La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) sostuvo una confrontación armada con el Estado colombiano durante medio siglo (1964-2016). En este período, forjó una cultura fariana (Samacá, 2017; González, 2020) mediante ideas, valores y actitudes de una cosmovisión alterna (Mina, 2017) en un entorno social altamente desigual¹. Esta organización guerrillera representó, en la mayoría de los casos, el único agente de socialización legítimo para sus integrantes (Pécaut, 2008; Rochlin, 2020); y desplegó una agencia civil con objetivos a largo plazo mediante el control territorial (Arjona, 2016). En áreas rurales desempeñó funciones de Estado, con importantes niveles de legitimidad en diferentes zonas marginadas con débil o nula presencia estatal, salvo la presencia militar (Aristizábal, 2004; Ortiz, 2008). Al tiempo que actuó como ejército, desplegó una capacidad de regulación de relaciones sociales y asumió forma de Estado (CHCV, 2015; Vélez, 2017).

En el año 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos firmó el Acuerdo de paz con las FARC-EP, que estableció rutas para la reincorporación individual y colectiva de los excombatientes. Una vez culminada la dejación de armas, 13.394 exguerrilleros se acreditaron para continuar con su proyecto político y social en el orden constitucional y legal vigente (ONU, 2020). A nivel político, se conformó el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), en el año 2017, que desde febrero del 2021 cambió su nombre a COMUNES. A nivel social, tras la localización inicial en 27 puntos y zonas transitorias de normalización, la reincorporación ha derivado en una diáspora exguerrillera que situó a quienes integraron las FARC-EP en los principales centros urbanos, en 93 Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR) y en 23 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) (Figura 1).

La ubicación de estos espacios fue una decisión consensuada entre los negociadores de las FARC-EP y del gobierno de Santos, para que la reincorporación colectiva fuese en zonas donde esta guerrilla tenía presencia durante el conflicto interno armado; con el fin, entre otros, de reorientar conocimientos del trabajo colectivo en la guerrilla y resignificarlos en la vida civil. Este es el caso de exguerrilleros asentados en los ETCR de Pondores en La Guajira y de Tierra Grata en Cesar², quienes pertenecían al Bloque Caribe, conocido como Martín Caballero.

La transición a la vida civil después de la firma del Acuerdo de paz se sitúa entre la ubicación de guerrilleros en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y su posterior conformación como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en 2019. Ese proceso se ha adelantado en un contexto donde se destacan los siguientes aspectos:

Primero, la transición a la vida civil se concibió integrada a los diferentes puntos del acuerdo desde una perspectiva de paz con enfoque territorial, buscando que los nuevos rasgos que asumían los exguerrilleros durante la transición, condujeran a su participación activa en la construcción de la paz y el desarrollo local. El Acuerdo de paz expresa el propósito de movilización colectiva de la extinta fuerza guerrillera en la medida en que, por una parte, contiene disposiciones precisas para el tránsito de las FARC-EP a partido o movimiento político legal (punto 3.2.1) en lo concerniente a la reincorporación política y, por la otra, busca promover un proceso de reincorporación económica colectiva a través de la constitución por parte de las FARC-EP de una organización de economía social y solidaria, denominada Economías Sociales del Común (ECOMÚN) (punto 3.2.2.1).

Segundo, es evidente la pretensión de superar la visión estatal hasta entonces predominante de la Desmovilización-Desarme-Reintegración (DDR), utilizada como parte de la estrategia contrainsurgente especialmente en la primera década de este siglo; lo cual se expresa –entre otros– en la definición de la «reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y lo político– (punto 3.2) y en que la expresión «DDR» no es utilizada en ninguna parte del acuerdo. La reincorporación no se define como desmovilización pues se considera que la extinta guerrilla continuará en movilización en la vida civil; no se acepta el concepto de desarme y en su lugar se introduce la «dejación de armas»; y a cambio de la expresión «reintegración» se adopta el término reincorporación con el que se pretende aproximar un entendimiento del proceso en términos de «normalización» guerrillera. Ello se expresa en los nuevos diseños institucionales que en la fase temprana de la implementación atendieron la demanda guerrillera de redefinir la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) hacia la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Lo anterior, sin prejuicio del reconocimiento del carácter individual que también posee el proceso de reincorporación (Estrada, 2020).

Tercero, aunque se produjeron importantes desarrollos normativos como producto del acuerdo, las respuestas estatales a la reincorporación reflejan una respuesta institucional insuficiente para enfrentar las demandas propias de ese proceso, expresada entre otras en la inexistencia de un plan integral de reincorporación. Su materialización –además de lenta– no se ha caracterizado por la comprensión de la complejidad del proceso (FIP, 2019b; Kroc Institute, 2019; Cinep-Cerac, 2020; ONU, 2020). La mayoría de las prestaciones individuales han tenido la debida atención (renta básica, asignación única de normalización, afiliación al sistema de seguridad social, entre otros); pero no ha ocurrido lo mismo con el componente colectivo, especialmente en su dimensión socioeconómica (acceso a la tierra, proyectos productivos, entre otros).

Cuarto, la implementación del acuerdo ha ocurrido en medio de una aguda contienda política, donde las visiones contrarias a lo pactado en La Habana han jugado un papel fundamental con la llegada a la presidencia de la República de Iván Duque en agosto de 2018. Su gobierno ha optado por una particular interpretación del acuerdo, que, además de afectar la integralidad del proceso de implementación, se ha sustentado en una redefinición de facto de lo acordado argumentando un presunto margen de apreciación según se aprecia en la política denominada de Paz con legalidad (Presidencia de la República, 2018)³. A ello se adiciona la persistente oposición y el accionar de sectores que se ubican a la derecha del espectro político, especialmente de la bancada parlamentaria del Partido del Centro Democrático. Por otra parte, al mismo tiempo, junto con el sostenido respaldo internacional, se ha apreciado una creciente aprehensión social del Acuerdo de paz, que incluye el apoyo de sectores significativos del Congreso de la República y del movimiento social y ciudadano, al punto que la implementación integral del acuerdo ha sido incorporada en su agenda como se evidenció en el paro del 28 de abril de 2020 y la revuelta social de los meses subsiguientes.

Quinto, los exguerrilleros y exguerrilleras se han visto enfrentados a la falta de garantías de seguridad (Procuraduría General de la Nación, 2018; CSIVI, 2019; FIP, 2019b; ONU, 2019; CSIVI, 2020a; Rojas, 2020; Ospina, 2021), debido a la insuficiente acción del Estado y la continuidad de las violencias en territorios dejados por las FARC-EP por accionar de diferentes organizaciones armadas ilegales (Indepaz, 2020), lo cual se expresa en el asesinato de líderes y lideresas sociales (cerca de 1.200) y de firmantes del acuerdo (Birke y Kurtenbach, 2021), en cifra que al inicio de 2022 superaba los 300, así como en la continuidad de las desapariciones y del desplazamiento forzado. Junto con ello, se advierten la estigmatización (Rico y Estrada, 2021) y las limitaciones para la «normalización» socioeconómica, incluidas las limitaciones para su vinculación laboral (Hernández et al., 2021). Aun bajo estas condiciones, se registran acciones colectivas de exguerrilleros que despliegan una gobernanza para la paz basada en la cooperación con actores sociales y políticos locales alrededor de metas comunes (Acosta, 2021; ONU, 2021), a lo cual se agrega su accionar político a través de diversas expresiones político-organizativas que entre tanto trascienden el partido COMUNES. En todo caso, son reiteradas las manifestaciones públicas de su compromiso con la implementación del acuerdo y de su disposición de cumplimiento con lo que les corresponde.

Sexto, con contadas excepciones, dentro de las cuales sobresalen los avances del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, disposiciones del acuerdo referidas a reforma rural integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas y garantías de seguridad no se han implementado y se encuentran pospuestas (Estrada, 2021). También se agregan problemas severos de financiación, como ha sido advertido por la Contraloría General de la República, cuyos análisis indican que, al ritmo actual, la implementación se prolongaría 11 años más frente a los 15 inicialmente previstos (CGR, 2021).

En ese contexto, conocer motivaciones de exguerrilleros y exguerrilleras para participar en acciones colectivas en los ETCR de Pondores y Tierra Grata es altamente relevante para identificar marcos para la acción colectiva durante la transición a la institucionalidad democrática. Este estudio no tiene alcances explicativos sobre la participación en acciones colectivas de exguerrilleros de las FARC-EP en todo el país, ni sobre el accionar del partido político creado en el posacuerdo que actualmente se denomina COMUNES.

Los marcos para la acción colectiva (MAC) son procesos de interpretación colectiva que legitiman y motivan la participación en movimientos sociales (Benford, 2013; McAdam, 2017; Snow et al., 2007). Gamson (1992/2011) propone los marcos de injusticia, identidad y eficacia como dimensiones prototípicas para analizar los MAC; no obstante, estudios posteriores presentan vínculos de estos marcos con orientaciones emocionales y morales (Jasper, 2011/2018; Vilas et al., 2016; Turner‐Zwinkels et al., 2017; Rico et al., 2017; Sabucedo et al., 2018; Cohen-Chen y Van Zomeren, 2018; Sabucedo et al., 2019; Klavina y Van Zomeren, 2020; Mironova y Witt, 2020; Sinha, 2020).

Teniendo en cuenta que la naturaleza de la realidad observada en un estudio cualitativo de corte hermenéutico es subjetiva e intersubjetiva, se analizaron experiencias de exguerrilleros que lideran iniciativas colectivas¹ relacionadas con la reincorporación socioeconómica y política en Pondores y Tierra Grata en el año 2019. Los 24 participantes eran excombatientes de la base guerrillera sin rango en la estructura militar (11 mujeres y 14 hombres con una pertenencia a la organización guerrillera de entre 15 y 30 años).

El marco de injusticia se reconfigura durante la transición a la vida civil. Primero, se delimitan más procesos sociopolíticos problemáticos sobre efectos de la violencia estructural, cultural y directa que desde el nivel local hacen sinergia con la institucionalidad. En este sentido, la dimensión procesual del cambio al que se aspira adquiere nuevos rasgos, comprometiendo una visión y un concepto más amplio de la legitimidad, concordante con los debates y entendimientos actuales de la democracia. El cuestionamiento de la legitimidad, centrado en el Estado en abstracto, se traslada a los más diversos ámbitos y lugares del orden social que ha sido objeto de interpelación, evidenciando una liberación cognitiva (Hunt et al., 2001) en torno al reconocimiento y conciencia del cambio social desde abajo.

Segundo, los problemas durante la transición no dependen exclusivamente del Estado (gobierno central y gobiernos locales), sino también de la intervención o participación de diferentes actores sociales, políticos y económicos, en escalas locales y regionales. Por lo tanto, la atribución causal se amplía a otros actores políticos y sociales antagónicos (Gamson, 1992, 2011).

Las narrativas del marco de identidad reflejan reconfiguraciones vinculadas al contexto político (Sabucedo et al., 2017). Al respecto, se resalta la transformación de la imagen del Estado; de enemigo absoluto pasa a la representación de adversario, resultado que coincide con el trabajo de Castillo y Niño (2020). Además, el escenario de movilización del posacuerdo ha propiciado una politización de la identidad colectiva alrededor de la paz, la inequidad y la injusticia (Turner‐Zwinkels et al., 2017), involucrando nuevas audiencias (Klandermans, 2014; Simon et al., 2018).

En este sentido, se destaca que el repertorio promovido en el contexto de la transición sobre justicia social y valores asociados a la construcción de paz busca llegar a más simpatizantes y aliados que en los tiempos del accionar guerrillero. De esa manera, se aviva el compromiso de los participantes con el cambio social, en cuanto afirman que su deber para construir paz es con la sociedad colombiana en su conjunto y no con el gobierno de turno. Con este argumento, se recrea la politización de su identidad colectiva (Simon, 2011; Klandermans, 2014). Asimismo, sus narrativas destacan el apoyo de organismos gubernamentales nacionales y de organismos internacionales en su movilización social sin armas, tal como ha ocurrido en otras experiencias de tregua en Centroamérica (Van der Borgh y Savenije, 2019).

En el marco de eficacia se destacan tres hallazgos sobre reconfiguración de repertorios vinculados al contexto de la movilización. Primero, la capacitación y el trabajo colectivo para la reincorporación les ha permitido resistir y construir iniciativas en un entorno amenazante, avivando una eficacia alternativa (Estrada, 2020), ante programas de reincorporación individual liderados por el gobierno para fragmentar el colectivismo (Torres, 2019).

Segundo, la disponibilidad biográfica constituye una fuente de eficacia interna tanto en la guerrilla como en la transición, porque los participantes siguen siendo personas que pertenecen a grupos en desventaja (McAdam, 2017). Asimismo, se amplía en la medida en que interactúan en la cotidianidad con más actores sociales, policías, militares, funcionarios públicos, familiares, habitantes lugareños, todos ellos con condiciones sociodemográficas similares, con quienes conviven en zonas rurales, generando lazos de solidaridad, confianza y cooperación local.

Tercero, la eficacia externa se reconfigura durante la transición mediante un nuevo rol, ahora como ciudadanos que reorientan sus metas sociopolíticas en un contexto marcado por la violencia, la incertidumbre y la inseguridad.

Además, la incertidumbre que rodea la reincorporación colectiva por la falta de garantías de seguridad (ONU, 2019; CSIVI, 2020; Rojas, 2020; Ospina, 2021) y de oportunidades socioeconómicas refuerza la politización sobre la inequidad social e incrementa las demandas políticas; lo cual tiene mayor sustento si se considera que desde el punto de vista exguerrillero se cumplió con lo pactado (CSIVI-FARC/CEPDIPO, 2020b), mientras que el gobierno (actual) obstaculiza y simula la implementación (CSIVI-FARC/CEPDIPO, 2021).

Por otra parte, se advierte que los participantes experimentan emociones positivas que promueven la eficacia externa en la transición. Como el optimismo derivado del acuerdo, asumido como un avance en la difusión y práctica de sus principios (Jasper, 2011, 2018; Rico et al., 2017); junto con el orgullo que sienten por participar en este momento histórico y excepcional (Jasper, 2011; Sinha, 2020). Igualmente, la legitimidad otorgada al acuerdo constituye un logro en sí misma (Noguera, 2007).

Los resultados evidencian que el contexto del posacuerdo permea la reconfiguración de MAC en la transición a la vida civil, en la medida en que el contenido de sus narrativas está relacionado con: a) compromiso de exguerrilleros con el acuerdo; b) cambio de gobierno veinte meses después de iniciar la implementación y c) atmósfera de polarización e intensa contienda política. En este sentido, durante el tiempo transcurrido de la implementación/2017-2019, el contenido de los MAC se reconfiguró y se amplió, evidenciando vínculos entre la injusticia, la identidad y la eficacia para cultivar una paz desde lo local. Al respecto, se destacan tres reflexiones:

Primera, la renuncia al alzamiento armado y la decisión de optar por la acción política legal aporta a la desescalada del conflicto, al descongelamiento del ethos del conflicto, contribuye al propósito de avanzar en la construcción de la paz completa y permite abrir nuevas vías para la regulación política del conflicto social y la convivencia pacífica. De este modo, se reafirma una percepción de eficacia en el posacuerdo y se fomenta una autoimagen colectiva positiva debido al estatus como actores sociales y políticos con reconocimiento institucional.

Segundo, su compromiso con la implementación del acuerdo se ha acompañado de un proceso de deconstrucción del proyecto original de la toma del poder por la vía armada hacia nuevas formas de la acción política, que, además de los propósitos más generales de democratización del orden social formulados en los documentos partidarios, se sustenta en la reelaboración de repertorios de construcción de paz desde abajo y la generación de estrategias de readecuación del acumulado histórico insurgente en función de su transición a la vida civil.

Tercero, la ampliación y la resignificación identitarias asociadas con la disponibilidad biográfica de personas pertenecientes a sectores sociales desfavorecidos, la mayor politización de la identidad colectiva y el orgullo de continuar siendo farianos sin armas recrean marcos de injusticia y de eficacia que incentivan la motivación de la acción colectiva en una atmósfera de inseguridad y de tensión política.

Los resultados de este estudio, producto de la exploración de visiones elaboradas a partir de las propias trayectorias de vida aprehendidas durante la guerra y ahora experimentadas en la reincorporación colectiva en los ETCR de Pondores y Tierra Grata, contribuyen al entendimiento de las acciones colectivas en el posacuerdo como parte de un proceso sociopolítico que puede considerarse inédito, si se tienen en cuenta las características y las particularidades de la exguerrilla de las FARC-EP. Asimismo, el estudio ofrece un aporte a la comprensión de las subjetividades exguerrilleras en procesos de transición tras la terminación de un conflicto armado, incorporando las voces de exguerrilleros de base, sin mando alguno durante el desenvolvimiento de la guerra, generalmente no escuchadas. En ese aspecto, llama la atención sobre el hecho que procesos de construcción de paz y de implementación de acuerdos no pueden ser comprendidos solamente a partir de las definiciones, diseños y ejecutorias macropolíticas, sino que también comprometen hombres y mujeres del común sobre quienes recaen las grandes decisiones, por lo tanto, sus procesos de interpretación colectiva y sus trayectorias de vida merecen toda atención. Más aún cuando es manifiesto el propósito de la movilización colectiva desde abajo.

Finalmente, queda abierta la posibilidad de desarrollar investigaciones en otros casos similares que permitan comparaciones, mediante estudios longitudinales, sobre la mediación del contexto en la continuidad y la reconfiguración de MAC en exguerrilleros en proceso de reincorporación colectiva en diferentes zonas del país y en otras regiones que enfrenten desafíos similares.