A lo largo de su vida, muchas personas con discapacidad intelectual tienen que enfrentarse, no sin dificultad, a procesos judiciales, por lo que la importancia y la necesidad de la presencia del facilitador en estos procedimientos, para garantizar los derechos de estas personas, es cada vez mayor. Ante esta situación, C. Teira y M. Sotillo, en “La figura de facilitación de acceso a la justicia. Comparación internacional de un reto formativo”, realizan una revisión bibliográfica que pone de manifiesto la presencia de estos profesionales en el ámbito internacional, así como su perfil formativo y sus competencias, concretamente en España. Las autoras resaltan la necesidad de una sólida formación de las personas facilitadoras para garantizar el buen desempeño de sus funciones.

La Ley 8/2021 reconoce la importancia de la figura del trabajador social en la intervención con las personas con discapacidad, y su aprobación supuso un cambio del paradigma en la evaluación social, especialmente en el ámbito judicial. De ahí que R. Soto y cols., en el artículo “El trabajo social y sus intervenciones de apoyo a la capacidad jurídica de las personas, tras la Ley 8/2021”, realizan un análisis documental de normas y detallan la experiencia llevada a cabo en el ámbito de la discapacidad por parte de las distintas disciplinas dentro del trabajo social que pueden participar en los procesos judiciales, con el fin de ofrecer un marco metodológico acorde con las exigencias planteadas por la nueva legislación.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la Carta Internacional de Derechos Humanos, las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones que las demás, para tener la oportunidad de desarrollar una vida digna realizando un trabajo libremente elegido y en entornos laborales inclusivos y accesibles. Sin embargo, la realidad muestra que el elevado número de población con discapacidad supone altos niveles de desempleo. Teniendo en cuenta que la sociedad actual debe fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, D. Camacho y cols., en “Inclusión laboral: un compromiso pendiente de las organizaciones frente a las personas con discapacidad”, presentan los resultados de una investigación cuantitativa que trata de identificar algunas prácticas de inclusión laboral que se llevan a cabo en las organizaciones en Armenia (Colombia).

El confinamiento vivido a causa del SARS-CoV-2 tuvo consecuencias negativas en la calidad de vida de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad intelectual. En el artículo “Calidad de vida en colombianos con discapacidad intelectual: efectos del confinamiento ocasionado por Covid-19”, L. Córdoba y cols. presentan los resultados de un estudio llevado a cabo en Colombia con familias de personas con discapacidad intelectual, que muestran que estas familias y las instituciones tuvieron que llevar a cabo una serie de adaptaciones en el entorno con el fin de minimizar las repercusiones emocionales y comportamentales que trajo consigo el confinamiento, todo ello sin contar con el apoyo de las entidades estatales. El artículo concluye con la necesidad de generar políticas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual que se encuentren en condiciones adversas, sean las que sean.

La familia juega un papel fundamental en la vida de cualquier persona, especialmente cuando hay hijos con discapacidad, en cuyo caso deben hacer frente a una serie de demandas adicionales, para lo que requieren más formación y más apoyos. En esta línea, A. G. Gallego y C. Ferreira plantean un estudio cualitativo con el objetivo de conocer la percepción de los familiares de personas con discapacidad sobre sus necesidades y los recursos de los que disponen para obtener apoyo a la hora de proporcionar los cuidados necesarios a sus hijos. En el artículo “Conocimiento y uso de los recursos dirigidos a los familiares de personas con discapacidad”, se detallan los resultados de este estudio en relación con el conocimiento y uso de los recursos, las dificultades para acceder a los servicios de apoyo y cuidado, el perfil del cuidador y las políticas públicas existentes.