El artículo examina la posición bifronte de México, ubicado entre América del Norte y América Latina, y su impacto en la política hacia el embargo estadounidense a Cuba. Bajo el marco de los Estados bifronte, operacionalizado en tres dimensiones (geoeconómica, normativo-jurídica y simbólico-identitaria), se recurre a un análisis histórico-documental e interpretativo de registros diplomáticos y literatura especializada. Los resultados sugieren que dicha bifrontalidad enmarca y ayuda a comprender tanto la capacidad mediadora mexicana como las limitaciones para ser percibida como parte de una sola región.
This article examines Mexico’s two-faced position between North and Latin America and its impact on policy toward the U.S. embargo on Cuba. Using the bilateral-state framework, operationalized through geoeconomic, normative-legal and symbolic-identitarian dimensions, the article draws on a historical-interpretive analysis of diplomatic records and specialized literature. The analysis suggests that two-facedness frames and helps to interpret Mexico’s mediating capacity while also illuminating its difficulty in being perceived as belonging to a single region
La política exterior mexicana ha estado históricamente marcada por la tensión entre sus lazos culturales con América Latina y su proximidad geopolítica a Estados Unidos (EE. UU.). Desde la Revolución cubana de 1959, la relación bilateral entre México y Cuba se ha convertido en un termómetro de esa ambivalencia, pues permitió a los distintos gobiernos mexicanos seguir defendiendo los principios de no intervención y autodeterminación mientras preservaban una relación estratégica con Washington
Considerando que la bifrontalidad no determina conductas, pero enmarca la lógica mediante la cual México ha articulado su doble anclaje como recurso de mediación en torno al embargo a Cuba, el objetivo del artículo es valorar cómo la condición bifronte puede entenderse no solo como un rasgo descriptivo, sino como un marco analítico. Para ello, se propone desagregar el concepto en tres planos interdependientes (dimensiones geoeconómica, normativo-jurídica y simbólico-identitaria). En conjunto, estos tres planos se presentan como una heurística de lectura, donde la inserción geoeconómica se asocia a dilemas recurrentes, la normativa ofrece la gramática para encuadrarlos y la identidad regional contribuye a la legitimidad social de las decisiones resultantes. Así, la pregunta de investigación que guía este estudio es: ¿Cómo se manifiesta la política exterior bifronte de México en su relación con Estados Unidos y Cuba, considerada a través de las dimensiones geoeconómica, normativo-jurídica y simbólico-identitaria, en el marco del embargo cubano (1960-2024)?
Metodológicamente se adopta un enfoque cualitativo basado, por un lado, en una revisión exhaustiva de la literatura especializada –desde los trabajos sobre doctrinas y política exterior (Covarrubias,
El análisis se organiza en cuatro períodos críticos (1960-1973, 1974-1993, 1994-2006 y 2007-2024) para rastrear, en cada etapa, la presencia o erosión de las tres dimensiones del bifrontismo (geoeconómico, normativo-jurídico y simbólico-identitario) y evaluar cómo han condicionado la política mexicana hacia Cuba, en particular ante el bloqueo político, económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba. Iniciado en 1960 durante la Guerra Fría, este régimen se consolidó como una de las sanciones más prolongadas de la política estadounidense, todavía vigente. Se formalizó mediante leyes como la Torricelli (1992) y la Helms-Burton (1996) (USA,
Al integrar teoría, evidencia histórica y documentación diplomática, el artículo propone un marco de lectura teórico-conceptual desde la experiencia mexicana que entraña la bifrontalidad para un país que busca, al mismo tiempo, preservar una asociación económica vital con Estados Unidos y proyectar solidaridad con América Latina. De este modo, se ofrece una interpretación más matizada de la excepcionalidad mexicana y se abre una agenda comparativa para otros Estados bifrontes, como Turquía o Irán (
El concepto de Estado bifronte emerge de la observación de aquellos países que buscan anclarse simultáneamente en dos –o más– espacios regionales estratégicos, diseñando repertorios diplomáticos diferenciados para moverse entre ellos. La obra seminal de Herzog y Robins (
Según Robins (
Aunque la geografía sea central, la bifrontalidad no se reduce al territorio. Robins (
La noción de Estado bifronte dialoga con al menos tres familias conceptuales que, aunque comparten la intuición de «doble pertenencia», difieren en el tipo de frontera que privilegian y en la agencia que otorgan al actor. Una primera comparación ineludible es con los
Un segundo paralelo conceptual emerge con la categoría de los Estados insulares o
Finalmente, un tercer grupo de conceptos gira en torno a la idea de potencias intermedias o
Otro punto de diferenciación en la literatura es la distinción entre regionalismo y bifrontalidad. Robins (
El concepto de Estado bifronte por tanto se comprende a partir de la combinación de tres ejes: geoeconómico, normativo-jurídico y simbólico-identitario (
| EJE | DEFINICIÓN GENERAL | LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO |
|---|---|---|
| GEOECONÓMICO | Conjunto de vínculos materiales –comercio, inversión, financiamiento y cadenas de suministro– que el Estado mantiene con al menos dos complejos económicos regionales. | La doble ancla tiende a asociarse con incentivos contrapuestos, que generalmente se traduce en una región dominante y otra secundaria. La región dominante suele exigir disciplina regulatoria y previsibilidad; la región secundaria ofrece márgenes de flexibilidad y canales de cooperación, aunque sin una integración tan intensa. El Gobierno puede jugar con esa asimetría para obtener concesiones o atenuar presiones externas (e. g., cláusulas de inversión, acceso a mercados). |
| NORMATIVO-JURÍDICO | Marco de principios y doctrinas que legítima la doble pertenencia: incluye normas constitucionales, doctrinas de política exterior y compromisos internacionales que el Estado invoca para justificar sus decisiones ante audiencias internas y externas. | Funciona como válvula de legitimación: reencuadra acciones potencialmente contradictorias (e. g., abstenerse en sanciones o aprobar leyes de bloqueo) como defensa de la soberanía o del derecho internacional, neutralizando acusaciones de alineamiento automático. También opera como «regla de uso» que delimita hasta dónde se puede ceder sin erosionar la identidad jurídica del Estado. |
| SIMBÓLICO-IDENTITARIO | Capital imaginario e histórico (mitos fundacionales, narrativas civilizatorias, memoria de lucha) que permite al Estado proyectarse como puente cultural entre dos espacios y atender a presiones internas. | Al generar |
La bifrontalidad no es solo una etiqueta topográfica, sino un marco analítico tridimensional que combina recursos materiales, legitimidad normativa y capital simbólico para producir márgenes de maniobra singulares. El eje geoeconómico sitúa al Estado entre dos circuitos productivos y le confiere «fichas de canje» que pueden convertirse en apalancamiento diplomático; el eje normativo jurídico le provee la gramática con la que reformula cada concesión, blindándola frente a audiencias internas y foráneas; y el eje simbólico identitario le otorga la credibilidad cultural necesaria para que los mensajes emitidos desde la Cancillería resuenen en ambas regiones sin ser percibidos como incoherentes. Lejos de operar de forma aislada, estos planos interactúan en dinámicas de refuerzo y contención mutua: una narrativa identitaria sólida amplía el
Esta arquitectura explicativa resulta especialmente fértil para comprender la trayectoria mexicana frente al embargo a Cuba. Como se muestra en las secciones siguientes, la Cancillería mexicana explota su inserción asimétrica en América del Norte, invoca la doctrina Estrada para reencuadrar cada voto en la OEA y moviliza símbolos de latinidad revolucionaria para sostener su papel de mediadora. El modelo de Estado bifronte operacionalizado a través de los tres ejes descritos permite, así, iluminar estrategias que categorías centradas únicamente en fracturas internas, en funciones de amortiguación o en el tamaño material del poder no alcanzan a explicar. Con este andamiaje teórico, pasamos ahora a rastrear cómo México ha puesto en práctica su particular equilibrio entre Norte y Sur.
Desde el momento en que se intenta clasificar a México dentro de uno de los subcontinentes americanos, surgen las primeras dificultades. Geográficamente, los libros lo ubican en América del Norte, dada su extensa frontera con Estados Unidos –de 3.141 km– y la gran distancia que lo separa de América del Sur, divididos ambos por la estrecha franja de América Central. Sin embargo, desde una perspectiva histórica y lingüístico-cultural, México se desliga de América del Norte para asociarse con el grupo latinoamericano.
Como señala Pellicer (
Dado que «cusp States seem to feel the compulsion of two gravities most acutely when those gravities represent a force that is difficult to resist» (
Desde su independencia, México ha dividido su atención entre sus relaciones con América del Norte y América Latina. Por un lado, los países latinoamericanos se establecieron como naciones hermanas debido a su conexión lingüístico-cultural y su pasado colonial. Por otro, Estados Unidos exigía una atención especial debido a su política expansionista, que resultó en la pérdida de la mitad del territorio mexicano en la primera mitad del siglo XIX. A partir de esto, América Latina se configuró dentro de la estrategia de política exterior mexicana como un contrapeso diplomático frente a las acciones de Estados Unidos (
Sin embargo, según González (
Este histórico dilema entre la aproximación simbólica y el distanciamiento real se explica, según González (
Considerando lo anterior, la postura bifronte de México encaja en el concepto de
Para analizar la evolución del posicionamiento mexicano ante el embargo, esta sección se organiza en cuatro periodos históricos que coinciden con hitos clave, tanto internacionales como internos. El primer periodo (1960-1973) abarca la Guerra Fría temprana, desde la imposición del embargo en 1960 hasta la distensión inicial de la década de 1970, cuando México sostuvo su política de no intervención y mantuvo vínculos con Cuba a pesar de las presiones hemisféricas. El segundo periodo (1974-1993) cubre la etapa de diplomacia tercermundista mexicana y concluye con el fin de la Guerra Fría, periodo en que Cuba comenzó a reintegrarse en la región y México inició su apertura económica. El tercer periodo (1994-2006) se define por la integración económica norteamericana con la entrada en vigor del TLCAN (1994) y la transición política mexicana, marcada por la alternancia partidista del año 2000. Finalmente, el cuarto periodo (2007-2024) abarca la consolidación de la alternancia democrática y un escenario hemisférico pos-Guerra Fría, incluyendo acontecimientos recientes como el acercamiento EE. UU.-Cuba en 2014 seguido de sus retrocesos posteriores. Esta periodización, delimitada por la Guerra Fría, la transformación del orden económico (TLCAN) y la transición democrática mexicana, permite observar con claridad cómo varían las dimensiones geoeconómica, normativo-jurídica y simbólico-identitaria del bifrontismo mexicano en contextos históricos diferenciados.
Desde el inicio del embargo estadounidense contra Cuba, México adoptó una postura que combinaba la defensa del principio de no intervención con la preservación de sus vínculos comerciales y diplomáticos con La Habana. Esta posición, sostenida por las administraciones de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, permitió al país mostrar solidaridad hemisférica sin romper abiertamente con Washington.
El reconocimiento diplomático de 1960 y la negativa mexicana a secundar la resolución de la OEA que expulsó a Cuba en 1962 ilustran la dimensión normativo-jurídica del bifrontismo: al ampararse en las doctrinas Carranza y Estrada, la Cancillería presentó su voto «no» como defensa del derecho internacional y de la autodeterminación (
Así, en paralelo, la dimensión simbólico-identitaria se proyectó cuando López Mateos invocó la latinoamericanidad para justificar la continuidad de las relaciones, discurso bien recibido por sectores universitarios y sindicatos de trabajadores, junto a las políticas apoyadas por Cárdenas y por la prensa cercana a la Revolución cubana (
Para minimizar fricciones, Díaz Ordaz autorizó a su embajador en Washington a coordinar «canales discretos» de información sobre la isla, reforzando una colaboración que permitía a México presentarse como interlocutor útil ante la Casa Blanca sin abdicar de su vínculo con La Habana (
La llegada de Luis Echeverría (1970-1976) inauguró una fase en la que el discurso tercermundista y el activismo multilateral reforzaron la dimensión simbólico-identitaria del bifrontismo. Desde la Cumbre de Argel (1973) hasta sus «giras solidarias» por África y Asia, el presidente presentó a México como vocero de los países del Sur, al tiempo que reivindicaba la legitimidad revolucionaria de Cuba como parte irrenunciable del imaginario latinoamericano (
Este equilibrio discursivo se tensionó en los años ochenta, cuando el colapso de los precios del crudo y la crisis de la deuda obligaron a José López Portillo y a Miguel de la Madrid a recortar el gasto social y a firmar drásticos acuerdos con el FMI. Paradójicamente, la dependencia financiera con Estados Unidos –dimensión geoeconómica– convivía con una política exterior que seguía privilegiando la interlocución con La Habana y la latinoamericanidad. Por ejemplo, México fue pieza clave del Grupo Contadora (1983-1986). Los cables «Contadora Consultations with Cuba» revelan que La Habana confiaba en la diplomacia mexicana para proteger sus intereses en Nicaragua y El Salvador, al tiempo que aceptaba la moderación del lenguaje para no comprometer los préstamos emergentes que México recibía del Tesoro estadounidense (
La transición al salinismo (1988-1994) consolidó esta convergencia pragmática. Mientras Carlos Salinas de Gortari negociaba el TLCAN, intensificó el diálogo presidencial con Fidel Castro, como se nota en la presencia de este último en la toma de posesión del primero. Además, dio instrucciones para que Pemex mantuviera cuotas preferenciales de crudo a la isla, alegando que la cooperación energética podía «compensar» el sesgo norteamericano del nuevo modelo exportador (Ojeda Gómez, 2008). Al mismo tiempo, el equipo negociador del TLCAN se servía de la relación con La Habana como ficha de presión simbólica y apaciguadora de las presiones nacionales, como en el caso del levantamiento armado del ejército zapatista lanzado en Chiapas en el mismo día que el TLCAN entró en vigor.
La entrada en vigor del TLCAN en 1994 reconfiguró la dimensión geoeconómica del bifrontismo: México se integró en las cadenas de valor norteamericanas y colocó el mercado estadounidense como destino de más del 80 % de sus exportaciones. Esta interdependencia limitó el margen para realizar gestos de alto costo hacia Cuba, pero no borró la lógica dual. Así se vio en 1992-1996, cuando Washington intensificó el embargo mediante las leyes Torricelli y Helms-Burton. Ciudad de México reaccionó con una combinación de firmeza jurídica y coordinación regional. Primero emitió una nota diplomática de rechazo (1992); luego impulsó, junto con Canadá, la invocación de los mecanismos del TLCAN para cuestionar la extraterritorialidad de Helms-Burton (
Esta respuesta reforzó la dimensión normativo-jurídica, pues la Cancillería presentó la Ley Antídoto como defensa de la soberanía mexicana y del principio de no intervención más que como respaldo incondicional a Cuba (
El sexenio de Vicente Fox (2000-2006) expuso la fragilidad de ese equilibrio. Su agenda de promoción democrática y de los derechos humanos acercó a México al discurso de Washington y tensó la dimensión jurídico-normativa: la Cancillería, liderada por Jorge Castañeda, votó contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (2002-2004) y defendió la cláusula democrática en la OEA (
Paradójicamente, el mismo periodo evidenció cómo la dimensión geoeconómica podía blindar ciertos espacios de negociación. En 2006, cuando el hotel Sheraton María Isabel expulsó a funcionarios cubanos bajo órdenes de su matriz estadounidense, el Gobierno invocó la Ley Antídoto. Pero, en seguida, minimizó el incidente, enfocándose en una posible infracción localizada del hotel, para no escalar el conflicto (
Bajo Felipe Calderón (2006-2012), se estableció un esfuerzo diplomático en recuperar las relaciones diplomáticas con Cuba y poner a México nuevamente dentro del escenario latinoamericano. En particular, dicho movimiento en materia de política exterior tenía una gran influencia del contexto de intensa disputa interna ante las denuncias de fraude electoral que resulto en la victoria de Calderón y en la derrota del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés López Obrador (AMLO) (
La dimensión geoeconómica siguió dominada por Norteamérica; sin embargo, la SRE reactivó convenios de cooperación turística, sanitaria y energética con La Habana. Ejemplo de esto está en el Acuerdo Básico de Cooperación de enero de 2008, que autorizó brigadas médicas cubanas en Chiapas y Yucatán –mostrando que la integración comercial no impedía márgenes de colaboración Sur-Sur–. Al mismo tiempo, la guerra contra el narcotráfico estrechó la coordinación de seguridad con Estados Unidos (Iniciativa Mérida), lo que obligó a un discurso cauteloso: México votó contra el embargo en la ONU, pero evitó una retórica desafiante para no comprometer fondos antinarcóticos, que eran prioridades del Gobierno de Calderón en su guerra contra el narcotráfico (
La administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) profundizó una lógica de «balance selectivo». En particular, reactivó la dimensión simbólico-identitaria presentándose como «facilitador histórico» –por ejemplo, con la visita oficial a La Habana en 2014–, mientras aseguraba a Washington que esos gestos no interferirían con la negociación del TLCAN. El acercamiento respondió también a cálculos internos: el PRI buscaba respaldo a su agenda de reformas estructurales y contrapeso a una oposición de izquierda que tradicionalmente simpatizaba con Cuba, lo que retoma la dimensión simbólico-identitaria. En el plano externo, la nueva Ley de Inversiones Extranjeras de la isla (2014) intensificó la dimensión geoeconómica ante las oportunidades abiertas a empresas mexicanas
No obstante, la gran paradoja de este «balance selectivo» se hizo ante el anuncio de restablecimiento diplomático, en diciembre de 2014, por Washington y La Habana, sin participación mexicana. Desde la óptica bifronte, aquella ausencia reveló fisuras: en el plano simbólico-identitario, México dejó pasar una oportunidad de reafirmar el liderazgo latinoamericanista que pregonaba; en el plano normativo-jurídico, su histórico argumento de interlocutor imparcial perdió relevancia al no ser convocado por ninguna de las partes; y, en el plano geoeconómico, la prioridad otorgada al cierre del T-MEC restó incentivos para asumir riesgos diplomáticos que pudieran incomodar a Washington.
Finalmente, con López Obrador (2018-2024) el bifrontismo mexicano se volvió más explícito y abiertamente solidario con La Habana. El mandatario tachó el embargo de «injusto e inhumano», envió buques con diésel y oxígeno médico durante la pandemia de COVID y reivindicó la cooperación Sur-Sur como un derecho soberano. Tales gestos apuntalaron la dimensión normativo-jurídica (doctrina Estrada y asistencia humanitaria) y, a la vez, reforzaron la dimensión simbólico-identitaria, en particular, alcanzando la base progresista que sustenta la Cuarta Transformación, con una retórica soberanista (
Este artículo propuso una arquitectura analítica para leer el fenómeno del Estado bifronte, organizada en tres dimensiones –geoeconómica, normativo-jurídica y simbólico-identitaria–. A partir de una lectura descriptivo-interpretativa del caso mexicano frente al embargo a Cuba, se observa que la bifrontalidad no determina conductas, pero enmarca cómo se gestionan tensiones entre el acceso a mercados, la coherencia normativa y la legitimidad diplomática cuando conviven pertenencias múltiples.
| Periodo | Dimensión predominante (bifrontismo) |
|---|---|
| 1960-1973: Guerra Fría inicial, gobiernos PRI posrevolucionarios (López Mateos, Díaz Ordaz, inicios de Echeverría) | Normativo-jurídica (primacía de principios de política exterior) |
| 1974-1993: Apertura tercermundista y Crisis de deuda, gobiernos PRI (Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas) | Simbólico-identitaria (proyección latinoamericanista y del Tercer Mundo) |
| 1994-2006: Integración neoliberal (TLCAN) y alternancia, gobierno PRI tecnocrático y primer gobierno PAN (Zedillo, Fox) | Geoeconómica (interés estratégico económico con EE. UU.) |
| 2007-2024: Reequilibrio y reactivación latinoamericanista, gobiernos PAN/PRI moderados y giro izquierdista con MORENA (Calderón, Peña Nieto, López Obrador) | Normativo-jurídica (retorno al principio de no intervención; soberanía) y simbólico-identitaria (especialmente bajo el liderazgo nacionalista de izquierda) |
El examen histórico muestra que la bifrontalidad mexicana fue más eficaz cuando combinó un anclaje normativo-jurídico robusto (no intervención, respeto a la soberanía) con una proyección simbólico-identitaria latinoamericanista, sin romper los mínimos puentes geoeconómicos con EE. UU. Este equilibrio produjo sus mejores rendimientos en 1960-1973 y 2018-2024, cuando México pudo sostener públicamente principios y solidaridad regional mientras gestionaba pragmáticamente su interdependencia norteamericana. En contraste, durante 1994-2006 la eficacia geoeconómica aumentó con el TLCAN, pero se redujo la capacidad de mediación simbólico-regional. El punto bajo de eficacia bifronte para fines de mediación y liderazgo regional se observó en la primera mitad de la década de los 2000, cuando el alineamiento político con Washington deterioró la cohesión identitaria latinoamericana del discurso mexicano.
En términos conceptuales, el valor agregado del trabajo radica en pasar de la mera caracterización del Estado bifronte como rasgo hacia una matriz operativa reutilizable con criterios explícitos de lectura documental. Esta arquitectura facilita la trazabilidad, la replicabilidad y la comparabilidad entre contextos, ofreciendo un instrumento para ordenar evidencia histórica y diplomática, incluso cuando no se pretende una inferencia causal. Con ello se colma una laguna de la literatura al proveer una guía analítica capaz de estabilizar vocabularios, indicadores y preguntas para futuras aplicaciones.
En particular, la arquitectura analítica de Estados bifrontes aquí propuesta se presenta como una relevante herramienta de análisis en casos de i) embargo y sanciones internacionales; ii) conflictos regionales y seguridad; y iii) mediación diplomática y foros multilaterales. Por ejemplo, el caso de Turquía como Estado bifronte tiene un potencial analítico ante cada uno de esos temas, respectivamente: i) ante su condenación formal a la agresión rusa a Ucrania, pero negándose a secundar ciertas sanciones occidentales; ii) ante su lugar de aliado a OTAN y también socio de Rusia; y iii) ante su pertenencia doble a instancias multilaterales de Europa y Medio Oriente.
De este marco se derivan líneas de investigación promisorias como comparaciones sistemáticas entre países potencialmente bifrontes para mapear variaciones en la gestión de los dilemas políticos y análisis longitudinal de ciclos políticos sobre la configuración de las dimensiones. Las implicaciones prácticas son igualmente potentes para tomadores de decisión, como cuidar la coherencia entre principios declarados y posicionamientos en foros para evitar disonancias performativas y gestionar el capital simbólico mediante narrativas consistentes que articulen pertenencias múltiples sin erosionar legitimidad. Cuando se administra con consistencia, la bifrontalidad puede ampliar márgenes de mediación y diversificar opciones de
En último término, mirar la bifrontalidad desde esta arquitectura analítica es también un ejercicio de prudencia: nos recuerda que, entre principios y conveniencias, los Estados habitan zonas grises donde la coherencia rara vez es perfecta. Más que dictar recetas, el marco invita a leer las ambivalencias y a reconocer que la legitimidad se construye en equilibrios inestables entre economía, norma e identidad.
La revisión de la literatura comparada indica que otros países de América Latina han sido objeto de análisis similares. Por ejemplo, Silva (
Es relevante destacar que, al momento de la aprobación de la Ley Helms-Burton, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ya se encontraba en vigor. En este contexto, su propia legislación incorporó disposiciones específicas para garantizar que las sanciones impuestas a Cuba no se vieran afectadas por el acuerdo comercial. En su texto, la ley establece explícitamente que «The NAFTA rules of origin will not in any way diminish the Cuban sanctions program […]. Nothing in the NAFTA would operate to override this prohibition» (
Para un análisis comparado de las posiciones latinoamericanas en la VIII Reunión de Consulta, véase Pettinà (
Un dato relevante es que una empresa procesadora de carne mexicana, la Richmeat, fue la primera empresa extranjera autorizada por el Gobierno cubano para realizar inversiones directas en la isla.