Sin embargo, una de las aristas menos exploradas dentro de los estudios de la autocratización es el impacto de la violencia criminal. En América Latina, la mayoría de procesos de transición democrática han dado como resultado democracias con instituciones poco efectivas e irresponsables en el control del crimen (Diamond, 1999), dando como resultado la coexistencia del ejercicio plural de la violencia (Arias y Goldstein, 2010) y la adopción de políticas de «mano dura» por parte de los gobiernos. Este tipo de política se refiere a los enfoques autoritarios y populistas para mantener el orden público que implementan una mayor presencia de militares y policías en las calles acompañada por el uso excesivo y letal de la fuerza, el endurecimiento de los códigos penales y la vinculación discursiva con la política de «tolerancia cero» para abordar el delito (Muggah et al., 2018; Rodríguez-Pinzón y Rodrigues, 2020).

Dicho fenómeno ha sido abordado en varios estudios para conocer sus orígenes y efectos en los ciudadanos y los gobiernos. Por un lado, los ciudadanos que han sido víctimas del crimen poseen baja la satisfacción con la democracia (Ceobanu et al., 2011), así como mayor desconfianza en el Estado de derecho (Dammert y Tobar, 2017; Smithey y Malone, 2014) y en el sistema político en general (Cruz y Kloppe-Santamaría, 2019). Esto termina por desencadenar que los ciudadanos brinden un mayor apoyo a medidas de mano dura incluso tolerando mayor represión estatal (Visconti, 2020), justificado por una lógica de populismo punitivo (Pratt, 2007) que tiende a redimir a los «buenos ciudadanos» contra las acciones de los criminales (Curato, 2016).

Por otro, este apoyo ciudadano brinda la legitimidad necesaria para que los gobiernos mantengan las políticas de seguridad represivas. La debilidad de los actores civiles frente al desafío de la violencia criminal ha abierto la oportunidad para la transformación de las agencias policiales en organizaciones militarizadas (Flores-Macías y Zarkin, 2021; Liebertz, 2020) a la vez que se incrementa el protagonismo de los militares dentro de las tareas de seguridad pública (Pion-Berlin y Carreras, 2017; Verdes-Montenegro, 2022) incluso contraviniendo los marcos júridicos existentes (Jenne y Martínez, 2022). Todo este proceso ha conducido a una naturalización de la excepción (Robledo, 2022), contribuyendo a los fenómenos de la militarización de facto y la declaratoria de estados de excepción que resultan en una mayor concentración de poder en manos de los gobiernos (Flores-Macías, 2023).

La securitización es el proceso por el cual los Estados identifican y definen un asunto como una amenaza existencial que conduce a la implementación de medidas excepcionales como resultado de la aceptación de la audiencia (Balzacq, 2010; Buzan et al., 1998; Emmers, 2018; Wæver, 1995). Se distinguen dos etapas: el movimiento securitizador (securitizing move) que se desarrolla a nivel estatal mediante la definición de la amenaza y la securitización (securitisation) propiamente, que ocurre con el convencimiento de actores significativos dentro de la audiencia (políticos, militares, opinión pública) sobre la urgencia de tomar decisiones extraordinarias para eliminar la amenaza (Verdes-Montenegro Escánez, 2015). A nivel empírico, Badillo y Mijares (2021) establecen que la securitización del crimen organizado «implica la militarización del conflicto por parte del Estado, el establecimiento de algunas barreras políticas para eventuales negociaciones y la construcción violenta del otro sin ninguna motivación ideológica» (2021, p. 314).

En El Salvador, el consenso respecto a la implementación de las políticas de mano dura ha atravesado el bipartidismo y su consecuente alternancia política. Tanto la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) sostuvieron una política de seguridad represiva como plataforma electoral que les permitiera alcanzar y mantener el poder como respuesta a un electorado que premia las posiciones contundentes frente al crimen (Rosen et al., 2023). Sin embargo, la aproximación a la mano dura de ambas formaciones políticas fue distinta. ARENA buscó resignificar en las maras el peligro social asociado al comunismo durante la guerra civil (Hume, 2007) y utilizarlo como estrategia electoral para lograr su continuidad en el Gobierno (Holland, 2013). Esto supuso el movimiento securitizador hacia el final de la administración de Francisco Flores (1999-2003) y a lo largo de la de Antonio Saca (2004-2009) con la aprobación de la Ley Antimaras (2003) y la Ley para el Combate de las Actividades Delincuenciales (2004) que aprobaron un mayor despliegue de unidades militares para las operaciones de seguridad pública (Martínez-Reyes y Navarro-Pérez, 2019), como el incremento de penas y la derogación de garantías procesales a los miembros de las pandillas (Wolf, 2017).

Por el contrario, los gobiernos del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) terminaron por reproducir y consolidar el enfoque punitivo como consecuencia del fracaso de la tregua con las pandillas (Van der Borgh y Savenije, 2019). Aunque la tregua durante la administración de Mauricio Funes resultó en un descenso del número de homicidios (Cruz y Durán-Martínez, 2016), la oposición de actores políticos, institucionales y sociales socavaría el apoyo al proceso de negociación, lo que conduciría a la reactivación de la violencia criminal cuyo pico histórico se alcanzó en 2015 con la cifra de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes (UNODC, 2023).

Por tanto, la ruptura de la tregua significó el inicio de la etapa de securitización de las maras que se vio consolidada en 2015 cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró como terroristas a las maras e ilegal cualquier intento de negociación con estas organizaciones criminales (Rauda Zablah, 2015). Con este respaldo, el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) expidió una serie de medidas extraordinarias en centros penitenciarios y ordenó operativos conjuntos entre policías y militares en zonas de dominio marero (Bergmann, 2020), logrando para el final de su mandato reducir casi a la mitad la cifra de homicidios desde la ruptura de la tregua.

En este contexto, la llegada de Nayib Bukele a la presidencia no representó un cambio en las políticas punitivas de sus predecesores[2]. Por el contrario, hay una continuidad de la política de seguridad de corte represivo con el incremento de recursos públicos para los presupuestos de los ministerios de Defensa y Seguridad Pública, el aumento de la conscripción (Rocha Gómez, 2022) y el uso comunicacional de las redes sociales para desplegar estrategias discursivas que promueven el combate frontal contra las maras, considerándolas estructuras terroristas desde el inicio de su administración (Bukele, 2019).

Ciertamente el consenso punitivo en El Salvador ya estaba instalado tanto en las élites políticas de ambos partidos políticos como en los ciudadanos. La llegada de Bukele a la presidencia no alteró precisamente este consenso ya que aquello le hubiese costado electoralmente. No obstante, hubo un cambio fundamental: la articulación entre la securitización del crimen organizado con la justificación de concentrar poder político. Tanto los gobiernos de ARENA como del FMLN habían diseñado e implementado la política de seguridad a partir de los procedimientos democráticos gracias al monopolio representativo que hasta entonces gozaban. Sin embargo, los cuestionamientos al desempeño en el control de la violencia pandillera y los escándalos de corrupción de sus administraciones comprometieron la credibilidad de la democracia bipartidista (Pocasangre, 2021). En esa línea, Perelló y Navia (2022) argumentan que el núcleo de votantes de Bukele aglutinó tanto a los votantes decepcionados del FMLN como a votantes insatisfechos y críticos del funcionamiento de la democracia, lo que nos ilustra cómo las preferencias iliberales del electorado pueden haber empujado a la prolongación de la securitización bajo un liderazgo menos comprometido con las prácticas democráticas.

La construcción del mecanismo causal parte de los hallazgos de la literatura. Tomamos como punto de referencia los recientes trabajos sobre el fenómeno de la militarización en América Latina: la aplicación militarizada de la ley (Flores-Macías y Zarkin, 2021) y el efecto en el aumento de poderes de los gobiernos (Flores-Macías, 2023). Bajo nuestra explicación, la securitización del crimen organizado activa la aplicación militarizada de la ley como una medida extraordinaria para responder a la amenaza. Esta parte inicial del mecanismo causal en construcción comprende las acciones de los gobiernos para asignar recursos, estructura y adiestramiento militar a las fuerzas de seguridad (Flores-Macías y Zarkin, 2021). Es así como las fuerzas policiales pueden adoptar prácticas y equipamiento típico de los militares y/o las Fuerzas Armadas logran poner bajo su competencia las tareas de seguridad pública.

De la misma manera, Flores-Macías (2023) ha argumentado que el aumento de la violencia criminal lleva a los gobiernos a adoptar estados de excepción. Estas medidas extraordinarias terminan por causar una serie de efectos en la expansión de los poderes del Ejecutivo como el recorte de libertades y derechos, la remoción de las acciones de las fuerzas militares del control legislativo y judicial, a la vez que invade las competencias de gobiernos locales.

Para comprobar la existencia de la aplicación militarizada de la ley y la declaración del estado de excepción dentro del caso salvadoreño se aplicarán la prueba de la pistola humeante (smoking-gun test). Esta prueba establece un criterio suficiente (Collier, 2011) donde la existencia de una pieza de evidencia valida la hipótesis, pero la ausencia de esta no descarta completamente la hipótesis (Mahoney, 2012). En la Tabla 1 se presentan los resultados de la prueba de suficiencia para ambas partes teorizadas.

En el caso salvadoreño, ambas partes teorizadas están presentes, como muestran las pruebas de pistola humeante. La militarización de la aplicación de la ley se ha evidenciado en la implementación del Plan de Control Territorial (PCT), que consta de siete fases con las que el Gobierno ha buscado reducir la violencia criminal mediante el involucramiento de más efectivos militares en el combate a las maras (Stelmach, 2022). Asimismo, como una secuela de la securitización del crimen organizado en el escenario político, Bukele intentó fallidamente en 2020 presionar con la fuerza militar al Parlamento opositor para aprobar de una ley para financiar con un empréstito las fases posteriores de PCT, un episodio de choque institucional que posteriormente tendría eco con el desconocimiento del presidente de los fallos de la Corte Suprema de Justicia frente a sus decisiones respecto a los confinamientos forzosos como respuesta a la pandemia del covid-19.

Por otro lado, a finales de marzo de 2022, el Gobierno decretó el estado de excepción bajo la justificación de un repunte de la violencia criminal. Tras el asesinato de 87 personas por parte de la pandilla MS-13, Bukele planteó a la Asamblea la aprobación del régimen de excepción (Consejo de Ministros de El Salvador, 2022). Bajo esta medida se suspendieron el derecho de asociación, las garantías judiciales a la presunción de inocencia y la detención administrativa, así como la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones de los ciudadanos (Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 2022a). En el Gráfico 1 se presentan las partes del mecanismo causal en su etapa deductiva.

Sin embargo, las dos partes deductivas del mecanismo no son suficientes para explicar el camino hacia la autocratización en El Salvador. La evidencia del caso nos advierte que entre ambas partes han mediado una serie de eventos que explican con mayor profundidad el camino causal hacia la autocratización. Siguiendo la estrategia inductiva centrada en el rastreo de procesos retrospectivo se conceptualizan a partir de la evidencia hallada en el caso de las partes que complementan el mecanismo causal.

El régimen de excepción se justificó como una medida extraordinaria del Gobierno Bukele ante el incremento repentino de los homicidios. Para 2021, la tasa de homicidios había caído a 18 homicidios por cada 100.000 habitantes (UNODC, 2023), lo que se atribuía exclusivamente a la implementación de las fases del PCT. No obstante, entre noviembre de 2021 y marzo de 2022 se registraron dos picos de violencia (Papadovassilakis, 2022; Robbins, 2021) que torpedearon la narrativa de Bukele sobre el control de la violencia de las maras. Además de demostrar la capacidad violenta de las pandillas, estos hechos descubrieron la fragilidad del acuerdo informal con las maras que el Gobierno había estado gestando desde el inicio de su periodo. Concretamente, las investigaciones periodísticas llevadas a cabo por El Faro han expuesto que el incremento de la violencia criminal que llevó a la implementación del estado de excepción estuvo relacionado con la ruptura de un acuerdo informal entre el Gobierno Bukele y las maras[3] (Martínez, 2022).

Dicho acuerdo informal tenía por objetivo reducir los homicidios para elevar la popularidad del Gobierno Bukele aprendiendo de las experiencias pasadas que indicaban que la aplicación exclusiva de la represión había fortalecido a las pandillas. Es así como el acuerdo comprometía a las tres grandes maras salvadoreñas (MS-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios) a disminuir los ataques entre ellas y contra los funcionarios policiales y militares para mejorar la percepción de seguridad. A cambio, el Gobierno se comprometía a mejorar las condiciones de los pandilleros en las cárceles mediante la reversión de medidas represivas como el agrupamiento de miembros de distintas maras en un mismo centro penitenciario (Martínez et al., 2020). En ese sentido, otras evidencias apuntan a este pacto registrando la inusual colaboración de las maras para el cumplimiento de la cuarentena en varias zonas de la capital salvadoreña (Martínez y Martínez, 2020) y la garantía a las maras de la aprobación de una nueva ley carcelaria en caso de vencer el partido de Bukele en las elecciones legislativas (Valencia, 2022). Por tanto, la reducción de los homicidios combinó la presencia de militares y policías en las calles con la voluntad de las pandillas de cesar la violencia (International Crisis Group, 2020).

Conceptualmente, estos hechos se pueden definir en torno al concepto de gobernanza crimilegal (Schultze-Kraft, 2019), definido como el ejercicio de la autoridad política mediante la combinación fluida de los medios legales y los criminales. Siguiendo esta definición, el acuerdo informal del Gobierno Bukele con las maras se conceptualiza como la creación de una gobernanza crimilegal, mientras que las olas homicidas que condujeron a la declaración del estado de excepción se interpretaron como la ruptura de la mencionada gobernanza.

No obstante, el rompimiento de ese acuerdo informal no habría sido suficiente para conducir a la declaración del estado de excepción. Para ello era necesario concentrar los poderes públicos en manos del Gobierno para lograr tal medida excepcional. Aunque los homicidios disminuyeron entre 2019 y 2021 gracias a la combinación de mano dura y negociaciones informales con las pandillas, la coalición de gobierno seguía siendo minoritaria[4] e incapaz de proteger al presidente de las acusaciones de la Fiscalía por malversación de fondos durante la pandemia (Calderón, 2020). Las elecciones de 2021 se presentaron como una oportunidad de superar esta situación gracias a la aprobación presidencial de Bukele del 83 % (Directorio Legislativo, 2021) y al ascenso en la intención de voto de su partido, Nuevas Ideas (NI), que aventajaba por 30 puntos porcentuales a ARENA y el FMLN[5] (Instituto Universitario de Opinión Pública [IUDOP], 2021). Finalmente, el partido de Bukele y sus aliados alcanzaron 63 de las 84 curules de la Asamblea Legislativa (Córdova Macías y Cubas, 2021; Meléndez-Sánchez, 2021), suficientes para lograr los dos tercios requeridos para legislar sin negociar con otras formaciones políticas.

Además de lograr la mayoría legislativa, Bukele se aprestó a copar las instituciones judiciales. Mediante un procedimiento irregular y expedito, NI y sus aliados destituyeron a los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general (France 24, 2021; Fundación para el Debido Proceso, 2022) y llenaron sus vacantes con miembros afines al Gobierno. Asimismo, la purga se extendió a varios niveles de la Administración de justicia (Miranda, 2021). Con estas maniobras, Bukele blindó sus decisiones frente a cualquier veto institucional. Con un legislativo controlado, el régimen de excepción fue aprobado sin apenas oposición e incluso la destitución del fiscal Raúl Melara y su desplazamiento por un funcionario cercano al Gobierno permitió tanto el desmonte de diversas investigaciones respecto al presidente y su círculo cercano como instrumentalizar la fiscalía para perseguir a sus opositores. De la misma manera, la elección de nuevos magistrados de la Sala Constitucional favoreció la anuencia con la profundización de la securitización y, en particular, abrió el camino a la postulación del presidente Bukele para el periodo 2024-2029, aun cuando la Constitución lo prohíbe (Gavarrete et al., 2021).

Como consecuencia de la aplicación del régimen de excepción, El Salvador ha transitado a un escenario de autocracia electoral. La extensión ininterrumpida del régimen de excepción ha posibilitado la violación de derechos y libertades (El Parlamento de El Salvador Aprobó la decimosexta prórroga del régimen de excepción que suspende las libertades y garantías, 2023). Evidentemente, se ha profundizado la securitización con el endurecimiento de las penas contra pandilleros y sus colaboradores mediante seis reformas del Código Penal (Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 2022b) y la aprobación de los juicios colectivos que vulneran el debido proceso de los detenidos (Parlamento de El Salvador aprueba juicios colectivos>, 2023). Sin embargo, un rasgo relevante ha sido la extensión de la represión a la sociedad civil y los opositores políticos. Por un lado, se estima que alrededor de 5.000 personas han sido víctimas directas de los abusos cometidos por policías y soldados dentro del estado de excepción (Deutsche Welle, 2023; Human Rights Watch y Cristosal, 2022) mientras que el Gobierno ha adoptado una legislación que castiga a los periodistas con 15 años el cubrimiento de noticias relacionadas con las pandillas (Nueva ley adoptada en El Salvador sanciona con penas de hasta 15 años de prisión a los periodistas que den cobertura informativa a las pandillas, 2022). Por otro lado, el uso de la justicia contra los opositores y el espionaje ha sido evidente para acosar a miembros de partidos políticos, sindicatos e incluso funcionarios disidentes de su Gobierno. Esto ha generado que en el país se haya instalado un estado policial en la que la sociedad civil está en constante riesgo de que el ejercicio de sus derechos políticos sea criminalizado.

Por otro lado, durante el régimen de excepción se desequilibraron las normas de representación política. Gracias a la supermayoría legislativa, Bukele sancionó la reforma electoral para reducir la composición de la Asamblea Legislativa de 84 a 60 diputados y del número de municipios de 262 a 44 (Campos Madrid, 2023). En las elecciones legislativas de 2024, NI logró consolidar su completo dominio de la Asamblea Legislativa obteniendo 54 de los 60 escaños, pulverizando cualquier presencia opositora. Asimismo, tras una campaña electoral poco competitiva, Bukele logró reelegirse para un segundo periodo con el 84,6 % de los votos, con lo que consolida una nueva etapa en El Salvador signada por la hegemonía del bukelismo.

En el Gráfico 2 se sintetiza la explicación causal. El argumento construido es que el camino hacia la autocratización en El Salvador combinó la preservación de las políticas de seguridad de gobiernos del bipartidismo con la intención y las oportunidades políticas de Bukele para desmantelar los contrapesos institucionales. Mientras se fortaleció el consenso punitivo de los gobiernos de ARENA y el FMLN mediante la articulación de políticas de mano dura y las negociaciones informales con las pandillas, la reducción de las tasas de homicidios fue capitalizada por Bukele para perseguir la concentración de poder después de las elecciones legislativas de 2021. La grieta en la política de seguridad tras las olas homicidas de 2022 supuso una coyuntura clave para acelerar el proceso de autocratización con la declaración del estado de excepción, que con el tiempo no solo desarticuló la mayoría de las estructuras pandilleras, sino que extendió la represión hacia la sociedad civil y configuró un escenario político que favoreció la controversial reelección presidencial y la construcción de una hegemonía partidaria en manos de NI.