Ante las múltiples barreras de los procedimientos judiciales, en las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo se han observado: comprensión limitada de frases y preguntas complejas; lentitud para comprender y expresarse (ritmo lento y abundantes silencios); expresiones llenas de contradicciones, muy concretas o carentes de detalles, o sin referencias espaciales y temporales; la no comprensión de las consecuencias de los argumentos que se les plantean; la aquiescencia (respuestas que reproducen la pregunta o parte de la misma, sin haberla entendido); y rasgos de personalidad como la inseguridad o deseabilidad social, que también pueden afectar a su discurso.

Debido a esto, la relevancia y la utilidad de la figura de facilitación en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad es cada vez mayor. El posibilitar que las personas con discapacidad participen en los procedimientos judiciales de manera equitativa y justa es necesario para garantizar los derechos humanos fundamentales. Los facilitadores en el acceso a la justicia desempeñan un papel esencial para lograr este objetivo (The Access to Justice Knowledge Hub, 2020, p. 7).

Además, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ONU, 2015), sobre el acceso a derechos y libertades, se encuentra el desarrollo de los programas de accesibilidad de la justicia y la atención a nuevas realidades sociales, como la de los grupos vulnerables (subproyecto 7.2, “accesibilidad y discapacidad”).

Este escrito presenta el marco legal y el perfil formativo en el que se origina y reivindica la figura de facilitación en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Posteriormente, analiza la situación de estos profesionales en el ámbito internacional, su perfil formativo y competencias. Esta revisión del estado de la cuestión podría aportar elementos para la reflexión y el diseño de los planes formativos de estos profesionales, de reciente implantación en España.

2. La figura de facilitación en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad

La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006), en sus artículos 12 y 13, requiere la adopción de medidas y ajustes de procedimiento para garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad.

En el artículo 12, “Igual reconocimiento como persona ante la ley”, dicha convención establece el reconocimiento de la persona con discapacidad como sujeto jurídico de pleno derecho, en cualquier ámbito de su vida. Mientras que en el artículo 13, “Acceso a la justicia”, se consideran los ajustes de procedimiento para su participación en igualdad de condiciones en todos los procedimientos judiciales, además de reclamar la formación de los agentes jurídicos involucrados.

Sin embargo, la falta de puesta en práctica de los artículos anteriormente mencionados lleva a la ONU a redactar una serie de Principios y Directrices Internacionales sobre el Acceso a la Justicia de las personas con discapacidad (2020), donde se define por primera vez la figura del “intermediario” o “facilitador”. En cinco de ellos (Principios 1, 3, 4, 6 y 8), se recomienda a los Estados partes la presencia de la persona facilitadora para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad ante cualquier procedimiento legal. La figura se define de la siguiente manera:

Intermediarios (también conocidos como “facilitadores”): personas que trabajan, cuando es necesario, con el personal del sistema de justicia y las personas con discapacidad para asegurar que haya una comunicación eficaz durante los procedimientos legales. Ayudan a las personas con discapacidad a entender y a tomar decisiones informadas, asegurándose de que las cosas se explican y se hablan de forma que puedan comprenderlas y que se proporcionan los ajustes y el apoyo adecuados. Los intermediarios son neutrales y no hablan en nombre de las personas con discapacidad ni del sistema de justicia, ni dirigen las decisiones o resultados o influyen en ellos. (ONU, 2020, p. 9)

Para obtener la información que se presenta a continuación sobre la figura, se realizó una búsqueda bibliográfica inicial en las bases de datos Web of Sciences, Scopus y The Lens, a la que, debido a la limitación de sus resultados (Tabla 1), se ha sumado la revisión de los informes en los que se basaron los Principios y Directrices de Acceso a la Justicia para las personas con Discapacidad (ONU, 2020). Además de la lectura de la bibliografía propuesta en ellos, se consultaron las siguientes páginas web: Bizchut (https://www.bizchut.org.il/english), The Advocate’s Gateway (https://www.theadvocatesgateway.org/), Intermediaries for Justice (https://www.intermediaries-for-justice.org/), Justice Intermediary (https://justiceintermediary.org/about/) y Communication Disabilities Access Canada (https://www.cdacanada.com/).

3. El facilitador en el acceso a la justicia en las legislaciones internacionales

Internacionalmente, la figura de facilitación podemos encontrarla en diversos países de los cinco continentes: en parte de los países nórdicos, Reino Unido, Israel, Azerbaiyán, Taiwán, Sudáfrica, Kenia, Canadá, en algunos estados de EE. UU., México y Chile, así como en parte del territorio australiano y en Nueva Zelanda.

Cronológicamente, según Plotnikoff y Woolfson (2015), los orígenes de esta figura se remontan a 1955, en Israel, en el ámbito de los interrogatorios a menores (The Evidence Amendment Act, Children Protection, 1955, S. H. 185, p. 96). Se hizo evidente entonces la necesidad de una persona especializada que actuase como facilitadora en las interacciones comunicativas de esta población con los diferentes agentes judiciales (se emplearon para ello trabajadores sociales). Tiempo después, en 1977, este mismo papel del facilitador se recoge en la legislación sudafricana (Criminal Procedure Act 51); y a finales de los 80, se propone una figura similar en Inglaterra, llevada a cabo por pediatras, psiquiatras infantiles o trabajadores sociales (en lo que se conoce como el “Informe Pigot” –Home Office, 1989: Summary of Recommendations–). Años más tarde, a finales de siglo, se extendería este recurso a lo que se consideraron poblaciones vulnerables, entre las que se encontraban las personas con discapacidad intelectual. Distintos países vienen incorporando a las personas facilitadora sen sus legislaciones desde entonces hasta la actualidad (The Access to Justice Knowledge Hub, 2020, para una revisión).

En Inglaterra y Gales el empleo de la figura de facilitación (intermediaries) queda regulada legalmente en el año 1999, en juzgados penales y de familia, para el denunciante y para los testigos (véase la Youth Justice and Criminal Evidence Act, 1999); mientras que su uso para la participación de un acusado se contempla a continuación, en el año 2000 (Criminal Procedure Rules, 2000, Part 18). En ambos casos, el criterio para acudir a un facilitador es la edad (inferior a 18 años), pero también se recomienda con población adulta vulnerable (si hay una “discapacidad mental o de aprendizaje, una discapacidad física o un tema de salud mental” –Plotnikoff y Woolfson, 2015, p. 10–). Su financiación corre a cargo del Estado. Siguiendo este modelo, se implementan las personas facilitadoras en Irlanda del Norte (2013), a partir de una legislación coetánea, en concreto, en el artículo 17 de la Ley de Evidencia Criminal (Northern Ireland Order, 1999 –CE(NI)O 1999–).

En Nueva Gales del Sur (Australia), la figura de facilitación (communication partner) surge como un programa piloto en el año 2016, a partir de una serie de revisiones y ajustes legislativos en torno al acceso a la justicia de las personas con discapacidad (tanto como denunciantes cuanto como acusadas, en diferentes tipos de delitos, requeridas bien por policías o por los propios juzgados) y al concepto de testigos vulnerables (menores, gente mayor y aborígenes australianos) tal y como se recoge en los siguientes documentos: South Australian Disability Justice Plan y Statutes Amendment (Vulnerable Witnesses) Act 2015. Posteriormente, esta figura se ha trasladado a otros estados del continente australiano. Entre 2018 y 2021, se sumaron Queensland, Victoria, Tasmania, Australia Meridional y el Territorio de la Capital Australiana. Su pago corre a cargo de la persona contratante (Plater et al., 2021).

En algunos países nórdicos (Noruega, Islandia y Suecia), la persona facilitadora actúa principalmente en los casos de menores. En Noruega, por ejemplo, aparece la figura (dentro del modelo de atención integral denominado barnahus) en el año 2011, con el fin de realizar interrogatorios a personas vulnerables. El nombre mismo hace alusión a menores (barna significa “los niños”), aunque en ocasiones se haya utilizado con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Se acude a ellos mayoritariamente en casos de personas que denuncian, frente a los acusados, pero su admisión depende de los juzgados en función de los informes diagnósticos previos de la persona (las personas con discapacidad intelectual severa no se consideran con responsabilidad criminal, pese a que puedan adoptarse medidas específicas por sus actos –McCarthy et al., 2021–). El Ministerio de Asuntos Sociales e Infancia financia este profesional.

En Sudáfrica, como acompañantes de menores (Jonker y Swanzen, 2007), las personas facilitadoras (intermediaries) tienen presencia oficialmente desde 1993 (Criminal Law Amendment Act, 1991) y el Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional (2015) extiende su papel posteriormente, en 2015, a lo que se denomina “testigos con discapacidad intelectual” y, en 2019, se habla de los “intérpretes cognitivos” entre los ajustes de procedimiento en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad intelectual. Se insiste en que “las adaptaciones para las personas con una discapacidad psiquiátrica o cognitiva son tan importantes como las que se realizan para las personas con una discapacidad física o sensorial” (Department of Justice and Constitutional Development, 2019, p. 10). En Kenia, los juzgados penales pueden admitir a las personas facilitadoras (intermediaries) tanto para apoyar a los denunciantes como a los acusados (su coste es asumido por los interesados). Su presencia está avalada por su Constitución de 2010 y diferentes leyes posteriores que incorporan explícitamente su definición y actuación (la figura de facilitación se define en la sección 2 de la Sexual Offence Act, 2006). Organizaciones no gubernamentales asumen los costos.

Como se ha indicado anteriormente, Israel fue un país pionero en la implementación de las personas facilitadoras (מתווך צדק) para el acceso a la justicia (Ziv, 2007). Desde 2005, a partir de los procedimientos de accesibilidad, se proclama el derecho de las personas con discapacidad intelectual, del desarrollo y psicosocial al acceso a todos los procedimientos policiales y judiciales, en los diferentes juzgados (penales, familiares, de salud mental, laborales…). Estos complementan las regulaciones generales sobre accesibilidad (redactadas también en 2005) de su principal ley en torno a las personas con discapacidad (Equal Rights for Persons with Disabilities Law, 1998). Otro de sus ajustes de procedimiento exige que el interrogatorio de las personas con discapacidad intelectual sea realizado por una persona especializada (special interrogator, párrafo 108, The Investigation and Testimony Procedural Act –Adjustments for persons with Mental and Intellectual Disabilities, S. H. 2038 (2005), p. 42–). La figura de facilitación aparecería contemplada en esta misma ley [sección 22(a)(9)]. Sin embargo, ni es obligatoria ni se contempla en los presupuestos estatales (las organizaciones civiles junto a la universidad iniciaron formaciones específicas de facilitadores en el acceso a la justicia, pero el Estado no reconoce aún esta profesión ni la costea, por lo que son las ONG las que realizan las adaptaciones de forma voluntaria).

En Nueva Zelanda, la utilización de personas facilitadoras (intermediaries o communication assistants) para testigos vulnerables se propone ya en el año 1999, pero inicialmente los profesionales argumentaron la pérdida de fiabilidad de los procesos y rechazaron dicha propuesta (New Zealand Law Commission, 1999, para. 373-374). Estos fueron, sin embargo, actuando al amparo de la ley, gracias a su amplia definición de la figura de los “asistentes de comunicación” (una especie de intérpretes para personas que no hablasen inglés, para personas con pérdida auditiva o dificultades de habla –Evidence Act, 2006–). Desde el 2019, tienen derecho a la figura de facilitación tanto los testigos como las personas que acusan y los acusados en cualquier procedimiento judicial y sus costes corren a cargo del Estado (Howard et al., 2020).

En Azerbaiyán, se está desarrollando la segunda fase de un proyecto europeo denominado “Apoyo para incrementar la eficiencia de los juzgados, mejorar la formación de los jueces y la autonomía judicial en Azerbaiyán”, en la que se promueve el uso de personas facilitadoras. Hasta la fecha, estas se empleaban con menores y víctimas de violencia principalmente, pero se recomiendan para garantizar la participación en la justicia de colectivos vulnerables, como las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (Beqiraj, 2020).

Taiwán también ha incorporado el sistema de facilitación para apoyar a menores o personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, en diferentes momentos de los procedimientos judiciales relacionados con violencia sexual (artículo 15-1 de Sexual Assault Crime Prevention Act, 2015). Se considera también la formación de los propios agentes judiciales como figura de facilitación, para poder llevar a cabo dicho apoyo debido a las limitaciones temporales de los procesos. No disponemos de fuentes acerca de su financiación.

En Canadá, las personas facilitadoras (communication intermediaries) intervienen con los testigos, personas que acusan y acusados, en los diferentes ámbitos judiciales (policía, juzgados de diferente índole). El programa de facilitación está pensado para cualquier persona con dificultades en su comunicación, tanto en su vertiente comprensiva como expresiva, y es llevado a cabo por organizaciones no gubernamentales, amparadas en una legislación nacional general sobre no discriminación y accesibilidad. El sistema de facilitación lleva en funcionamiento desde 2008 (Collins et al., 2016). Lo mismo sucede en EE. UU., donde el facilitador tendría cabida bajo la legislación nacional general para personas con discapacidad desde 1990 (American Disabilities Act, ADA), aunque su realidad no es tal. El facilitador sería exclusivo para los testigos y demandantes (no para los demandados), en las diferentes estancias judiciales y trámites administrativos, pudiendo el Estado asumir su coste mediante facturación. El único estado que ha puesto en práctica oficialmente esta figura de facilitación es Vermont, al noreste de Estados Unidos. Allí se han instaurado los especialistas en el apoyo a la comunicación (communication support specialists) que asisten a las personas con discapacidad ante juzgados, trámites administrativos y procedimientos relacionados.

Finalmente, en esta revisión del panorama internacional de la figura, en México y Chile la facilitación es relativamente reciente. En México, el facilitador está en marcha a través de una organización civil de derechos de personas con discapacidad, que principalmente atiende a personas acusadas ante la justicia penal y que corre con los gastos derivados. No hay una legislación que ampare esta figura en los códigos penales estatales. En Chile, las personas facilitadoras apoyan a los testigos vulnerables y personas denunciantes, ante los procesos penales, desde 2019 (Ley 21.057 de octubre de 2019). Se considera la “edad, madurez y condición psíquica” de los agentes y las personas facilitadoras son profesionales de la justicia formados específicamente y con acreditación vigente del Ministerio de Justicia y DD. HH. para desempeñar este papel (por lo que esta función es parte de sus honorarios).

4. La formación de profesionales de la facilitación en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo

Las funciones generales de la figura de facilitación serían las siguientes (según The Access to Justice Knowledge Hub, integrado por representantes de diferentes países, en el año 2020):