El Salvador, un país marcado por décadas de violencia y desigualdad, ha experimentado una transformación radical en su panorama de seguridad en los últimos años. Desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, que pusieron fin a una guerra civil de 12 años, la nación centroamericana ha lidiado con el surgimiento y la consolidación de pandillas violentas, como la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18. Estas estructuras, originadas en contextos de exclusión social y migración forzada, se convirtieron en actores centrales de la violencia urbana, controlando territorios, extorsionando a la población y desafiando la capacidad del Estado para garantizar seguridad (Cruz, 2010; Wolf, 2017). Sin embargo, en los últimos años, la narrativa de la violencia en El Salvador ha experimentado un giro profundo: de estar centrada principalmente en las pandillas como agentes del desorden, ha evolucionado hacia un escenario en el que el propio Estado se ha convertido en un actor central de violencia sistemática. Este fenómeno no solo es perceptible a nivel discursivo, sino que ha sido ampliamente documentado por la literatura académica y el análisis crítico de las políticas de seguridad implementadas en el país. García-Pinzón y Rojas-Ospina (2020) señalan que, a pesar de la transición democrática posterior a la guerra civil, los sucesivos gobiernos han apostado por estrategias de «mano dura» que privilegian la represión sobre la prevención. Estas políticas han reforzado una lógica de «securitización» que redefine a las pandillas como enemigos internos, justificando así el uso intensivo de la fuerza estatal. Esta construcción narrativa ha permitido al Estado legitimar medidas punitivas que, lejos de resolver el problema de la violencia, lo han complejizado y desplazado hacia nuevas formas institucionalizadas. Por su parte, González y Nateras-Domínguez (2023) exponen cómo estas prácticas represivas se materializan en lo que denominan un «contínuum de violencia institucional», caracterizado por ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y condiciones carcelarias inhumanas. En este contexto, la noción de necropolítica –entendida como la capacidad del Estado para decidir quién vive y quién muere (Mbembe, 2011)– se vuelve especialmente pertinente para analizar la manera en que el aparato estatal administra la muerte como forma de control social.

Este artículo busca analizar esta transición, centrándose en el impacto que las políticas de seguridad han tenido en los jóvenes salvadoreños, tanto aquellos vinculados a las pandillas como aquellos ajenos a ellas. Partiendo de una perspectiva histórica, se examinará la evolución de las pandillas desde la década de 1990 hasta la actualidad, así como las respuestas del Estado, desde políticas de «mano dura» hasta las políticas implementadas por el Gobierno de Nayib Bukele.

Desde la llegada al poder de Nayib Bukele en 2019, El Salvador ha vivido un cambio radical en los resultados de las políticas de seguridad pública. El Gobierno ha emprendido una ofensiva directa contra las pandillas (Cristancho y Rivera, 2021). Las políticas implementadas incluyen el régimen de excepción, una medida extrema que suspende garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo (Portilla, 2024). Esto ha permitido la detención masiva de presuntos pandilleros y personas sospechosas de actividades criminales.

El éxito inmediato de la política de seguridad del Gobierno de Bukele, reflejado en una drástica disminución de homicidios y delitos, ha sido utilizado por el Gobierno para justificar la consolidación de un régimen autoritario (Martí Puig y Rodríguez Suárez, 2024). Bukele ha atacado a las instituciones democráticas, debilitando la independencia del poder judicial y controlando la Asamblea Legislativa. Estas acciones han sido vistas por muchos como el surgimiento de una dictadura moderna, bajo la justificación de restaurar el orden y la seguridad.

Esta estrategia de seguridad basada en la militarización y la violencia estatal puede tener consecuencias catastróficas a largo plazo. La represión extrema y el uso indiscriminado de la fuerza siembra una cultura de miedo y resentimiento entre los sectores más marginados (Wolf, 2024). Aunque el país goza de una calma aparente en términos de seguridad, esta paz se construye sobre una base frágil.

La relevancia de este análisis radica en su enfoque en los jóvenes, un grupo que ha sido históricamente marginado y criminalizado en El Salvador. A través de un examen detallado de las políticas públicas y sus impactos, este artículo busca contribuir al debate sobre la seguridad ciudadana y los derechos humanos en contextos de violencia estructural. Además, se reflexionará sobre las posibles consecuencias a largo plazo de estas estrategias, tanto para la democracia salvadoreña como para la cohesión social del país.

El fenómeno de las pandillas en El Salvador tiene sus raíces en un contexto histórico marcado por la migración, la exclusión social y la violencia estructural. Tras el fin de la guerra civil en 1992, el país enfrentó un vacío de poder en muchas comunidades urbanas, lo que permitió el surgimiento de grupos juveniles que, con el tiempo, se transformaron en organizaciones criminales altamente estructuradas (Zilberg, 2007). Sin embargo, el origen de las pandillas modernas, como la MS-13 y el Barrio 18, está estrechamente ligado a la migración salvadoreña hacia Estados Unidos durante los años ochenta y noventa (Lineberger, 2011).

En Estados Unidos, muchos jóvenes salvadoreños, expuestos a la exclusión social y la discriminación, se unieron a pandillas como una forma de protección y pertenencia (Cruz y Portillo, 1998). Con la implementación de políticas migratorias más estrictas en los años noventa, miles de estos jóvenes fueron deportados a El Salvador, un país que muchos de ellos apenas conocían (Zilberg, 2011). Este flujo de deportados, sumado a las condiciones de pobreza y desempleo en El Salvador, facilitó el establecimiento y la expansión de las pandillas en territorio salvadoreño.

A lo largo de las décadas, las pandillas evolucionaron de grupos locales a estructuras transnacionales con capacidad para operar en múltiples países. La MS-13 y el Barrio 18 no solo se dedicaron a actividades delictivas como la extorsión, el tráfico de drogas y el control territorial, sino que también establecieron códigos internos y jerarquías complejas (Wolf, 2017). La influencia se extendió más allá de las fronteras salvadoreñas, estableciendo presencia en otros países centroamericanos y en Estados Unidos, lo que les otorgó una dimensión transnacional y complejidad operativa (Dudley, 2010). Este crecimiento de las pandillas fue acompañado por un aumento significativo de la violencia, convirtiendo a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo durante las primeras dos décadas del siglo XXI (Réserve, 2016).

La violencia pandilleril en El Salvador no puede entenderse únicamente como un problema de seguridad pública; es también un reflejo de las profundas desigualdades y exclusiones que han caracterizado a la sociedad salvadoreña durante décadas. Autores como Winton (2004) y Rodgers (2009) han argumentado que las pandillas surgen y se desarrollan en contextos de marginalidad económica, exclusión social y falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes. En el caso de El Salvador, estas condiciones se han agravado por factores históricos, como la guerra civil, la migración masiva y las deportaciones desde Estados Unidos, que han contribuido a la formación y la expansión de las pandillas.

Durante buena parte de la década de los noventa y dos mil, la desigualdad fue uno de los principales problemas de la sociedad salvadoreña (Damianović y Fernández, 2009). Esta desigualdad se manifiesto en la falta de acceso a educación, empleo y servicios básicos para amplios sectores de la población, especialmente en áreas urbanas marginales. Aguilar y Miranda (2006) señalan que los jóvenes que crecen en estas comunidades enfrentan un «vacío de oportunidades», lo que los hace más vulnerables a la influencia de las pandillas. Para muchos, unirse a una pandilla no es una elección, sino una estrategia de supervivencia en un entorno donde las opciones legítimas son escasas o inexistentes. En este sentido, puede afirmarse, tal como sostiene Bradley (2021), que la desigualdad es uno de los elementos determinantes de los niveles de violencia.

Además, la exclusión social se refuerza a través de la estigmatización de los jóvenes que viven en áreas controladas por pandillas. En este sentido, Cruz (2010) argumenta que estos jóvenes son percibidos como «peligrosos» o «delincuentes potenciales», lo que limita su acceso a empleos formales, educación y otros recursos necesarios para su desarrollo. Esta criminalización de la juventud no solo perpetúa el ciclo de pobreza, sino que también alimenta el resentimiento y la desconfianza hacia las instituciones estatales.

Los jóvenes en El Salvador ocupan un lugar paradójico en el fenómeno de la violencia pandilleril: son tanto víctimas como actores. Por un lado, son víctimas de la violencia estructural que los margina y los priva de oportunidades (Martínez Reyes et al., 2019). En esta línea argumental, Zilberg (2011) describe cómo muchos jóvenes se unen a las pandillas como una forma de encontrar protección, pertenencia y un sentido de identidad en un entorno hostil. Sin embargo, esta pertenencia tiene un coste alto, ya que los expone a riesgos constantes, como la violencia, la cárcel o la muerte.

Por otro lado, los jóvenes también han sido actores de la violencia, ya que las pandillas dependen de ellos para reclutar nuevos miembros, extorsionar a la población y mantener el control territorial. Wolf (2017) señala que las pandillas ofrecen a los jóvenes un sentido de poder y respeto que no encuentran en otros espacios sociales. Sin embargo, este poder es efímero y está condicionado por la lealtad absoluta a la pandilla, lo que limita su capacidad para escapar del ciclo de violencia.

La respuesta del Estado salvadoreño a la problemática de las pandillas ha estado marcada por una alternancia entre estrategias represivas y pactos poco transparentes. Durante los años noventa y dos mil, las políticas de seguridad se caracterizaron por un enfoque de «mano dura», que buscaba combatir la violencia a través de la militarización y el encarcelamiento masivo. Estas medidas, aunque populares entre la población, demostraron ser ineficaces para reducir la violencia a largo plazo y contribuyeron a la sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles (Cruz, 2010).

Las políticas de «mano dura» y «súper mano dura» fueron implementadas en El Salvador en 2003 y 2004, respectivamente, bajo los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca. Estas estrategias se basaban en un enfoque punitivo y militarizado, que buscaba erradicar a las pandillas mediante la detención masiva de sus miembros y la imposición de penas más severas para los delitos relacionados con las pandillas (Wolf, 2017). Entre las medidas más destacadas se encontraban la criminalización de la pertenencia a pandillas; operativos policiales y militares en los que se llevaban a cabo redadas masivas en comunidades marginales; leyes antimaras que permitían la detención de personas con tatuajes, vestimenta o comportamientos asociados con las pandillas; entre otras.

En 2009 llegó al poder el primer gobierno de izquierdas en la historia de El Salvador[1], y, a pesar de las expectativas depositadas en el cambio, las estrategias en materia de seguridad pública siguieron basándose en represión y militarización. No obstante, en 2012, el Gobierno del entonces presidente Mauricio Funes promovió una tregua entre las principales pandillas, con el objetivo de reducir los homicidios y crear condiciones para una paz negociada. Aunque la tregua logró una disminución temporal de la violencia, fue ampliamente criticada por su falta de transparencia y por legitimar a las pandillas como actores políticos (Córdova, 2017; Cruz y Durán-Martínez, 2016; Jasso y Baltazar, 2025). Además, la tregua no abordó las causas estructurales de la violencia, lo que llevó a un resurgimiento de los homicidios una vez que el acuerdo colapsó.

Posteriormente, surgieron denuncias de pactos oscuros entre el Estado y las pandillas, en los que se habría negociado la reducción de la violencia a cambio de beneficios para los líderes de estas organizaciones (Martínez-Reyes y Navarro-Pérez, 2022). Estos pactos incluyeron concesiones como la transferencia de líderes pandilleros a cárceles de menor seguridad, la mejora de las condiciones carcelarias y la reducción de operativos policiales en ciertas zonas controladas por las pandillas.

La tregua y los pactos oscuros también tuvieron un impacto significativo en la percepción pública y en la dinámica política del país. Por un lado, la población salvadoreña, que inicialmente celebró la reducción de la violencia, comenzó a cuestionar la legitimidad de un gobierno que negociaba con grupos criminales. Por otro lado, las pandillas aprovecharon estos acuerdos para fortalecer su control territorial y expandir sus actividades delictivas, como la extorsión y el tráfico de drogas (Aguilar, 2018).

El Gobierno del FMLN de 2014-2019 apostó por un combate directo a las pandillas, incrementó el uso de efectivos militares en tareas de seguridad pública, aumentó el presupuesto en dicha materia y se registraron enfrentamientos directos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas (Reyna, 2017; Roque, 2017). El resultado fue una nueva espiral de violencia donde el Estado y las pandillas se enfrentaron abiertamente y la ciudadanía se vio envuelta en un derramamiento de sangre cuyas principales víctimas fueron los jóvenes y los adolescentes.

La llegada de Nayib Bukele a la presidencia en 2019 representó un cambio significativo en la política salvadoreña. Bukele, un outsider político que se presentó como una alternativa a los partidos tradicionales, logró capitalizar el descontento popular con la corrupción y la ineficacia de los gobiernos anteriores. Su retórica populista y su uso estratégico de las redes sociales le permitieron construir una imagen de líder moderno y pragmático, capaz de resolver los problemas más urgentes del país, incluyendo la violencia pandilleril (Luján y Puig, 2024).

Sin embargo, la relación de Bukele con las pandillas ha estado marcada por la ambigüedad. En los primeros meses de su gobierno, se reportó una disminución significativa en los niveles de violencia, lo que llevó a especulaciones sobre la posibilidad de un pacto no oficial entre el Gobierno y las pandillas. Estas acusaciones se intensificaron en 2020, cuando una investigación fiscal demostró que algunos miembros de su Gobierno se habían reunido con líderes de pandillas para negociar un nuevo pacto (Gómez, 2020; Quick, 2023). No obstante, rápidamente el Gobierno de Bukele se alineó con la opinión popular y se centró en las medidas drásticas para enfrentarse a las pandillas (Rosen et al., 2023).

En marzo de 2022, la situación dio un giro radical. Tras un aumento repentino de homicidios, el Parlamento aprobó el régimen de excepción, una medida extrema que suspendió garantías constitucionales como la presunción de inocencia, el derecho a un abogado y la protección contra detenciones arbitrarias. Bajo este régimen, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una serie de operativos masivos que han resultado en la detención de miles de personas. Aunque el Gobierno ha celebrado estas acciones como un éxito en la lucha contra las pandillas, organizaciones de derechos humanos denuncian numerosos abusos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia (Portilla, 2024).

En este punto, es importante destacar que el régimen de excepción es una medida de carácter temporal que, de acuerdo a la Constitución, puede aprobarse por un período de 30 días y ampliarse a otros 30, siempre y cuando se mantengan las mismas circunstancias que motivaron su aprobación. La Asamblea Legislativa ha violado recurrentemente este artículo y ha mantenido la suspensión de las garantías constitucionales con sucesivas ampliaciones desde marzo de 2022 y continúa en 2025.

El régimen de excepción también ha tenido un impacto significativo en el sistema penitenciario salvadoreño. Las cárceles, ya sobrepobladas, han visto un aumento dramático en su población, lo que ha exacerbado las condiciones de hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos. Además, el Gobierno ha implementado medidas controvertidas, como la construcción de una megacárcel diseñada para albergar a miles de pandilleros en condiciones de máxima seguridad. Estas acciones, aunque populares entre algunos sectores de la población, han sido criticadas por su enfoque punitivo y su falta de atención a las causas estructurales de la violencia (Cárdenas-Gracia, 2024).

En 2024, Bukele fue reelegido como presidente de El Salvador en un proceso que violó de manera flagrante la Constitución y los Acuerdos de Paz. Bukele y su partido, Nuevas Ideas, con mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, se han encargado de llevar a cabo un desmantelamiento de las instituciones y de la democracia para afianzar su control autoritario. Tal como sostiene Wolf (2024), Bukele ha utilizado su poder para desmantelar los mecanismos de control, someter al Poder Judicial y a la Administración Pública, además de censurar a la prensa. Su popularidad ha crecido a base de populismo y de medidas represivas, que, amparados por el régimen de excepción, le han permitido perseguir, detener y acusar a críticos y contrarios de su Gobierno.

En mayo de 2025, el periódico El Faro (Martínez et al., 2025) presentó una investigación en la que reveló que los pactos entre Nayib Bukele y las pandillas en El Salvador comenzaron desde su candidatura a alcalde de San Salvador en 2014, cuando buscó apoyo territorial y electoral de estas estructuras. Posteriormente, tanto durante su campaña presidencial como ya en el ejercicio del poder, sostuvo negociaciones secretas con líderes de pandillas, buscando una reducción de los homicidios a cambio de beneficios carcelarios, como mejoras en las condiciones de reclusión y traslados estratégicos. Estas negociaciones mostraron una baja en la violencia como logro de su gestión. Sin embargo, cuando los acuerdos colapsaron en marzo de 2022 y se desató una ola de asesinatos, Bukele impuso un régimen de excepción que ha llevado a la detención masiva de presuntos pandilleros, mientras niega la existencia de dichos pactos pese a la creciente evidencia documentada. Esta evidencia se suma a otras investigaciones periodísticas (Martínez, 2022) que confirman que, tanto Bukele como otros funcionarios de su Gobierno, han pactado con las pandillas.

Las políticas de seguridad implementadas en El Salvador desde los años noventa han tenido un profundo impacto en la vida de los jóvenes, tanto aquellos vinculados a las pandillas como aquellos ajenos a ellas. La criminalización de la juventud, en particular, ha sido una constante en estas estrategias, lo que ha llevado a la estigmatización y la exclusión social de amplios sectores de la población joven (Aguilar, 2018).

Uno de los efectos más evidentes de estas políticas ha sido la creación de un clima de miedo y desconfianza hacia los jóvenes, especialmente aquellos que viven en comunidades marginadas. Las redadas policiales y los operativos militares han llevado a la detención masiva de jóvenes, muchos de los cuales son acusados de pertenecer a pandillas sin pruebas contundentes. Esta criminalización ha tenido consecuencias devastadoras para los derechos humanos de los jóvenes, incluyendo la violación de su derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia (Meraz, 2023).

Además, las políticas de seguridad han contribuido a la exclusión social y económica de los jóvenes. En un contexto donde el acceso a la educación y el empleo ya es limitado, la estigmatización de los jóvenes como «pandilleros potenciales» ha dificultado aún más su integración en la sociedad (Bergmann, 2020). Muchos jóvenes han sido expulsados de las escuelas o han perdido sus empleos debido a sospechas infundadas, lo que ha perpetuado el ciclo de pobreza y marginación. Por otro lado, los jóvenes que han logrado escapar de la influencia de las pandillas también enfrentan desafíos significativos. La falta de oportunidades y el miedo a ser víctimas de violencia los han llevado a buscar alternativas desesperadas, como la migración irregular (Boerman y Golob, 2020).

Las políticas de seguridad pública en El Salvador han carecido de un componente sólido de reinserción y rehabilitación, quedando en gran medida limitadas a las acciones emprendidas por algunas organizaciones y entidades religiosas (Rosen y Cruz, 2018; Amaya y Martínez, 2019). Los jóvenes salvadoreños se han tenido que limitar, durante décadas, a formar parte activa de la violencia o a huir de ella sin el apoyo del Estado.

El Estado salvadoreño ha jugado un papel crucial en la perpetuación de las desigualdades que alimentan la violencia pandilleril. En lugar de abordar las causas estructurales del problema, como la falta de empleo, educación y servicios básicos, las políticas de seguridad se han centrado en medidas represivas que criminalizan a los jóvenes. Van der Borgh y Savenije (2015) argumentan que las políticas de «mano dura» no solo han fracasado en reducir la violencia, sino que han exacerbado la exclusión social al estigmatizar a los jóvenes y aumentar el hacinamiento en las cárceles.

Además, el Estado ha sido incapaz de proporcionar alternativas viables para los jóvenes que desean salir de las pandillas. Los programas de reinserción social son insuficientes y carecen de recursos, lo que deja a muchos jóvenes atrapados en un ciclo de violencia y marginación. Esta falta de oportunidades refuerza la percepción de que el Estado no está interesado en el bienestar de los jóvenes, lo que socava la confianza en las instituciones y perpetúa el ciclo de violencia.

Las políticas de seguridad pública en El Salvador no están alineadas con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la elaboración de políticas públicas con enfoque de derechos humanos; es decir, no se diseñan y ejecutan con el «objetivo de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, grupos y colectividades que conforman la sociedad, bajo los principios de igualdad y no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencia, transversalidad, e intersectorialidad» (CIDH, 2018, p. 103). Lejos de eso, las políticas de seguridad en El Salvador han sido poco planificadas, partidistas, orientadas a aspiraciones presidencialistas y poco transparentes (Martínez-Reyes y Navarro-Pérez, 2019). No obstante, en el contexto actual y con la caída de la democracia en El Salvador, las políticas públicas del régimen de Bukele no tienen ningún mecanismo de control interno que pueda hacer frente a los abusos y violaciones contra la ciudadanía.

El Salvador se encuentra en un momento crítico de su historia, en el que la violencia pandilleril ha dado paso a una nueva forma de violencia estatal. Las políticas de seguridad implementadas desde los años noventa, y en particular durante el gobierno de Nayib Bukele, han logrado reducir los niveles de violencia en el corto plazo, pero han tenido un costo social y humano devastador. La criminalización de la juventud, la suspensión de garantías constitucionales y la militarización de la seguridad pública han creado un escenario en el que el Estado se ha convertido en un agente de violencia sistemática.

Esta nota de investigación ha buscado analizar el impacto de estas políticas en los jóvenes salvadoreños, un grupo que ha sido históricamente marginado y criminalizado. A través de un examen detallado de la evolución de las pandillas y las respuestas del Estado, se ha argumentado que las estrategias de seguridad basadas en la represión y la exclusión no solo han fracasado en abordar las causas estructurales de la violencia, sino que también han sembrado las semillas de futuros conflictos.

Miles de jóvenes en El Salvador han sido encarcelados bajo medidas de seguridad extremas, muchas veces sin un debido proceso. Esta situación no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también los priva de oportunidades educativas y laborales, condenándolos a un futuro incierto. En lugar de integrarlos a la sociedad, el encarcelamiento masivo puede generar un círculo de exclusión y desesperanza. Diversos informes nacionales e internacionales han documentado graves abusos cometidos por el Estado salvadoreño en el sistema penitenciario, particularmente tras la implementación del régimen de excepción en 2022 (Amaya, 2024). El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado como emblema de la política represiva del Gobierno, ha sido señalado por organismos de derechos humanos por prácticas que incluyen tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como por la sistemática vulneración del debido proceso (Cristosal, 2022, 2023; IDHUCA et al., 2025). Según denuncias de organizaciones como Human Rights Watch (2023) y Amnistía Internacional (2023), cientos de personas han sido detenidas arbitrariamente y mantenidas en condiciones de hacinamiento extremo, con acceso limitado a alimentos, agua, atención médica y sin contacto con sus familiares o abogados. Además, se han reportado múltiples muertes bajo custodia estatal, muchas de ellas sin investigación adecuada, lo que refuerza la preocupación por la impunidad y la falta de transparencia en la Administración penitenciaria.

El impacto de estas políticas trasciende a los individuos y amenaza el futuro de toda una generación. La pérdida de jóvenes productivos –ya sea por encarcelamientos masivos, exclusión prolongada o fallecimientos bajo custodia estatal– debilita gravemente el tejido social y económico del país, limitando sus capacidades de desarrollo sostenible a largo plazo. Esta dinámica reproduce un ciclo de violencia estructural que se retroalimenta con la pobreza, la estigmatización y la falta de oportunidades reales para amplios sectores de la población juvenil. En este contexto, resulta urgente replantear las políticas de seguridad en El Salvador desde una perspectiva basada en los derechos humanos. No se trata únicamente de reducir los índices de criminalidad, sino de transformar las condiciones que la generan. Solo a través de un abordaje integral, que articule medidas de seguridad ciudadana con políticas sociales, educativas y económicas, será posible romper con la lógica punitiva dominante y construir un futuro más justo y equitativo para los jóvenes salvadoreños.