En España la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia define la violencia hacia los niños y niñas como «toda acción, omisión o trato negligente que priva a un niño, niña o adolescente de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión» (2021), incluyendo entre sus formas la violencia institucional y/o administrativa.

La violencia institucional, entendida como todo tipo de daños al bienestar de niñas y niños, derivadas de una normativa, un procedimiento o una actuación generada por instituciones y administraciones públicas o profesionales (Martínez Roig, 1997), puede producirse tanto por actuación como por omisión y puede incluir formas de violencia estructural o derivar de acciones individuales de profesionales de las instituciones que vulneran derechos inherentes a niños, niñas y adolescentes. Estos comportamientos pueden conllevar violencia, abuso, negligencia, merma de la seguridad y/o menoscabo de la salud física, psicológica o emocional o del desarrollo cognitivo. A menudo toma la forma de violencia normalizada e invisible, ejercida de manera indirecta y conformada por prácticas institucionales y burocracias rutinarias discriminatorias (Bourgois, 2009).

Son conocidos los riesgos para el desarrollo y la salud mental y emocional de la infancia que crece en instituciones (Lueger-Schuster et al., 2018; McLaughlin et al., 2012). Las personas jóvenes en procesos de institucionalización, que ya cuentan con experiencias de victimización previas, pueden padecer en mayor medida problemas de salud mental, de un autoconcepto negativo o un bajo nivel de bienestar (Gullo et al., 2023; Ozanne et al., 2024a). La revisión de Sherr et al., (2017), además de corroborar la escasez de registros de violencia y maltrato de la infancia en instituciones, asocia déficits cognitivos con el maltrato institucional.

Ante estas posibles consecuencias es imprescindible apostar por la protección integral de los derechos de la infancia en procesos de institucionalización y para ello el «interés superior del niño» es el principio al que direccionar las intervenciones que se lleven a cabo desde su ingreso en el sistema de protección.

Para identificar y minimizar dicha violencia resulta necesario conocer la estructura jurídica que sustenta los derechos de la infancia y la adolescencia, que tiene su base en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la primera norma de carácter vinculante que promociona diferentes cambios, principalmente en la conceptualización y la visión de la niñez, en la adherencia de los Estados a normas internacionales con efecto en la legislación nacional, así como en la obligación de cumplimiento de dicha norma. Esta convención es el primer instrumento en el que se reconoce a niños y niñas como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos.

Trabajar con un enfoque de derechos permite identificar la violencia institucional como una vulneración de derechos que puede ocurrir en los procesos de institucionalización de niños y niñas en los sistemas de protección, por acción, inacción u omisión de tales sistemas, con o sin contacto directo con profesionales, derivada de decisiones políticas o de gestión de recursos (Cameron-Mathiassen et al., 2022; Equit et al., 2024; McPherson et al., 2021). En procesos de institucionalización se han observado, por ejemplo, vulneraciones del derecho a la educación, barreras de acceso a la educación reglada, de apoyo educativo o adaptación curricular, especialmente en adolescentes migrantes no acompañados o acompañadas; del derecho a la identidad, por falta de recursos de acompañamiento para la diversidad de género; y especialmente del derecho a la participación o a ser escuchado, uno de los principales obstáculos que niños y niñas señalan en su proceso de institucionalización (Comité de los Derechos del Niño, 2009; Convención sobre los Derechos del Niño y Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 2017; Fundación Raíces, 2020). En España, la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (2021) y la Estrategia Estatal de erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2024) incluyen derechos y medidas fundamentales para transformar en entornos protectores los espacios donde conviven e interactúan niños y niñas, para promover su buen trato o para reconocer su protagonismo, su derecho a expresar libremente su opinión y a que sea tenida en cuenta.

Apenas hay investigaciones sobre el maltrato institucional en la población infantil y adolescente en el contexto español (Balsells et al., 2017; Fundación Raíces, 2020), abundan algo más en países anglosajones (McPherson et al., 2021; Ozanne et al., 2024a). A menudo, los estudios se centran en la evaluación de los sistemas de protección para mejorar prácticas institucionales y/o profesionales, pero pocos se basan en la perspectiva de niños, niñas y adolescentes receptores del cuidado, enfoque más presente en investigaciones de países nórdicos (Wright, 2017). El objetivo de este artículo es, por tanto, explorar las percepciones y las vivencias de adolescentes y jóvenes tutelados o extutelados por el sistema de protección, en acogimiento residencial o familiar, sobre la violencia o el maltrato institucional. Trata de dar respuesta a cuestiones como ¿qué es la violencia institucional para los y las adolescentes y jóvenes en el sistema de protección a la infancia de España?, ¿cuáles son sus resistencias frente a la violencia institucional? y ¿qué demandan o requieren para reducir o acabar con dicha violencia?

Para ello, se ha llevado a cabo una investigación en el contexto de Andalucía, la comunidad autónoma de España con mayor número de niñas y niños, también en el Sistema de Protección. A finales de 2023 se encontraban 2.420 menores de 18 años en acogimiento familiar (el 41 % en familia ajena) y 2.458 en acogimiento residencial (Rodríguez-García-de-Cortázar y Ruiz-Benítez, 2024), 1.195 eran migrantes no acompañados (Rodríguez-García-de-Cortázar y Gómez-Domínguez, 2024).

Para dar respuesta a estas preguntas de investigación se ha realizado un estudio cualitativo de carácter exploratorio, empleando como técnica la entrevista grupal, ya que permite reducir la asimetría entre los y las adolescentes entrevistados y la persona adulta investigadora (Rodríguez, 2006).

Se llevaron a cabo 3 entrevistas grupales mixtas en las que participaron un total de 22 adolescentes y jóvenes que están o han pasado por el sistema de protección de la comunidad autónoma de Andalucía. El muestreo cualitativo fue intencional, tomando como dimensión estructurante el tipo de acogimiento en el que se encontraban. Se incluyó un grupo con personas jóvenes extuteladas que se encontraban en recursos residenciales de mayoría de edad para explorar retrospectivamente los cambios en los procesos de institucionalización, un grupo de adolescentes en acogimiento familiar y un grupo de adolescentes en acogimiento residencial, integrantes de uno de los pocos consejos de participación existentes en el sistema de protección[1] (Tabla I).

El guion de las entrevistas se diseñó con preguntas abiertas e indirectas para no condicionar las respuestas de adolescentes y jóvenes, evitando la imposición de categorías como violencia o maltrato institucional, términos no explicitados en las preguntas (Bourdieu, 1999). Se estructuró en forma de DAFO adaptado, con 4 preguntas iniciales o disparadores de la conversación: «¿Qué se puede mejorar?», «¿Qué se ha hecho bien?», «¿Qué problemas/barreras hay?» y «¿Cuál es el cambio por hacer?» aplicadas a cada una de las siguientes dimensiones centrales en los procesos vitales de los y las adolescentes en el sistema de protección: 1) prevenir la separación de la familia de origen, 2) el acogimiento familiar, 3) centros de protección, 4) cuidados y escucha de historia personal, 5) mayoría de edad y 6) migrantes no acompañados.

Las entrevistas grupales se realizaron en dos provincias españolas durante el mes de mayo de 2024, con chicos y chicas residentes en tres provincias[2]. Se tuvieron en cuenta los criterios de ética de la investigación con infancia (Graham et al., 2013), además de contar con la autorización de la Administración Pública responsable de su tutela, se garantizó la voluntariedad de la participación, el anonimato y la confidencialidad de la información proporcionada por las personas adolescentes y jóvenes entrevistadas, quienes firmaron consentimientos informados individuales.

Por exigencias de los Servicios de Protección a la Infancia, las entrevistas grupales se realizaron en presencia de dos profesionales y en espacios vinculados a sus procesos de institucionalización. Este contexto, así como la grabación de las entrevistas probablemente ha condicionado los discursos de las personas participantes, lo que requiere un análisis conocedor de los efectos de la censura estructural en la producción discursiva (Bourdieu, 1999).

Los audios de las entrevistas grupales se transcribieron literalmente y se analizaron empleando el programa informático Atlas.ti 25. Para codificar las transcripciones se elaboró un árbol con 80 códigos directa o indirectamente vinculados con la violencia institucional e inferidos de expresiones o de la literatura científica sobre problematizaciones de los sistemas de protección. Posteriormente se llevó a cabo un estudio del orden de magnitud que permitió identificar las categorías y supracategorías coocurrentes[3] que explican los malestares percibidos o sentidos por adolescentes y jóvenes en el sistema de protección, así como vivencias de maltrato. Por último, se realizó un análisis de redes semánticas.

Para la exposición de resultados, primero se presenta el orden de magnitud de las supracategorías con mayores niveles de enraizamiento y densidad, obtenidas a partir del análisis identificativo de los códigos que con mayor frecuencia emergen de los discursos de adolescentes y jóvenes entrevistados (enraizamiento) y de los que tienen mayor poder explicativo sobre la violencia institucional (densidad). En segundo lugar, se analiza el orden semántico fundamentado en el sentido dado a las categorías principales por las personas participantes en las entrevistas grupales.

La Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y Adolescencia de España equipara la violencia institucional a la administrativa y atribuye sus causas a meras disfunciones de las instituciones (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2024). Este concepto es ampliado a partir de las declaraciones de adolescentes y jóvenes tutelados o extutelados que hacen referencia a otras dimensiones explicativas, como son:

Estas seis dimensiones explicativas aluden a tres ejes fundamentales de análisis del maltrato institucional: los aspectos relacionales, la calidad de los cuidados y el protagonismo de los y las adolescentes en el sistema de protección.

Las resistencias de las personas adolescentes frente a la violencia institucional se han manifestado transversalmente en forma de quejas, demandas y críticas a la aplicación de ciertas normas, expresar malestares y cuestionar actuaciones del sistema de protección. Los impedimentos para que participen en la normativa de centros derivan en resistencias de los y las adolescentes hacia su cumplimiento y sanciones por «mal» comportamiento, incomprensión y pasividad (Equit et al., 2024; Ten Brummelaar et al., 2018). Desde un enfoque de derechos debería potenciarse la participación en decisiones administrativas fundamentales para sus vidas, lo que conlleva un mayor control sobre sus propias vidas (McPherson et al., 2021) y, en definitiva, su empoderamiento (Magalhães et al., 2024; Espinosa, 2019).

En el estudio de la violencia administrativa resulta relevante analizar el impacto que tiene en las vivencias de los y las adolescentes tutelados de los procedimientos burocráticos y el desequilibrio existente entre los tiempos de la adolescencia y los tiempos administrativos. Minimizar los efectos negativos de esta asincronía requiere garantizar el derecho de estas personas a ser escuchadas y a participar en decisiones sobre los procesos administrativos que les afectan, contar con profesionales que promuevan estilos de apego seguro, disminuir las situaciones intimidantes y favorecer los procesos de visitas de familiares y amistades (Ozanne et al., 2024b) entre otras cuestiones. Identificar vulneraciones de derechos vinculadas al ámbito institucional exige cambiar el foco y poner en el centro a la infancia y al «interés superior del niño», así como trabajar para mejorar la coordinación entre servicios, la capacitación profesional o la mejora de los espacios físicos y recursos para cubrir sus necesidades, entre otras cuestiones (Cameron-Mathiassen et al., 2022; Magalhães et al., 2024; McPherson et al., 2021).

El concepto de violencia institucional apenas aparece referenciado en el entramado normativo del sistema de protección o en las investigaciones de ámbito español, que desarrollan conceptos circundantes poco explícitos. Esto podría responder, en parte, a la falta de tradición evaluativa de las políticas públicas en nuestro territorio y, posiblemente, al miedo a las consecuencias de visibilizar su existencia. Es necesario, por tanto, identificar indicadores de violencia institucional en estos espacios de protección para detectar y diseñar estrategias o políticas públicas que la minimicen. Frente a una noción reduccionista de la violencia institucional que la equipara a una violencia administrativa de carácter disfuncional, esta investigación permite ampliar su conceptualización.

Tres ejes aglutinaron la trama de categorías y supracategorías clasificatorias del conjunto de malestares y reivindicaciones de adolescentes y jóvenes en el sistema de protección: los aspectos relacionales, la calidad de los cuidados y el protagonismo o estatus de los y las adolescentes institucionalizados. Poniendo el foco en los niveles de actuación del sistema de protección, se encuentra la violencia en una dimensión relacional que aglutina cuestiones como la calidad en las relaciones y el cuidado en protección, las redes sociales y la discriminación y la estigmatización; y en una dimensión normativo-administrativa relacionada con las normas y el ejercicio del poder por parte de las personas adultas de referencia y con la negligencia burocrática y sus efectos.

Las quejas y las demandas de adolescentes y jóvenes participantes en esta investigación representan ejemplos de formas de resistencia y visibilizan la existencia de violencias institucionales cotidianas y diversificadas, con consecuencias en distintas fases de sus procesos vitales en el sistema de protección. Así, adolescentes y jóvenes perciben violencia institucional en la prevención del desamparo, en la retirada de la custodia parental, en la pérdida de vínculos familiares y redes sociales básicas, en las inspecciones de centros que no captan las irregularidades y vulneraciones de derechos, en las carencias en su atención psicológica o en la salida del sistema de protección por mayoría de edad, al tener que asumir una emancipación temprana y en desventaja, que mina sus expectativas educativas y laborales.

Mientras que las personas adolescentes y jóvenes identifican la violencia institucional generalmente a nivel micro, el discurso experto prioriza la transformación a nivel macro de la Administración y gestión del sistema de protección de la infancia.

Junto a estas conclusiones pueden señalarse algunas limitaciones metodológicas de este estudio, vinculadas con las condiciones temporales y económicas para su desarrollo. Asimismo, la estrategia de análisis cualitativa empleada ha impedido profundizar en otros temas menos explicitados en los discursos, como la separación de hermanos o hermanas. En futuras investigaciones se pretende seguir profundizando en la violencia institucional, ampliando y diversificando la muestra y aplicando técnicas etnográficas que permitan establecer relaciones de confianza y enriquecer los resultados, con una triangulación metodológica.