Los cambios que operan en la compleja dinámica de la violencia conducen a la diversificación de enfoques conceptuales y perspectivas analíticas a las que se intenta definir y caracterizar, así como a la actualización de aquellos tipos de violencia configurados décadas atrás. El debate sobre las «nuevos y viejos tipos de violencia» se centra en explicar y comprender el carácter de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Concretamente, en la concurrencia de fuerzas sociales y políticas que convierten esa relación en violencia.

La producción socioestatal de la violencia, en una sociedad gobernada por las fuerzas del mercado, con las particularidades que adopte según la especificidad de las relaciones Estado y sociedad en un contexto determinado, incluye tensiones entre el marco de ciertas garantías democráticas y la imposición de la fuerza bajo cualquiera de sus formas.

Uno de los puntos primordiales al intentar comprender la violencia contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) bajo la categoría socioestatal radica en el análisis de las agendas políticas, en las que cobra importancia la necesidad de reforzar su seguridad. Esto supone una legitimidad de la militarización y de una rutina aceptada de violencia institucional ante la ciudadanía con independencia del papel del Estado como garante de sus derechos. Así, se diluye el sentido de lo democrático y la defensa de la vida se subordina al imperativo de la obediencia. Por consiguiente, las perspectivas histórico-procesuales, aquellas que no se limitan a contar la historia, sino a explicarla desde tensiones de continuidad y ruptura, muestran la estrecha relación entre la violencia de la guerra y las configuraciones estatales; concretamente, entre la tenebrosa violencia que comportan las guerras y la creación de los Estados (Tilly, 2006). En la base de la producción de la violencia están motivos que convergen en la activación de los mecanismos que aseguren lo necesario para preservar y readecuar las condiciones que mantengan un régimen de acumulación.

En el robusto campo de relaciones entre la violencia política estatal y paraestatal, se puede señalar la subordinación de la razón de Estado a la razón de mercado –concomitante a la subordinación del poder civil al poder militar en contextos actuales como, por ejemplo, el ecuatoriano–; y el estado de sufrimiento social al que está sometida la mayor parte de los habitantes de la región. Una población joven que constituye poco más de la tercera parte y que será mayoría a mediados del siglo XXI. En este contexto, la literatura especializada ha venido reflexionando sobre las articulaciones y las fisuras conceptuales frente a las categorías de necropolítica y necropoder (Reguillo, 2021; Valenzuela, 2019). Valenzuela (2018) analiza el despliegue de la operatoria juvenicida –desaparición y muertes violentas de jóvenes– desde una mirada compleja que articula las determinaciones estructurales y su potencia estructurante en la sociedad, así como la dinámica inversa, constituida desde las producciones intersubjetivas, las subjetivaciones emergentes y las resistencias afectivas (Nateras, 2016). De esta manera, las nomenclaturas de poder se fortalecen blindando sus privilegios mediante una alianza tácita entre la violencia del Estado y la del mercado.

A su vez, la radicalización del modelo neoliberal autoritario da paso a la instalación de un nuevo momento necroneoliberal (Unda, 2022, 2026), tomando forma en el marco de la producción socioestatal de las violencias contra NNAJ: desde los «falsos positivos» en la Colombia de Uribe a Duque, hasta casos recientes como «los cuatro de las Malvinas» en el Ecuador de Noboa, pasando por etapas de terror extremo desatadas por la consigna de la «guerra interna» en el México de Calderón y el confinamiento masivo de jóvenes en El Salvador de Bukele. Este orden necropolítico ha derogado ciertas garantías constitucionales, reproducido narrativas dominantes de miedo en la ciudadanía, vulnerado acuerdos internacionales de derechos humanos y negado una esencia del Estado democrático: la protección de la vida.

El Estado moderno se funda como garante de derechos. Sin embargo, configura una paradoja de Estado Protector que violenta, y este efecto se reproduce en muchos contextos iberoamericanos; las mismas estructuras que proclaman su compromiso con los NNAJ se convierten en dispositivos de control, castigo y exclusión. Esta incongruencia revela un desajuste entre el discurso normativo y la práctica institucional: mientras la legislación y las políticas invocan la protección, los procedimientos administrativos, judiciales o policiales reproducen dinámicas que humillan o criminalizan a quienes son sujetos de derechos. Esta incoherencia erosiona la legitimidad estatal y genera en los NNAJ una sensación de orfandad institucional ante una autoridad que promete amparo, pero responde con desconfianza o represión. Contradicción que pone en cuestión la noción de ciudadanía y el tipo de pacto social que los Estados están dispuestos a sostener con sus futuras generaciones.

La violencia institucional no siempre se registra en el cuerpo con golpes visibles ni se documenta en estadísticas. Algunos tipos de violencia actúan desde la invisibilidad, dejando marcas en la subjetividad, la autoestima y las expectativas de futuro. Cada acto de indiferencia, cada decisión burocrática que posterga o niega derechos deja una huella que atraviesa generaciones. Pensar la producción socioestatal de la violencia hacia niños, niñas, adolescentes y jóvenes supone desplazar la concepción clásica de la violencia ejercida por las instituciones del Estado, generando un complejo entramado de tensiones y correspondencias.

El origen de este monográfico se sustenta en varias preguntas: ¿hasta qué punto los Estados contemporáneos pueden seguir legitimando prácticas que lesionan la dignidad de NNAJ en nombre del orden o de la seguridad? ¿Cuántas instituciones –escuelas, juzgados, sistemas de protección, medios de comunicación– reproducen ese tipo de violencia? ¿Seremos capaces, como sociedades, de escuchar las voces de quienes cargan con las consecuencias más silenciosas de la violencia estructural y convertir esas voces en herramientas para la convivencia democrática?

El conjunto de artículos dentro de este volumen de la revista América Latina Hoy invita a mirar la complejidad de algunas de las causas y consecuencias de la violencia socioestatal contra los NNAJ; a reconocer la interdependencia entre Estado, mercado y sociedad, y a repensar las políticas públicas desde una corresponsabilidad social. Incluye cinco análisis y una nota de investigación que ofrecen una mirada amplia, plural y crítica sobre la producción de las violencias estatales e institucionales que afectan a los NNAJ en Iberoamérica. Su conocimiento enriquece el debate, favoreciendo políticas públicas para una ciudadanía global.

La insuficiencia de políticas públicas para NNAJ sostenibles en el tiempo incide en una narcocultura que explica la incorporación de jóvenes mexicanos al crimen organizado. Desde esta hipótesis, Juan Antonio Tagüenca, Robert González y Rocío Vega realizan una revisión sistemática de la literatura, aplicando el modelo PRISMA, con el objetivo de comprender cuáles son los factores que promueven el ingreso de los NNAJ en las organizaciones criminales. Analizan la convergencia de factores socioeconómicos, territoriales, motivación personal e impunidad; destacando que la falta de oportunidades, la inequidad y la exclusión social favorecen el reclutamiento de estos NNAJ, que lo ven como una alternativa para escapar de la pobreza y obtener reconocimiento y estatus. A esta motivación se suma también la normalización de la violencia y la no tipificación del reclutamiento de menores de edad como delito en el Código Penal Federal mexicano, produciéndose una violencia estructural invisibilizada y una indefensión en los NNAJ. Tras la caracterización de las causas del reclutamiento de NNAJ en las organizaciones criminales mexicanas y las consecuencias sociales y personales –como la construcción de una identidad cruel–, los autores sugieren varias estrategias, con eje en la comunidad, resaltando la relevancia de la participación infantil y juvenil para orientar las decisiones políticas.

Los dos siguientes artículos giran en torno a la violencia institucional, así denominada en ambos, en referencia a la violencia policial o a la violencia administrativa. La aportación de Mariana Lerchundi, desde la teoría política normativa, cuestiona la relación entre la violencia policial y la juventud en un país sin ejército: Costa Rica. Analiza el contexto costarricense, en el que los indicadores de pobreza, desempleo y desigualdad lo posicionan en la sexta economía más desigual del mundo, según el Banco Mundial (2023). Además, a pesar de ser 4 de cada 10 habitantes personas jóvenes, según el censo del año 2022, no existe una política estatal en materia de juventud que defienda una vida sin violencia estatal o institucional. Destacando los cinco mitos sobre Costa Rica –el país de la paz, de la igualdad, de la legalidad, el país donde los delincuentes son menores de edad y migrantes, y el país donde los jóvenes son clientes de la policía–, la autora explora cualitativamente la narrativa y la percepción de la violencia policial hacia la juventud costarricense a través de diferentes actores: policías, académicos expertos, técnicos de ONG, gestores de políticas públicas y jóvenes con experiencias de violencia policial. Las entrevistas y los talleres realizados indican que estos mitos se interponen ante la denuncia pública de la violencia y la delincuencia; evidenciándose estereotipos sociales que naturalizan la violencia policial hacia la juventud y camuflan prácticas de control social coercitivo.

El artículo firmado por Kepa Larrañaga, Ainhoa Rodríguez y Berta Ruiz dirige su mirada hacia la violencia administrativa que se genera en los sistemas de protección a la infancia en España, tanto por actuación como por omisión. Desde el enfoque de derechos de la infancia (ONU, 1989) se cuestionan las resistencias y demandas de niños, niñas y adolescentes (NNA) que están en acogimiento, residencial o familiar, frente a la violencia institucional. Los autores exploran la percepción del maltrato institucional de las personas jóvenes tuteladas y extuteladas de la comunidad autónoma de Andalucía al ser la región con un mayor número de NNA en protección: 4.878 a finales de 2023. Y lo hacen planteando seis dimensiones vitales con tres ejes fundamentales –los aspectos relacionales, la calidad de los cuidados y el protagonismo adolescente en el sistema de protección– y cuatro preguntas formato DAFO utilizado en las entrevistas grupales. Los resultados identifican violencias cotidianas y diversificadas tanto a nivel micro como en la gestión del sistema de protección a la infancia; evidenciando la distancia entre el marco garantista y las prácticas cotidianas de cuidado.

La siguiente aportación, firmada por Liliana Mayer, aborda el papel de la educación para la paz en contextos sin conflicto armado, como Argentina. Para ello utiliza un enfoque de reparación que busca garantizar, desde las políticas públicas, los derechos de la ciudadanía y la vida en sociedades diversas. Explora la educación internacional como variable para analizar la promoción de discursos de paz, inclusión social y convivencia escolar desde la relación de la internacionalización con la geopolítica. Partiendo de las subjetividades de los agentes educativos, la autora revisa las prácticas y los discursos sobre la ciudadanía global, la movilidad estudiantil y las acciones solidarias en las prácticas pedagógicas de escuelas argentinas. El estudio revela que el concepto de ciudadanía global, que implica justicia social y aceptación de la diversidad cultural, no es objeto de consenso entre las instituciones educativas. Señala que la movilidad internacional –y occidental– estudiantil no es ajena a la desigualdad, manifestándose una brecha con los viajes y acciones solidarias a países limítrofes; hecho que dificulta la construcción de una sociedad democrática cuyo centro sean narrativas sobre una cultura de paz y de no violencia.

En la misma línea de prevenir la violencia en entornos educativos, en este caso la violencia de género, Paz Guarderas, Cynthia Carofilis, Carlos Reyes y Milena Mantilla exploran el biodrama como herramienta pedagógica para abordar las violencias de género entre jóvenes ecuatorianos. La investigación, exploratoria y transversal, se articula en tres estudios con dos enfoques metodológicos –cuasiexperimental y cualitativo– que permiten analizar cómo la violencia de género está condicionada por el sexismo, la percepción de la violencia de género y las emociones. Los datos empíricos, obtenidos de la aplicación de la Escala de percepción de riesgo de violencia de género, de la Escala de Experiencias Disociativas y a partir de grupos de discusión y entrevistas con estudiantes universitarios, identifican cambios tras asistir a la obra de teatro. Estas diferencias se identifican en las perspectivas ante el feminismo, la responsabilidad de los agresores o la aceptación social de esta práctica, superando la normalización y las concepciones hegemónicas sobre la violencia de género. Estos resultados permiten abrir un espacio para la reflexión y el cambio sociocultural a partir del arte y la emoción.

Por último, Alberto Martínez muestra cómo la violencia de las pandillas en El Salvador ha sido sustituida por la violencia del Estado, a través de políticas de seguridad que criminalizan a la juventud –esté vinculada o no a las pandillas– y reproducen los mismos patrones de exclusión y represión que dicen combatir. El autor argumenta que la violencia pandilleril es el reflejo de la exclusión social y la falta de oportunidades para la juventud que existe en el país, sumado a la desafección hacia las instituciones estatales. Por otro lado, afirma que la respuesta punitiva y militarizada del Estado salvadoreño aumentó la espiral de violencia a partir del gobierno del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional –FMLN– (2014) y de Bukele (2019), con derramamiento de sangre, detenciones arbitrarias y torturas que llegan hasta la actualidad. Un Estado que debilita las garantías constitucionales, como sostiene el autor, desmantelando las instituciones y la democracia; y cuyas políticas de seguridad represivas producen efectos estructurales en las trayectorias y subjetividades de la juventud, expresados en la marginación y el ciclo de la violencia.

Desde una mirada crítica y constructiva, estos artículos invitan a repensar las formas en que el Estado –en sus dimensiones legal, política, educativa y cultural– produce y reproduce formas de violencia; y cómo puede, a la vez, convertirse en un espacio de resistencia, reparación y transformación. La relevancia de estos artículos reside en su capacidad para articular evidencias empíricas con reflexión teórica; abriendo un diálogo interdisciplinario sobre la violencia institucional, las respuestas sociales y las alternativas políticas posibles. Una violencia socioestatal que no se limita a los actos represivos o punitivos, sino que se filtra en las rutinas administrativas, en los centros escolares, en los servicios de protección, en los sistemas judiciales y en las políticas de seguridad, generando, al mismo tiempo, mecanismos de exclusión, control y disciplina que se naturalizan en nombre del «bien común». Su potencia destructiva radica en su invisibilidad: en los expedientes burocráticos que deciden destinos sin rostro, en las clasificaciones institucionales que etiquetan a jóvenes como «conflictivos» o «irrecuperables» y en la normalización social de un trato desigual que socava la confianza en las instituciones y debilita los lazos comunitarios.

Este conjunto de trabajos representa una contribución sustantiva al debate sobre la construcción de la paz, la justicia social y los derechos humanos en Iberoamérica, especialmente desde la mirada de quienes históricamente han sido más silenciados: niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Reconocer la producción socioestatal de violencias exige asumir que no son meros errores o desviaciones institucionales, sino el resultado de lógicas estructurales que naturalizan el castigo y la exclusión (Tarín-Cayuela y Navarro-Pérez, 2025). Las instituciones que deberían proteger terminan reproduciendo las formas de sometimiento que dicen combatir. Bajo discursos de seguridad o disciplina, algunos gobiernos instauran tecnologías de control en la vida cotidiana y modelan subjetividades dóciles, domesticadas a base de palo, despojadas de legitimidades constitucionales. Pensar críticamente esta realidad permite desvelar algunos tipos de violencia menos visibles, que se ocultan tras la burocracia o el lenguaje de la protección. Pero también invita a imaginar otros horizontes posibles: un Estado capaz de cuidar sin dominar, escuchar sin vigilar ni castigar, reparar sin imponer. La memoria activa de la violencia sufrida por adolescentes y jóvenes permitirá construir sociedades democráticas, donde la justicia sea una práctica compartida, no un discurso institucional.