Territorios de los pueblos indígenas andino-amazónicos, cambio climático y economía verde

Resumen

Este artículo analiza la situación de algunos de los mayores territorios indígenas andino-amazónicos afectados por políticas públicas que históricamente han promovido la deforestación para la expansión agropecuaria. Estos territorios representan una oportunidad estratégica para mitigar el cambio climático, promover paisajes sostenibles en el marco de la economía verde y garantizar el bienestar de los pueblos indígenas y de las poblaciones amazónicas. Aunque el derecho internacional y la legislación nacional de los países amazónicos protegen formalmente las tierras indígenas y los recursos naturales, las prioridades políticas suelen prevalecer sobre las garantías legales. Como consecuencia, los marcos institucionales y jurídicos se debilitan sistemáticamente, limitando la eficacia de la acción pública e impidiendo mecanismos consistentes de retroalimentación de las políticas públicas. La persistencia de un modelo de desarrollo colonial-extractivista —caracterizado por la deforestación, la degradación forestal, la minería ilegal, la tala ilegal y la invasión de territorios indígenas— restringe el acceso a recursos, a capacidades técnicas y al compromiso político con la conservación. Mientras muchos gobiernos amazónicos continúan promoviendo las industrias extractivas a escala nacional, los gobiernos provinciales y locales refuerzan con frecuencia la deforestación mediante sus propias políticas de desarrollo. Al mismo tiempo, la gobernanza democrática exige la participación efectiva de todas las partes interesadas en los procesos de toma de decisiones; sin embargo, los pueblos indígenas y otras poblaciones rurales permanecen en gran medida excluidos o limitados a mecanismos de consulta ineficaces, mientras los defensores indígenas de la naturaleza son asesinados. El análisis de la dinámica de la cobertura forestal revela cambios significativos en los patrones de deforestación, especialmente en la región sur andino-amazónica. Los resultados sugieren que un enfoque basado en la economía verde puede contribuir a reducir la deforestación, combatir los delitos ambientales y promover el bienestar de los pueblos indígenas, al tiempo que garantiza la conservación de los ecosistemas naturales. Como sostienen Arce y Soria (2019), la naturaleza favorece la diversidad frente a la homogeneidad y castiga esta última mediante el colapso ecológico. En este contexto, la gestión adaptativa puede conciliar los sistemas de tenencia de la tierra públicos, privados y comunitarios, garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. De manera más amplia, los modelos de gobernanza y las políticas públicas que promuevan la diversidad institucional y protejan los intereses de los productores, los pueblos indígenas, la ciudadanía y la naturaleza pueden fortalecer la gobernanza ambiental democrática y contribuir a una conservación más eficaz.