La actividad minera, por su propia naturaleza, genera controversia, conflictos y rechazo. Las empresas mineras necesitan obtener la llamada licencia social para operar (LSO) como medio para reducir la resistencia y oposición de las comunidades locales a su establecimiento y actividad (Campero y Barton 2015; De-Miguel-Molina et al., 2019). En consecuencia, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de las empresas mineras constituye un importante medio para obtener dicha LSO (Holley y Mitcham, 2016; Campero y Barton, 2015).

Debido al creciente interés en la búsqueda de soluciones a las fuentes de conflicto entre empresas mineras y sus partes interesadas o stakeholders (Haslam y Tanimoune, 2016; Conde, 2017), se presta cada vez más atención a los mismos (Mzembe y Meaton, 2014; Basu et al., 2015), tendencia que se sustancia en un mayor número de publicaciones enfocadas desde la perspectiva de los stakeholders (Yakovleva y Vazquez-Brust, 2012; Dong et al., 2014; Dobele et al., 2014; Van der Plank et al., 2016; Viveros, 2016; Babi et al., 2016), si bien la mayoría se limita a un solo país, o una única explotación, y solo algunos tratan la RSC. Entre ellos, únicamente Babi et al. (2016) confrontan directamente las opiniones de empresa y stakeholders.

Asimismo, los resultados difieren entre sí, entre otros factores por el nivel de involucración de los stakeholders. Por ejemplo, Dobele et al. (2014) observan en Australia una alta implicación de la directiva y de los empleados de la empresa en la RSC, y una baja participación de la comunidad local. Por el contrario, Yakovleva y Vazquez-Brust (2012) analizan la RSC de las empresas mineras en Argentina y concluyen que sus actividades relacionadas se negocian con los actores locales. En su estudio de caso en Chile, Viveros (2016) destaca la necesidad de profundizar en el conocimiento de las percepciones de los stakeholders y sugiere ampliar su estudio a otros países.

En esta línea, nuestra investigación pretende recoger, analizar y contrastar las diferentes percepciones de las empresas mineras y sus stakeholders en un conjunto de cinco países con amplia tradición minera en Latinoamérica (Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia), donde los conflictos siguen muy presentes. Mediante entrevistas de preguntas abiertas se recogen las percepciones acerca de las siguientes dimensiones de análisis:

En particular, se trata de profundizar en tales percepciones relacionadas con la RSC de las empresas mineras, como medio para una mayor comprensión mutua y como punto de partida para mejorar la situación. Asimismo, la aportación de nuevas evidencias persigue reforzar o rebatir conclusiones de estudios previos e identificar la pertinencia de futuras investigaciones en este ámbito.

El artículo se estructura en seis apartados. Tras esta introducción, mediante el segundo apartado, análisis del marco teórico, y el tercero, marco analítico, llegamos a nuestras preguntas de investigación y dimensiones correspondientes de nuestro análisis. Seguidamente, el cuarto apartado describe la metodología y el quinto recoge los resultados, para finalizar con las conclusiones.

La minería es un sector controvertido debido a su impacto ambiental y social (O’Faircheallaigh, 2015; Kowalska, 2014; Jenkins y Yakovleva, 2006), siendo fuente de conflictos sociales y de oposición a sus actividades (Conde, 2017; Haslam y Tanimoune, 2016; Akiwumi, 2014). Existen organizaciones como las incluidas en el Observatorio de Conflictos Mineros en Latinoamérica (OCMAL) que persiguen una minería segura, justa y sostenible, y estándares a nivel global como la UNGC (United Nations Global Compact) o el GRI (Global Reporting Iniciative).

En el análisis de la RSC aplicada a sectores controvertidos, Davidson (2003) expone que la RSC no es compatible con este tipo de industrias y Frynas (2005) apunta que su implementación impone límites y restricciones. Grougiou et al. (2016) critican que las industrias cuestionables o con litigios son más propensas a emitir informes independientes de su RSC para distraer la atención de sus actividades. Si bien las empresas en estos sectores controvertidos tienen una «reputación cuestionable sobre su responsabilidad social», han aumentado los esfuerzos y recursos asignados a su RSC (Kapelus, 2002) y son más activas en su comunicación (Kilian y Hennigs, 2015).

Existen varias teorías para explicar la RSC en los sectores controvertidos y específicamente en el minero. Según la teoría del capital moral, las empresas deben asumir una mayor responsabilidad por las consecuencias sociales y ambientales de sus actividades (Porter y Kramer, 2006) y la RSC se utiliza como una forma de contrarrestar los daños en la reputación corporativa (Williams y Barrett, 2000) o para mejorarla (Bright, 2006). Así, el capital moral puede considerarse como una forma de licencia social, una defensa contra los riesgos imprevistos para la imagen corporativa, la reputación o los beneficios (Godfrey, 2006). La RSC crearía un capital moral en la organización, manejando las relaciones y actuando como una póliza de seguros cuando las cosas van mal (Campbell y Slack, 2007).

Por otro lado, Chen y Roberts (2010) explican la relación entre empresa y sociedad a través de la teoría de la legitimidad, que se basa en determinar si el sistema de valores de una organización es congruente con el de la sociedad y si el objetivo de la organización es satisfacer las expectativas de la sociedad, pero sin entrar en detalles sobre cómo lograrlo.

La teoría de los stakeholders se ocupa también de los efectos del entorno en las organizaciones, pero pone el foco en las relaciones con sus partes interesadas, que influyen en las acciones de dichas organizaciones (Barnett, 2007). Los stakeholders, cuya relevancia es creciente (Parmar et al. 2010), se definen como «cualquier grupo o individuo que pueda afectar o se vea afectado por el logro de los objetivos de la organización» (Freeman, 1984). Se trata de cumplir con sus expectativas de modo que se legitime la actividad de la empresa (Deegan, 2006). Los stakeholders representan además una de las cinco dimensiones de la RSC, junto a la ambiental, social, económica y de voluntariado (Dahsrud, 2006).

En el ámbito de la minería, Hamman y Kapelus (2004) entienden la RSC como una respuesta reactiva a múltiples partes interesadas –comunidades, gobierno y ONG, entre otras– y las críticas de estos actores sobre los impactos de la minería en la comunidad y el medioambiente. Las empresas mineras lideran el desarrollo de nuevas prácticas de RSC (Hilson, 2012), siendo un claro exponente del desarrollo de la RSC para mejorar su posición e imagen y obtener una LSO (Holley y Mitcham, 2016). Sin embargo, a pesar del potencial de la RSC para mejorar el grado de aceptación de sus actividades, su implementación efectiva es complicada por la falta de un enfoque idóneo (Porter y Kramer, 2006) y por la resistencia de las comunidades locales a aceptar determinadas propuestas para la resolución de conflictos (Akiwumi, 2014). Gifford et al. (2010) observan las dificultades de las empresas mineras en países en desarrollo, viéndose obligadas a realizar esfuerzos en el aspecto social de la RSC para legitimarse.

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el sector de la minería en Latinoamérica está dominado por la inversión de empresas internacionales extranjeras. Según la misma fuente, la extracción de minerales se multiplicó por seis entre 1970 y 2017, con el consiguiente aumento de presión sobre las comunidades locales y el medioambiente. De hecho, Latinoamérica se presenta como un escenario de especial interés para los autores, siendo la región del mundo con más conflictos socioambientales relacionados con la explotación minera, con más de 250 casos en 2018 de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL). Según OCMAL, entre marzo de 2014 y octubre de 2018, el número de conflictos mineros no solo no descendió, sino que se mantuvo o incluso repuntó en algunos países como Chile y Colombia, lo cual es indicativo de los avances que se precisan en este ámbito.

En los últimos años va ganando peso la consideración de la percepción e influencia de los stakeholders en la RSC en el sector minero (Dobele et al., 2014; Govindan et al., 2014; Dong et al., 2014; Yakovleva y Vazquez-Brust, 2012). Según Mzembe y Meaton (2014), la empresa debe incorporar la perspectiva de las partes interesadas en la definición de su RSC y no solo su propia visión. Basu et al. (2015) sugieren que un enfoque proactivo, que involucre a las comunidades locales y a otros stakeholders en todas las etapas del proceso, genera confianza, transparencia y coherencia. La empresa ha de adaptar las políticas de RSC y negociarlas con sus stakeholders en cada contexto, ya que la comunidad es la que mejor conoce sus necesidades (Gifford y Kestler, 2008), y la variedad cultural y la ubicación geográfica enfatizan diferentes valores en cada caso (Yakovleva y Vazquez-Brust, 2012). Sin embargo, la investigación bajo este enfoque en el sector minero está todavía en desarrollo, con una carencia en la comprensión de dichas percepciones (Viveros, 2016). Ya vimos en la introducción la escasez de estudios que contrasten las percepciones de los stakeholders con las de las empresas en relación a su RSC. Teniendo en cuenta además el nivel de conflictos existente, consideramos necesario profundizar, desde la perspectiva de los diferentes actores, en la evaluación y comprensión de los aspectos a mejorar por parte de las empresas mineras en la implementación efectiva de su RSC, de forma que redunde en los beneficios esperados por todas las partes. Así, nuestra investigación se basa precisamente en recopilar, analizar y contrastar sus percepciones, a partir de una serie de entrevistas a distintos actores, tratando además de corroborar o cuestionar los aspectos señalados en la literatura existente. Su carácter de casos múltiples con diferentes empresas y diferentes países de Latinoamérica reforzará los resultados obtenidos.

En este sentido, se plantean una serie de preguntas de investigación (RQX) que contemplan las dimensiones de nuestro análisis:

RQ1: ¿Existen discrepancias entre el mensaje de las empresas sobre su rol en la comunidad y la visión de sus stakeholders ?

Estudios previos como el de Viveros (2016) cuestionan su objetividad, mientras que Van der Plank et al. (2016) identifican una desconfianza de los stakeholders hacia las empresas. Aquí pretendemos identificar cómo se percibe el discurso de las empresas, hasta qué punto se aprecia objetividad, realismo, sesgo o intereses partidistas.

RQ2: ¿Cómo se perciben las relaciones entre la empresa y sus stakeholders y cómo se acomete la resolución de conflictos?

En esta cuestión queremos ahondar en la teoría de los stakeholders, que pone el foco en las relaciones entre empresa y partes interesadas (Barnett, 2007) y la gestión de sus frecuentes conflictos (Conde, 2017; Haslam y Tanimoune, 2016). La percepción por parte de los diferentes actores nos puede sugerir en qué grado se cumplen sus expectativas y detectar aspectos y estrategias de mejora.

RQ3: ¿Cuáles son las percepciones acerca de los impactos positivos y negativos de la actividad minera y cómo se podrían potenciar y reducir respectivamente?

Esta pregunta está en línea con la investigación de Parsons y Moffat (2014), desde la teoría de los stakeholders. Vimos que la minería es un sector controvertido debido a su impacto ambiental y social, mientras que la RSC puede mejorar la percepción de los impactos por parte de los stakeholders, por lo que estas cuestiones constituyen una buena herramienta para valorar estos aspectos.

RQ4: ¿Cuáles son las percepciones acerca de las necesidades de las comunidades locales y cómo se identifican?

Resulta evidente que uno de los pasos previos en la implementación efectiva de la RSC es la correcta identificación de las necesidades y prioridades de las comunidades locales. A través de esta pregunta es posible indagar sobre la participación de las comunidades (Basu et al., 2015), dado que son las que mejor conocen sus propias necesidades (Gifford y Kestler, 2018), lo que contribuiría a su mejor identificación, y podría existir una mayor sintonía con las políticas de RSC de la empresa.

RQ5: ¿Cómo se percibe la participación de los actores en la decisión sobre las acciones de RSC que finalmente se llevan a cabo?

Hemos visto que la participación es uno de los aspectos clave identificados en la literatura y con esta cuestión pretendemos recabar más información sobre la implicación y la capacidad de influir de los distintos actores. Hamman y Kapelus (2004) contemplan la RSC como una respuesta reactiva de las empresas a los stakeholders, de cara a mejorar su LSO (Holley y Mitcham, 2016), pero su implementación efectiva es compleja en países en desarrollo (Gifford et al., 2010). Parsons y Moffat (2014), por su parte, destacaron el concepto de ‘capacidad de influir’ en relación al modo en que los stakeholders perciben su relación con las empresas.

Con todo ello, se diseña una entrevista con diferentes preguntas abiertas PX para recoger las percepciones de diferentes actores. A modo de síntesis, se muestran en la Tabla I las preguntas de investigación RQX, con las correspondientes dimensiones de nuestro análisis DX, preguntas de entrevista PX y referencias relevantes en la literatura.

Este trabajo adopta una metodología de investigación exploratoria cualitativa, establecida por Yin (1994), con un creciente reconocimiento entre la comunidad científica (Larrinaga y Rodríguez, 2010). Lo que se pretende es obtener, analizar y contrastar las percepciones de diferentes stakeholders (comunidades locales, ONG y consultores) y de las propias empresas en relación con nuestras preguntas de investigación.

En lo que concierne a la selección de los actores, en el marco teórico se expuso el papel de la comunidad local como receptor principal de los impactos generados por la actividad minera, siendo directamente afectada por la RSC. Por otro lado, las ONG pueden ser actores claves en la defensa de los intereses de las comunidades (Conde, 2017), de igual modo que lo son los consultores que asesoran a las empresas para mejorar la efectividad de las políticas de RSC. Las empresas, por su parte, son obviamente un actor principal por su RSC, sus impactos y la gestión de conflictos.

La información se obtuvo a través de entrevistas de siete preguntas abiertas, realizadas meLa información se obtuvo a través de entrevistas de siete preguntas abiertas, realizadas mediante entrevistas grabadas y transcritas o por escrito, recogidas entre septiembre de 2016 y junio de 2018. La información se completó con las memorias de sostenibilidad de las empresas en ese período. En cuanto a la muestra, se seleccionaron actores de diferentes países de Latinoamérica: Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia, pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones (CAN); en una zona de gran riqueza geológica que concentra un buen número de explotaciones mineras; con una tradición extractiva de minerales; un importante peso en el conjunto de la minería en Latinoamérica y, por ende, a nivel mundial, y que acumula además un gran número de conflictos. La inclusión de varios países de la zona no se realizó con el propósito de identificar diferencias relevantes entre ellos, sino para enriquecer el estudio y conseguir una muestra lo más amplia y representativa posible, dada la enorme dificultad de acceso especialmente a las comunidades locales, y teniendo en cuenta que varias de las empresas y ONG incluidas en el estudio operan en varios de estos países. Las entrevistas fueron completadas por 11 empresas multinacionales que operan en estos países, 6 consultores, 16 comunidades locales y 9 ONG. En la Tabla II se resume la lista de actores entrevistados.

Entre las comunidades locales, 4 pertenecen a Colombia, 4 a Chile, 4 a Perú, 2 a Ecuador y 2 a Bolivia. De las empresas incluidas, la mayoría cuentan con explotaciones en al menos dos de estos países. En cuanto a las ONG, 4 de ellas son internacionales y operan en todos los países y las otras 5 en cada uno de los 5 países, mientras que los consultores operan a nivel global.

Los entrevistados de las empresas formaban parte de su departamento de RSC, mientras que por parte de las comunidades locales y las ONG los entrevistados fueron líderes y portavoces. Una buena parte de los mismos, especialmente los pertenecientes a las comunidades locales, solicitaron mantener el anonimato, y en caso contrario modular la información proporcionada. Se prefirió mantener el contenido completo a cambio de preservar su anonimato, para extraer resultados y conclusiones más fundamentadas y contrastadas.

A continuación, se exponen los resultados de acuerdo a la secuencia de preguntas de investigación planteadas, evaluando y contrastando las respuestas de cada grupo. Se incluyen extractos de transcripciones directas de las entrevistas a modo ilustrativo.

RQ1: ¿Existen discrepancias entre el mensaje de las empresas sobre su rol en la comunidad y la visión de sus stakeholders ? (P1)

Ninguno de los actores parece completamente satisfecho con el mensaje que transmiten las empresas en sus memorias anuales de sostenibilidad, donde rinden cuentas de sus acciones y resultados en el campo de la RSC. Las empresas consideran que se alinean con los estándares y dedican muchos recursos y esfuerzo en su elaboración que no son justamente valorados. Algo más de la mitad de los entrevistados por parte de las empresas (6 de 11 EMP) admiten que hay margen de mejora y que deberían incentivar una mayor participación de la comunidad. El siguiente extracto es revelador:

Por su parte, el resto de actores presentan visiones bastante coincidentes. Valoran el esfuerzo de comunicación de las empresas, pero consideran que, más allá de adherirse a estándares internacionales en su elaboración, han de ser más prácticas, transparentes y participativas, con una mayor rigurosidad en los datos e información y un análisis más exhaustivo de los impactos, de cara a mejorar su credibilidad, en línea con Kilian y Hennigs (2015). Especialmente las comunidades locales (13 de 16 CLO) y las ONG (7 de 9 ONG), y en menor medida los consultores (3 de 6 CON), señalan de un modo u otro que la información es sesgada o incompleta y se omiten los aspectos negativos, sobrevalorando los positivos. Consideran que las empresas utilizan su mensaje para ‘autovenderse’, es decir, como una herramienta de marketing, en línea con Viveros (2016) o Slack (2012), entre otros. A continuación, dos extractos de respuestas:

De estos resultados se desprende también la desconfianza de los stakeholders hacia las empresas, encontrada por Van der Plank et al. (2016). Algunos stakeholders consideran que las empresas deben auditarse por entidades externas (5 de 8 ONG, 2 de 6 CON) para mejorar su objetividad, y la mayoría que la elaboración de las memorias debería ser más participativa (14 de 16 CLO, 8 de 9 ONG, 4 de 6 CON), como apuntan Mzembe y Meaton (2014) o Basu et al. (2015).

RQ2: ¿Cómo se perciben las relaciones entre la empresa y sus stakeholders y cómo se acomete la resolución de conflictos? (P2, P3)

Aquí encontramos que las relaciones son muy complejas y diversas, dependiendo de cada caso particular. Sin embargo, existe la opinión extendida entre todos los stakeholders de una sintonía entre empresas y gobiernos, con intereses económicos comunes, que dejan en un segundo plano los intereses de las comunidades locales.

Cisneros y Christel (2014) señalan la alineación de empresas y gobiernos como fuente de conflictos, si bien algunos gobiernos tratan de proteger a sus comunidades locales (Arellano-Yanguas, 2011). En cualquier caso, las empresas tienen un peso muy importante como dinamizadores de la economía local, generadores de riqueza y empleo, de tal modo que la capacidad de los gobiernos de influir es limitada. Algunas ONG (3 de 9) denuncian que algunas empresas solo quieren la autorregulación, y tratan de generar división dentro de las comunidades o llegan a actitudes represivas contra sus líderes.

Incluso en algunos casos, mediante incentivos económicos, pueden poner a su favor a algunas ONG para generar corrientes de opinión favorables:

Por su parte las empresas aseguran fomentar la participación de las comunidades y tener en cuenta sus opiniones. Existe un amplio consenso sobre la implicación de los diferentes actores y el diálogo como aspectos clave para mejorar la RSC de las empresas, así como para evitar o resolver conflictos.

En línea con Basu et al. (2015), el modelo multiactor en el que empresas y stakeholders discuten y acuerdan parece el convenido por todos, pero las discrepancias aparecen en la percepción de su implementación efectiva. Este consenso entre partes es importante para que la RSC sea realmente efectiva a la hora de atajar los problemas de las comunidades (Casanova y Dumas, 2009). Comunidades locales, ONG y consultores tienen una visión crítica a la hora de cómo se pasa de la teoría a la práctica, si bien en algunos casos reconocen que se van dando pasos en la buena dirección.

RQ3: ¿Cuáles son las percepciones acerca de los impactos positivos y negativos de la actividad minera y cómo se podrían potenciar y reducir respectivamente? (P4, P5)

Con esta cuestión no se pretende entrar en el detalle pormenorizado de los impactos en cada explotación minera, sino analizar las percepciones en cuanto a los aspectos que a grandes rasgos son mejorables o están pendientes de acometer.

La mayoría de empresas (9 de 11) afirman explícitamente haber incorporado alguna estrategia de relaciones con los stakeholders como herramienta de mejora. Algunas (3 de 11) nombran su pertenencia al ICMM (International Council of Mining Metals) como garantía de su desempeño y señalan que el valor compartido guía sus iniciativas. También se apuntan estrategias de comunicación y relación para mejorar las percepciones de los stakeholders, lo que demuestra la necesidad de hacer que estas acciones sean rentables para mejorar su reputación y aceptación (subyace al concepto de LSO). Los consultores, por su parte (5 de 6), son los que más enfatizan la necesidad de un modelo multiactor.

En general, las comunidades son bastante críticas al evaluar los resultados de la RSC de las empresas. Aunque reconocen algunos impactos positivos, principalmente en educación, salud e infraestructuras, argumentan que no siempre se alinean con sus prioridades y perciben que las empresas los sobrevaloran. Para mejorar, exigen que se tengan más en cuenta sus opiniones y que las empresas inviertan más, en proporción a sus beneficios. Las ONG apuntan además que en muchos casos las acciones llevadas a cabo se centran en infraestructuras que de hecho resultan beneficiosas para las empresas, a pesar de ser «vendidas» como beneficios para la comunidad. Algunas respuestas son también muy críticas:

También denuncian la falta de un gobierno fuerte que haga cumplir los derechos humanos, así como compromisos incumplidos y falta de transparencia. Esto evidencia nuevamente la percepción de que el mensaje de las empresas sobre los beneficios de su CSR se transmite y utiliza como una herramienta de marketing. En cuanto a las propuestas sobre mejorar los beneficios, algunas ONG (3 de 9) proponen que los proyectos se implementen por los gobiernos, subvencionados por impuestos a las empresas, si bien algunos consultores (2 de 6) apuntan que la minería ha fomentado la corrupción institucional en algunos casos, lo que desaconsejaría esta propuesta. Al contrario que en estudios previos (Viveros, 2016), los stakeholders no parecen mostrar una clara percepción de los beneficios económicos. Todo lo anterior apunta a que los stakeholders están lejos de estar satisfechos con los beneficios esperados y hay un amplio margen de mejora.

En cuanto a los efectos negativos (algunos de ellos ya recogidos en los extractos anteriores) todas las empresas nombran los daños ambientales típicos de su actividad y destacan sus acciones para mitigarlos, coincidiendo con López-Morales et al. (2017), como la dimensión más considerada en la RSC de las empresas, pero no evalúan de forma rigurosa su verdadero alcance y relevancia. No mencionan enfermedades asociadas ni consecuencias para la salud, ni tampoco efectos colaterales como las desigualdades o violencia. Por otro lado, reconocen que deben trabajar para mejorar en el trabajo conjunto con sus stakeholders. Respecto a las comunidades, sorprendentemente solo la mitad ponen énfasis en los daños ambientales, y no encontramos mención explícita a problemas relacionados con la contaminación del agua o del suelo y enfermedades asociadas, aunque sí de forma implícita en la siguiente pregunta al reconocer la necesidad de acceso a agua potable. Los aspectos sociales y domésticos, entre los que destaca la violencia de género, están mucho más latentes en sus respuestas. Por su parte, las ONG y los consultores evidencian una mayor concienciación y conocimiento sobre el conjunto de efectos colaterales de las explotaciones mineras a todos los niveles, lo cual contradice de algún modo a Gifford y Kestler (2018), que indican que las comunidades locales son las que mejor conocen sus propias necesidades. Es por ello que la participación de estos actores en el modelo multiactor se antoja más que necesaria, en línea con Ghalib y Agupusi (2014).

Los stakeholders en general muestran además un pesimismo generalizado sobre la reducción de los impactos ambientales; reconocen su complejidad, y que en ocasiones las únicas soluciones son, bien mantener a las comunidades alejadas de las explotaciones, con lo que ello implica, o bien directamente prohibir la explotación en áreas de gran vulnerabilidad ambiental o social. Las empresas defienden que cumplen con la legislación vigente, dependiente de los gobiernos, que comparten intereses económicos o incluso estar corruptos, lo que reafirma la necesidad de implicación de todas las partes en la búsqueda de soluciones.

RQ4: ¿Cuáles son las percepciones acerca de las necesidades de las comunidades locales y cómo se identifican? (P6)

Existen diferentes percepciones en cuanto a las necesidades de las comunidades entre los distintos grupos. Las necesidades enumeradas por las comunidades locales son primarias, sin grandes pretensiones. Entre las diferentes respuestas el denominador común es el acceso al agua potable. Las ONG ponen más énfasis en aspectos relacionados con la calidad de vida, la autonomía y respeto a la identidad local, la cultura, la religión y las tradiciones. También apuntan al papel fundamental del gobierno, utilizando su capacidad regulatoria para proteger sus derechos básicos y mediar en los conflictos. ONG y consultores apuntan que las empresas recurren a empresas de consultoría para obtener estudios sesgados, con información manipulada, para priorizar de acuerdo con sus intereses, por encima de las prioridades y necesidades de sus comunidades, y deberían procurar obtener más feedback sobre el terreno:

Indican que las empresas suelen subestimar necesidades que pueden parecer a priori más triviales, como la identidad cultural. También hacen énfasis en las enormes diferencias entre empresas y que no se puede generalizar. Se da de nuevo el consenso en la necesidad de un modelo multiactor, donde todas las partes se involucren en este proceso. Sin embargo, las empresas aseguran que tienen en cuenta y dialogan con todos los actores en el proceso de identificación de las necesidades:

RQ5: ¿Cómo se percibe la participación de los actores en la decisión sobre las acciones de RSC que finalmente se llevan a cabo? (P7)

Si bien esta pregunta se ha ido contestando con las anteriores, nos permite reforzar los resultados al respecto. Varios trabajos en contextos muy diferentes, como los de Dobele et al. (2014), Basu et al. (2015), Newenham-Kahindi (2011), así como algunas de las recientes conferencias mineras celebradas en América Latina, reconocen la importancia de involucrar a los stakeholders en la toma de decisiones sobre RSC. En nuestro estudio, hay unanimidad entre todos los participantes en que son las empresas las que toman finalmente las decisiones sobre sus políticas de RSC. Sin embargo, el reconocimiento del grado de implicación de los distintos stakeholders varía según el grupo, si bien existe una distancia clara entre la visión de la empresa y la de sus stakeholders. En algunos casos, se convoca a las comunidades a mesas de diálogo, que son percibidas por la mayoría de stakeholders más como gestos que como algo efectivo, si bien reconocen que es un primer paso. De nuevo en este punto las ONG especialmente enfatizan el papel del gobierno a la hora de influir en las políticas de RSC.

Se pone pues de manifiesto que existen importantes avances en cuanto al conocimiento teórico por todas las partes de que el diálogo y la participación de los diferentes actores es el camino, pero se necesita de una voluntad sincera y decidida para su ejecución de forma efectiva.

La minería es un sector controvertido, cuya actividad genera conflictos, rechazo y un innegable impacto a nivel local. Resulta esencial para las empresas ganar un ‘capital moral’ para proteger en lo posible su imagen y reputación y obtener la LSO (Holley y Mitcham, 2016). Las empresas mineras están liderando el desarrollo de la RSC para este propósito (Hilson, 2012), siendo la RSC clave en la mejora de la situación de todas las partes. A pesar de ello los conflictos no parecen reducirse. En la literatura existe un creciente consenso en torno a la necesidad de investigar sobre las percepciones de los diferentes actores y de una mayor implicación de todas las partes (Basu et al., 2015).

Mediante una metodología de investigación exploratoria cualitativa, hemos recogido, a través de entrevistas, las percepciones de empresas, comunidades locales, ONG y consultores, en cinco países de Latinoamérica (Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia), en torno a cinco preguntas de investigación que contemplan las siguientes dimensiones: 1) discurso de las empresas, 2) relaciones entre las partes y resolución de conflictos, 3) impactos y su mejora, 4) necesidades de la comunidad y su identificación y 5) participación de los actores en la RSC. Cada una de estas dimensiones ha sido analizada mediante los discursos de los actores, tratando de contrastar la visión de cada uno de ellos; así como poner en relación los hallazgos alcanzados con la literatura al respecto.

De los resultados se infieren varias conclusiones relevantes. La primera es la diferente visión de las empresas respecto al resto de actores en relación con la rendición de cuentas de su desempeño, beneficios e impactos negativos y la involucración de los diferentes actores, especialmente en lo que se refiere a los impactos ambientales (Viveros, 2016; Babi et al., 2016). Los stakeholders valoran positivamente la publicación de las memorias y su adhesión a estándares internacionales, pero las perciben más bien como una herramienta de marketing (Viveros, 2016), y señalan la necesidad de fomentar un trabajo conjunto con todas las partes para mejorar su objetividad, rigurosidad y la eficacia de su RSC, como apunta Frynas (2005), y mejorar también su credibilidad, en línea con Kilian y Hennigs (2015) o Dobele et al. (2014).

La segunda se refiere a la existencia en algunos casos de relaciones de conveniencia entre gobiernos y empresas por intereses económicos compartidos, como apuntan Cisneros y Christel (2014), e incluso de situaciones de represión o de generación de división en la comunidad por parte de las empresas, y el papel fundamental que pueden tener los gobiernos en la defensa de los intereses de las comunidades, como apuntan Babi et al. (2016), tanto como propulsores y mediadores en el diálogo entre las partes como también a través de su capacidad regulatoria.

La tercera es que, contrariamente a Gifford y Kestler (2018), las comunidades locales muestran ciertas limitaciones a la hora de identificar y valorar sus necesidades en cuanto a los impactos negativos recibidos, especialmente los referidos a los daños ambientales y sus consecuencias. En ello las ONG y los consultores muestran una visión más integral y pueden jugar un papel fundamental como mediadores con las empresas, coincidiendo con Conde (2017).

La cuarta de las conclusiones es que en muchos casos se ha iniciado un proceso de diálogo con las comunidades locales, necesario para identificar sus necesidades reales (Basu et al., 2015; López-Navarro et al., 2018). Sin embargo, dicho diálogo no se percibe como realmente efectivo y no parece traducirse en una mejora significativa o suficiente en las políticas de RSC, como así refleja la permanencia de los conflictos.

Por último, y como conclusión subyacente a todas las anteriores, se reconoce por todas las partes la necesidad de implementar el modelo multiactor, que involucre a todos los actores (Dobele et al., 2014; Basu et al., 2015). Ahora bien, los stakeholders inciden en que se ha de pasar de la teoría a la práctica. Ello ha de suponer una participación real y efectiva de todos los actores en el proceso de identificación de las necesidades de mejora socioambientales en los enclaves mineros y en la definición y seguimiento de las estrategias de RSC acordadas, siendo imprescindible la participación de gobiernos, consultores y ONG, además de las propias comunidades. Esto contribuiría a reducir los conflictos y mejorar el valor compartido; además de beneficiar a las comunidades, ayudaría a las propias empresas en su consecución de la LSO.

Esta investigación permitirá a empresas, stakeholders, así como a la comunidad científica y a la sociedad en general, obtener una visión más completa del panorama actual de la RSC en las empresas mineras, cómo se percibe desde los diferentes actores y sus vías de mejora.

Aunque el carácter multinacional de las empresas, algunas ONG y consultores, así como las coincidencias en el diagnóstico y la propuesta de soluciones, facilita la extrapolación de algunos de los resultados a otras regiones, la localización, diferencias culturales, etc., pueden marcar diferencias (Yakovleva y Vazquez-Brust, 2012). Por ello, proponemos extender este planteamiento a otras áreas geográficas, considerando además las percepciones de representantes gubernamentales, sindicales, accionistas o empleados, que no se han contemplado en este trabajo, lo que supone una limitación. Para futuras investigaciones, sugerimos además profundizar en cómo implementar de forma efectiva el modelo multiactor.