El presente trabajo se enmarca en una revisión de alcance, metodología idónea para explorar de manera amplia fenómenos complejos a partir de diversas fuentes de información (Munn et al., 2018).

La revisión se desarrolló siguiendo las directrices metodológicas del Joanna Briggs Institute Reviewers’ Manual (Peters et al., 2015, 2020), así como la guía Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR; Tricco et al., 2018). Asimismo, se adoptó el enfoque propuesto por Arksey y O’Malley (2005) para revisiones de alcance, el cual comprende las siguientes etapas: a) definición de las preguntas de investigación; b) identificación preliminar de la literatura; c) selección de fuentes relevantes; y d) mapeo y síntesis de los hallazgos.

Este enfoque permitió mapear información jurídica, empírica e institucional relacionada con el rol del facilitador procesal y su contribución a la accesibilidad judicial de las personas con discapacidad intelectual (DI).

No se efectuó un registro previo de protocolo, dado que esta investigación corresponde a una revisión de alcance. Este tipo de revisiones, a diferencia de las revisiones sistemáticas, no suelen requerir registro formal, ya que su propósito principal es mapear la literatura existente más que evaluar exhaustivamente la evidencia disponible (Tricco et al., 2018). No obstante, con el fin de garantizar la transparencia metodológica, el proceso de búsqueda y selección de fuentes fue documentado mediante el diagrama de flujo PRISMA 2020, que detalla las fases de identificación, cribado, elegibilidad e inclusión de los estudios revisados (véase la Figura 1).

La búsqueda bibliográfica se realizó entre enero y mayo de 2024 en las bases de datos Scopus, EBSCO, ScienceDirect, Web of Science y Google Académico, complementada con la revisión de marcos legislativos relevantes nacionales e internacionales y estudios de caso.

Se empleó una estrategia de búsqueda flexible, diseñada para abarcar literatura académica relevante sobre la temática objeto de estudio. Los términos de búsqueda utilizados fueron: “vulnerable individuals” OR “vulnerable participants”; AND “justice system” OR “legal system”; AND “intermediary role” OR “communication facilitator” OR “facilitator”; AND “access to justice”; AND “intellectual disability”, así como combinaciones de términos relacionados.

El análisis temático, realizado con apoyo del software Covidence (https://www.covidence.org), permitió dar respuesta a las cuatro preguntas de investigación propuestas y derivó en cuatro categorías principales de resultados que se exponen a continuación.

Los facilitadores procesales han emergido como figuras clave para asegurar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad, particularmente aquellas con DI, comunicativa, del desarrollo, trastornos del aprendizaje o problemas de salud mental. Su función, en constante evolución y sujeta a variaciones según el contexto jurídico y social de cada país, responde a la necesidad de adaptar el sistema judicial a las características de estos grupos (Cooper y Mattison, 2017; Taggart, 2022).

Su intervención abarca todo el recorrido judicial, desde el primer contacto con la policía hasta el juicio, proporcionando apoyos específicos que permiten la participación real de la persona. Entre sus responsabilidades se incluye la evaluación de necesidades individuales y dificultades de comunicación, lo que posibilita la identificación de barreras y la propuesta de ajustes personalizados (Cooper y Mattison, 2017). A partir de esta evaluación, elaboran informes destinados a los distintos operadores jurídicos con recomendaciones prácticas sobre, por ejemplo, cómo adecuar el lenguaje y la dinámica del procedimiento (Henderson, 2015).

Durante el juicio o en entrevistas policiales, actúan como intermediarios imparciales, garantizando que la comunicación sea comprensible y equitativa (Hanna et al., 2013; Plotnikoff y Woolfson, 2012). Asimismo, pueden sugerir adaptaciones procesales como ambientes menos formales, pausas durante las declaraciones o mayor tiempo de respuesta, elementos cruciales para facilitar la expresión y la comprensión de personas con DI (Barrenengoa, 2022). Además, contribuyen a mitigar el impacto emocional del proceso judicial, ofreciendo apoyo que favorece la tranquilidad y la comprensión activa de lo que ocurre (Chan, 2022).

La figura del facilitador procesal no surgió de forma inmediata ni fue prioritaria en los sistemas penales. Su origen se remonta a Israel en 1955, en el contexto de interrogatorios a menores (Plotnikoff y Woolfson, 2015; Teira y Sotillo, 2024), aunque no se reconoció entonces la necesidad de un apoyo especializado para personas con discapacidad. Fue a finales de los años ochenta cuando Inglaterra y Gales propusieron una figura análoga con posterior reconocimiento legislativo.

El sistema de justicia penal en Inglaterra y Gales ha implementado diversas medidas para proteger los derechos de las personas con discapacidad, aunque aún persisten limitaciones significativas. La Ley de Policía y Pruebas Penales de 1984 (junto con una serie de códigos éticos de práctica profesional complementarios y no vinculantes) se creó con el objetivo de regular el estatuto de los agentes policiales y proteger al mismo tiempo a detenidos vulnerables (Dehaghani, 2022). Una de las medidas desarrolladas fue la introducción del adulto apropiado, cuya aplicación, sin embargo, ha sido notablemente inconsistente a lo largo de los años (Jessiman y Cameron, 2017; Leggett et al., 2007; Talbot y Riley, 2007), debido, en parte, a la dificultad inherente de la identificación temprana de las personas con discapacidad en sede policial sin un diagnóstico previo (McCarthy et al., 2022).

La presencia de un adulto apropiado durante los interrogatorios policiales, junto con la representación legal de un abogado, resultaba fundamental en la década de los 80 para garantizar los derechos de los sospechosos y asegurar un procedimiento legal justo (Williamson, 2006). Los adultos apropiados, provenientes del entorno cercano del sospechoso, como familiares o amigos, jugaban un papel clave en su apoyo durante un procedimiento penal. Si bien su presencia puede reducir el estrés y la ansiedad de los individuos con DI y fomentar su participación efectiva en el proceso (Medford et al., 2003), su falta de formación en comunicación adaptada limita su efectividad para mediar entre el sospechoso y la policía.

Por ello, para abordar estas deficiencias, se implementó en 2008 el Programa de Intermediarios Testigos, tras un piloto en 2004 (Plotnikoff y Woolfson, 2007). Aunque la Ley de Justicia Juvenil y Pruebas Penales de 1999 ya contemplaba apoyos para testigos y víctimas menores vulnerables (O’Mahony et al., 2016), diversos autores señalaron la necesidad de extenderlos también a los acusados con discapacidad (McEwan, 2009). Los intermediarios en esta jurisdicción son profesionales imparciales registrados por el Ministerio de Justicia (Henderson, 2015; O’Mahony, 2010). No obstante, la exclusión de los acusados ha generado un sistema desigual (Taggart, 2022), como en los casos R v OP (2014) y R v Cox (2012), llevando a la Comisión de Derechos del Reino Unido a abogar por la necesidad de extender el derecho de apoyo a todas las partes del proceso (Giuffrida y Mackay, 2021).

En Irlanda del Norte, el modelo es más inclusivo, con intermediarios tanto para víctimas como para acusados (Cooper y Wurtzel, 2013; Taggart, 2021). En Nueva Zelanda, gracias a la Disability Strategy y la presión de ONG, se creó el asistente de comunicación, aunque sin regulación específica todavía, lo que genera disparidades (Howard et al., 2020a; Metzger et al., 2018). Australia también ha desarrollado figuras similares, como el interlocutor judicial en Nueva Gales del Sur, pero su provisión depende de financiación privada y carece de uniformidad normativa (Government of South Australia, 2014; Plater et al., 2021; Powell et al., 2015).

En los países nórdicos, el modelo Barnahus, implementado en 1998 e inspirado en los Child Advocacy Centers de EE. UU., cuenta con facilitadores como psicólogos y trabajadores sociales que colaboran con jueces y fiscales (Johansson et al., 2017). Sin embargo, su intervención suele limitarse a menores víctimas y testigos, dejando fuera a los acusados con discapacidad. Sudáfrica contempla desde 1991 la figura del intermediario cognitivo, ampliada en 2019 para facilitar la participación de personas con DI en la justicia sin provocarles ansiedad y estrés (Jonker y Swanzen, 2007), aunque persisten desigualdades en su acceso por factores económicos y estructurales (Foskett, 2014).

En el contexto español, la figura del facilitador procesal se configura como una garantía derivada del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Diversos actores institucionales (incluido el sector asociativo, la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial [CGPJ] y la Oficina del Alto Comisionado) coinciden en interpretar este apoyo como parte integrante del derecho de acceso a la justicia. Esta concepción se ve reforzada por la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que incorpora explícitamente los ajustes y los apoyos como elementos inherentes al ejercicio del derecho fundamental, así como por el Informe del CGPJ relativo al proyecto de Decreto de la Comunidad de Madrid, orientado a regular la figura del experto facilitador para personas con discapacidad en el ámbito judicial. De manera complementaria, el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil introduce al facilitador como un ajuste procedimental imprescindible para garantizar la participación efectiva de las personas con discapacidad intelectual en los procesos civiles.

Pese a este reconocimiento normativo, la implementación práctica del facilitador en el ámbito penal continúa siendo limitada, desigual y, en numerosos casos, condicionada a la autorización judicial, lo que restringe su utilización efectiva (Barrenengoa, 2022; Endara-Rosales, 2022). No obstante, en España se han impulsado diversas iniciativas orientadas a mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual. Entre ellas destaca el proyecto UAVDI (Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual), promovido por la Fundación Carmen Pardo-Valcarce (actual Fundación A LA PAR) en colaboración con la Guardia Civil y la Fundación MAPFRE desde 2011. Esta iniciativa adapta los procedimientos policiales y judiciales a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, incorporando la figura del facilitador como mecanismo de apoyo. Otras experiencias relevantes incluyen el Convenio del CGPJ y el Servicio de Personal Facilitador de la Ciudad de la Justicia de Valencia, orientados a proporcionar apoyos para la comprensión y la participación procesal (De la Peña, 2023; Durán, 2023; Recio Zapata et al., 2012).

Sin embargo, a pesar de estos avances, el desarrollo de la figura del facilitador continúa siendo incipiente y presenta una notable heterogeneidad territorial. Como advierte Sorrentí Costa (2024), la ausencia de una norma estatal básica que establezca los principios rectores de esta figura provoca que su regulación y provisión dependan en gran medida de la iniciativa de cada comunidad autónoma, en función de las competencias asumidas en materia de justicia. Esta descentralización genera un panorama fragmentado, en el que algunas comunidades avanzan hacia la consolidación del facilitador mientras otras permanecen supeditadas a la normativa estatal, con el consiguiente riesgo de desigualdades territoriales en el acceso a los apoyos procesales y, en última instancia, en la garantía efectiva del derecho a la justicia.

En este escenario, la aprobación del Decreto 5/2024, de 8 de mayo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que regula la figura del personal experto facilitador para prestar apoyo a personas con discapacidad en las sedes judiciales, constituye un hito normativo de carácter pionero. Este desarrollo reglamentario representa un paso significativo hacia la institucionalización de los apoyos procesales y ejemplifica cómo una comunidad autónoma puede establecer un marco más robusto y eficaz para asegurar la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales.

En conclusión, el análisis comparativo del rol del facilitador (véase Tabla 2) permite identificar divergencias significativas en su regulación, aplicación y alcance. Aunque el reconocimiento legal y los marcos normativos existen en muchas jurisdicciones, la equidad en su implementación sigue siendo un desafío global.

La incorporación de facilitadores en el sistema de justicia penal ha demostrado ser fundamental para mejorar la calidad del testimonio de personas vulnerables, mejorando su acceso a la justicia y optimizando los métodos de interrogatorio empleados por la policía y los tribunales (Plotnikoff y Woolfson, 2007). Estudios posteriores (Plotnikoff y Woolfson, 2015) muestran que su intervención reduce errores y favorece una mejor comprensión del proceso judicial. Ejemplos como el esquema unificado de Irlanda del Norte han evidenciado mejoras significativas en la calidad de la evidencia y en la participación de testigos y víctimas (Kearns et al., 2024).

Además de fortalecer la calidad de la prueba, los facilitadores desempeñan un papel clave en la garantía de un juicio justo, conforme al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Arthur y Crofts, 2022). Su intervención promueve la participación equitativa de acusados vulnerables, facilita la comunicación y protege los derechos procesales, lo que mejora la percepción de equidad en el sistema judicial (Gulati et al., 2020). Asimismo, su presencia agiliza los procesos al reducir retrasos y malentendidos, optimiza la toma de decisiones judiciales y fortalece la confianza pública en el sistema (Chan, 2022; Howard et al., 2020b). En este sentido, no solo contribuyen a mejorar la calidad del testimonio, sino que también disminuyen el estrés asociado a testificar y garantizan el acceso a la información, minimizando errores y optimizando la formulación de preguntas en interrogatorios y juicios (Henshaw et al., 2018; Plotnikoff y Woolfson, 2007).

El análisis comparado evidencia que la figura del facilitador procesal constituye un elemento esencial para garantizar la participación equitativa de las PDI dentro del sistema de justicia penal. En jurisdicciones como Reino Unido e Irlanda del Norte, donde el rol está formalizado a través de los intermediarios registrados, su integración en todas las etapas del proceso ha demostrado mejorar la calidad del testimonio, reducir la tensión emocional y fortalecer la percepción de equidad procesal (Knowledge Hub on Access to Justice for Fair Participation, 2020). Sin embargo, persisten limitaciones notables que comprometen la universalización de este modelo. La desigualdad en el acceso entre víctimas, testigos y acusados vulnerables constituye un problema estructural que vulnera el derecho a un juicio justo y perpetúa la exclusión de determinados grupos. A ello se suma la ausencia de una regulación uniforme a nivel internacional y la resistencia institucional de algunos operadores jurídicos que aún perciben al facilitador como una figura ajena al proceso judicial.

En contextos como España, la figura del facilitador ha avanzado principalmente en el ámbito civil, mientras que su incorporación en el proceso penal sigue siendo incipiente (Morales, 2022). Las barreras económicas, la escasez de profesionales capacitados y la falta de recursos institucionales limitan su aplicación efectiva (Durán, 2023). Superar estos obstáculos implica fortalecer la formación interdisciplinar, dotar de recursos estables y establecer marcos normativos claros que regulen la acreditación, las funciones y la dependencia institucional del facilitador (Endara-Rosales, 2022).

Uno de los principales desafíos para garantizar una justicia penal verdaderamente inclusiva es la identificación temprana de la DI en las personas que interactúan con el sistema judicial. La falta de detección precoz constituye un obstáculo crítico, ya que el diagnóstico formal requiere evaluaciones exhaustivas que rara vez se realizan en las fases iniciales del proceso penal (McKenzie et al., 2012). Esta identificación resulta esencial no solo para proteger los derechos de los individuos con DI, sino también para asegurar que las actuaciones judiciales se desarrollen con equidad para todas las partes implicadas (Hayes, 2002).

Con el fin de abordar esta necesidad, se han desarrollado diversas herramientas forenses de cribado adaptadas al contexto penal, como el Hayes Ability Screening Index (HASI) (Hayes, 2000), el Learning Disabilities Screening Questionnaire (LDSQ) (McKenzie et al., 2012) y el Screener for Intelligence and Learning Disabilities (SCIL) (Kaal et al., 2015). Estos instrumentos no sustituyen una evaluación diagnóstica formal, pero sí permiten identificar de forma temprana a personas que podrían requerir un examen especializado, facilitando así la adopción de ajustes procesales adecuados (Glascoe, 2005; Talbot, 2012). Sin embargo, su aplicación práctica sigue siendo limitada en contextos como el español, donde aún no se ha consolidado su uso sistemático (Fernández-Molina y Bartolomé, 2023).

La policía, como primer eslabón de contacto con el sistema penal, debería asumir un papel fundamental en la detección inicial de posibles casos de DI. Ante la sospecha de una discapacidad, los agentes deberían adaptar su actuación, documentar dicha observación en el atestado y garantizar que se adopten los ajustes necesarios a lo largo del procedimiento (Recover y De Araoz, 2014). No obstante, en la práctica, la falta de herramientas especializadas y la cultura institucional policial, que a menudo prioriza la intuición o el juicio subjetivo sobre protocolos estandarizados, contribuyen a la omisión de indicios relevantes de discapacidad (Young et al., 2013; Fernández-Molina y Bartolomé, 2023).

En conjunto, la detección precoz de la DI se configura como una condición indispensable para poder activar los ajustes de procedimiento requeridos. La incorporación de instrumentos validados, la formación de los operadores jurídicos y la sensibilización institucional son pasos esenciales para garantizar que el principio de igualdad de oportunidades sea una realidad tangible en el proceso judicial.

La falta de formación específica en discapacidad entre operadores jurídicos y cuerpos policiales constituye uno de los principales obstáculos para reconocer las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y aplicar los ajustes de procedimiento necesarios. Esta carencia contribuye con frecuencia a decisiones judiciales injustas y a la revictimización de un colectivo ya de por sí vulnerable (Manzano et al., 2019; Talbot, 2010).

El análisis temático evidencia que, además de la limitada formación, existe un déficit de coordinación entre los distintos actores del sistema judicial y un acceso restringido a servicios especializados. Estas deficiencias generan desigualdades en la atención y una falta de coherencia en la aplicación de medidas adaptadas. En este contexto, los hallazgos destacan la necesidad de promover formación obligatoria, continua y transversal en justicia adaptada, accesibilidad y atención a la discapacidad, dirigida a todos los operadores jurídicos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (De Araoz, 2019). Asimismo, la revisión de experiencias comparadas indica que guías y manuales prácticos orientados a jueces y operadores jurídicos, como el Equal Treatment Bench Book del Reino Unido (Knowledge Hub on Access to Justice for Fair Participation, 2020), ofrecen herramientas útiles para garantizar un trato equitativo y consciente hacia las personas con discapacidad, constituyendo referencias de buenas prácticas que podrían adaptarse al contexto español.

A nivel nacional, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su informe sobre el proyecto de decreto por el que se regula la figura del experto facilitador en la Comunidad de Madrid, destaca la importancia de extender la intervención del facilitador a la fase policial o de investigación previa, señalando que este acompañamiento resulta decisivo para garantizar el acceso efectivo a la justicia desde el primer contacto con el sistema penal. De manera complementaria, la revisión del dictamen del Comité sobre el caso Esteban Ruiz (CRPD/C/31/D/69/2019) evidencia que la falta de formación reglada y continuada de los profesionales del sistema de justicia impide que se identifiquen adecuadamente las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual, contribuyendo a situaciones de indefensión y a la vulneración de derechos.

Más allá de garantizar la presencia puntual de facilitadores procesales en las vistas o declaraciones judiciales, resulta fundamental avanzar hacia un modelo de intervención continua que acompañe a las PDI durante todas las fases del proceso penal. En este contexto, el denominado “pasaporte de justicia” (justice passport) emerge como una herramienta innovadora destinada a registrar y comunicar información clave sobre las necesidades individuales, los apoyos requeridos y los ajustes procesales recomendados de la persona (Flynn, 2016). Este documento permite que los diferentes actores del sistema judicial dispongan de una guía unificada y actualizada sobre las adaptaciones necesarias para garantizar la participación efectiva de la persona. Su utilización favorece la coordinación interinstitucional y asegura que los ajustes aplicados en una etapa del procedimiento se mantengan de forma coherente en las siguientes, evitando la fragmentación y la pérdida de información que suelen caracterizar los procesos judiciales.

Asimismo, la inclusión de los facilitadores procesales en programas de justicia restaurativa y reinserción social se plantea como una estrategia eficaz para reducir la reincidencia y promover la integración social de las PDI tras el cumplimiento de una condena (Santiago Lorenzana, 2015). Su acompañamiento no solo contribuye a la comprensión del proceso penal, sino que también refuerza el sentido de responsabilidad, la reparación y la participación activa del individuo dentro de la comunidad.

Entre las principales limitaciones metodológicas se reconoce la posible omisión de estudios publicados en otros idiomas, así como el acceso restringido a determinadas fuentes documentales o bases de datos institucionales, lo que pudo limitar el alcance de la búsqueda.

Por otra parte, debido a la naturaleza exploratoria y amplia de las revisiones de alcance, no se realizó una evaluación formal del riesgo de sesgos o de la calidad metodológica de los estudios incluidos. Este aspecto no constituye una omisión metodológica, sino una característica propia de este tipo de revisiones, cuyo propósito no es valorar la calidad de la evidencia, sino mapear de manera global el estado del conocimiento sobre un tema determinado (Munn et al., 2018).

Asimismo, la amplitud temática de la revisión y la diversidad de las fuentes consultadas implicaron la necesidad de sintetizar información extensa y heterogénea, lo que limitó la posibilidad de profundizar en ciertos aspectos jurídicos o empíricos específicos.

A pesar de estas limitaciones, la fortaleza de este estudio radica en la aplicación de un proceso de búsqueda riguroso y sistemático, apoyado en criterios de selección claramente definidos y en el uso del diagrama de flujo PRISMA 2020 para garantizar la transparencia del proceso.