de Artes, aunque sin participación empresarial en la formación. Con la aprobación del Decreto de Seijas se crearon las Escuelas Industriales en 1850, que podemos considerar el primer acercamiento institucional a la FP dual, pues involucra a las empresas en la formación al implantar prácticas en fábricas y talleres. Más tarde, y también durante el reinado de Isabel II, con la aprobación de la Ley Moyano –que con sucesivos desarrollos reglamentarios mantendrá su vigencia hasta 1970–, se desvinculan estas Escuelas Industriales de la FP para dedicarlas a enseñanzas superiores y se inicia, aunque con limitaciones, la transferencia de la FP al sistema educativo con los Estudios de Aplicación, lo que desembocará en un desfase entre formación recibida y realidad empresarial. Este modelo de FP integrado en el sistema educativo y sin participación de la empresa se mantendrá durante el resto del siglo XIX, con especial atención a las Escuelas de Artes y Oficios, a cuyo modelo se acogieron las distintas escuelas y talleres que habían existido hasta ese momento bajo la gestión de diversas instituciones como las Sociedades Económicas.

Por tanto, el grado de participación de la empresa en la formación de los estudiantes de esta enseñanza ha ido variando con el paso del tiempo, llegando a ser nulo en algunos periodos.

El siglo XX no ha sido una excepción a esta dinámica, pues el aprendizaje en la FP se desarrolló en diferentes ámbitos y fue impartido por diversas instituciones y entidades, ofreciendo un abanico de posibilidades que abarcó desde el aprendizaje en el ámbito laboral de la mano de los contratos de aprendizaje, que nacieron con la Ley de 17 de julio de Contrato de Aprendizaje⁴⁸ –pasando por la formación en colaboración centro formador-empresa que surgió con el Estatuto de Formación Profesional de 1928⁴⁹ y continuó con la Ley de Formación Industrial de 1955⁵⁰–, hasta la enseñanza de oficios en el sistema educativo sin colaboración empresarial existente en el Bachillerato Laboral de 1949⁵¹ –que coexistió con la nombrada ley de 1955 y que resultó ser un fracaso–. Fue esta última opción, la formación en el ámbito educativo, la que resultó elegida al transferirse toda la FP reglada al sistema educativo con la aprobación de la Ley General de Educación en 1970⁵², que estructuró la FP en tres niveles y que tuvo, por tanto, que enfrentarse a la dificultad de encajar la escuela formal en estudios profesionales de cualificación baja (Rodríguez Herrero, 1997). Fue entonces cuando se introdujo una nueva finalidad en la FP, que más allá de buscar únicamente formar a los ciudadanos y ciudadanas para su supervivencia o como inversión para la mejora productiva e industrial del país, incorporó la dimensión asistencial de la educación, así como la política. Se plantearon, por tanto, nuevos objetivos: como garantizar la igualdad de oportunidades, incorporar al mercado laboral a sectores de la población sin ocupación y mejorar las cifras de paro, entre otros (Rodríguez Herrero, 1990). A finales del siglo XX, con la intención de responder a un sistema necesitado de profesionales intermedios capacitados y mejor adaptados a la realidad del mercado laboral, se volvió a buscar la colaboración empresarial con la entrada en vigor de la LOGSE⁵³ y del módulo de Formación en Centros de Trabajo, asignatura transversal existente en todas las titulaciones que se realiza a modo de prácticas finales y que se ha mantenido en vigor hasta la actualidad.

Desde 2012, y con la aprobación del Real Decreto 1529/2012⁵⁴, se ha iniciado la andadura oficial hacia una verdadera dualidad centro formador-empresa que reparta el aprendizaje de una forma más equitativa (no sólo el número de horas de formación, sino también los resultados de aprendizaje) entre escuela y empresa. Desde entonces, la FP dual ha ido creciendo en presencia en nuestros centros docentes, hasta la actualidad, momento en el que se atisba como la opción de futuro tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de FP 3/2022 y su posterior desarrollo mediante el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional, que comenzará su implantación en el próximo curso 2024/2025 en los centros escolares españoles.

Contribución de los autores

Sonia Navajas Torrente: Conceptualización, Investigación, Metodología, Redacción-borrador original.

José Ángel Roldán Casas: Conceptualización, Investigación, Administración del proyecto, Supervisión, Redacción-revisión y edición.

Bibliografía

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2. Se descartan, por tanto, los estudios universitarios, aun cuando estos sirvieran para desarrollar actividades profesionales como la medicina, la cirugía y la ingeniería, entre otras profesiones, por ser considerados formación de nivel superior.

3. El concepto de FP Dual se introduce en el sistema legislativo español en 2012 pues, aunque se nombra y define en la Ley Orgánica de Educación de 2006, no se aborda su regulación hasta la aprobación del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. En el artículo 2 de dicho real decreto se define la FP Dual como: «[…] el conjunto de las acciones e iniciativas formativas, mixtas de empleo y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral en una empresa con la actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo».

4. Un ejemplo de esta institucionalización de los gremios la encontramos en el caso de la ciudad de Sevilla, cuando Alfonso X, que reinó en Castilla y León desde 1221 hasta 1284, formalizó los gremios sevillanos en virtud de unas ordenanzas generales otorgadas para el gobierno urbano, probablemente pocos años después de la conquista de la ciudad (González Arce, 1991, 2018).

5. El autor realiza un compendio de las ordenanzas de las principales ciudades y gremios y un análisis comparativo con la regulación existente en otros países como Francia, Inglaterra, Holanda e Italia. En este estudio incluye cuestiones relativas a la formación (número de años para ser aprendiz y oficial) y los exámenes que deben realizarse, entre otros aspectos. En el momento en el que se publicó este texto, el autor era el ministro de Hacienda y reflexionaba sobre la necesidad de unificar las ordenanzas para favorecer el oficio y planteaba la idea de que, con prudencia, se pudiera establecer un marco común de años para el aprendizaje de los oficios, siendo esta la primera referencia que se ha encontrado en nuestro análisis histórico sobre la posibilidad de sistematizar el aprendizaje de los oficios (Rodríguez Campomanes, 1776).

6. Nieto Sánchez y Zofío Llorente (2015) concluyen que la coincidencia entre el número de años de aprendizaje que se establecía en la normativa y el que aparecía en los contratos que se formalizaban ante los escribanos era mínima, por lo que este período de aprendizaje normalmente era fijado en una negociación entre maestro y aprendiz. Además, hay que destacar que en la mayoría de los casos el período de formación que se firmaba en el contrato era mayor al estipulado en las ordenanzas.

7. García-Oses (2018) concluye, tras analizar 49 contratos de aprendizaje firmados ante notario, que la costumbre en Barcelona a finales del siglo XVI consistía en que el maestro se comprometía a formar, alimentar, calzar y vestir al aprendiz que convivía con su familia durante el período de formación.

8. Cadiñanos Bardeci (2017) resume la evolución de los gremios: «A lo largo del siglo XV estas agrupaciones se caracterizan por la pérdida de libertad y consiguiente decadencia de la autonomía corporativa. La cofradía se hace obligatoria. En el siglo siguiente se inicia el sometimiento de los gremios al poder real, paralelo a la subordinación de los municipios. A lo largo de los siglos XVII y, sobre todo, del XVIII aumentó la protección real a la industria como lo reflejan las repetidas reales cédulas. Los gremios se benefician de ello, pero comienzan a depender por completo de la corona quien les otorga ordenanzas generales suprimiendo las particulares. Durante el siglo XIX se quebró casi por completo el principio de la división de clases con lo que estas antiguas asociaciones y sus normas quedan sin sentido y desaparecen».

El comienzo de la decadencia de los gremios durante la segunda mitad del siglo XVIII se vio agravada también por el liberalismo económico y por la burguesía industrial y comercial que abogaron por su abolición en pro del libre comercio. En el último tercio del siglo la legislación estaba encaminada a eliminar los privilegios gremiales (Moreno Claverías, 2015).

9. Decreto CCLXII de 8 de junio de 1813 sobre el libre establecimiento de fábricas y exercicio de qualquier industria útil. Colección de los Decretos y órdenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de febrero de 1813 hasta 14 de setiembre del mismo año en que terminaron sus sesiones, Tomo IV, 86. Imprenta de Repullés, Madrid, 1820.

10. Con anterioridad encontramos la eliminación de la obligatoriedad del tiempo de aprendizaje y de la superación de pruebas en el sector textil en el Real Decreto de 21 de septiembre de 1789, donde el Rey Carlos IV, a petición de la Junta General de Comercio y Moneda, disponía: «[…] cesarán también las pruebas y calificación sobre la inteligencia, ó aptitud de los Artífices». Real Decreto de 21 de septiembre de 1789. Circular del Consejo que incluye Decreto de 21 de septiembre de 1789, por el cual se permite que todos los Fabricantes de Texidos de Lino, Cañamo [...] puedan construirlos con arreglo a Ordenanzas, y tambien sin sujecion a ellas [...], Madrid, [s.n.], 1789.

11. Pese a que se elimina la obligación de examen, título o formación, el aprendizaje no desaparece (Moreno Claverías, 2015). Prueba de ello es la existencia de inscripciones de aprendices ordenadas por artesanos curtidores en 1855 (Romero Marín, 2005).

12. En la actualidad en la “Real Fábrica de Cristales de la Granja” se imparten Estudios Superiores del Vidrio. http://www.realfabricadecristales.es/es/informacion/estudios-superiores.

13. Helguera Quijada (2017) data como una de las primeras Reales Fábricas la de Paños finos de Valdemoro en 1709 y como una de las últimas la de Loza de la Moncloa en 1817.

14. Un ejemplo de ello es la Real Fábrica del Buen Retiro que fundó Carlos III en 1760, tras su regreso de Nápoles. Esta Real Fábrica se creó siguiendo el modelo con el que el monarca había fundado la de Capo di Monte. De allí, el Rey trajo a 51 hombres y nombró director a José Gricci (ANÓNIMO: [Condiciones para formar el Buen Retiro]. Archivo General de Palacio. (Administraciones Patrimoniales, Ca 11754/24 y 11754/27), 1759). Encontramos muchos otros ejemplos de Reales Fábricas dirigidas por extranjeros en López Castán (1992).

15. Este es el caso de la Real Fábrica de Tejidos de Ávila, donde se dedicó un edificio completo, la llamada “Casa de la Academia”, a la formación de los aprendices (Helguera Quijada, 2017).

16. Como ejemplo, y según se recoge en el Plan Director de la Real Fábrica del Conde de Aranda, una de las claves del prestigio que alcanzó esta Institución en la fabricación de cerámica fue la formación de sus aprendices. Ya se tuvo en cuenta la importancia de formar a los trabajadores antes incluso de la puesta en funcionamiento de la misma, como demuestra la contratación el 17 de marzo de 1727 del escultor Joseph Ochando para dirigir la academia de aprendices. Se recoge también la existencia de un sistema de formación en su reglamento fundacional donde se especifica que se formará a varones de entre 12 y 16 años, el tiempo de aprendizaje (10 años) y el precio de la matrícula (Sánchez Mustieles et al., 2019). La Academia de aprendices de la Real Fábrica fue, en palabras de Feit (2017) única en Europa en su tiempo.

17. Los hospicios intentaban acabar con el problema de la pobreza confinando temporalmente a mendigos y personas sin ocupación con la intención de reinsertarlos en la sociedad y hacerlos productivos. Su origen se remonta a los siglos XVI y XVII pero proliferaron a partir del 1750 (Helguera Quijada, 1980).

18. Existen otras instituciones que también podemos considerar precursoras de la Formación Profesional y que se basan en los mismos principios, pero en el ámbito de las profesiones artísticas, como son la Escuela Gratuita de Diseño creada en 1775 bajo el patrocinio de la Junta Particular de Comercio de Cataluña, el Seminario Patriótico de Bergara para el desarrollo de las ciencias y las artes útiles que aparece en 1776 gracias a la Sociedad Económica de amigos del País, o la Escuela Gratuita de Dibujo que creó la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País en Palma de Mallorca en 1778 (Sabio, 2005).

19. Palma García (1984) llega a esta conclusión basándose en que no se han encontrado registros de la entrega de premios a las mejores alumnas desde 1806 ni referencias a estas escuelas en ninguna reseña de la Sociedad Matritense durante el siglo XIX.

20. Decreto de 26 de octubre de 1809 que manda se ponga en execucion la parte del plan general de instrucción pública concerniente á los establecimientos de primera educación, o liceos. Prontuario de las leyes y decretos del Rey Nuestro Señor Don José Napoleón I desde el año 1808, Tomo I, 417-430. Imprenta Real, Madrid, 1810.

21. Considerado un experto en educación, tuvo un papel importante en tres regímenes diferentes. En 1797 fue llamado a la Corte por Jovellanos, ministro de Gracia y Justicia, para formar parte de la Junta de Instrucción Pública bajo el reinado de Carlos IV. Como se ha mencionado, formó parte de la Junta Consultiva de Instrucción Pública de José I Bonaparte y, tras someterse a un consejo de guerra, fue elegido diputado en las Cortes Ordinarias de Cádiz y recibió el encargo de la regencia de encabezar una nueva junta en Madrid: la Comisión de Instrucción Pública de las Cortes (Durán López, 1997).

22. Es de destacar que en este Plan se pretendía dar igualdad de derechos de instrucción a los hombres y mujeres.

23. Decreto de 13 de junio de 1810 por el que se ordena el establecimiento en Madrid de un Conservatorio de artes y oficios. Prontuario de las Leyes y Decretos del Rey Nuestro Señor Don José Napoleón I del año de 1810. Tomo II, 170-173. Imprenta Real, Madrid, 1810.

24. Encontramos esta declaración del Monarca en el Real Decreto de 14 de octubre de 1824 mediante el que aprobó el plan literario de estudios y de arreglo general de las universidades del Reino. Real Decreto de 14 de octubre de 1824 sobre el plan general de estudios del Reino, que va inserto a continuación. Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. en los seis meses contados desde 1º de julio hasta fin de diciembre de 1824 con un apéndice por Don Josef María de Nieva, Tomo Nono, 230-296. Imprenta Real, Madrid, 1825.

25. Decreto LXXXI de 29 de junio de 1821. Reglamento General de Instrucción Pública. Colección de los Decretos y Órdenes Generales expedidos por las Cortes Ordinarias de los años de 1820 y 1821, en el segundo periodo de su diputación que comprende desde 25 de febrero hasta 30 de junio del último año, Tomo VII, 362-381. Imprenta Nacional, Madrid, 1821.

26. En cátedras agregadas a las Universidades de Provincia se impartía teología, jurisprudencia civil y canónica, y en las llamadas Escuelas Especiales se enseñaba medicina, cirugía y farmacia.

27. Recibe este nombre por D. Francisco Tadeo de Calomarde quien lo promovió como ministro de Gracia y Justicia. Real Decreto de 14 de octubre de 1824 sobre el plan general de estudios del Reino, que va inserto a continuación. Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. en los seis meses contados desde 1º de julio hasta fin de diciembre de 1824 con un apéndice por Don Josef María de Nieva, Tomo Nono, 230-296. Imprenta Real, Madrid, 1825.

28. El Reglamento General de Escuelas de Primeras Letras, aprobado por S.M. el Rey el 16 de febrero de 1825, deroga todas las normas anteriores y regula de manera muy detallada la educación básica: lectura, escritura y aritmética. Es esta una norma con un claro objetivo de control sobre la educación, donde se regula de forma muy estricta la metodología, los recursos didácticos y todos los aspectos relacionados con la enseñanza (en este plan se explica hasta cómo el maestro debe andar alrededor de las mesas del alumnado y con qué tipo de tiza debe escribir en la pizarra). Es de destacar también el carácter religioso que impregna toda la norma, la división de escuelas de niños y niñas y el papel que se les da a las órdenes religiosas y, en especial, a los Padres Escolapios. No existe en esta norma alusión a la utilidad de estos estudios para la empleabilidad del alumnado más allá de una pequeña alusión al inicio, cuando al referirse al objetivo del plan se dice «[…]para que sean buenos cristianos y vasallos aplicados y útiles en las diversas ocupaciones y ministerios de la vida civil y religiosa». Real Decreto de 16 de febrero de 1825 aprobando y mandando poner en ejecución el plan adjunto y Reglamento de Escuelas de primeras letras. Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1825 por Don Josef María de Nieva, Tomo décimo, 51-88. Imprenta Real, Madrid, 1826.

29. Podría decirse que este Reglamento vino a regular la anteriormente llamada educación segunda. En su inicio podemos leer que su objetivo principal era que «[…] adquiriesen los jóvenes los conocimientos generales que preparan para el estudio de las ciencias, y difunden en la sociedad la cultura general que es consiguiente a la esmerada educación de las clases acomodadas». Queda claro en este punto y en el resto del texto del reglamento que se continuaba enfocando la educación secundaria desde un punto de vista teórico, alejado de las competencias y que, además, se le daba un marcado corte clasista. Real Decreto de 29 de noviembre de 1825 por el que se aprueba el nuevo Reglamento general de Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades. Incluido en Real Cédula de 16 de enero de 1826. Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y reales órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las secretarías del despacho universal y consejos de S.M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1826 por Don Josef María de Nieva, Tomo undécimo, 6-32. Imprenta Real, Madrid, 1827.

30. Estas palabras se recogen al inicio del Plan Literario de Estudios y Arreglo General de las Universidades del Reino (1824).

31. Real Orden de 18 de agosto, por la cual manda S. M. establecer un depósito de máquinas é instrumentos artísticos denominado Conservatorio de Artes. Gaceta de Madrid, núm. 113, de 2 de setiembre de 1824, 449-450. Imprenta Real, Madrid, 1824.

32. Real Orden de 29 de octubre de 1836 aprobando el Plan Provisional de Estudios que sigue a continuación. Colección de Órdenes Generales y Especiales relativas a los diferentes ramos de la instrucción pública secundaria y superior desde 1º de enero de 1834 hasta fin de junio de 1847. Tomo I, 15-24. Imprenta Nacional, Madrid, 1847.

33. Según este Plan en la segunda enseñanza debían impartirse matemáticas, geometría, física experimental, nociones de química, geografía físico-matemática, lógica, principios de gramática, historia, filosofía moral y fundamentos de la religión.

34. Real Decreto de 17 de septiembre de 1845 atendiendo a la necesidad de organizar del modo más conveniente la instrucción pública del Reino en la parte relativa a las enseñanzas secundaria y superior, á fin de comunicar á todos los ramos del saber el debido impulso, perfeccionar los estudios y dar á los profesores el decoro indispensable para que cumplan cual corresponde con sus importantes funciones. Gaceta de Madrid, núm. 4029, de 25 de septiembre de 1845, 1-5. Imprenta Nacional, Madrid, 1845.

35. En la exposición a S.M del Plan de Estudios queda claro el corte clasista de la nueva educación secundaria de ampliación: «Empeñarse en que todos, sin distinción, adquieran estos últimos [conocimientos], es perder tiempos y estudios».

36. Los estudios de facultad mayor comprendían jurisprudencia, teología, medicina y farmacia y los estudios superiores equivalían al grado de doctor. Sólo existía alguna relación con la FP en los estudios especiales donde se hace alusión a las «artes y oficios». Sin embargo, el Plan no acometió la regulación de estas enseñanzas y en su artículo 41 estableció que «Reglamentos también especiales determinarán el orden y la duración de estos estudios», así como el lugar donde se ubicarían las escuelas especiales.

37. Real Decreto de 4 de septiembre de 1850. Gaceta de Madrid, núm. 5900, de 8 de septiembre de 1850, 1-2. Imprenta Nacional, Madrid, 1850.

38. Real Decreto de 20 de mayo de 1855 que aprueba el Plan Orgánico de Escuelas Industriales. Gaceta de Madrid, núm. 871, de 22 de mayo de 1855, 1-2; concluido en núm. 872, de 23 de mayo de 1855, 1. Imprenta Nacional, Madrid, 1855. Será puesto en marcha tras la aprobación del Real Decreto de 27 de mayo de 1855 que aprueba el Reglamento para la ejecución del Plan Orgánico de las Escuelas Industriales, decretado por S. M. en 20 de mayo de 1855. Gaceta de Madrid, núm. 877, de 28 de mayo de 1855, 1-2. Imprenta Nacional, Madrid, 1855.

39. El artículo 2 del Plan enunciaba que «las escuelas elementales se establecen principalmente para que las clases trabajadoras adquieran con brevedad, y sin la dificultad de complicadas teorías, los conocimientos más precisos y usuales en las operaciones materiales en las artes y oficios». Esta idea se reafirma en el artículo 59 del Plan, donde podemos leer «[…] las enseñanzas elementales se procurará que sean siempre en las primeras horas de la noche para facilitar la asistencia del mayor número posible de artesanos, que es su principal objeto». En el título I del Reglamento para la ejecución del Plan Orgánico de las Escuelas Industriales, decretado por S. M. en 20 de mayo de 1855, se establecieron las enseñanzas para este nivel: gramática española, aritmética, geometría y dibujo.

40. Además de ser el primer paso para la obtención del título de ingeniero, esta enseñanza buscaba formar jefes de taller tal y como se establecía en el artículo 3 del Plan: «la instrucción necesaria para construir y dirigir acertadamente las fábricas, talleres, obras mecánicas, máquinas e instrumentos y artefactos industriales de todas clases».

41. Ley de 9 de setiembre de 1857, de Instrucción Pública. Gaceta de Madrid, núm. 1710, de 10 de setiembre de 1857, 1-3. Imprenta Nacional, Madrid, 1857.

42. Esta percepción negativa está presente en nuestra sociedad desde hace siglos. Pedro Rodríguez Campomanes reflexionaba sobre por qué entre los ciudadanos españoles era visto como negativo trabajar en lo que el denominaba “artes mecánicas”. Atribuía esta mala fama a que habían sido oficios desempeñados en su mayoría por los árabes antes de su expulsión mientras que los cristianos se habían dedicado al arte de la guerra y otros menesteres. Apéndice a la educación popular: parte tercera que contiene un discurso sobre la legislación gremial de los artesanos, contrahido á lo que resulta de nuestras leyes y ordenanzas municipales de los pueblos, Madrid, Imprenta de Antonio Sancha, 1776.

43. Decreto de 5 de mayo de 1871. Gaceta de Madrid, núm. 128, de 8 de mayo de 1871, 1033-1034. Imprenta Nacional, Madrid, 1871.

44. Esta exposición y el real decreto que aprobó las medidas mencionadas se publicaron en la Gaceta de Madrid nº 295 el 21 de octubre de 1876. Real decreto de 20 de octubre de 1876. Gaceta de Madrid, núm. 295, de 21 de octubre de 1876, 189-190. Imprenta Nacional, Madrid. 1876.

45. Real decreto de 5 de noviembre de 1886 reorganizando las enseñanzas de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, y creando otras de distrito. Gaceta de Madrid, núm. 310, de 6 de noviembre de 1886, 377-378. Minuesa de los Ríos, 1886. Estas escuelas se regían por el Reglamento aprobado por Real decreto de 5 de noviembre de 1886 Real decreto aprobando el Reglamento de las Escuelas de Artes y Oficios. Gaceta de Madrid, núm. 310, de 6 de noviembre de 1886, 378-380. Minuesa de los Ríos, 1886.

46. Sin embargo, se limitaba la enseñanza superior a los establecimientos públicos, es decir, a aquellos en los que tanto el profesorado como los directores eran nombrados por el Gobierno.

47. Según recoge Alberdi (1985), la congregación religiosa salesiana ha tenido una gran importancia para la FP, como ya se desprendía de la finalidad global de su Escuela Profesional que aparece recogida en su Estatuto de esta forma: «El fin que se propone la Sociedad Salesiana al acoger y educar a estos jóvenes artesanos es formarlos de manera que, al salir de nuestras casas, una vez terminado su aprendizaje, hayan aprendido un oficio con el que ganarse honradamente la vida, se hayan educado bien en la religión y tengan los conocimientos científicos adecuados a su condición».

Hoy en día la Escuela Sarriá continúa formando a cientos de alumnos de FP, y los salesianos tienen en funcionamiento 830 centros de FP en todo el mundo según la Agencia Info Salesiana, órgano de comunicación de la Congregación Salesiana, inscrito en el Registro de la Prensa del Tribunal de Roma, Nº. 153/2007.

48. Ley de 17 de julio de 1911. Gaceta de Madrid, núm. 200, de 19 de julio de 1857, 246-247. Sucesores de Rivadeneyra S.A., Madrid, 1911.

49. Real Decreto 2451 de 21 de diciembre de 1928. Estatuto de Formación Profesional. Gaceta de Madrid, núm. 363, de 28 de diciembre de 1928, 1989-2002. Sucesores de Rivadeneyra S.A., Madrid, 1928.

50. Ley de 20 de julio de 1955 sobre "Formación Profesional Industrial". Boletín Oficial del Estado, núm. 202, de 21 de julio de 1955, 4442-4453.

51. Ley de 16 de julio de 1949 de Bases de Enseñanza Media y Profesional. Boletín Oficial del Estado, núm. 198, de 17 de julio de 1949, 3164-3166.

52. Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (en adelante LGE). Boletín Oficial del Estado, núm.187, de 6 de agosto de 1970, 12525-12546. Enlace.

53. Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Boletín Oficial del Estado, núm. 238, de 4 de octubre de 1990, 28927-28942.

54. Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. Boletín Oficial del Estado, núm. 270, de 9 de noviembre de 2012, 78348-78365.