La integridad institucional se entiende en este estudio como la capacidad efectiva del Estado para ejercer el poder de forma imparcial, legal y autónoma frente a presiones indebidas, protegiendo el interés público. En este sentido, el concepto abarca tanto el diseño normativo –como la independencia judicial o los mecanismos de control– como las condiciones prácticas que permiten que dichas reglas se apliquen efectivamente incluso en contextos de debilidad institucional, redes clientelares o violencia criminal (Bauhr & Grimes, 2014; Fukuyama, 2013; Grzymala-Busse, 2008; Johnston, 2005; Mungiu-Pippidi, 2015b; Norris, 2015; Rothstein, 2011; Rothstein & Teorell, 2008). Desde esta perspectiva, la integridad institucional implica decisiones públicas basadas en reglas universales, coherentes con el principio del universalismo ético (Mungiu-Pippidi, 2015a).

Este estudio retoma esos aportes, pero adopta una lectura empírica y funcional del concepto, al concebir la integridad institucional como una propiedad estatal observable, expresada en el comportamiento real de las instituciones frente a desafíos políticos, sociales o criminales. Esta capacidad puede descomponerse en tres ejes conceptuales que permiten su medición comparada:

Estos ejes permiten conectar la integridad institucional con distintos tipos de legitimidad; por un lado, la independencia judicial y los contrapesos entre poderes remiten a condiciones de legitimidad de entrada (input legitimacy), asociadas al diseño institucional, la imparcialidad procedimental y la existencia de mecanismos efectivos de control. Por otro, la ausencia de prácticas clientelares, junto con un sistema de justicia eficaz, apunta a la legitimidad de salida (output legitimacy), entendida como la capacidad del Estado para generar resultados equitativos y confiables (Scharpf, 1997, 1999).

Los tres ejes se integran en un índice compuesto mediante PCA, que resume la información compartida entre indicadores sin ponderaciones arbitrarias. Esta medida comparada y replicable permite identificar diferencias entre países y a lo largo del tiempo, y constituye la base para analizar cómo la democracia electoral, el desarrollo económico y el COC inciden en la integridad institucional.

La literatura ha planteado que la democracia electoral, al establecer elecciones libres, competencia partidista y participación ciudadana, debería crear condiciones para que exista mayor control público, más vigilancia social y mejores mecanismos de rendición de cuentas (Diamond & Morlino, 2004; Schedler, 1999; Treisman, 2000). Si bien distintos estudios advierten que esta relación no es automática ni lineal, ya que la expansión de las reglas electorales puede coexistir con altos niveles de corrupción, captura del Estado o deterioro institucional (Donno, 2013; Treisman, 2007).

Particularmente en ALC, muchas democracias pueden considerarse «delegativas», es decir, regímenes donde se celebran elecciones periódicas, pero persisten prácticas autoritarias, bajos niveles de rendición de cuentas y escasa separación de poderes (O’Donnell, 1996). En este tipo de democracias, el voto no implica necesariamente control ciudadano ni garantiza el respeto al Estado de derecho, especialmente cuando las instituciones carecen de autonomía o están sujetas a intereses particulares.

Más aún, el predominio de una institucionalidad formal débil ha facilitado la expansión de redes clientelares, la corrupción estructural y la manipulación del aparato estatal. Por ejemplo, Levitsky y Murillo documentan cómo las instituciones latinoamericanas se caracterizan por una alta inestabilidad y ambigüedad normativa, lo que permite a los actores políticos adaptarlas o ignorarlas según sus intereses (Levitsky & Murillo, 2009). Este diagnóstico es consistente con datos recientes del Rule of Law Index del World Justice Project-2024 que ubican a la mayoría de países de la región por debajo del promedio global en control de corrupción, independencia judicial y cumplimiento legal (World Justice Project, s. f.).

Este desfase ha cuestionado los enfoques centrados en el diseño institucional, ya que las reglas informales suelen sustituir o debilitar las formales, erosionando la capacidad estatal para actuar con imparcialidad (Helmke & Levitsky, 2004). En este contexto, el enfoque de Scharpf resulta útil para entender por qué la representación democrática, por sí sola, no garantiza legitimidad institucional, ya que, cuando las instituciones no generan resultados efectivos, se erosiona la confianza pública y se reproduce una gobernabilidad débil, donde las elecciones no logran traducirse en control ni en desempeño institucional confiable (Scharpf, 1997, 1999). Tal como advierten Pierre y Peters (2020), este tipo de desconexión entre representación y resultados puede derivar en sistemas democráticos estancados, donde la práctica electoral persiste, pero sin capacidad real para sostener instituciones responsables ni responder a las demandas públicas.

Lejos de representar una anomalía, esta coexistencia refleja una forma persistente de gobernabilidad disfuncional, donde los mecanismos de control no logran traducir la competencia electoral en integridad institucional. Esta tensión teórica –entre la expectativa normativa de que las elecciones fortalezcan las instituciones y la evidencia empírica de que pueden coexistir con corrupción– plantea un reto empírico relevante: evaluar si la democracia electoral contribuye efectivamente a mejorar la integridad institucional y hasta qué punto este efecto varía entre países. Los resultados de los modelos que se desarrollan más adelante sugieren que el efecto de la democracia tiende a ser mayor en países con niveles más bajos de integridad institucional, lo que plantea nuevas preguntas sobre los mecanismos mediante los cuales la competencia electoral puede traducirse en mejoras reales de la integridad institucional en escenarios frágiles.

En las últimas décadas, el papel del crimen organizado ha adquirido una creciente relevancia en los estudios sobre gobernabilidad y desempeño estatal en ALC, y aunque existen trabajos que analizan sus efectos en términos de cooptación, violencia y fragmentación institucional (Acemoglu et al., 2013; Ponce, 2016; Trejo & Ley, 2016, 2020, 2021), aún son escasos los enfoques que abordan de manera sistemática su impacto sobre la integridad institucional como una capacidad estatal para resistir interferencias indebidas y operar con imparcialidad. Algunos estudios han mostrado que en ciertos contextos la presencia de organizaciones criminales puede alterar el equilibrio institucional, ya que, más que tratarse de un fenómeno exclusivamente vinculado a la seguridad, el crimen organizado ha adquirido la capacidad de incidir directamente en la dinámica democrática y el funcionamiento del Estado, mediante cooptación de autoridades, infiltración en procesos electorales o presión violenta sobre funcionarios públicos (Snyder & Durán-Martínez, 2009; Trejo & Ley, 2020).

Aunque hay consenso sobre el impacto del crimen organizado en las instituciones, hoy preocupa que esa influencia ya no dependa de la violencia visible ni del control territorial. En muchos casos basta con condicionar una candidatura, financiar campañas o colocar funcionarios clave para capturar decisiones desde dentro. Esta forma de intervención se mueve en escenarios que aparentan normalidad democrática, pero altera la lógica institucional porque permite moldear las reglas en favor de intereses criminales.

Lo relevante no es solo que el crimen organizado use la violencia o penetre estructuras estatales, sino que logre alterar los equilibrios del poder público sin romper la fachada democrática. Su interferencia puede debilitar controles, pero también forzar respuestas institucionales, dependiendo de factores como la autonomía judicial, la densidad burocrática o la presencia de contrapesos reales. Por eso, más que asumir efectos homogéneos, resulta clave examinar cómo el COC se asocia con diferentes niveles de integridad institucional en los países de la región.

En países como México y Colombia, la apertura democrática no implicó necesariamente un fortalecimiento institucional; por el contrario, coincidió con una expansión del crimen organizado, el aumento de la violencia y la disputa entre organizaciones delictivas por capturar espacios institucionales. En estos contextos, la competencia electoral llegó a coexistir con una competencia paralela entre grupos criminales por influir en elecciones, condicionar decisiones gubernamentales y acceder a recursos públicos (Durán-Martínez, 2018; Flores Rivera, 2024; Snyder & Durán-Martínez, 2009; Trejo & Ley, 2016, 2020, 2021). La evidencia sugiere que, durante el periodo autoritario, ciertos equilibrios informales entre autoridades y grupos criminales permitieron mantener niveles relativamente bajos de violencia. La democratización rompió esos equilibrios sin crear simultáneamente instituciones capaces de regular el nuevo entorno competitivo, lo que derivó en una mayor exposición a la cooptación y visibilidad de la violencia (Snyder & Durán-Martínez, 2009; Trejo & Ley, 2018).

Aunque se implementaron reformas institucionales orientadas a profesionalizar cuerpos policiales, transformar el sistema de justicia penal o ampliar la presencia estatal –como la adopción del sistema acusatorio en México o la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia–, sus resultados han sido parciales. La mayoría de estos esfuerzos no lograron contener la expansión del crimen organizado ni garantizar una protección efectiva de las instituciones frente a la cooptación (Duncan & Suárez, 2019; Shirk & Wallman, 2015).

Por su parte, en Honduras y El Salvador, aunque con trayectorias distintas, las estructuras criminales como la Mara Salvatrucha (MS-13) han logrado establecer redes de protección política y vínculos con actores estatales. De hecho, están bien documentadas sus estrategias para penetrar cuerpos policiales y estructuras locales mediante sobornos, pactos de no agresión o apoyo electoral (Farah & Babineau, 2017; InSight Crime, 2024). Si bien en ambos países se han implementado reformas orientadas al control del crimen –como estados de excepción, militarización de la seguridad o transformaciones legales–, estos esfuerzos no han consolidado una institucionalidad fuerte ni garantizado mecanismos sostenidos de control y rendición de cuentas. Más bien, en varios casos, la violencia organizada ha continuado operando bajo reglas propias, paralelas a las del Estado.

Este panorama cuestiona los enfoques que asumen efectos automáticamente negativos del COC sobre las instituciones. Si bien este escenario suele asociarse con captura institucional, corrupción o debilitamiento del Estado de derecho (Snyder & Durán-Martínez, 2009; Trejo & Ley, 2020), también existen contextos donde las presiones derivadas de amenazas internas o de violencia sostenida pueden, en ciertos casos, impulsar reformas judiciales, expansión de capacidades coercitivas o fortalecimiento parcial de mecanismos de control (Acemoglu et al., 2013; Fukuyama, 2004).

Más allá de estos enfoques, la literatura ha sistematizado esta variabilidad en dos marcos conceptuales: la resiliencia institucional y la captura del Estado. La primera alude a la capacidad de las instituciones para resistir y adaptarse frente a presiones adversas, vinculada a procesos de persistencia y supervivencia democrática en contextos de crisis (Boese et al., 2021; Coppedge et al., 2022; Fewsmith & Nathan, 2019; Przeworski, 2019). En contraste, la captura describe escenarios en los que actores poderosos –económicos, políticos o criminales– logran cooptar sistemáticamente reglas y decisiones, debilitando la autonomía estatal y favoreciendo dinámicas de corrupción estructural (Fazekas & Tóth, 2016; Hellman et al., 2000; Innes, 2014; Schomaker & Bauer, 2020).

A partir de esta discusión, este estudio propone distinguir dos configuraciones analíticas:

Siguiendo los enfoques sobre integridad institucional y rendición de cuentas horizontal (Mungiu-Pippidi, 2015a; O’Donnell, 1996), así como los estudios sobre captura estatal y penetración criminal (Snyder & Durán-Martínez, 2009; Trejo & Ley, 2020) y las propuestas sobre resiliencia institucional frente a presiones externas (Fukuyama, 2004; Grzymala-Busse, 2008), este estudio plantea que en ALC la democracia electoral y el COC influyen en la integridad institucional, pero sus efectos no son uniformes. Se espera que estas relaciones presenten variaciones sustantivas entre países, en función de sus configuraciones institucionales y trayectorias políticas.

La literatura metodológica sugiere que las relaciones entre variables institucionales y de gobernanza deben modelarse considerando la estructura jerárquica de los datos. El análisis multinivel permite capturar efectos promedio entre países y también la variación en las pendientes (efectos aleatorios), lo que resulta especialmente importante en estudios comparativos donde se espera que los procesos políticos tengan impactos diferenciados según el contexto (Steenbergen & Jones, 2002).

Así, la integridad institucional no se aborda como una constante regional, sino como un fenómeno contextual y contingente, condicionado por la interacción entre democracia y COC en marcos institucionales heterogéneos.

El producto interno bruto per cápita (PIB per cápita, en paridad de poder adquisitivo y ajustado a precios constantes de 2017) se incluyó como una variable de control, con datos obtenidos del Banco Mundial, ya que se trata de un indicador ampliamente utilizado para reflejar el nivel de desarrollo económico de un país y puede influir en distintas dimensiones asociadas al III, como la capacidad judicial, el control del Ejecutivo o la prevalencia de prácticas de corrupción y clientelismo. Aunque algunos estudios han encontrado una relación positiva entre desarrollo económico e integridad, otros advierten que este vínculo no siempre es lineal, pues el crecimiento puede coexistir con altos niveles de corrupción o debilidad institucional (Ali Trabelsi, 2023; Flores Márquez et al., 2024; Swaleheen, 2011).

El modelo 1 de la Tabla I presenta los resultados de un modelo multinivel que estima cómo la democracia electoral, el PIB per cápita y el COC afectan el III. Los coeficientes están acompañados de sus errores estándar (entre paréntesis) y se estimó un intercepto aleatorio para cada país.

Los resultados muestran que la democracia electoral se asocia positivamente con el III, es decir, mayores niveles de democracia corresponden a mayor integridad institucional. El PIB per cápita también tiene un efecto positivo, aunque pierde robustez en el modelo 2 al permitir variación entre países. Por su parte, el COC presenta un coeficiente positivo y significativo; no obstante, este efecto es menor y, como se observará en el modelo 3, esconde variaciones importantes entre países, lo que indica que la relación entre COC y el III no puede interpretarse como un efecto uniforme.

Además del efecto promedio, el modelo estima un intercepto específico para cada país, y con ello se identifican diferencias sistemáticas en los niveles de III que no se explican por las variables incluidas. La Figura V muestra esta variación, donde los valores positivos indican que el país tiene un nivel del III superior al esperado por el modelo, mientras que los negativos reflejan un desempeño menor al estimado con base en democracia, desarrollo económico y COC.

El modelo 2 en la Tabla II examina si el efecto de la democracia electoral sobre el III varía entre países, por lo que se estima un intercepto aleatorio y una pendiente aleatoria para democracia electoral.

En este modelo, la democracia electoral mantiene un efecto promedio positivo, pero no homogéneo, ya que la desviación estándar de la pendiente (2.85) muestra variaciones importantes y la correlación negativa intercepto-pendiente (-0.80) indica que su impacto es mayor en países con bajo III y más moderado en los de alto III. La Figura VI ilustra estas diferencias con predicciones por país, bandas de confianza del 95 % y el promedio regional en línea discontinua.

Mientras en países como México o Nicaragua, donde existen altos niveles de COC y problemas estructurales en el Estado de derecho, la democracia electoral parece tener un efecto más fuerte y positivo sobre el III, en otros casos como Jamaica, donde también hay presencia de COC, pero con una trayectoria institucional distinta, ese efecto es casi nulo. Estos resultados respaldan el planteamiento central del estudio: la democracia electoral, por sí sola, no asegura una mayor integridad institucional.

El modelo 3 de la Tabla 3 incluye un intercepto aleatorio por país y una pendiente aleatoria para la variable COC.

Aunque el efecto promedio del COC no resulta significativo, la variación en su pendiente (0.73) muestra que su impacto cambia según el contexto institucional de cada país, ya que la correlación negativa entre el intercepto y la pendiente (-0.79) indica que, en contextos con bajos niveles del III, el COC tiende a ser más negativo, mientras que en países con instituciones más sólidas ese impacto es más moderado.

En la Figura VII se presentan estos resultados, donde es posible observar cómo varía el efecto del COC en cada país, con líneas de tendencia por país y bandas de confianza del 95 %. La línea discontinua que representaría el promedio regional no se incluye, ya que el efecto fijo no resultó estadísticamente significativo.

Para identificar los países en los que el COC tiene un efecto significativo sobre el III, se estimaron los efectos aleatorios del modelo 3 y se calcularon intervalos de confianza al 95 % para cada pendiente. Los países que muestran efectos significativos son Brasil, Ecuador, México, Guatemala y Jamaica, todos ellos con antecedentes de COC.

En Brasil, Ecuador y México el efecto del COC es positivo y significativo, lo que indica que en estos países el COC podría estar asociado con alguna forma de respuesta institucional. Por el contrario, en Guatemala y Jamaica el efecto es negativo y significativo, lo que sugiere que el COC tiende a debilitar el III. Estas diferencias refuerzan la distinción propuesta en el marco teórico entre «COC con resiliencia institucional» –donde el COC coexiste con mejoras institucionales– y «COC con erosión institucional», donde prevalece el deterioro.

Este anexo presenta las variables empleadas en el Análisis de Componentes Principales (PCA). Todas provienen de la base V-Dem, versión 1960-2023, y corresponden a indicadores estandarizados construidos por ese proyecto.

Eje conceptual 1. Respeto al Estado de derecho

Eje conceptual 2. Mecanismos de control y supervisión horizontal

Eje conceptual 3. Ausencia de prácticas de corrupción y clientelismo político

Este anexo presenta las cargas obtenidas para el primer componente principal, el cual sintetiza el patrón común entre los indicadores descritos en el Anexo A.