La evolución de la economía costarricense durante el siglo XXI ha venido determinada por su modelo histórico-estructural multiexportador, que comenzó a explicar la dinámica económica del país tras la implementación del modelo reformista de desarrollo durante la década de los ochenta del siglo XX (Hidalgo-Capitán, 2003).

Como consecuencia de ello, la economía costarricense ha sido exitosa en lograr un crecimiento estable y sostenido. Salvo en 2009 (como consecuencia del estallido de la gran recesión en los países desarrollados) y 2020 (como consecuencia de la pandemia del COVID-19), sus tasas de crecimiento real han sido siempre positivas entre 2000 y 2021, tanto en términos globales como en términos per cápita, con un crecimiento medio anual del 3,6 % y un crecimiento medio anual per cápita del 2,4 %¹ (Figura 2).

Aunque el dato de crecimiento relevante para el bienestar de la sociedad costarricense es el del aumento de la renta per cápita (crecimiento medio anual per cápita del PIB). Así, en términos constantes con año base en 2018, la renta per cápita costarricense pasó de ser 7.624 $ en 2000 a 12.863 $ en 2021 (Figura 3).

Este crecimiento económico tiene uno de sus principales fundamentos en el tirón de las exportaciones, que representan en torno a la tercera parte de la economía nacional; aunque hasta la gran recesión de 2008 las exportaciones de bienes y servicios superaban el 40 % del PIB (Figura 4). Esto nos indica que la entrada en vigor en 2009 del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (TLC) no ha favorecido el aumento de la relevancia de las exportaciones costarricenses en su PIB, sino lo contrario. Desde el 2009 la demanda externa ha perdido importancia en la producción costarricense (Figura 4), siendo compensada por el aumento del consumo público, vinculado al incremento de gasto social.

Costa Rica ha basado su crecimiento económico durante el siglo XXI en una diversificada y equilibrada gama de exportaciones agropecuarias (22 % del total en 2000 y 25 % en 2021; banano, café, azúcar, frutas tropicales…), manufactureras (42 % del total en 2000 y 37 % en 2021; productos agroalimentarios, material médico, medicamentos, neumáticos, microprocesadores, componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos…) y de servicios (36 % del total en 2000 y 38 % en 2021; turismo, call centers, consultoría…) (Banco Mundial, 2023; Procomer, 2023). Y esta combinación flexible de bienes y servicios exportables ha contribuido sensiblemente al crecimiento económico costarricense (Figuras 2 y 3).

No obstante, un segundo motor de este crecimiento se encuentra en el consumo de las familias costarricenses, que representa entre el 60 % y el 65 % del PIB y que se ve favorecido por los bajos niveles de pobreza y desigualdad socioeconómica que existían en Costa Rica en 2000 y que siguen existiendo en 2021 (pese al aumento de la desigualdad).

El aumento de la desigualdad socioeconómica en Costa Rica entre 2000 y 2021 puede apreciarse en la evolución del índice de Gini, que pasó del 0,479 en 2000 al 0,501 en 2021 (Figura 5). No obstante, entre 2000 y 2013 la tendencia de la desigualdad fue creciente, apreciándose una ligera reducción de la desigualdad entre 2013 y 2020, que se vio truncada en 2021 (cuando se acusaron los efectos sociales de la pandemia).

El incremento global de la desigualdad socioeconómica también se aprecia en el hecho de que el 20 % más rico de la población costarricense (el quintil 5, identificable con la clase alta) ha pasado de apropiarse del 53 % de la renta en 2000 a hacerlo del 55,2 % en 2021. Ese incremento de 2,2 puntos de la apropiación de renta de la clase alta se hace en detrimento de los quintiles 1 (clase baja), 2 (clase media-baja), 3 (clase media-media) y 4 (clase media-alta), que dejan de apropiarse, respectivamente, de 0,3, 0,7, 0,6 y 0,6 puntos de la renta nacional (Figura 6).

Dicho de otro modo, las clases medias costarricenses son las grandes perdedoras de los negativos efectos distributivos del modelo multiexportador durante el siglo XXI; y lo son en beneficio de las clases altas costarricenses. La clase baja, por su parte, también sale perjudicada por este modelo, aunque en menor medida, ya que las políticas de lucha contra la pobreza han compensado parcialmente los negativos efectos distributivos del modelo.

La tasa de pobreza, entendida como aquel porcentaje de la población que no tiene acceso a una canasta básica alimentaria y no alimentaria, se ha reducido ligeramente en Costa Rica entre 2000 y 2021, debido fundamentalmente al efecto derrame del crecimiento económico a través del mercado (Aghion y Bolton, 1997).

No obstante, dado que el crecimiento económico per cápita total a largo plazo fue del 68,7 % (entre 2000 y 2021), y asumiendo que por cada punto de crecimiento económico per cápita a largo plazo la pobreza se reduce entre 2 y 3 puntos (Ravallion y Chen, 1997), cabría esperar una reducción muy intensa de la tasa pobreza, de manera que ésta se hubiese acercado a un nivel próximo a la «pobreza cero». Sin embargo, la tasa de pobreza sólo se redujo un 29,5 % en el largo plazo y alcanzó sólo el nivel del 15,4 % en 2017 (19,4 % en 2020 y 17,3 % en 2021, incluido el efecto de la pandemia) (Figuras 2 y 7). Y ello es aún más relevante cuando observamos las tasas de pobreza extrema o indigencia (referidas a las personas que no tienen acceso a una canasta básica alimentaria), que sólo se han reducido un 24,5 %, pasando del 4,9 % en 2000 al 3,7 % en 2021, con un mínimo del 3 % en 2007. Así, parece existir un suelo en la indigencia en Costa Rica, en torno al 3 % de la población, difícil de rebasar (Figura 7).

La escasa reducción de la pobreza y la indigencia se explicaría por varios factores. El primero de ellos son los bajos niveles de pobreza y de indigencia de Costa Rica en 2000, con unas tasas del 27,5 % y del 4,9 %, respectivamente, lo que hace que sus ritmos de reducción sean necesariamente más lentos (Bourguignon, 2003). Y ello es así, porque las personas pobres con mejores opciones para insertarse favorablemente en el mercado laboral son las primeras en ser contratadas y en salir de las estadísticas de pobreza, permaneciendo en las bolsas de pobreza aquellas personas con menores opciones de inserción laboral; personas que, en muchas ocasiones, no son sólo pobres, sino también socialmente excluidas (analfabetas, enfermas, discapacitadas, sin techo, exconvictas, alcohólicas, drogodependientes, ludópatas…) (Silver, 1994), muchas de ellas indigentes. De hecho, el aparente suelo de la reducción de la indigencia estaría relacionado con la exclusión social de las personas indigentes (Figura 7).

Parece evidente que la capacidad del efecto derrame para reducir la pobreza y la indigencia es muy limitada y que se necesitan políticas públicas de lucha contra la pobreza para reducir los niveles de pobreza, especialmente los de indigencia, cuando éstos son relativamente bajos (Bourguignon, 2003). Ello supondría focalizar los esfuerzos en la reducción de la informalidad, el aumento de los salarios mínimos y el cumplimiento de su pago, y el aumento del gasto público social (Cecchini et al., 2021).

Igualmente es evidente que el crecimiento económico costarricense en el siglo XXI no ha reducido los niveles de desigualdad. La distribución de la renta emanada del mercado no es equitativa y el simple crecimiento económico no altera dicha distribución. Para ello sería necesario implementar políticas públicas que redundasen en una reducción de la desigualdad socioeconómica, tales como políticas laborales que incidiesen sobre la reducción de la informalidad, el aumento (efectivo) de los salarios mínimos y medios y el cierre del abanico salarial, y políticas fiscales que incidiesen sobre la (efectiva) progresividad impositiva y la focalización del gasto público social (Cecchini et al., 2021).

El quintil 5 de renta, la clase alta o las élites económicas en Costa Rica, se ha enriquecido de manera significativa durante el siglo XXI, acumulando en promedio más del 54,6 % de la renta nacional anual (Figura 8).

Estas élites económicas siempre han tenido un comportamiento político basado en dos estrategias, el control directo del Estado y la influencia directa sobre éste cuando ello no es posible. El control directo del Estado lo obtienen transformándose en élites políticas o estableciendo lazos familiares con ellas (Mosca, 2004). De hecho, las élites políticas suelen pertenecer a las mismas familias que conforman las élites económicas; familias que suelen tener «un pie» en la política (lo que les aporta capacidad de control del Estado) y «otro pie» en la economía (lo que les aporta los recursos necesarios para financiar su actividad electoral y los períodos en los que están fuera de la primera línea de la política)². Es habitual que quienes ostentan la Presidencia de la República, las vicepresidencias, los ministerios y los viceministerios de las áreas económicas y algunas curules de las fracciones legislativas del PUSC, del PLN y del PAC³ formen parte de familias con importantes negocios de ámbito nacional, cuya prosperidad, por lo general, está vinculada con algunas decisiones tomadas desde el ámbito de la política, ya sea en el Gobierno, ya sea en la Asamblea Legislativa (e incluso en el Poder Judicial)⁴ (Blanco, 2010; Robles-Rivera y Cárdenas, 2021).

En la medida en que las élites económicas van perdiendo capacidad de control político directo del Gobierno y de la Asamblea Legislativa, éstas utilizan la influencia política para defender sus intereses (Ferguson, 1995). Así, estas élites financian las campañas electorales de los diferentes partidos con opción de gobierno y de representación legislativa relevante (PUSC, PLN, PAC…) y se convierten luego en grupos de presión, por medio de asociaciones empresariales o de think tanks, para conseguir que el Gobierno y/o la Asamblea Legislativa aprueben medidas que les favorezcan (como las exoneraciones fiscales que tienen las grandes empresas costarricenses); aunque, otras veces, la presión viene desde organismos públicos autónomos que estas élites han conseguido controlar durante décadas (Banco Central de Costa Rica, Contraloría General de la República…) (Arias, 2019; Díaz, 2020; Ugarte, 2020).

Dichas élites económicas y políticas tienen una ideología neoliberal que se manifiesta en la gestión política del Gobierno y de la Asamblea Legislativa, hasta 2022 controlados por partidos políticos neoliberales (PUSC, PLN y PAC). De las seis administraciones que han existido entre 1998 y 2022, dos han estado presididas por políticos del PUSC (Rodríguez y Pacheco), dos por políticos del PLN (Arias y Chinchilla) y dos por políticos del PAC (Solís y Alvarado). Si tomamos como referencia las curules ocupadas por los partidos neoliberales (PUSC, PLN, PAC y las diferentes escisiones del PUSC), tenemos que el peso de estas élites en la Asamblea Legislativa ha sido del 89 % en 1998-2002, del 98 % en 2002-2006, del 95 % en 2006-2010, del 88 % en 2010-2014, del 77 % en 2014-2018, del 67 % en 2018-2022 y del 60 % en 2022-2026.

Conviene recordar que, para el neoliberalismo, la reducción de la desigualdad socioeconómica va en contra de su concepción de justicia social, inspirada en la igualdad de oportunidades y no en la igualdad de resultados (Summers, 2012). La reducción de la pobreza, por el contrario, sí es asumida como objetivo por éstos, en la medida en que la existencia de la pobreza impide la igualdad de oportunidades y, sobre todo, porque obedece a su criterio de paz social, basado en un orden público que permita el adecuado funcionamiento del libre mercado; y esto es así porque la reducción de la pobreza reduce también los delitos cometidos por necesidad económica (hurtos, robos, menudeo de drogas, prostitución, violencia pandillera…) (Marshall, 1949/1997).

Puede comprenderse entonces la escasa relevancia otorgada por las seis administraciones citadas a las políticas laborales y tributarias (que pueden incidir sensiblemente en la reducción de la desigualdad), siendo la preocupación por las políticas sociales algo mayor (por cuanto se pueden focalizar en la reducción de la pobreza).

Así, en Costa Rica durante el siglo XXI no ha habido una política eficaz dedicada a reducir la informalidad laboral, y el empleo informal ha pasado de representar el 34,7 % del total del empleo en 2011 al 40,8 % en 2021 (Figura 9).

La reducción de la informalidad en Costa Rica pasaría por reforzar la inspección laboral y sancionar a las empresas que empleen mano de obra sin un contrato laboral en regla. De nada sirven las garantías sociales, si cuatro de cada diez personas que trabajan en el país no pueden disfrutar de ellas. La reducción de la informalidad laboral es un imperativo constitucional que todos los partidos que han gobernado el país han eludido; y sin ello no puede existir justicia social porque no todas las personas asalariadas tienen las mismas oportunidades para disfrutar de los frutos de su esfuerzo. Además, las personas con empleos informales, muchas de ellas inmigrantes, se localizan mayoritariamente en los dos primeros quintiles de renta; y en el primero de ellos es donde se localiza la pobreza. Además, estas personas carecen de derechos laborales (salarios mínimos, vacaciones, descansos, indemnizaciones por despido…) y no realizan cotizaciones sociales, por lo que, ante situaciones de vejez o invalidez, sólo tendrían derecho a pensiones no contributivas.

La reducción de la informalidad en Costa Rica pasaría por reforzar la inspección laboral y sancionar a las empresas que empleen mano de obra sin un contrato laboral en regla. De nada sirven las garantías sociales, si cuatro de cada diez personas que trabajan en el país no pueden disfrutar de ellas. La reducción de la informalidad laboral es un imperativo constitucional que todos los partidos que han gobernado el país han eludido; y sin ello no puede existir justicia social porque no todas las personas asalariadas tienen las mismas oportunidades para disfrutar de los frutos de su esfuerzo. Además, las personas con empleos informales, muchas de ellas inmigrantes, se localizan mayoritariamente en los dos primeros quintiles de renta; y en el primero de ellos es donde se localiza la pobreza. Además, estas personas carecen de derechos laborales (salarios mínimos, vacaciones, descansos, indemnizaciones por despido…) y no realizan cotizaciones sociales, por lo que, ante situaciones de vejez o invalidez, sólo tendrían derecho a pensiones no contributivas.

Con los salarios, la situación es similar. Los salarios mínimos han crecido en Costa Rica en términos reales en torno al 24 % entre 2000 y 2021; partiendo de un salario mínimo de 201 $ mensuales en 2000 y llegando a los 516,6 $ en 2021. No obstante, la subida de los salarios mínimos en términos reales en Costa Rica no comenzó hasta 2009 (Figura 10).

Unos salarios mínimos altos y crecientes favorecen significativamente la reducción de la pobreza; siempre que las personas pobres tengan empleos formales y que no haya incumplimientos en el pago de dichos salarios. Sin embargo, la tasa de informalidad en el país supera el 40 % de las personas asalariadas y la tasa de incumplimiento del pago del salario mínimo supera el 30 % de las personas con un empleo formal (Trejos, 2014). Por ello, el efecto del incremento del salario mínimo sobre la reducción de la pobreza ha sido muy reducido (Trejos, 2015). La reducción del incumplimiento del pago del salario mínimo en Costa Rica pasaría por reforzar la inspección laboral y sancionar a las empresas que retribuyesen a su mano de obra por debajo del salario mínimo.

Por su parte, el salario medio ha crecido en términos reales un 45 % en Costa Rica, más deprisa que el salario mínimo (Figura 10), por lo que ha contribuido a ampliar el abanico salarial y a aumentar la desigualdad socioeconómica entre las personas asalariadas. Una política que hubiese querido incidir en la reducción de la desigualdad socioeconómica debiera haber impulsado una subida del salario mínimo superior a la del salario medio; pero ninguna de las seis administraciones ha querido utilizar esta herramienta por un injustificado temor a la pérdida de competitividad de las exportaciones (Vargas, 2019). Sin embargo, la competitividad vía precios está más vinculada con el salario medio que con el salario mínimo, dado que las personas empleadas en los sectores dedicados a la exportación tienen salarios muy diversos.

Las políticas tributarias en Costa Rica durante el siglo XXI se han caracterizado por su baja presión fiscal, en línea con lo que cabría esperar de gobiernos neoliberales. El volumen de los ingresos tributarios respecto del PIB (incluyendo cotizaciones sociales) no ha superado el 25 % hasta 2021⁵ (Figura 11); cantidad sensiblemente inferior al 40 % que suelen representar dichos ingresos en los países con Estados del bienestar consolidados. Esta insuficiencia de los ingresos públicos respecto de los gastos públicos ha contribuido al crecimiento de la deuda pública durante el siglo XXI.

La baja presión fiscal costarricense es coherente con el concepto de justicia social neoliberal, por cuanto renuncia a utilizar los impuestos como instrumento de redistribución de la renta emanada del mercado y asume que dicha distribución es más justa que la resultante de una acción pública redistribuidora; al margen de que la negativa de las élites económicas y políticas costarricenses a la redistribución de la renta es coherente con sus intereses (Acemoglu et al., 2003).

Esta renuncia a la redistribución se aprecia también en el carácter regresivo del sistema tributario costarricense. Sin considerar las finalistas cotizaciones sociales, entre 2000 y 2021 la recaudación por impuestos indirectos (sobre las ventas, selectivo de consumo y derechos de importación) siempre ha superado a la obtenida por impuestos directos (sobre la renta y sobre los activos) (Figura 11). No obstante, conviene señalar que la regresividad fiscal costarricense presenta una cierta tendencia a la reducción, debido a pequeños ajustes en los tipos de gravámenes de los diferentes impuestos. Así, en 2000 los ingresos tributarios indirectos respecto del PIB superaban a los directos en 5,5 puntos, mientras que en 2021 la diferencia era de 1,4 puntos (Figura 11).

Por su parte, las políticas sociales han recibido un importante impulso durante el siglo XXI; en especial a partir de 2006, porque entre 2001 y 2006, durante las Administraciones Rodríguez y Pacheco, el gasto público social respecto del PIB se redujo en 1,8 puntos. Entre 2006 y 2010, durante la Administración Arias, por el contrario, aumentó en 5,6 puntos, pasando del 16,9 % del PIB al 22,5 % del PIB; y desde entonces, entre 2010 y 2020, bajo las Administraciones Chinchilla, Solís y Alvarado, dicho gasto se ha mantenido entre el 21 % y el 25 % del PIB, con una ligera tendencia al alza. El resultado ha sido que el gasto social ha pasado de representar el 17,3 % del PIB en 2000 al 24,6 % en 2020 (Figura 12).

Este aumento del gasto social se ha focalizado en tres grandes partidas: protección social, educación y salud. Entre 2000 y 2020 el gasto en protección social ha pasado de representar el 6 % del PIB al 8,1 %; el gasto en educación ha crecido desde el 4,7 % al 7 %; y el gasto en salud ha aumentado del 5 % al 6,9 %. La cuarta partida del gasto social es vivienda y servicios comunitarios, que se ha incrementado en el mismo período desde el 1,5 % al 2,4 %. Los demás gastos sociales son los dedicados a actividades recreativas, deportivas, culturales y religiosas y se mueven entre el 0,1 % y el 0,2 % del PIB (Figura 12). Este incremento del gasto social es coherente con la preocupación neoliberal por reducir la pobreza, para generar igualdad de oportunidades (por medio de las mejoras en educación⁶ y salud⁷) y paz social (por medio de las mejoras en protección social⁸ y vivienda y servicios comunitarios⁹).

Llama la atención que, pese al aumento del gasto público social durante la Administración Alvarado, entre 2018 y 2020, los niveles de pobreza hayan aumentado (Figuras 2 y 7). Esto pone de manifiesto que ha sido el bajo crecimiento económico (derivado de un menor consumo público ante una restricción fiscal y del posterior impacto de la pandemia) el responsable principal del aumento de la pobreza; y ello nos indica la sensibilidad del aumento de la pobreza a la caída del ritmo de crecimiento económico.

Si vemos la tendencia del índice de felicidad nacional de Costa Rica en la última década (Sustainable Development Solutions Network, 2012-2023), podemos apreciar cómo el nivel de felicidad de la población costarricense ha ido disminuyendo, entre 2011 y 2022; disminución que se observa incluso antes de la pandemia (Figura 13).

Tomando en consideración que los niveles de felicidad de las personas surgen del contraste entre sus aspiraciones y aquello que realmente consiguen (Veenhoven, 2009), el contraste entre la aspiración de movilidad social del pueblo costarricense y el empeoramiento del nivel de vida de la mayoría de éste (lenta reducción de la pobreza y aumento de la desigualdad socioeconómica) influye en la disminución de los niveles de felicidad de la población costarricense.

Además, el empeoramiento del nivel de vida de la población costarricense también influye en su negativa percepción respecto de sus élites políticas y económicas, a las que suelen responsabilizar de la escasa reducción de la pobreza y, sobre todo, del aumento de la desigualdad (testimonios personales). Así, puede apreciarse como el índice de aprobación presidencial a un año del final de su mandato ha sido negativo en los casos de Rodríguez, Chinchilla, Solís y Alvarado; sólo Pacheco y Arias obtuvieron una valoración positiva (CID/Gallup, 2021) (Tabla 1).

No obstante, todas las administraciones se han encontrado con contestaciones populares en la calle, como las protestas referidas al combo energético (Rodríguez), al TLC (Pacheco y Arias), a temas sectoriales (Chinchilla, Solís y Alvarado), al combo fiscal (Alvarado) y a las restricciones por la pandemia (Alvarado) (Tabla 1).

Dichas protestas, que pudieron ser más o menos coyunturales, han venido acompañadas de un clima de desconfianza del pueblo costarricense respecto de sus élites políticas y económicas, evidenciadas por los escándalos de corrupción que han sacudido bien directamente a quienes han ocupado la Presidencia de la República, bien a algunas personas a su cargo. Así, el expresidente Rodríguez fue acusado de corrupción por el caso «Alcatel-ICE» (relacionado con concesiones de servicios de telefonía) y llegó a ser condenado a prisión; el expresidente Pacheco fue cuestionado por «donaciones» recibidas de entidades extranjeras durante su campaña electoral; el expresidente Arias fue investigado por el caso «Crucitas» (relacionado con concesiones mineras); la expresidenta Chinchilla fue investigada por el caso de malversación de fondos públicos «La Trocha» (relacionado con obras de una carretera fronteriza con Nicaragua); el expresidente Solís fue cuestionado porque bajo su mandato se produjo un tráfico de influencias en el caso del «Cementazo» (relacionado con una autorización de importación de cemento extranjero); y el expresidente Alvarado ha sido igualmente cuestionado por el caso de corrupción «Cochinilla» (relacionado con la concesión de obra pública), que afecta a personas a su cargo (Tabla 1).

Además, las encuestas de opinión pública elaboradas desde 2013 indican que la valoración de las Administraciones Chinchilla, Solís y Alvarado siempre fueron muy negativas (con tres excepciones en julio de 2014, julio de 2017 y abril de 2020) (Universidad de Costa Rica [UCR], 2022a).

Así, en Costa Rica, la percepción social que tienen las personas de sus propias vidas y de las élites políticas y económicas ha hecho crecer progresivamente el malestar social en el país. Y este malestar, atendiendo a la idiosincrasia cívica costarricense, se ha ido manifestando en el comportamiento electoral de la población, en especial en un abstencionismo activo racional de rechazo (Flanigan, 1968) o, más específicamente, en un abstencionismo político derivado de la erosión de las simpatías ciudadanas por los partidos tradicionales (Raventós et al., 2005, pp. 229-230, 234). De hecho, antes de 1998, la abstención en Costa Rica se encontraba en torno al 20 %, entre 1998 y 2018, entre el 30 y el 35 %, y en 2022 superó el 40 % (Figura 14).

El malestar durante la Administración Rodríguez se manifestó en un aumento de la abstención de 1,2 en 2002, en la pérdida del PUSC de 8 curules, en la revalidación de la presidencia por parte del PUSC en segunda vuelta y en la emergencia del PAC con 14 curules.

El malestar durante la Administración Pacheco hizo crecer la abstención en 3,6 puntos en 2006, hizo perder al PUSC 12 curules (condenándolo a ser un partido minoritario desde entonces) y favoreció el crecimiento del PAC en 3 curules; las esperanzas del pueblo costarricense en 2006 se volcaron en la reelección del expresidente Arias, gracias a lo cual el PLN ganó 9 curules.

La buena percepción de la Administración Arias redujo la abstención en 2010 en 3,9 puntos, perdiendo el PLN sólo 1 curul, que ganó el PUSC, mientras que el PAC perdió 6 curules y permitió además la elección de Chinchilla. Sin embargo, la falta de resultados de la Administración Chinchilla, que se limitó a continuar las políticas de la Administración Arias, hizo aumentar la abstención en 0,9 puntos en 2014, dio la presidencia al PAC (en segunda vuelta) e hizo perder al PLN 6 curules; las esperanzas del pueblo costarricense se depositaron esta vez en el PAC, que, pese a tener menos curules que el PLN, arrasó en número de votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Sin embargo, la frustración social con el continuismo de la Administración Solís respecto de la Administración Chinchilla hizo crecer la abstención en 2,5 puntos en 2018, situándola en niveles similares a la de 2006, e hizo perder al PAC 3 curules. Además, en las elecciones de 2018 fue muy significativa la emergencia del partido evangélico, ultraconservador y populista, Restauración Nacional (RN, conocido popularmente como los ramashekos), que fue el más votado, obteniendo 14 curules y cuyo candidato pasó a segunda vuelta enfrentado al candidato del PAC; el PAC sólo consiguió revalidar la presidencia en segunda vuelta por el temor de una parte del pueblo costarricense a un gobierno de RN.

Pero la Administración Alvarado, que tuvo que lidiar con la pandemia, terminó generando un malestar aún mayor que las anteriores administraciones, provocando en 2022 un aumento de la abstención de 6 puntos (batiendo un récord al alcanzar el 40,3 %) y la pérdida de los 10 curules del PAC (que se quedó sin representación parlamentaria). Al tiempo, en 2022, emergió un nuevo partido, Progreso Social Democrático (PPSD), que obtuvo 10 curules y la presidencia en segunda vuelta¹⁰.

En línea con las tesis de Tocqueville (1856/2018) de que el malestar social aumenta habitualmente cuando, con anterioridad, se ha vivido una etapa de mejora de las condiciones de vida y, posteriormente, la situación empeora, y de que dicho malestar se expresa en forma de protesta contra las élites, podemos afirmar que la reducción de los niveles de felicidad y el cuestionamiento permanente del papel de las élites (derivado de la escasa reducción de la pobreza y del aumento de la desigualdad) en Costa Rica durante el siglo XXI han contribuido, de manera significativa, a la tendencia al aumento de la abstención y al castigo electoral a los tres grandes partidos nacionales (Sura-Fonseca, 2019).