Durante la mayor parte de la historia, la discapacidad ha sido retratada como una diferencia negativa con respecto a lo considerado ‘normal’ para la condición humana (Bach, 2017; Wehmeyer, 2013), lo que dio lugar al desarrollo de modelos de trabajo y prestación de apoyos de carácter biomédico cuyo objetivo era ‘curar’ la discapacidad con el fin de acercar lo máximo posible a la persona a dicho ideal de normalidad (Noll et al., 2013). No fue hasta finales del siglo XX cuando esta concepción patológica de la discapacidad comienza a verse sustituida por una visión ecológica que se materializa en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, CIF (WHO, 2001), y que entiende la discapacidad como resultado de la discrepancia existente entre las habilidades o capacidades de la persona y las demandas de los contextos en que se desenvuelve (Buntinx, 2013).

Los avances observados en el terreno profesional con respecto a la conceptualización de la discapacidad tienen su reflejo en los contextos sociales. Coincidiendo con el activismo de las décadas de los 60, 70 y 80, y la promulgación del principio de normalización (Nirje, 1969), surge el modelo social, que enfatiza la necesidad de suprimir las barreras físicas y sociales del entorno al considerar que la discapacidad es el resultado de la discriminación que las personas experimentan debido a su condición (Bach, 2017). La discapacidad se convierte, desde este modelo, en una responsabilidad social y política (Canimas-Brugué, 2015) en tanto que implica a las estructuras institucionales como principales responsables en la construcción o facilitación de contextos excluyentes. También aboga por el establecimiento de una cultura y una identidad positiva de la discapacidad (Longmore, 2003).

La ‘rebelión’ frente a los modelos médicos y la supresión constante de derechos de las personas con discapacidad bajo su abrigo culmina con la promulgación, en el año 2006, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece una serie de obligaciones a los Estados parte que la ratifican y firman su Protocolo Facultativo, protegiendo a las personas con discapacidad contra la discriminación y estableciendo las condiciones sociopolíticas necesarias para alcanzar no solo la igualdad, sino también su autonomía, participación e inclusión en la sociedad de la que son miembros (Navas et al., 2012).

Aun con todos estos avances, y a pesar de que la discapacidad constituye una realidad cuantitativamente importantísima que alcanza a uno de cada cinco hogares españoles (INE, 2020), seguimos en ocasiones actuando como si tal diversidad nos resultara ajena, facilitando el desarrollo de contextos de exclusión. Por ejemplo, el camino hacia la inclusión educativa resulta especialmente difícil de pavimentar en nuestro país. Si bien las prácticas de educación inclusiva se extienden (no sin dificultades) en las primeras etapas educativas, sigue siendo necesario superar los enfoques tradicionales que abogan por una enseñanza segregada y que parecen ser especialmente resistentes al cambio para aquellos con discapacidades intelectuales y del desarrollo (Verdugo, 2016) y en etapas educativas superiores (CERMI, 2023; Thomas, 2016), siendo el alumnado con discapacidad el que presenta un mayor riesgo de abandonar sus estudios (Lombardi et al., 2016). En el ámbito laboral también siguen produciéndose situaciones notables de exclusión. El Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (ODISMET) señala los elevados porcentajes de contrataciones temporales (casi el 90 %) que se registran en este colectivo, que mayoritariamente desempeña su trabajo en contextos segregados y con una elevada rotación. Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística en 2023, las personas con discapacidad presentaron una tasa de empleo del 28.5 %, 40 puntos inferior a la registrada en población sin discapacidad (INE, 2023).

Sin pretender realizar un análisis exhaustivo de las situaciones de exclusión experimentadas por las personas con discapacidad en nuestro país, estos datos ponen de manifiesto que estamos lejos de alcanzar un escenario en el que todas las personas, independientemente de su condición, disfruten plenamente de sus derechos como ciudadanas. La experiencia de discriminación social se relaciona con una reducción en el bienestar de las personas con discapacidad (Akyol Güner y Das Gecim, 2023) y con sentimientos de frustración al considerar que su voz (o la de sus familiares cuando es necesario) sigue sin ser escuchada en el camino hacia la conquista de sus derechos (Jacobsen, 2023). Cabe destacar, además, que la responsabilidad de crear una sociedad más inclusiva no debería recaer únicamente en las personas con discapacidad, su círculo más cercano y los movimientos sociales a favor de sus derechos, sino que se trata de una labor en la que toda la ciudadanía debiera colaborar (Wehmeyer y Dunn, 2022), pues construir una sociedad que no deje a nadie atrás es un proceso gradual; que requiere de un trabajo en red, y que implica cambios sistémicos actitudinales, conductuales, políticos, legislativos y en la prestación de servicios y apoyos (Schalock, 2025).

Pero ¿qué entendemos por una sociedad inclusiva? La investigación en el campo de la discapacidad ha llegado a considerar que una sociedad inclusiva es aquella en la que todas las personas, independientemente de sus capacidades, género, etnia, orientación sexual u otras características, disfrutan de sus derechos y una participación plena, pudiendo acceder a todo tipo de entornos físicos, económicos, sociales, tecnológicos y culturales, así como a servicios de salud y educación (Ainscow et al., 2006; Slee, 2011; Société inclusive, 2019). No obstante, el mismo campo de investigación que reclama sociedades más justas e inclusivas generalmente ha excluido a las personas con discapacidad, y de manera particular a aquellas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, del proceso de elaboración de definiciones como esta, siendo escasas las experiencias de cocreación y colaboración entre universidad y comunidad (Kegler et al., 2016).

Reconociendo que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo deben participar en aquello que les concierne con el fin de desarrollar políticas y servicios que se traduzcan en resultados significativos para ellas (Walmsley y Johnson, 2003) surge la investigación inclusiva, entendida como el proceso en que las personas no participan como sujetos de estudio, sino como coinvestigadores y colaboradores activos en la construcción y difusión del conocimiento (Frankena et al., 2015; Pallisera et al., 2017; Parrilla y Sierra, 2015; Walmsley y Johnson, 2003). Si bien las dinámicas capacitistas de los entornos académicos en ocasiones siguen limitando la participación de las personas con discapacidad intelectual, incluso en equipos supuestamente inclusivos (Salmon et al., 2018), la realidad es que cada vez es mayor la investigación que se realiza desde este enfoque (Latulippe et al., 2024; Tessier et al., 2024). Los equipos de investigación inclusivos son aquellos que se construyen a partir de las fortalezas de cada uno de sus miembros, quienes, tengan o no discapacidad, pueden liderar el proceso investigador, proporcionar consejo durante el mismo o participar en todas o algunas de sus fases (Bigby et al., 2014; Stanley y Anderson, 2015).

Además de fallar a la hora de recoger la perspectiva de las personas con discapacidad como investigadoras, la literatura tampoco ha sido capaz hasta el momento de conjugar una visión colectiva, integrada por personas con y sin discapacidad, sobre lo que es una sociedad inclusiva, cuando es en la interacción entre agentes diversos donde puede llegar a alcanzarse una visión completa de lo que una sociedad para todos realmente significa (Schalock, 2025). Esta interacción es, además, clave en la construcción de ese tipo de sociedad, en tanto que contribuye a modificar las actitudes hacia la discapacidad (Viecili et al., 2010).

No existen trabajos en nuestro país que hayan tratado de crear esta definición compartida, limitándose los existentes a recoger la visión separada de ambas poblaciones sobre lo que es inclusión, analizar el estigma y actitudes hacia la discapacidad (Muñoz, 2022; Zamorano et al., 2024) o elaborar marcos conceptuales y de evaluación de referencia para que las personas con discapacidades puedan ejercer su rol de ciudadanas de pleno derecho (Luckasson et al., 2024; Verdugo et al., 2023).

Con ánimo de explorar qué elementos configuran una sociedad realmente inclusiva, superando las limitaciones existentes a la hora de incorporar a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en los trabajos de investigación, se plantea el presente estudio, con los siguientes objetivos:

Para dar respuesta a los objetivos planteados, se construyó un equipo de investigación integrado por cinco personas, tres de ellas con alguna discapacidad del desarrollo (dos personas presentaban una discapacidad intelectual y la tercera un trastorno del espectro del autismo sin discapacidad intelectual asociada). La adhesión al equipo de investigación, contextualizado en el marco de un proyecto de investigación sobre participación e inclusión comunitaria, fue totalmente voluntaria y partió del interés genuino de las personas por conocer qué elementos definen una sociedad inclusiva. Así, la posibilidad de participar en el proyecto se ofreció a todas las personas con discapacidades del desarrollo que, a fecha de su inicio, se encontraban cursando estudios vinculados al Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, organismo responsable de la ejecución del proyecto. Se priorizó la participación de estudiantes al estar el estudio dirigido a recoger la opinión de jóvenes universitarios sobre los elementos que configuran una sociedad inclusiva.

Se identificaron 399 aportaciones (elementos o aspectos que, de acuerdo con el criterio de los participantes, constituían un elemento central en la construcción de una sociedad inclusiva como, por ejemplo, eliminar barreras arquitectónicas) que pudieron ser agrupadas en ocho grandes temas de interés (Tabla 3). Para reflejar la voz de los participantes, hemos identificado cada uno de estos temas con uno de los eslóganes que ellos mismos propusieron para resumir en una frase la sociedad en la que les gustaría vivir. Los temas aparecen ordenados por frecuencia de aparición en las aportaciones escritas de los participantes, no por su mera presencia o no en un grupo, detallando el número de menciones realizadas a cada uno de ellos.

Con respecto al primer tema (accesibilidad, con 97 menciones), en todos los grupos se mencionaron distintos aspectos a tener en cuenta para mejorar la accesibilidad de los entornos. Se hizo referencia a diferentes modalidades de accesibilidad como (por orden de importancia de acuerdo con nuestros participantes) la arquitectónica (i. e., eliminar barreras físicas como escaleras), la sensorial (i. e., facilitar horas de visita en las que el espacio se adapte a las necesidades sensoriales de otras personas) o la cognitiva (i. e., lectura fácil). En casi todos los grupos, además, se hizo referencia al diseño para todas las personas, poniendo de manifiesto que, cuando hablamos de inclusión, no debemos pensar exclusivamente en aquellas personas que a priori presentan una discapacidad.

El segundo tema, que también emergió en el debate mantenido por todos los grupos, se centró en la necesidad de promover un cambio actitudinal en la sociedad con respecto a la discapacidad y la diversidad en general (92 menciones). Por una parte, los participantes incidieron en la necesidad de respetar la diferencia y eliminar actitudes capacitistas, tratando de ver la diversidad como algo que suma, no que resta. Se señaló también la importancia de no dejarse llevar por los prejuicios, ser más empático y estar abierto a la posibilidad de tener contacto con personas con discapacidad, pero evitando conductas paternalistas.

El tercer tema que acaparó más menciones y propuestas por parte de los participantes versó sobre el compromiso social (se hicieron 52 contribuciones sobre este tema). En 16 de los 23 grupos se destacó la importancia de defender los derechos de las personas con discapacidad, derribando estereotipos y/o actuando ante situaciones de discriminación. Se destacó la importancia de contribuir, por ejemplo, a través de actividades de voluntariado o de otro tipo, contribuciones que, de acuerdo con los participantes, son necesarias para conseguir contextos y sociedades más amables para todas las personas.

El cuarto tema del que más se habló fue el referido a la necesaria participación de las personas con discapacidad en los contextos comunitarios. Así, 43 contribuciones de los estudiantes se orientaron a enfatizar la importancia de la educación inclusiva, inclusión que también se consideró necesaria en el contexto laboral o lúdico.

El quinto tema más comentado por los participantes tuvo que ver con la sensibilización y la formación sobre discapacidad. Cabe destacar, no obstante, que los participantes no se refirieron con demasiada frecuencia a formación o campañas específicas o esporádicas (se realizaron solo cinco propuestas en este sentido de un total de 39 contribuciones), sino que, en general, se consideró necesaria una formación transversal y general sobre discapacidad dirigida no solo a profesionales, sino a la sociedad en general.

Los participantes también hablaron sobre la necesidad de empoderar y dar voz a las personas con discapacidad en esa sociedad inclusiva que aún estamos por construir. Si bien este tema no acaparó tantas menciones (un total de 31), sí estuvo presente en un número importante de grupos (n =18) que aludieron a la necesidad de escuchar más a las personas con discapacidad y darles la oportunidad de hablar, no hacer las cosas por ellas sin preguntar, y mejorar cómo aparecen representadas en los medios de comunicación y redes sociales.

El séptimo tema versó sobre la necesidad de fomentar el acceso a productos, recursos y servicios de apoyo. Con el fin de que estos productos y servicios sean accesibles para todas las personas, deben promoverse, de acuerdo con la opinión de nuestros participantes, ayudas económicas para el sector de la discapacidad. Este tema generó bastante consenso, pues apareció en 14 grupos, si bien las menciones al mismo se limitaron a señalar la necesidad de más apoyo económico o ‘más ayudas’.

Finalmente, nueve grupos aludieron a la necesaria creación de políticas sociales a favor de las personas con discapacidad y, con menor énfasis, reconocieron el valor de la inversión en investigación sobre el tema.

Además de definir los elementos de una sociedad inclusiva, quisimos ver hasta qué punto esta actividad transformaba (si lo hacía) las concepciones que los estudiantes de grado tenían inicialmente sobre discapacidad.

Los datos de los 89 estudiantes que respondieron a la encuesta tras celebrar los grupos de discusión (el 60.1 % de quienes participaron en ellos) reflejaron que esta actividad los ha llevado a considerar que la sociedad en que vivimos no es tan inclusiva como inicialmente pensaban. Así, y teniendo en cuenta una escala de 1 a 10, valoraron con un 6.7, en promedio (rango de 4 a 9 puntos), el grado de inclusión que percibían en nuestra sociedad antes de participar en los grupos de discusión (DT = 1.41). Después de la actividad, este valor descendió a 5 puntos (DT = 1.32), con un rango de valores comprendido entre 2 y 8. Como destacó una estudiante, “al principio nos costó arrancar y sacar ideas de cómo promover la inclusión de todas las minorías existentes. Esto ocurrió ya que estamos acostumbrados a una sociedad ideada para nosotros, pero no nos paramos a pensar en las personas cuyas experiencias cotidianas son muy diferentes a las nuestras”. De hecho, 83 de 86 alumnos (tres estudiantes omitieron su respuesta) afirmaron haberse dado cuenta de que hay más barreras de las que pensaban y el 82.5 % consideró, después de participar en los grupos, que puede hacer más cosas para crear una sociedad más inclusiva. En una escala de 1 a 10 puntuaron con 7.9 el grado en que consideraban que tenían algún tipo de responsabilidad en la construcción de una sociedad inclusiva (DT = 1.3).

Todos los alumnos que contestaron a la encuesta consideraron que el contacto con personas con discapacidad resultaba importante para construir una sociedad más inclusiva y el 73.3 % manifestó tener, después de la actividad, una actitud más positiva hacia la discapacidad (la respuesta fue negativa solo en un caso y no cambió en los restantes).

Los resultados de la presente investigación han revelado cuáles son las principales características que, de acuerdo con el punto de vista de jóvenes con y sin discapacidad, son necesarias para construir una sociedad verdaderamente inclusiva. Por su presencia en el discurso de los participantes, destacó la accesibilidad como elemento fundamental en una sociedad en la que puedan desenvolverse con éxito todas las personas. Que este tema siga predominando en el discurso de nuestros estudiantes no es de extrañar si tenemos en cuenta que sigue siendo uno de los aspectos que en mayor medida recoge denuncias por vulneración de derechos (CERMI, 2025). A diferencia de lo que tradicionalmente sucede (Stock et al., 2011), se observó, además, que se otorga importancia a otros tipos de accesibilidad además de la arquitectónica, como son la sensorial y la cognitiva, lo que pudiera ser resultado de la participación en los grupos de personas con discapacidad intelectual y otras discapacidades del desarrollo como el trastorno del espectro del autismo.

Es importante destacar el sentido de responsabilidad de los participantes en lo que respecta a su rol en la construcción de una sociedad inclusiva. Así, es posible apreciar que su discurso se ha centrado, en segundo y tercer lugar, en aspectos susceptibles de mejora mediante la acción individual. En este sentido, se destacó la importancia de modificar actitudes y comprometerse socialmente con aquellos en riesgo de exclusión social. Para lograr este cambio y compromiso, los resultados cuantitativos dejan ver que el contacto con personas con discapacidad pudiera resultar clave: todos los alumnos de grado que, habiendo participado previamente en los grupos de discusión, contestaron a la encuesta consideraron que el contacto con personas con discapacidad resultaba muy importante para construir una sociedad más inclusiva. Resultados similares se recogen en la literatura existente (Kunz et al., 2021; MacMillan et al., 2014; Schwab, 2017). Además, los grupos de trabajo en los que participaron llevaron a los estudiantes de grado a considerar que la sociedad en la que viven no es tan inclusiva como inicialmente consideraban. Este tipo de actividades generalmente contribuyen a incrementar su sensibilidad hacia el capacitismo aún imperante (Borowsky et al., 2021) y constituyen una excelente oportunidad para incluso modificar su disposición a trabajar o formarse en el ámbito de la discapacidad (Darton et al., 2025). Quizá esta mayor consciencia sobre las barreras existentes, así como la participación en los grupos de discusión de personas con discapacidad, hayan llevado a los estudiantes de grado a considerar que la participación comunitaria y el empoderamiento son otros elementos esenciales en la construcción de una sociedad para todos.

Tal y como se ha comentado, los temas más prevalentes, en general, estuvieron relacionados con aspectos más dependientes de las acciones individuales. Por el contrario, los temas menos mencionados estuvieron relacionados con el papel de las instituciones en la construcción de una sociedad inclusiva, a través, por ejemplo, de la creación de políticas sociales o la promoción del acceso a productos y servicios de apoyo. Si bien los participantes no niegan la importancia de estos elementos, parece que perciben que la inclusión tan solo puede alcanzarse mediante la colaboración activa de toda la ciudadanía, tal y como señala la literatura más reciente (Schalock, 2025; Verdugo, 2025; Wehmeyer y Dunn, 2022). Esta percepción de responsabilidad colectiva es clave, en tanto que del compromiso social surgen nuevas políticas sociales de carácter inclusivo que promueven los derechos de todas las personas (Davis, 2016; Longmore, 2003).

Una de las principales fortalezas del presente estudio radica en que ha sido desarrollado por un grupo de investigación compuesto por personas con y sin discapacidad. La participación, en particular, de personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo ha servido para enriquecer el proceso y sus resultados al incluir y reflejar los conocimientos y las percepciones que derivan de su experiencia de lo que vivir con una discapacidad implica (Puyalto et al., 2016; Woelders et al., 2015). La inclusión de las personas con discapacidad en investigación favorece, además, un cuestionamiento de las relaciones de poder existentes en la academia (Nind y Vinha, 2014), pues invita a crear un entorno de colaboración en el que todas las voces sean escuchadas (Nind y Vinha, 2014).

A pesar de lo mencionado, el presente estudio no está exento de limitaciones. En primer lugar, cabe señalar algunas limitaciones relacionadas con la selección de los participantes y composición de la muestra, pues es posible que las circunstancias en las que se ha realizado el estudio puedan haber condicionado o sesgado, en parte, los resultados. Así, la muestra de estudiantes sin discapacidad estuvo exclusivamente integrada por estudiantes de Psicología y mayoritariamente mujeres, quienes pueden presentar actitudes más abiertas hacia el contacto y trabajo con personas con discapacidad (Havercamp et al., 2016). También es posible que el hecho de que el estudio se realizase en el contexto de una asignatura relacionada con la discapacidad haya tenido algún impacto en los resultados, si bien la recogida de datos se efectuó en la segunda semana tras el inicio del curso. En este sentido, también se ha señalado que, cuando estudiantes universitarios participan en investigaciones realizadas en el contexto de sus enseñanzas universitarias y/o dirigidas por sus docentes, pueden sentir cierta presión para participar, especialmente cuando su participación es recompensada o no es voluntaria (Bartholomay y Sifers, 2016). En el presente estudio, y para evitar el sesgo de respuesta, se fomentó la participación anónima y se desvinculó su participación de la evaluación realizada en el contexto de la asignatura, medidas que pudieran minimizar el sesgo mencionado (Bartholomay y Sifers, 2016). Por último, y siguiendo con las limitaciones referidas a la muestra de estudiantes de grado, a la hora de realizar la encuesta tampoco se recogió información sobre determinadas circunstancias vitales de los participantes cuya influencia en los resultados hubiera sido interesante analizar, como el contacto previo y personal con la discapacidad que pudiera traducirse en actitudes e interacciones más positivas hacia la misma (McConkey y Truesdale, 2000; Wang et al., 2021).

Por su parte, los estudiantes con discapacidad que participaron en los grupos estaban todos matriculados en el programa Unidiversitas: Experto en Competencias Sociolaborales, diploma de extensión universitaria que requiere que las personas matriculadas cuenten con habilidades de lectoescritura. Si bien la participación de los alumnos vinculados a este programa facilitó el desarrollo de los grupos de discusión en horas lectivas y en la facultad, pudiendo así compartir espacios con los estudiantes de grado, deja fuera a personas con necesidades más extensas de apoyo cuya visión acerca de los elementos necesarios para construir una sociedad inclusiva pudiera ser diferente.

En segundo lugar, cabe señalar algunas limitaciones referidas a los instrumentos utilizados y análisis realizados. Con respecto a la encuesta utilizada, es preciso destacar que se preguntó a los participantes de forma retroactiva por el grado en que consideraban, antes de participar en los grupos de discusión, que vivían en una sociedad inclusiva. La interpretación de las respuestas a esta pregunta debería realizarse con cautela y teniendo en cuenta que, si bien la evaluación retrospectiva de un constructo puede facilitar su comprensión frente a un diseño pretest-postest, pudieran darse sesgos asociados a la recuperación de recuerdos autobiográficos (Hwalek et al., 2022). Con respecto al análisis realizado, y debido a que la codificación de las respuestas de los grupos se llevó a cabo de forma conjunta, no pudo calcularse el grado de acuerdo interjueces, si bien no podemos perder de vista que en el análisis temático la perspectiva del investigador es no tanto una amenaza, sino un valor (Braun y Clarke, 2023). Finalmente, cabe señalar que el proceso de análisis presentó desafíos para los investigadores con discapacidad intelectual, dado el volumen de información recabada. Si bien se instruyó a los participantes sobre la conveniencia de utilizar imágenes y frases cortas y sencillas, fueron muchas las respuestas recogidas y hubiera sido recomendable recurrir a otras formas de recolección de información que posibiliten la participación de quienes presentan más necesidades de apoyo en todas las fases del proceso investigador (el lector interesado puede consultar Gjermestad et al., 2023 para más información).

El presente estudio, pese a sus limitaciones, es uno de los pocos que analiza qué elementos son importantes en la construcción de una sociedad inclusiva teniendo en cuenta, de forma conjunta, la perspectiva de jóvenes con y sin discapacidad. Lo hace, además, desde una perspectiva inclusiva y apostando por la constitución de equipos de investigación diversos.

Para finalizar, y teniendo en cuenta las aportaciones de los participantes, consideramos que la siguiente podría ser una posible definición de lo que debería ser una sociedad inclusiva: