La teoría del Gran Reemplazo, concebida por el escritor francés Renaud Camus en su obra Le Grand Remplacement (Camus, 2011), ha desembocado en una de las narrativas más peligrosas del siglo XXI. Al explicarla, Camus sostenía que un fenómeno oculto y orquestado está llevando a cabo un reemplazo sistemático de la población nativa europea por inmigrantes de origen no europeo, en su mayoría musulmanes. Según esta teoría, no se trata de un proceso natural de inmigración, sino de una maniobra deliberada para socavar las culturas europeas, reemplazándolas por sociedades que Camus considera más homogéneas y, por tanto, más fácilmente manipulables. Esta idea, que carece de base científica y es rotundamente desmentida por académicos y expertos (Taguieff, 2015), ha calado fuerte en los movimientos de extrema derecha en Europa y América del Norte. Organizaciones como el Frente Nacional (ahora Reagrupamiento Nacional) en Francia y figuras como Marine Le Pen han abrazado esta narrativa para justificar políticas antiinmigración agresivas (Fassin, 2013), mientras que, en los Estados Unidos, grupos supremacistas blancos la han adoptado como bandera para incitar al odio y al racismo, como evidenció el violento auge de los eventos en Charlottesville en 2017 (Flanagan, 2022) o en las políticas migratorias del presidente electo Donald Trump.

Además, no se trata de un fenómeno aislado, ya que se ha visto potenciado por la capacidad de viralización de las redes sociales. La revolución tecnológica se ha convertido en una especie de amplificador de la desinformación, creando un ecosistema donde las narrativas conspirativas se propagan a gran velocidad. Investigaciones como las de Zollo et al. (2015) y Romera Rodríguez et al. (2022) han demostrado cómo los contenidos que apelan a nuestros miedos más profundos, a nuestra identidad y a una amenaza percibida se difunden con mayor rapidez que las correcciones o los hechos verificables. Este fenómeno, que se multiplica en las plataformas digitales, no solo alimenta la desinformación, sino que agrava el sentimiento de exclusión, ya que los mensajes de odio encuentran un terreno fértil donde prosperan más rápido que las respuestas informativas o inclusivas (Ramírez Plascencia, 2014).

Pero el impacto de esta teoría va mucho más allá de los discursos de odio. Las narrativas del Gran Reemplazo han contribuido a transformar la opinión pública sobre la inmigración, vinculándola sistemáticamente con una serie de problemas sociales, económicos y de seguridad, creando un caldo de cultivo en el que los inmigrantes son vistos como una amenaza existencial para la estabilidad de las naciones (Fernández Riquelme, 2024). Según Givens (2022), no solo se refuerzan prejuicios raciales y xenófobos, sino que lo más peligroso es que esta ideología ha legitimado políticas cada vez más restrictivas y prácticas discriminatorias contra las comunidades inmigrantes.

Un caso real que ilustra el peligro de estas narrativas es el de los atentados en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019. El manifiesto del atacante mencionaba explícitamente la teoría del Gran Reemplazo como una de las principales motivaciones que justificaban su acción terrorista (Ainge, 2019). Este trágico episodio muestra cómo una simple idea conspirativa puede transformarse en una justificación para actos de violencia extrema, intensificando las tensiones sociales y desestabilizando sociedades democráticas, donde la polarización y el odio se convierten en moneda corriente.

Hoy en día, las respuestas a este fenómeno son variadas, pero la magnitud del desafío es enorme. Organizaciones como la Unesco han lanzado campañas para fomentar la alfabetización mediática y combatir la desinformación, resaltando la necesidad urgente de narrativas basadas en hechos y valores inclusivos (Unesco, 2022). Sin embargo, el verdadero reto radica en la capacidad de estas teorías para emocionar a una parte de la sociedad y presentarse como una verdad alternativa en los espacios digitales, donde la lógica y la evidencia desaparecen ante la retórica del miedo y la manipulación (Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, 2023). En España, la normativa mediante la que se aprueba el procedimiento para la elaboración de la Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación evidencia una creciente relevancia de la desinformación como instrumento en la denominada zona gris de la guerra (Orden PJC/248/2025). Este fenómeno, que parece un simple conjunto de mentiras, es en realidad una bomba de relojería que sigue deshaciendo los cimientos de la cohesión social y política en todo el mundo, un virus que se propaga más rápido que cualquier cura conocida.

La teoría del Plan Kalergi es una de las narrativas conspirativas más peligrosas que ha encontrado eco en los círculos de la extrema derecha. Sostiene que un conjunto de élites globales, especialmente las europeas, estaría promoviendo deliberadamente la inmigración masiva y el mestizaje como parte de un plan orquestado para destruir las identidades nacionales y con el objetivo final de establecer un control político centralizado y supranacional (Maher, 2025). Esta idea se basa en una distorsión de las ideas del pensador y político Richard von Coudenhove-Kalergi, a pesar de que sus pensamientos nada tienen que ver con los oscuros fines que se le atribuyen.

Kalergi, nacido de una familia austro-japonesa en 1894, fue un gran defensor de la integración europea. Su visión era, de hecho, una Europa unida, para evitar los desastrosos conflictos bélicos que habían marcado el continente a lo largo de su historia. En 1923 fundó la Unión Paneuropea, un movimiento destinado a promover la cooperación entre las naciones europeas con la esperanza de crear un bloque fuerte y pacífico capaz de prevenir futuras guerras. Lejos de ser manipulador, Kalergi fue un hombre comprometido con la paz y la cooperación entre los pueblos, buscando unir a Europa para evitar la devastación de nuevos enfrentamientos (Brustein, 2018). Su obra Praktischer Idealismus (1925) ha sido el texto más citado y descontextualizado por quienes promueven la teoría conspirativa. En dicha obra, Kalergi discute el papel de la aristocracia intelectual en el futuro de Europa y menciona que la mezcla de culturas podría ser una tendencia natural en la evolución social, pero en ningún momento plantea un plan deliberado para forzar dicho proceso (Griffin, 2017).

La manipulación de sus ideas emergió principalmente en los años 2000 en foros de extrema derecha y sitios web dedicados a la difusión de teorías conspirativas. Autores como Gerd Honsik, un neonazi austriaco, han contribuido a propagar esta falsedad, atribuyéndole a Kalergi intenciones que nunca tuvo (Mudde, 2019).

En la actualidad, la teoría del Plan Kalergi es utilizada principalmente por grupos populistas, ultraconservadores y movimientos identitarios de Europa para reforzar narrativas antiinmigración. El discurso del “reemplazo poblacional”, que sostiene que las élites están promoviendo la sustitución de las poblaciones nativas europeas por inmigrantes, se ha integrado en el ideario de partidos de extrema derecha y ha sido promovido por figuras públicas como Marine Le Pen en Francia o Viktor Orbán en Hungría (Fielitz y Thurston, 2020).

Las redes sociales han sido un factor clave en la difusión de esta teoría. Plataformas como Facebook, Twitter y Telegram han servido como vehículos para la propagación de desinformación, utilizando imágenes fuera de contexto, estadísticas manipuladas y testimonios ficticios para reforzar la percepción de una “invasión” extranjera (Benkler et al., 2018). En varios países, como veremos más adelante, esta narrativa ha tenido un impacto en elecciones y referendos, movilizando a grupos de población que están preocupados por la identidad nacional y los cambios demográficos.

Sin embargo, la difusión de la teoría del Plan Kalergi no solo fomenta la xenofobia y el rechazo hacia la inmigración, sino que también alimenta la polarización social y debilita la confianza en las instituciones democráticas. Expertos en desinformación han señalado que la utilización de esta narrativa por parte de actores políticos con agendas desestabilizadoras es un fenómeno alarmante que necesita estrategias de alfabetización mediática y regulación de contenido en plataformas digitales (Wardle y Derakhshan, 2017).

Las campañas de desinformación han dejado de ser simples mecanismos de manipulación informativa para convertirse en herramientas estratégicas dentro de lo que se ha definido como guerra cognitiva. Tal como recoge el Foro contra las Campañas de Desinformación (Departamento de Seguridad Nacional de España, 2024), estas acciones constituyen “formas de influencia coercitiva que explotan las divisiones sociales con el objetivo de socavar la democracia”. Este enfoque sitúa a la desinformación como una amenaza estructural para la seguridad nacional, ya que no solo busca alterar percepciones individuales, sino transformar el marco general de interpretación de la realidad política, institucional y cultural. A partir de esta definición, se justifica plenamente el análisis de narrativas como el “Gran Reemplazo” o el “Plan Kalergi”, ya que no operan en el vacío: son estructuras discursivas diseñadas para debilitar los consensos democráticos y generar desafección hacia las instituciones, especialmente en plataformas de bajo control como Telegram.

El concepto de “zona gris”, que se ha popularizado en los últimos años, define una serie de acciones coercitivas a medio camino entre la paz y la guerra convencional. Este espacio intermedio se caracteriza por el uso de estrategias indirectas y asimétricas, diseñadas para desestabilizar al adversario sin recurrir a la violencia militar abierta (Morris, 2024). La “zona gris”, según Mazarr (2015), es un ámbito donde las potencias buscan maximizar sus intereses mientras reducen los riesgos de escalada. Estas acciones se aprovechan de las vulnerabilidades estructurales, políticas y sociales de los Estados objetivo, donde la desinformación se ha consolidado de una forma muy efectiva.

Pero, en la zona gris, la desinformación no es solo una herramienta para manipular opiniones, se trata de algo más profundo. Se trata de generar desconfianza en las instituciones democráticas, polarizar las sociedades y jugar con las divisiones internas de los países. Las plataformas digitales son el campo de batalla perfecto, puesto que, en este escenario, los rumores, las mentiras y las teorías conspirativas se multiplican a un ritmo vertiginoso. No se trata solo de engañar, se trata de controlar las narrativas, de moldear lo que la gente cree y de dividir y desgastar desde dentro (Paul y Matthews, 2016). Y lo peor de todo es que estas operaciones de desinformación suelen ser perfectamente creíbles, como si fueran noticias reales que resulta muy difícil desmentir. Además, como nadie se atreve a señalar al culpable, los actores que las promueven eluden cualquier tipo de responsabilidad directa (Rid y Buchanan, 2015).

Las teorías conspirativas, como el Plan Kalergi o el Gran Reemplazo, encajan perfectamente en esta dinámica. Son narrativas construidas para generar miedo, odio y desconfianza, y funcionan a la perfección en el ecosistema de las redes sociales. Estos relatos no solo surgen por azar, sino que son estratégicamente diseñados para sembrar el caos, haciéndonos creer que el “otro” –ya sea inmigrante, extranjero o incluso una élite oculta– es una amenaza para nuestra identidad y nuestras formas de vida. Y aunque estas teorías no tienen una base real, se han filtrado en el discurso político y social, generando miedo y xenofobia (Pomerantsev, 2019).

En este contexto, las teorías conspirativas juegan un papel central, ya que se utilizan como vehículos de desinformación para crear desconfianza hacia los actores gubernamentales, las instituciones democráticas y los medios de comunicación. Estas teorías, al ser propagadas deliberadamente, ayudan a promover divisiones dentro de la sociedad, generando un clima de incertidumbre y desorden. Según la OCDE (2024), la desinformación no solo manipula información, sino que también fortalece narrativas alternativas que socavan el consenso público y alteran la percepción de la realidad, amplificándose a través de canales controlados como las redes sociales y los medios digitales, lo que incrementa la polarización y afecta la estabilidad interna de los países objetivos.

Rusia ha resultado ser clave en esta zona gris, pues ha perfeccionado el arte de usar la desinformación como una táctica de guerra no declarada. Con plataformas como RT y Sputnik, ha logrado no solo influir en la política interna de otros países, sino también en sus elecciones y referendos. Un caso claro de esto fue el Brexit, donde Rusia jugó un papel activo amplificando tensiones internas en el Reino Unido, alimentando divisiones, apoyando el racismo y las ideas extremistas, todo con el fin de debilitar la unidad europea y la posición global del Reino Unido (Departamento de Estado de los Estados Unidos, 2022).

Un caso similar es el de Moldavia y los deepfakes. Durante las elecciones, se crearon vídeos falsos de Maia Sandu, la presidenta proeuropea, manipulando su imagen para crear confusión y hacerla parecer una traidora. Este tipo de manipulación no solo atenta contra la política, sino que también juega con los estereotipos de género, atacando a las mujeres en el poder y mostrando una estrategia de desinformación profundamente sexista (Gilbert, 2024).

Respecto al impacto que tiene la desinformación en la zona gris para los departamentos de seguridad nacional, parece obvio. Por una parte, esto mina la capacidad de los Estados para reaccionar adecuadamente frente a amenazas híbridas, ya que crea confusión y desconfianza entre la población. Pero, además, alimenta las divisiones internas, debilitando la cohesión social, lo que, a largo plazo, hace que las democracias sean más vulnerables. Esta manipulación informativa no solo refuerza los prejuicios, sino que también crea un caldo de cultivo perfecto para que los delitos de odio se disparen, ya que las narrativas conspirativas convierten a los “otros” en enemigos a los que se puede atacar sin remordimientos (Unesco, 2024).

Todo esto, en definitiva, debilita el soft power de los Estados democráticos, pues esa capacidad de influir sin recurrir a la fuerza se ve completamente erosionada cuando las mentiras se convierten en la verdad aceptada por gran parte de la población (Nye, 2011). El uso de la desinformación en la zona gris es como una guerra invisible, en la que se usa, como arma, la manipulación de la percepción y las emociones, y eso, al final, es lo que más daño hace a la estabilidad nacional.

Telegram se ha convertido en un auténtico caldo de cultivo para las teorías conspirativas, y no por casualidad. Su diseño ‒pensado para la privacidad, descentralización y formación de comunidades cerradas‒ lo hace el escenario perfecto para la difusión de narrativas polarizadoras. A diferencia de otras plataformas más “vigiladas”, la estructura de canales y grupos en Telegram permite una comunicación más segmentada, a veces completamente opaca, donde la información (o desinformación) fluye con una facilidad asombrosa, esquivando radares y dejando pocas huellas en el camino (Bradshaw et al., 2021). Estas narrativas se articulan con discursos de odio, xenofobia y resentimiento hacia las élites políticas, y encuentran un terreno fértil en contextos de crisis como la migratoria, la económica o la sanitaria. Sin embargo, su potencia no reside únicamente en el contenido ideológico que promueven, sino en la forma estructural en que se diseminan en redes sociales y canales alternativos como Telegram, Reddit y X (antes Twitter). Allí se generan comunidades digitales de alta cohesión interna que refuerzan continuamente estos marcos narrativos mediante técnicas de reframing, desinformación y movilización emocional. Douglas et al. (2017) explican cómo las teorías conspirativas prosperan en grupos cerrados donde la reafirmación mutua fortalece las creencias compartidas. Asimismo, Lewandowsky et al. (2017) analizan cómo la desinformación se difunde eficazmente en entornos digitales que favorecen la polarización y la resistencia a la corrección de información.

No es solo una cuestión de estructura, sino de quién está ahí y qué está haciendo. Telegram ha logrado atraer a todo tipo de audiencias, incluyendo grupos ideológicos extremos que han encontrado en esta plataforma un refugio ideal. Aquí, las teorías conspirativas no solo circulan: se cocinan, se refinan y se propagan con una intensidad difícil de contrarrestar. Un caso emblemático es la teoría del “Gran Reemplazo”, que en estos espacios cerrados funciona como una suerte de mantra repetido en imágenes, textos y vídeos diseñados para impactar emocionalmente y reforzar prejuicios preexistentes. No se trata de información neutra, sino de mensajes quirúrgicamente elaborados para activar sesgos y alimentar el miedo (Wardle y Derakhshan, 2017).

Si hubo un momento en el que estas narrativas explotaron con fuerza, fue durante la pandemia del COVID-19. Un análisis de 1.271.115 mensajes en Telegram entre 2020 y 2024 realizado por Paz Díaz y Ricaurte (2024) reveló que la clave en la propagación de desinformación no está solo en los actores principales de la red, sino en la coherencia narrativa que la sostiene. La desinformación no opera como un conjunto de hechos sueltos, sino como un sistema que responde a las grietas del ecosistema informativo, a las crisis institucionales y a la incertidumbre generalizada. Por eso, reducirla a un problema de “actores maliciosos” o de “datos falsos” es quedarse corto. Combatirla exige entenderla como un fenómeno sistémico, donde las relaciones de poder y los contextos culturales juegan un papel central (Olmo Romero, 2019).

Pero el problema no se queda en la información que circula, sino en lo que se hace con ella. Telegram, con su alcance global y su resistencia a regulaciones tradicionales, se ha convertido en un reto mayúsculo para la Seguridad Nacional. La facilidad con la que ciertos actores pueden movilizar audiencias desde esta plataforma ha sido clave en la proliferación de protestas, delitos de odio y campañas de desinformación a gran escala. Como bien advierten Benkler et al. (2018), no se trata solo de que estas plataformas faciliten la circulación de información, sino de que están redefiniendo la manera en que interactuamos con ella. Telegram no solo es un medio, es un ecosistema donde las narrativas conspirativas prosperan con una libertad que difícilmente encontrarían en otro lugar.

A estas alturas, parece que no podemos seguir ignorando el impacto de Telegram en la propagación de desinformación. La influencia de esta plataforma exige que se tomen medidas serias, tanto a nivel regulatorio como educativo, para ayudar a la gente a fortalecer su pensamiento crítico. No basta solo con tratar de controlar lo que se dice, sino que también necesitamos herramientas para que las sociedades puedan identificar, cuestionar y resistir la manipulación informativa. Especialmente en contextos donde ya existen tensiones, como las relacionadas con la inmigración o las diferencias étnicas, este tipo de manipulación se convierte en un riesgo aún mayor.

Frente a este fenómeno, la inteligencia en medios sociales (SOCMINT) emerge como un nuevo paradigma para el trabajo policial y de seguridad nacional. SOCMINT se define como la recopilación, el análisis y la interpretación de información obtenida de plataformas digitales para comprender comportamientos sociales, identificar amenazas emergentes y anticipar dinámicas de conflicto (Omand et al., 2012). A diferencia de otras ramas de inteligencia, SOCMINT integra elementos técnicos, semánticos y psicológicos, permitiendo no solo detectar qué se dice, sino también cómo, por quién y con qué intención.

El artículo 557 bis del Código Penal español (España, 1995) establece penas de prisión de tres a seis años para quienes inciten a la comisión de actos que alteren gravemente el orden público, incluso si no llegan a materializarse. Sin embargo, el artículo no menciona la desinformación como una forma de incitación. En otras palabras, no contempla que los bulos bien dirigidos puedan generar el mismo caldo de cultivo para el caos que un llamamiento directo a la violencia. Este vacío legal permite que los desinformadores puedan manipular fácilmente la opinión pública, moldeando la realidad a su antojo y dejando que otros sean los que finalmente den el paso hacia la acción violenta.

Para solucionar este problema, el marco legal tendría que dar un giro y reconocer la desinformación como una herramienta de incitación indirecta. Eso significaría tipificar la difusión intencionada de información falsa o manipulada con el objetivo de alterar el orden público como un delito en sí mismo. No es una idea descabellada: pues no solo encajaría perfectamente con la lógica del artículo 557 bis, sino que además dotaría al Estado de un arma más afilada para hacer frente a las amenazas híbridas y blindar la Seguridad Nacional en un escenario cada vez más complejo.

No obstante, cualquier avance legislativo en este sentido debería ir acompañado de una definición clara, objetiva y neutral de qué se entiende por desinformación, así como de la creación de un organismo independiente encargado de su verificación. De lo contrario, existe el riesgo de que estas medidas puedan ser utilizadas de forma partidista, limitando la libertad de expresión y otorgando al poder político la capacidad de controlar el discurso público.

Un precedente interesante en esta línea es el Reglamento (UE) 2022/2065, del Parlamento Europeo y del Consejo, conocido como la Ley de Servicios Digitales (DSA) [Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1201, 2023] que obliga a las plataformas digitales a implementar medidas contra la desinformación. Si bien este reglamento no tiene carácter penal, sí sienta un precedente europeo que podría inspirar una reforma en España para endurecer las sanciones contra quienes usan las fake news como munición política o social.

La DSA, además, impone a los gigantes tecnológicos la obligación de frenar los riesgos sistémicos derivados de la desinformación, exigiendo transparencia en la moderación de contenido y en la desmonetización de publicaciones tóxicas.

El artículo 510 del Código Penal ya castiga la incitación al odio, la discriminación y la violencia por razones raciales, étnicas, religiosas o de orientación sexual, entre otras. Muchas narrativas conspirativas –como la del “Gran Reemplazo”– no llaman explícitamente a la violencia, pero sí distorsionan la realidad migratoria de tal manera que terminan sembrando odio y resentimiento. A veces, basta con que las ideas falsas y manipuladas se repitan lo suficiente hasta convertirse en verdad absoluta para ciertos sectores de la población. En Telegram, por ejemplo, los administradores de grupos donde se viralizan estos discursos podrían ser considerados responsables de incitación al odio, lo que abriría la puerta a procesarlos bajo una reforma del artículo 510.

Una posible actualización de este artículo podría incluir específicamente la difusión de desinformación que, sin ser abiertamente un discurso de odio, contribuya a crear un clima hostil y discriminatorio. Y esto es clave porque las conspiraciones no suelen llegar en formato de “opinión”, sino como supuestas “verdades alternativas”, amplificadas por algoritmos que las catapultan a la viralidad en cuestión de horas. A partir de ahí, el efecto dominó está servido: la gente consume estos relatos, refuerza sus prejuicios y, sin que nadie les haya ordenado nada, empiezan a actuar en consecuencia.

El debate está abierto, pero lo que es evidente es que las leyes actuales no están diseñadas para lidiar con el fenómeno de la desinformación en toda su magnitud. Y mientras ese agujero legal siga existiendo, los desinformadores seguirán jugando con ventaja.

La guerra de la zona gris a la que aludimos en este trabajo se basa en tácticas poco convencionales diseñadas para desestabilizar sociedades sin recurrir al enfrentamiento militar directo. En este contexto, la desinformación es un arma letal que siembra discordia y erosiona la confianza en las instituciones desde dentro. Las teorías conspirativas no son solo relatos extravagantes; son herramientas de manipulación que empujan a ciertos sectores de la población hacia la radicalización, el conflicto y, en muchos casos, la violencia contra minorías. En este sentido, el artículo 510 del Código Penal cobra un papel crucial: no solo puede ayudar a frenar la expansión de estas narrativas tóxicas, sino que también podría prevenir el caos social que inevitablemente brota cuando las conspiraciones convierten el miedo en acción.

En España, el combate contra el discurso de odio en línea es un campo de batalla con múltiples frentes. Se combinan regulaciones de cumplimiento obligatorio con normas soft law, es decir, recomendaciones y directrices que no son vinculantes pero que ejercen influencia. Entre las principales herramientas normativas están la Ley de Servicios Digitales o la Decisión Marco de 2008 sobre racismo y xenofobia en el ámbito penal. Estas normativas establecen distintos niveles de respuesta: hay discursos de odio que son directamente delito; otros que no llegan a ese umbral, pero pueden ser sancionados administrativamente, y, finalmente, mensajes ofensivos que, aunque legalmente intocables, pueden ser contrarrestados con estrategias de “contranarrativa”.

Para ser penalmente relevante, la desinformación tiene que ser deliberada, malintencionada y diseñada para manipular a la opinión pública. Y aunque hoy por hoy el Código Penal no castiga la difusión de bulos como tal, el debate sobre criminalizar ciertas fake news está sobre la mesa, especialmente cuando estas narrativas no solo distorsionan la realidad, sino que incitan al odio, la violencia o la discriminación.

Si el discurso de odio no llega al nivel de delito, puede terminar en el terreno de las sanciones administrativas. Para que esto sea efectivo, las autoridades están buscando acelerar los procedimientos y mejorar la identificación de los responsables. Y ahí está el reto: muchas veces, dar con los autores de estos mensajes requiere acceso a datos de usuarios en redes sociales, un proceso que suele ser burocrático y lento. Para cerrar estas brechas, se están desarrollando protocolos de crisis y estrategias de transparencia en plataformas digitales, además de prohibiciones a la publicidad engañosa que pueda alimentar estos discursos.

En resumen, España podría contar con un suficiente marco normativo para combatir la desinformación y el discurso de odio, pero el problema no es la falta de leyes, sino su aplicación efectiva. La clave está en encontrar un equilibrio entre reformas penales, sanciones administrativas y colaboración con las grandes plataformas digitales. Sin ese enfoque integral, la desinformación seguirá operando a plena luz del día, erosionando la convivencia social y debilitando la confianza en la democracia.

Si hay un ejemplo que muestra cómo la desinformación puede sabotear un proceso democrático desde dentro, ese es el de las elecciones presidenciales de Rumanía en 2024. Un caso de manual de la llamada “guerra en la zona gris”, donde no hacen falta tanques ni soldados para desestabilizar un país, solo una estrategia bien orquestada de manipulación informativa.

Todo comenzó en noviembre de 2024, cuando en la primera vuelta de las elecciones presidenciales rumanas el ultranacionalista prorruso Călin Georgescu logró una victoria sorpresa. Hasta ahí, podría haber parecido solo una jugada política astuta. Pero, semanas después, informes desclasificados del Servicio Rumano de Inteligencia (SRI) dejaron claro que la realidad era mucho más turbia: la victoria de Georgescu no fue solo el resultado de la voluntad popular, sino el desenlace de una sofisticada campaña de “ataques híbridos rusos” (Sánchez Costa, 2024).

La maquinaria detrás de esta operación combinó ciberataques, desinformación masiva y el uso de ejércitos de cuentas falsas en plataformas como TikTok, Telegram y Facebook. ¿El objetivo? Sembrar el caos. Se lanzaron narrativas incendiarias sobre la migración y el origen étnico de ciertos candidatos, buscando reavivar tensiones históricas en una sociedad con cicatrices profundas en materia de identidad. Al mismo tiempo, se difundieron fake news que vinculaban a otros candidatos con redes de corrupción y crimen organizado, generando un caldo de cultivo de desconfianza total en el sistema. Para rematar, se viralizaron rumores de que las elecciones estaban “amañadas” para favorecer a minorías étnicas específicas, lo que elevó la tensión social al máximo (Gómez, 2024).

El escándalo alcanzó tal magnitud que el Tribunal Constitucional de Rumanía tomó una decisión sin precedentes: anular la primera vuelta de las elecciones. Un golpe contundente que dejó en evidencia la magnitud de la injerencia extranjera en los procesos democráticos. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE, 2024) no tardó en calificar el episodio como una amenaza directa a la democracia, alertando sobre la urgencia de fortalecer los mecanismos contra la manipulación informativa en elecciones nacionales.

Pero este caso no es solo un episodio aislado; es un recordatorio importante de lo vulnerable que puede ser una democracia cuando las estrategias híbridas de desestabilización entran en juego. La experiencia rumana subraya la necesidad de que tanto los reguladores como las plataformas digitales tomen medidas mucho más agresivas para frenar la propagación de campañas desinformativas que, sin disparar una sola bala, pueden hacer tambalear a un país entero.

La gran pregunta ahora es si Europa seguirá reaccionando con medidas tímidas mientras los desinformadores juegan con ventaja. La solución no puede ser solo apagar incendios después del desastre. Parece urgente una estrategia coordinada a nivel europeo para blindar la integridad electoral, porque lo que pasó en Rumanía no es una anomalía: es un aviso de lo que puede repetirse en cualquier rincón del continente.

La persuasión juega un papel muy importante en la aceptación y la propagación de las teorías conspirativas, porque moldea la percepción de la realidad y fortalece creencias, incluso en ausencia de evidencia sólida. Las teorías conspirativas como las analizadas en este trabajo utilizan diversas técnicas persuasivas para captar seguidores y mantener su credibilidad entre quienes las creen.

En el proceso persuasivo, existen tres elementos clave que determinan si una idea se va a recibir o transmitir bien y con capacidad de “impactar” en un individuo o grupo de individuos (Briñol et al., 2008): la fuente o el responsable de emitir la información (persona, grupo o institución), que deberá gozar de credibilidad, atractivo y autoridad; el mensaje, lo que se dice, es decir, el contenido de la persuasión, los argumentos o datos involucrados y que pueden ser racionales o emocionales; y, por último, pero no menos importante, el receptor, es decir, la audiencia a la que se dirige el mensaje.

El tipo de mensaje influye en gran medida en cómo se reacciona ante la persuasión. Así, un mensaje racional, basado en datos, hechos y evidencias, utiliza la inferencia para persuadir y apela al análisis y la reflexión del receptor. Sin embargo, un mensaje emocional busca generar sentimientos inmediatos en la audiencia, es decir, alegría, miedo, enojo, etc. Sin embargo, no se puede predecir cuál de los dos mensajes es más persuasivo, pues dependerá del tipo de receptor, de sus creencias previas y del nivel de conocimiento de este (Briñol et al., 2008). En todo caso, la literatura científica sugiere que combinar ambos enfoques es lo más efectivo (Millar y Millar, 1990, Petty et al., 1991).

Como se ha afirmado antes, en la persuasión el perfil del receptor también es fundamental, y que el mensaje cale depende mucho de cómo y cuánto piensa el receptor sobre dicho mensaje. Como evidencian Briñol et al. (2008) existe una ruta central, que se da cuando el receptor analiza el mensaje en profundidad, basándose en la lógica y los argumentos, y una ruta periférica, que sucede cuando el receptor presta poca atención al contenido y se deja influenciar por elementos superficiales, como la credibilidad del emisor o la popularidad del mensaje. En términos generales, si el receptor no está muy atento, creerá el mensaje solo porque la fuente es confiable, pero si el receptor está muy involucrado, la credibilidad se vuelve un argumento más dentro del análisis.

En resumen, persuadir no es solo decir algo convincente, sino entender cómo el receptor procesa la información y ajustar el enfoque según su nivel de atención e interés.

Analizar, mediante SOCMINT, las características de los mensajes conspirativos y de desinformación migratoria difundidos en canales de Telegram, prestando especial atención a su frecuencia, estilo persuasivo, evolución temporal y estrategias narrativas empleadas.

La muestra utilizada en este estudio está compuesta por 459 mensajes seleccionados a partir de una base inicial de 511 mensajes, los cuales acumularon un total de 330 953 visualizaciones. Tras un proceso de filtrado basado en la relevancia y la coherencia del contenido, se han seleccionado únicamente aquellos mensajes que presentan un significado claro y estructurado, descartando aquellos que usan o que corresponden a contenido publicitario del canal. Los 459 mensajes finales generaron 297 275 visualizaciones, cuyo origen son 34 canales de Telegram previamente identificados como difusores de narrativas desinformativas por verificadores de contenido y fuentes de investigación.

Para la selección de estos canales se empleó un método de muestreo dirigido, basado en las referencias de los verificadores de información Maldita.es y Newtral y de fuentes especializadas en desinformación, tales como el proyecto de la Unión Europea EU vs Disinfo y la plataforma independiente de análisis sobre desinformación Monitor Disinfo. Además, mediante la funcionalidad Similar Channels de Telegram, se identificaron otros canales relacionados, que fueron incorporados al análisis, especialmente para el diseño de la aplicación en Python.

Se trata de un estudio observacional transversal basado en un enfoque cuantitativo.

El uso de una metodología automatizada mediante técnicas de recolección de datos (scraping) y procesamiento de lenguaje natural (PLN) responde a la necesidad de abordar grandes volúmenes de datos en entornos digitales como Telegram. Tal y como explican Omand et al. (2012), el análisis sistemático de redes sociales mediante SOCMINT permite detectar dinámicas de polarización, radicalización o desinformación en tiempo real, convirtiéndose en una herramienta clave. La automatización de flujos analíticos implementados en Python facilita la escalabilidad de los proyectos y, al mismo tiempo, mitiga el sesgo humano y eleva la replicabilidad de los resultados, aspectos cruciales cuando se trabaja con grandes volúmenes de información (Stodden et al., 2018).

Se creó una herramienta automatizada para realizar el scraping de datos, realizando un análisis posterior que combinó PLN y modelado de tópicos con codificación manual. El objetivo fue identificar patrones narrativos conspirativos para permitir un análisis exhaustivo de las dinámicas comunicativas en el entorno digital.

Para garantizar la fiabilidad y la validez de los resultados, se han aplicado las siguientes estrategias:

El uso de herramientas automatizadas como Python y librerías de análisis de lenguaje natural garantiza la replicabilidad de los resultados, ya que el procedimiento aplicado puede reproducirse en otros contextos similares. Esta transparencia metodológica es especialmente relevante en estudios SOCMINT, donde la precisión en la extracción y el tratamiento de datos digitales es clave para evitar interpretaciones erróneas (Omand et al., 2012). La automatización de las tareas de limpieza y preprocesamiento reduce de forma significativa los sesgos de medición y mejora la reproducibilidad de los análisis de datos (Munzert y Rubba, 2022).

Este estudio se ha realizado exclusivamente sobre mensajes públicos de Telegram, sin recopilar datos personales ni intentar identificar a los emisores. Se ha respetado el principio de minimización de datos y el análisis se ha centrado únicamente en el contenido textual. El uso de herramientas SOCMINT conlleva una responsabilidad ética, por lo que se ha procurado mantener el equilibrio entre la prevención de amenazas y la protección de derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión.

El análisis de la variable temporal muestra que los mensajes conspirativos no se distribuyen de forma homogénea, sino que se acomodan a diversas noticias de interés nacional. El mes con mayor volumen de actividad fue agosto, con 151 mensajes registrados, seguido de noviembre, con 130 mensajes. Los meses restantes presentan cifras inferiores: octubre (n = 54), septiembre (n = 51), diciembre (n = 41) y enero (n = 32).

Asimismo, se observó que los mensajes desinformadores analizados coincidieron temporalmente con eventos de alta relevancia a nivel nacional, como la DANA ocurrida el 29 de octubre de 2024, el asesinato de un menor en la localidad toledana de Mocejón el 19 de agosto de 2024, la llegada masiva de migrantes a Canarias o la viralización de un bulo sobre ayudas públicas. En particular, tras el asesinato en Mocejón, se detectó un incremento progresivo e irregular en el volumen de mensajes relacionados con dicho suceso, alcanzando su punto máximo siete días después del hecho. No obstante, el mayor repunte general de mensajes de desinformación se registró ocho días después de la DANA, lo que sugiere una relación directa entre determinados eventos traumáticos o mediáticos y la intensificación de la actividad desinformativa (Figura 1).

El análisis de los mensajes permite identificar una serie de contenidos temáticos recurrentes (Figura 2) que estructuran el discurso conspirativo antimigratorio difundido en los canales observados. Dado que en Telegram los mensajes suelen ser breves, el contenido analizado corresponde al tema principal expresado en cada uno de ellos. Si bien algunos casos pueden incluirse ideas secundarias o información adicional, para este estudio se ha considerado el núcleo temático predominante en cada mensaje.

El contenido más frecuente fue el relacionado con mensajes que aludían a procesos migratorios, advirtiendo sobre la llegada de migrantes o la presencia de personas extranjeras en el territorio nacional (n = 163, 35,74 %), así como a narrativa conspirativa que afirmaban que las élites globales (como la UE o la ONU) estaban impulsando la llegada masiva de migrantes para sustituir a la población europea (n = 126, 27,59 %). También se apreció un importante volumen de mensajes en los que se promovía la superioridad étnica y cultural de la raza blanca, el catolicismo o la familia tradicional que incluían referencias explícitas a constructos como la “raza aria” o menciones explícitas a la preservación de una supuesta pureza nacional (n = 95, 20,76 %).

El 8,54 % (n = 40) de los mensajes aluden a supuestos delitos cometidos por personas extranjeras. Destacando los que hacen referencia a delitos de sangre (4,90 %) frente a los delitos sexuales y otros delitos (1,82 % en ambos casos).

También se hallaron un 4,02 % de mensajes (n = 19) que se referían a la idea de que algunos colectivos migrantes no se adaptan a las normas, valores o costumbres sociales del país receptor, resaltando una supuesta incompatibilidad cultural.

Por último, la referencia a cuestiones económicas o de recursos públicos en los que se afirmaba o insinuaba que la presencia migrante supone un coste económico desproporcionado para el Estado. En concreto, las acusaciones sobre que los migrantes vivían de ayudas, colapsaban los servicios sociales o quitaban recursos a los españoles estuvieron presentes en el 3,36 % de los mensajes analizados (n = 16).

Al analizar los datos mensuales de los mensajes, se observó que la proporción de temáticas abordadas no se mantiene constante, sino que fluctúa en función del tipo de contenido predominante en cada mes (Figura 3).

Los mensajes relacionados con el fenómeno migratorio fueron los más frecuentes, con carácter general, durante todos los meses, destacando en septiembre (n = 28, 54,90 %) y enero (n = 17, 53,13 %), seguidos por octubre (n = 20, 37,04 %). Sin embargo, en diciembre y noviembre, las temáticas predominantes fueron otras (diciembre: raza aria – n =21, 51,22% y noviembre: reemplazo – n = 66, 50,77 %).

En cuanto a los contenidos vinculados con hechos delictivos (suma de delitos de sangre, sexuales y otros delitos), se concentraron principalmente en agosto (n = 28, 19,34 %), seguido de octubre (n = 3, 9,26 %).

Los mensajes que aludían a prácticas culturales o comportamientos atribuidos a personas migrantes, considerados incompatibles con los valores sociales del país receptor, incluían críticas a su forma de vestir, alimentarse, rezar o comportarse. En muchos casos, estos contenidos insinuaban que los migrantes no se integran adecuadamente o no respetan las normas del país de acogida. Este tipo de narrativa alcanzó su mayor presencia en los meses de agosto (n = 7, 4,67 %) y octubre (n = 7, 12,96 %). En paralelo, los mensajes que denunciaban o cuestionaban el uso de recursos públicos por parte de migrantes registraron su pico en agosto, representando el 8 % (n = 12) de los mensajes analizados.

Se apreció en el análisis de contenido de la muestra total de 459 mensajes la utilización de señuelo o clickbait en varios mensajes relacionados con la depresión aislada en niveles altos (DANA) (Figura 5). En estos casos, el tema climático se usaba en el titular para atraer la atención de la audiencia y, a continuación, introducir mensajes habituales sobre teorías conspirativas y discursos de odio, sin relación directa con el evento meteorológico.

Si bien durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2024 no se identificaron mensajes que emplearan esta estructura con señuelo, a partir del 29 de octubre de 2024 (Figura 5), coincidiendo con la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana, se detectó el primer uso de esta estrategia discursiva (clickbait).

En el mes de noviembre de 2024 se observa la mayor frecuencia de aparición de este tipo de mensajes, con cuatro picos de producción identificados los días 1, 2, 4 y 6 de noviembre. En dichos casos, la apertura de los mensajes hacía alusión explícita a la DANA, mientras que el contenido posterior abordaba cuestiones de carácter antimigratorio, teorías de reemplazo o identitarios, sin relación directa con el evento climático. Durante diciembre de 2024 y enero de 2025, se constata una disminución en la frecuencia de esta técnica, aunque su uso no desaparece; repitiéndose el uso de la Dana como señuelo el 23 de enero de 2025 (Figura 5).

Existen diversas limitaciones para la generalización de los datos, como, por ejemplo:

El estudio realizado sugiere nuevas líneas de investigación, como: