Costa Rica es un país centroamericano que cuenta con 5.213.374 de habitantes (INEC, 2023). Es conocida por ser la democracia más estable de toda Iberoamérica. Conforme a la Constitución de 1949, asume una forma de gobierno presidencialista, un poder legislativo unicameral y un estado unitario, organizado en 7 provincias. Se caracteriza por contar con buenos indicadores macroeconómicos, una estabilidad institucional y una robusta economía de bienestar. Así, por ejemplo, se registra un crecimiento sostenido del PBI, que acompaña altos indicadores de desarrollo humano. Según el Informe de PNUD (2022) Costa Rica se ubica en el número 58, a nivel global. El 86,9 % de la población cuenta con seguro de salud ya sea de manera directa (por ser asalariado, mediante convenio, por cuenta propia o de manera voluntaria); de manera indirecta (familiares de los asegurados directos contribuyentes) o asegurado no contribuyente (es decir, aquellas personas aseguradas por el Estado) (INEC, 2023).

Con una esperanza de vida de 81 años (INEC, 2023) y un ingreso mensual promedio por hogar de US$1.900 (INEC, 2023), sus índices económicos y sociales se distancian de los países vecinos. Dos de ellos reconocidos como los más violentos del mundo –El Salvador y Honduras–.

Según el Art.12 de la Constitución proscribe el ejército como institución permanente (CPRCR, 1949). Esto ha habilitado la instalación de múltiples Agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU): Naciones Unidas Costa Rica, Fondo de Población de las Nacional Unidas, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización Internacional del Trabajo (OIT); Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD). Este último es un órgano central en relación con el objeto de estudio indagado: la violencia policial en jóvenes. Además, este país es líder en cuestiones medioambientales. Es una de las 20 naciones con mayor biodiversidad del mundo. Una cuarta parte de sus 51.100 km² es reserva natural protegida (SINAC, 2014).

Para finalizar, señalar que Costa Rica no solo tiene indicadores económicos favorables, también el Índice Global de la Felicidad (2023) ubica a Costa Rica en el puesto 23, convirtiéndose de este modo en el país más feliz de Latinoamérica, el país de la «Pura Vida».

A pesar de los datos alentadores mencionados en el apartado anterior, en los últimos años ha sufrido un deterioro en sus indicadores de pobreza, desempleo y desigualdad. Durante 2022, la inflación de Costa Rica fue cercana al 9 % (la más alta en 10 años) (INEC, 2023). Si se analiza el coeficiente de Gini a principios de la década de 1990 su valor era de 0,45, mientras que los datos de 2021 indican un valor de 0,51 (INEC, 2023). Es decir, Costa Rica sostiene una ampliación de la desigualdad en los últimos 20 años y se convierte hoy en la sexta economía más desigual del mundo (Banco Mundial, 2023).

El coeficiente de Gini antes aludido debe ser leído conjuntamente con el desempleo y la pobreza. Datos del INEC (2023) sobre el primer trimestre de 2022 reconocen una tasa de no participación laboral del 40,4 %; el desempleo del 13,6 % y el subempleo del 11,5 % (INEC, 2023). El dato general de hogares bajo la línea de la pobreza ha sido del 23,4 %; dato que presenta variaciones según el cantón del país. Llegando en algunas zonas al 34 %. En el caso de la región central donde se realizó el trabajo de campo, la misma representa el 18 % (INEC, 2023).

La distribución del ingreso por quintiles muestra que el quintil más rico concentra casi la mitad de los ingresos, mientras que el quintil más pobre solo el 4,3 % de la riqueza (INEC, 2023). El informe de PNUD (2022) posiciona a Costa Rica como el quinto país con mayores niveles de concentración de ingreso de América Latina.

Por otra parte, Costa Rica tiene una tasa de homicidios de 11,4 personas muertas cada 100.000 habitantes. Los registros indican cinco años de constante tendencia al alza de los homicidios de este país (OIJ, 2023). El crecimiento de las tasas de homicidio se relaciona con la desigualdad. En ese contexto, el hecho de que Costa Rica se haya posicionado progresivamente entre los países con mayor desigualdad mundial debería alertar a los gobiernos sobre la necesidad de aumentar la inversión social, especialmente dirigida a la juventud (Vul Galperín, 2022).

Según el Censo Nacional de Población 2022, las personas jóvenes en Costa Rica representan alrededor del 40 % del total, es decir, 4 de cada 10 habitantes. Sin embargo, al comparar el censo de 2022 con el de 2011, se observa que la proporción de personas mayores de 65 años ha aumentado, mientras que la de menores de 18 años ha disminuido en la pirámide poblacional. La cantidad de jóvenes representa actualmente un bono de género[1] (Política Pública de la Persona Joven 2020-2024, 2020).

Más del 60 % de la población entre 12 y 25 años reside en la Región Central. Se estima que más del 70 % lo hace en zonas urbanas (ENAHO, 2018). Estos datos deben interpretarse en el contexto de una transformación económica del país, que ha pasado de ser un centro productor agrícola a priorizar la oferta de servicios.

Costa Rica ha realizado cuatro Encuestas Nacionales de Juventud (en 2007, 2013, 2016 y 2024) y desde 2002 cuenta con Ley General de la Persona Joven (Ley N.º 8261 y sus reformas). En su art. 2 dicha ley estableció que son personas jóvenes aquellas «con edades comprendidas entre los 12 y 35 años, llámense adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes». Esta ley creó el Consejo de la Persona Joven, instancia encargada de formular la Política Pública de la Persona Joven (en adelante PPPJ), por un periodo de 5 años, desarticulados del calendario electoral para sostener una política de Estado en materia de juventud. Así, la actual política pública comprende un período entre 2020 y 2024, mientras que las elecciones presidenciales fueron en 2022.

En el texto donde se difunde la Política Pública de la Persona Joven 2020-2024 (2020) contempla como uno de sus componentes el cumplimiento del Derecho a la Vida, a la Paz y a una Vida sin Violencia. El enfoque de derechos humanos orienta esta política pública, promueve el ejercicio de la ciudadanía plena y establece la participación de las juventudes como un eje fundamental. Este enfoque reafirma que las personas jóvenes son sujetos de derechos.

En el marco de los ejes estratégicos de la PPPJ 2020-2024 se halla el derecho de las personas jóvenes a una vida sin violencias. Si bien se enumeran explícitamente violencias familiares, sociales, cibernéticas, organizativas, comunitarias y laborales, nada se dice de la violencia estatal o institucional. También se describe el adultocentrismo, el machismo y las formas culturales represivas, que afectan a las personas jóvenes; pero tampoco se menciona la violencia policial.

Un motivo explícito de la exclusión de la violencia policial es que las nociones de violencia adoptadas se ajustan a las contempladas por la Agenda Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social 2019-2022 y por UNICEF (2017). En ellas se hace especial énfasis en la esfera familiar, en los espacios formativos y educativos, en las comunidades (especialmente violencia horizontal) o en los centros de trabajo. Por lo tanto, no hay una identificación concreta por parte de los diferentes agentes de juventud de la violencia policial en este sector poblacional. Cabe destacar que tampoco en los programas y proyectos institucionales de la Agenda Nacional de Prevención de la Violencia se identifican abordajes sobre la violencia policial. Aun así, la respuesta del Estado costarricense al delito ha sido históricamente represiva y con una orientación centrada en la pena de prisión, incluyendo el sector juvenil (Tiffer Sotomayor, 2000).

En una primera entrevista que inicialmente parecía poco relevante, el entrevistado mencionó un mito clave en la identidad nacional: la percepción de Costa Rica como un país de paz, sustentada en la abolición del ejército y el compromiso con la democracia y los derechos humanos. Históricamente, el país atravesó golpes de Estado hasta 1948, y tras la guerra civil, la decisión de prescindir de fuerzas armadas consolidó esta imagen (Rivera Alfaro, 2020). Analizar esta construcción como mito permite comprender su influencia en la cohesión social y en la manera en que los costarricenses interpretan su papel en el mundo. Con esta premisa, aplicando la técnica de Valles (2000) común para las entrevistas en panel, se indagó sobre la noción de Costa Rica como país de paz, obteniendo diversos resultados que reflejan el impacto de esta narrativa en la percepción ciudadana.

Si bien Costa Rica es una república democrática que logró su independencia en 1821, el lado B del mito de paz es el «adormecimiento».

En términos de seguridad, Huhn (2008, citado en Petri y Acuña, 2022) señala que la cultura de paz de Costa Rica dificulta la denuncia pública de la violencia y la delincuencia, al no ajustarse al ideal de una nación pacífica. En este contexto, ciertos jóvenes son representados como inadaptados frente a las normas patrias y la supuesta naturaleza pacífica de la sociedad costarricense, «como si esta condición “pacífica” o “poco beligerante” se viera afectada por la intromisión de ciertos “inadaptados” de la sociedad» (Rodríguez, 2017, p. 126). Así, el mito de Costa Rica como un país pacifista configura a estos jóvenes como chivos expiatorios, canalizando los miedos y temores sociales hacia ellos como un blanco específico.

El mito de Costa Rica como país de paz se entrelaza con el de la igualdad, configurando una identidad nacional basada en la cohesión social (Lim, 2013). Aunque la brecha de ingresos entre los hogares más ricos y más pobres ha aumentado (Montero Cordero, 2017), persiste la creencia-no verificable empíricamente de que los recursos no destinados a fines militares se redirigen hacia educación, salud y desarrollo económico. La abolición del ejército ha marcado el imaginario colectivo. Desde 2018, la obligatoriedad de conmemorar el Día de la Abolición del Ejército en los centros educativos (Petri y Acuña, 2022) ha consolidado la institucionalización de este relato.

El término «ticos», utilizado por los costarricenses, no solo refleja una particularidad lingüística, sino que también está asociado a un mito cultural que enfatiza la igualdad y homogeneidad social. Según una investigadora de la Universidad de Costa Rica, esta percepción de ser «igualiticos» influye en el enfoque educativo y el sistema de bienestar, promoviendo la idea de una sociedad equitativa. Sin embargo, este ideal puede ocultar desigualdades reales vinculadas a factores socioeconómicos, edad, origen y color de piel. La noción de igualdad, entendida como «uniformidad» y una identidad nacional singular (Lim, 2013), ha sido históricamente construida y transformada. En la práctica, esta visión ha generado una distribución desigual de oportunidades, afectando especialmente a los jóvenes en situación de exclusión, lo que evidencia la necesidad de un análisis crítico de este mito.

En el siglo XIX, la discriminación racial en Costa Rica se institucionalizó con la «ley de base de colonización», que prohibía la llegada de inmigrantes de color y confinó a la población afrodescendiente en la costa atlántica hasta 1949 (Lim, 2013). Esta exclusión creó una «frontera invisible» que les impedía acceder al Valle Central, y solo con la nueva constitución fueron reconocidos como ciudadanos con plenos derechos. En el siglo XXI, la expresión «parecés de La Carpio» se usa para descalificar actitudes consideradas fuera de los estándares hegemónicos (Sandoval García, 2020, p. 97). Esto pone en crisis el mito de los «igualiticos», revelando las fracturas dentro del imaginario de igualdad costarricense.

Un primer dato que llama la atención es que la fuerza pública de Costa Rica dispara menos que la policía argentina o colombiana. Un segundo dato es que los entrevistados mencionan la ley como el factor limitante de esa práctica.

Rivera Alfaro (2020) señala una contradicción cuando el Estado, responsable de garantizar los derechos, actúa como su principal violador, «un derecho interfiere o puede interferir con el de otro, legitimando, de este modo, un nuevo orden que ya desde sus inicios está manipulado por un Estado totalizador». (Rivera Alfaro, 2020, p. 70) como en el caso de la violencia policial.

Este mito de la legalidad encuentra resonancia en el derecho internacional y la resolución de conflictos bélicos.

La seguridad fronteriza en Costa Rica se sustenta en el derecho internacional, con instituciones interamericanas y mecanismos de resolución de conflictos. La disputa con Nicaragua se resolvió diplomáticamente a través de la Corte Internacional de Justicia (Petri y Acuña, 2022). Aunque el país no tiene ejército, recibe apoyo militar de terceros países, como Estados Unidos, mediante acuerdos bilaterales para combatir el narcotráfico y fortalecer la seguridad. Esta cooperación incluye operaciones conjuntas y presencia militar en zonas estratégicas, enfocándose en el crimen organizado (Berraz, 2017).

En la entrevista con un funcionario de la Escuela Nacional de Policía, con amplia experiencia en programas de prevención de violencia juvenil, el funcionario reconoció estigmatización y estereotipamiento de las prácticas de los vecinos[5] y oficiales de la fuerza pública.

El funcionario presentó estadísticas internas del Departamento de Inteligencia Policial, específicamente un documento titulado Aprehensiones Nacional. Rango de edad entre 15 y 34 años, que reflejaba que el 55,1 % de las detenciones estaban vinculadas a la tenencia y consumo de drogas. En este contexto, surgió nuevamente el mito que impulsa las persecuciones policiales: la creencia de que los infractores son, en su mayoría, menores de edad y migrantes. Sin embargo, el análisis de los datos contradice esta suposición, evidenciando que el consumo y la posesión de drogas constituyen un problema interno que afecta principalmente a ciudadanos costarricenses.

La culpabilidad conferida a jóvenes y a migrantes ha sido visibilizada en el país. La aparición de la violencia juvenil en medios de comunicación coincide, en términos temporales, con la llegada de nicaragüenses a ciertas colonias (Rodríguez Aguilar, 2017). Sostiene el autor que la dicotomía nativos buenos y migrantes malos «es naturalizada a partir de un artificio al parecer fuertemente infundado por las ideas míticas de la identidad nacional» (Rodríguez Aguilar, 2017, p. 207).

Los datos proporcionados por las funcionarias del Programa de Sanciones Alternativas indicaban que 473 jóvenes de todo el país participaban en el programa al momento de realizar el trabajo de campo, y solo 28 (casi el 6 %) de ellos eran personas jóvenes extranjeras. De los seis jóvenes entrevistados a través del programa, se encontraba un joven nicaragüense, quien había migrado de bebé a Costa Rica. Al mostrar su cédula en los controles policiales el joven señalaba que le decían «Ah, nicaragüense». «Ah, un nica». Haciendo referencia al mito en cuestión. Como señala Zúñiga Núñez (2008) los nicaragüenses en Costa Rica están ubicados mayoritariamente en los estratos populares. Esto ha provocado reacciones xenófobas de diverso tipo tanto a nivel cultural, como a nivel institucional construyendo un escenario caracterizado por la xenofobia que se instala como una forma de relación social dominante, que atraviesa todos los sectores de la sociedad.

Asimismo, del total de personas jóvenes alojadas en el Centro de Formación Juvenil Zurquí, privadas de libertad conforme a la Ley Penal Juvenil (Durán Chavarría, 2018) eran 52 personas; de las cuales 15 eran menores de edad, las restantes adultos jóvenes tanto varones como mujeres. Al momento del trabajo de campo, ninguno de ellos era extranjero.

El funcionario del Ministerio de Seguridad manifestó que los jóvenes varones constituyen los «clientes recurrentes» de la fuerza policial.

Los «chapulines» fue el nombre que la prensa otorgó a un grupo de jóvenes costarricenses asociado a episodios de violencia colectiva. La denominación proviene de un insecto característico del país, conocido por no dejar rastros al pasar, metáfora que se aplicó a la forma en que estos jóvenes actuaban. A pesar de que este fenómeno ya no existe, la etiqueta quedó sobre ellos, especialmente, en los jóvenes menores de edad (Cruz y Carranza, 2006).

Además de estas entrevistas, los talleres buscaban reconstruir estereotipos sociales sobre el «otro cultural», cuya naturalización legitima la violencia policial. En un estudio comparativo, que incluye una colonia costarricense, Sandoval García (2020) observa que la desconfianza es mayor hacia quienes no residen allí, reduciéndose entre los habitantes locales. Esto refuerza el mito de que la juventud y la condición de desconocido aumentan la percepción de peligrosidad. A continuación, se describen las características de este sujeto –un chapulín, un monstruo, un joven peligroso– configurado tanto por la imaginación colectiva como por experiencias concretas. Curiosamente, el perfil construido grupalmente coincidía con el de muchos participantes de los talleres, quienes compartieron vivencias de violencia policial.

Los términos marihuano, pinta, coquero, mae y rata suelen emplearse para referirse a individuos susceptibles de ser requisados por la policía. En particular, un pinta es alguien que «tiene pinta» de fumar puros o cigarrillos de marihuana. Su estilo se caracteriza por cejas recortadas, cadenas, gorra y pantalón bajo, además de llevar una cangurilla, cangura o mariposa –lo que en Argentina se conoce como riñonera. También tiene tatuajes, algunos con forma de lágrimas en el rostro. Estas prácticas no solo constituyen una forma de identidad y pertenencia social, sino que los tatuajes, por ejemplo, reflejan el nivel de cohesión con un grupo (Cerbino, 2011).

Tal como se construyó el identikit del detenido, también se habló del no detenido, donde se renuncia a gustos, formas de vestir o estar, para no parecer un posible delincuente.

«Hacer equilibrio» o «vestir bien» no es solo una elección estética, sino un mecanismo de disciplina donde los jóvenes crean sus propias normas en tensión con el poder adultocéntrico (Zúñiga Núñez, 2008). En este contexto, algunos rasgos autoritarios «permean identidades y experiencias» (Sandoval García, 2020, p. 86), mientras que otros buscan «resistir la normalización de la violencia» (Vul Galperín, 2023, p. 89). La reflexión final del taller cuestionó el mito del identikit policial: algunos jóvenes detenidos o requisados no coincidían con los estereotipos descritos. Esto evidenció cómo los mitos sociales atraviesan y pueden parecer reales, contribuyendo a la naturalización y aceptación de la violencia policial.