El reconocimiento de la capacidad jurídica se sustenta en la convicción de que las personas con discapacidad deben disfrutar de su dignidad, como derecho inherente y universal que posibilita la equiparación de oportunidades y derechos para esta población (Sánchez, 2023). La consideración de la dignidad, y la consecuente equiparación, se derivan del modelo social de la discapacidad (Palacios, 2008) y del enfoque de derechos (Jiménez, 2021), bajo los cuales la discapacidad se interpreta como un fenómeno poliédrico, complejo y variable que emerge de la interacción entre las características individuales y las barreras del entorno.

Si bien el marco conceptual de la discapacidad abarca discapacidades sensoriales, físicas, psicosociales, intelectuales o del desarrollo, este estudio se centra exclusivamente en estas últimas, en tanto las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo enfrentan barreras especialmente significativas en su interacción con los sistemas de justicia. En adelante, este término se empleará para referirse al grupo objeto de estudio.

El derecho a la capacidad de obrar requiere la introducción de acciones positivas que beneficien a las personas infrarrepresentadas en el sistema de justicia. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Organización de Naciones Unidas, 2006) reconoce el acceso a la justicia en igualdad de condiciones (art. 13) e insta a los Estados a disponer ajustes de procedimientos y apoyos a la toma de decisiones que permitan la participación efectiva de las personas con discapacidad en todas las fases del proceso (ONU, 2006). En la misma línea, los Principios y Directrices Internacionales sobre el Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad (ONU, 2020) detallan las barreras estructurales, actitudinales y comunicativas que continúan limitando dicho acceso, subrayando la necesidad de apoyos especializados.

Actualmente, frente a modelos centrados en la sustitución de la voluntad (Barba, 2021), se consolida una transición hacia modelos basados en apoyos a la toma de decisiones. En este contexto de reconfiguración normativa y profesional, las figuras de apoyo a la toma de decisiones ‒como los profesionales de facilitación judicial o procesal en España o las figuras homólogas en países tales como Reino Unido, Chile o Argentina‒ juegan un papel esencial en garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Tales profesionales, conceptualizados de acuerdo al paradigma de los sistemas de apoyo (Schalock et al., 2021), intervienen con el objetivo de mitigar las posibles limitaciones significativas en habilidades conceptuales, sociales o prácticas que, en interacción con las demandas del entorno, pueden generar desajustes relevantes y comprometer la participación efectiva.

La literatura científica existente sobre acceso a la justicia para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se organiza en dos grandes líneas. Una primera se centra en identificar los obstáculos a la participación, poniendo énfasis en las dificultades en la comprensión de términos legales (Gulati et al., 2020), la gestión de los tiempos y de las formalidades de los procedimientos (White et al., 2023) o en las barreras actitudinales (Allely y Cooper, 2017). La segunda describe adaptaciones y apoyos orientados a favorecer la participación, como intervenciones para poblaciones con graves dificultades comunicativas (White et al., 2021), adaptaciones de entrevistas forenses (Wyman et al., 2019) o prácticas de facilitación especializada (Turner y Hughes, 2022).

Además de estos estudios empíricos, la literatura también cuenta con trabajos de síntesis de conocimiento. La revisión de Whittingham et al. (2022) resume modelos de apoyo en fases del sistema penal, la investigación de Sanyaolu et al. (2022) se centra en la interacción en fase policial o en adaptaciones comunicativas para jóvenes, mientras que la revisión de Morrison et al. (2019) analiza los retos comunicativos en sala de vistas que afectan a menores y adultos con discapacidad intelectual o del desarrollo. Sin embargo, estas revisiones no profundizan en el rol específico de las figuras profesionales de facilitación judicial o procesal, sus funciones ni sus ámbitos de actuación.

En consecuencia, la literatura carece de una sistematización internacional que describa de manera comparada cómo se configura la práctica de facilitación judicial o procesal, qué perfiles profesionales existen, qué funciones desempeñan y qué barreras abordan. Este vacío dificulta la comparación entre países y el desarrollo de estándares profesionales compartidos para esta práctica emergente. Es por ello que este artículo aporta una síntesis exhaustiva, comparada y actualizada de las prácticas profesionales implementadas en distintos países.

En concreto, este artículo persigue tres objetivos principales: 1) sistematizar las características individuales de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo consideradas en los estudios seleccionados; 2) identificar y clasificar las barreras ambientales descritas en relación con su participación en procedimientos judiciales; y 3) describir y comparar los contextos judiciales, los perfiles profesionales y las funciones documentadas de las figuras de facilitación judicial o procesal. Dichos objetivos estructuran y orientan el contenido del presente artículo.

El método utilizado corresponde al de una revisión sistemática, en tanto posibilita evaluar en profundidad los estudios seleccionados, establecer fases de trabajo definidas, aplicar procedimientos específicos en cada etapa y garantizar la transparencia y la replicabilidad del proceso (Tricco et al., 2018). El procedimiento se desarrolló siguiendo las directrices PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para la descripción de la evidencia científica y la estrategia SALSA (Search, Appraisal, Synthesis, Analysis) (Codina, 2024) que permite asegurar la sistematicidad del proceso.

A partir de los resultados presentados emergen varias líneas de reflexión relevantes que permiten establecer un estado del arte de la facilitación judicial o procesal dirigida a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo desde una perspectiva internacional y en relación con los objetivos planteados en el estudio. La discusión se organiza, por tanto, de acuerdo a las tres dimensiones analizadas: las características individuales de las personas, las barreras ambientales que condicionan su participación y los perfiles y funciones profesionales de la figura profesional de facilitación.

En primer lugar, los hallazgos obtenidos en relación con el primer objetivo, centrado en las características individuales de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, muestran que la edad constituye un factor determinante en la activación de mecanismos de apoyo para las personas involucradas en procedimientos judiciales. A partir de los resultados, se observa que, a medida que desciende la edad de los participantes, aumenta la probabilidad de que se implementen medidas de adaptación procesal.

Algunas investigaciones relevantes en este campo ayudan a comprender por qué se produce esta asimilación entre minoría de edad y necesidad de apoyos. Siguiendo a Plotnikoff y Woolfson (2015), las primeras intervenciones de facilitación se vinculan a interrogatorios de menores de edad en Israel a partir del año 1955. En estos escenarios, coincidiendo con lo establecido por Teira y Sotillo (2024), la figura profesional actuaba con el objetivo de facilitar la comunicación efectiva entre los menores de edad y los profesionales del ámbito jurídico. Tras la replicabilidad de este servicio y su puesta en funcionamiento en otros países a lo largo de las décadas posteriores, a finales de siglo las personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo (junto a otros grupos sociales) se convierten en posibles beneficiarias de tales dispositivos. En ese momento, los colectivos destinatarios de la intervención profesional pasan a agruparse bajo la noción de grupos vulnerables.

Los resultados reflejan que algunos países, como por ejemplo Chile, al asimilar al grupo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo al grupo de menores de edad provocan un enmascaramiento de la noción de discapacidad que perpetúa un modelo de tipo asistencialista (Palacios, 2008). Las características de vulnerabilidad asociadas a la discapacidad pueden generar situaciones de discriminación (Huete, 2013). Según Rivadeneira (2021) estas situaciones están estrechamente relacionadas a enfoques asistencialistas.

Estos hallazgos permiten identificar como prioridad la ruptura de la asimilación entre menores de edad y población objeto, a fin de garantizar su capacidad jurídica y su participación mediante sistemas de apoyo específicos (González, 2022). En ningún caso un incremento en factores de riesgo (Marini et al., 2001; Verdugo et al., 2002) constituye fundamentación suficiente para que el término vulnerabilidad (Cumbre Judicial Iberoamericana, 2008) reemplace conceptualmente la noción de discapacidad (Cuadrado, 2024). Por el contrario, la identificación de factores de riesgo debería servir para implementar estrategias de evaluación y medidas de asistencia especializada (Gudjonsson, 2010).

Por otra parte, se constata una carencia reseñable en cuanto a estudios que contemplen el género como un indicador a tener en cuenta para el establecimiento de apoyos en ámbitos judiciales. Esta realidad confirma lo identificado previamente por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (2022) al abordar el impacto de la desigualdad estructural en mujeres y niñas con discapacidades intelectuales o del desarrollo. Tal y como plantea Díaz (2013, como se cita en Sánchez, 2020), la condición de ser mujer y poseer una discapacidad suele derivar en situaciones de discriminación múltiple e interseccional (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2016) que sitúa a esta población ante situaciones de indefensión mayores que en el caso de hombres con discapacidad. Estas cuestiones, unidas a la existencia de obstáculos específicos en el acceso a la justicia para este colectivo (Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2016), ponen de relieve una línea de investigación todavía insuficientemente desarrollada en la literatura científica sobre participación en ámbitos judiciales y provisión de apoyos.

En cuanto al segundo objetivo, referido a la identificación de las barreras ambientales citadas en los estudios analizados, los resultados permiten concluir que dichas barreras constituyen un factor relevante para garantizar una participación efectiva de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en los procedimientos judiciales. A partir de los hallazgos presentados, la práctica de facilitación judicial o procesal aparece como una respuesta aún fragmentada frente a múltiples barreras estructurales que impiden que se dé una participación equitativa en el proceso judicial. Tales obstáculos no son elementos aislados, sino que conforman un entramado de barreras comunicacionales, procedimentales y aptitudinales que, en conjunto, refuerzan dinámicas persistentes de desigualdad en el acceso a la justicia.

La literatura respalda los hallazgos de la presente revisión. Por ejemplo, Gulati et al. (2020) identificaron importantes dificultades comunicativas en su análisis de experiencias durante interacciones policiales y judiciales, destacando limitaciones para comprender conceptos legales, seguir la estructura de una entrevista o evitar malinterpretaciones que afectan a la versión de los hechos. Asimismo, el estudio de Allely y Cooper (2017) muestra cómo las actitudes y expectativas de jueces y jurados pueden verse influidas por concepciones estereotipadas sobre la comunicación, el comportamiento o la credibilidad de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, comprometiendo así la valoración de su testimonio.

Al interior de los sistemas de justicia, incluso profesionales con discapacidad identifican obstáculos significativos en materia de accesibilidad y participación (White et al., 2023), lo que evidencia que las barreras ambientales no constituyen una problemática exclusiva de las personas usuarias del sistema, sino un fenómeno estructural relacionado con una cultura jurídica insuficientemente adaptada a la diversidad.

En conjunto, estas barreras ambientales confirman que la participación en el ámbito judicial no depende únicamente de las características individuales de la persona, sino de la capacidad del entorno para generar condiciones accesibles y ajustar sus procedimientos. La intervención de la figura profesional para la facilitación judicial o procesal debe ejecutarse, por tanto, a partir de un análisis funcional (Plena inclusión, 2022) que ponga la atención en la relación existente entre la persona y el entorno. Es decir, la evaluación individual de la persona y el análisis de los elementos estructurales, en conjunto, deben concretizarse en lo que se ha denominado un traje a medida (ONU, 2006), entendido como un conjunto de apoyos personalizados, sensibles a las necesidades particulares de la persona, así como a la complejidad del contexto jurídico en el que participa.

Respecto al tercer y último objetivo, centrado en describir y comparar los perfiles y las funciones profesionales de la figura de facilitación judicial o procesal, los resultados de esta revisión muestran que a nivel internacional coexisten distintos modelos de organización y práctica profesional. Estos modelos varían en función del tipo de instancia jurídica, del rol que ocupa la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo (testigo, víctima, acusado) y del grado de desarrollo normativo de cada país, lo que refuerza la idea de que nos encontramos ante un perfil profesional heterogéneo (Teira y Sotillo, 2024).

A partir de los registros seleccionados emergen dos modelos de facilitación, los cuales se relacionan con perfiles profesionales diferenciados. Uno de ellos, de carácter multidisciplinar, coincide con aquellas propuestas que conciben la facilitación como un recurso integral orientado a garantizar la bidireccionalidad comunicativa y a sostener emocionalmente a la persona apoyada (Cooper y Mattison, 2017). En este caso, la práctica de facilitación incluye funciones como la evaluación de necesidades y habilidades comunicativas, el acompañamiento a lo largo de todo el proceso o la explicación accesible del procedimiento. El otro modelo, de carácter más unidisciplinar, asigna las funciones propias de la facilitación a profesionales del ámbito judicial (jueces, fiscales, letrados, fuerzas de seguridad) o a una disciplina principal, habitualmente la psicología (Calaza, 2024). Aunque este modelo puede favorecer la integración de la práctica profesional en estructuras ya consolidadas, por el contrario, conlleva el riesgo de reducir la intervención a una mera adaptación del procedimiento o a una provisión de información jurídica, dejando en un segundo plano la evaluación de necesidades, la atención emocional o la coordinación con otros apoyos.

De esta revisión se desprende que los perfiles multidisciplinares se alinean mejor con un enfoque de sistemas de apoyo, en la medida en que posibilitan abordar la compleja relación entre la persona y el entorno judicial desde una perspectiva integral y no exclusivamente jurídica (Thompson et al., 2010). En este sentido, resulta especialmente relevante el segundo modelo de facilitación descrito por Cooper y Mattison (2017) en el que la figura profesional asesora a policías, abogados y jueces; valora necesidades de apoyo; propone estrategias de afrontamiento, y participa en la negociación del establecimiento de medidas de ajuste. Tal y como plantean Marinos y Whittingham (2019), este tipo de enfoque contribuye a transformar las prácticas judiciales para hacerlas más respetuosas con los derechos de la población objeto.

En definitiva, para garantizar el derecho de acceso y participación en la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo resulta necesario impulsar perfiles profesionales multidisciplinares, proporcionar información adaptada y promover formaciones específicas dirigidas a operadores jurídicos. Por último, tal y como establece la ONU (2020), los programas de facilitación deben prever la asistencia a todas las partes, la adopción de medidas para garantizar un trato justo e igualitario, la posibilidad de que la persona sea acompañada por alguien distinto al profesional de facilitación y la concreción de los apoyos necesarios para asegurar una participación en igualdad de condiciones que el resto.

El presente estudio ofrece una sistematización internacional de la literatura sobre facilitación judicial o procesal dirigida a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, permitiendo la identificación de tendencias comunes, divergencias entre modelos profesionales y vacíos relevantes en el conocimiento. A partir de los objetivos presentados, los hallazgos permiten plantear tres conclusiones generales.

En primer lugar, en relación con las características individuales de la población objeto, se evidencia la existencia de modelos interpretativos que asimilan este colectivo al de menores de edad o al de personas vulnerables, contribuyendo a la reproducción de enfoques asistencialistas y a la invisibilización de la especificidad de la discapacidad. Esta realidad dificulta el establecimiento de apoyos ajustados a las necesidades reales que presentan las personas y desatiende dimensiones críticas como el género, que continúa siendo una variable poco explorada en la literatura científica disponible.

En segundo lugar, de los resultados se extrae que las barreras ambientales siguen constituyendo el principal obstáculo para la participación efectiva de estas personas en el sistema de justicia. Las barreras a la participación se traducen en una falta de accesibilidad cognitiva, la escasa formación especializada, en una ausencia de protocolos homogéneos y en la influencia de prejuicios capacitistas que impiden que se dé una participación plena. En conclusión, las evidencias ubicadas señalan que la incorporación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a los sistemas de justicia depende más de la capacidad de los entornos para ajustarse a la diversidad que de las habilidades individuales.

En tercer lugar, el análisis de los perfiles y funciones profesionales revela que la práctica de facilitación judicial o procesal supone una realidad heterogénea a nivel internacional. Aunque coexisten modelos unidisciplinares y multidisciplinares, los resultados de esta revisión sugieren que estos últimos se alinean mejor con el paradigma de los sistemas de apoyo, al posibilitar una intervención integral capaz de abarcar todas las necesidades desde un enfoque funcional.

En conjunto, estos hallazgos señalan la necesidad de avanzar hacia modelos que garanticen la provisión de apoyos especializados a lo largo de todo el proceso judicial. Y para ello se deben desarrollar marcos normativos unificados en el plano internacional para regular la actuación profesional, promover la formación de operadores jurídicos en materia de discapacidad y accesibilidad e instaurar protocolos para asegurar la implementación de ajustes en el ámbito. Además, es necesario impulsar investigaciones que se centren en la intersección entre género, discapacidad y justicia.