¿En qué medida apoya la opinión pública en América Latina la intervención estatal en la economía? Las actitudes públicas hacia la intervención estatal en la economía han sido siempre importantes en la política latinoamericana. El surgimiento de la llamada marea rosa a principios del siglo XXI aumentó el interés en este tema, ya que la elección de líderes de izquierda trajo consigo la implementación de nuevas políticas económicas. Tras la década perdida de los 80, muchos asumieron que el Consenso de Washington era el único camino disponible para el desarrollo económico de América Latina. La elección de presidentes de izquierda en los 2000 desafió este supuesto al llevar al poder a líderes de izquierda radical en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y líderes de izquierda moderada en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Honduras, Perú, Paraguay y El Salvador. Sin embargo, para 2015, presidentes de derecha reemplazaron a sus contrapartes de izquierda en varios países de la región.

Estos cambios en el liderazgo político brindan la oportunidad de examinar el apoyo (o la oposición) hacia la intervención estatal después de la marea rosa. En este artículo se examinan las actitudes públicas hacia dos tipos de intervención del Estado que históricamente han generado controversia: la propiedad estatal de las industrias y las políticas estatales para reducir la desigualdad de ingresos. Utilizando datos del Barómetro de las Américas 2016/17, se analizan los determinantes del apoyo a la intervención estatal en la economía a medida que la marea rosa comenzaba a retroceder¹.

Si bien algunos académicos han estudiado las actitudes públicas hacia las reformas de mercado en América Latina (Baker 2009), la literatura no ha examinado estas actitudes posteriormente a la marea rosa, con excepción de la innovadora investigación de Holland (2018) sobre la redistribución del ingreso. Estudios previos han encontrado que la opinión pública sobre la participación del Estado en el mercado en América Latina está menos influenciada por las variables económicas y demográficas tradicionales (incluidos el nivel de ingresos y los niveles de desigualdad económica) y más por las expectativas, moldeadas por la experiencia pasada (Holland, 2018;Queirolo, 2013;Baker, 2009). En consecuencia, es aún más imperativo medir las actitudes hacia la intervención estatal después de una década de un papel más expansivo del Estado en países gobernados por líderes de izquierda. Además, dado el papel de los líderes populistas de izquierda radical en la promoción de la intervención económica estatal en algunos países, nuestro objetivo es medir si las actitudes públicas están moldeadas por la aprobación de dichos líderes o son resultado de actitudes más duraderas hacia instituciones estatales. Profundizar en la comprensión de la dinámica de las actitudes públicas hacia la intervención estatal en la economía es de vital importancia, ya que las preguntas sobre el papel apropiado del Estado en el mercado han ocupado un lugar destacado en la política latinoamericana de los siglos XX y XXI. Las actitudes públicas hacia el papel del Estado son aún más relevantes hoy día, dado que el papel del Estado se ha magnificado durante la pandemia de COVID-19.

Este artículo se desarrolla en cuatro partes. La primera sección revisa la literatura existente relacionada con la opinión pública hacia la intervención estatal en el mercado. La segunda sección discute la medición y metodología utilizadas en este artículo y en la tercera, se analiza el impacto de los determinantes de apoyo a la intervención estatal en cada país latinoamericano. Dada la amplia gama de patrones de intervención estatal en la región, nuestro análisis compara los determinantes individuales de apoyo para intervención estatal en diversos países. La última parte del artículo discute las implicaciones de nuestros hallazgos.

La marea rosa se refiere a la ola de líderes de izquierda elegidos en América Latina a principios de la década de 2000. Después de la victoria presidencial de Hugo Chávez en Venezuela en 1999, líderes de izquierda llegaron al poder en Brasil (2003); El Salvador (2004); Uruguay (2005); Bolivia, Chile, Honduras y Perú (2006); Argentina, Ecuador y Nicaragua (2007), y Paraguay (2008). Aunque existieron diferencias entre las plataformas específicas de estos líderes de izquierda, todos abogaron por un papel más activo del Estado en la economía, comprometiéndose a promover el crecimiento económico y reducir la desigualdad de ingresos. En Venezuela, las políticas más radicales del «socialismo del siglo XXI» de Chávez capturaron los titulares, pero los líderes de izquierda moderados (por ejemplo, Bachelet en Chile) no abandonaron por completo las políticas de libre mercado prescritas en décadas anteriores por el Consenso de Washington (Clark y North, 2018). La privatización de empresas públicas fue la menos popular de las reformas de liberalización del mercado, y, en consecuencia, el rechazo al Consenso de Washington se centró en la renacionalización de ciertas industrias (por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina; solamente en Venezuela ocurrió una renacionalización extensiva).

Dado que la marea rosa coincidió con el auge de las materias primas, el rápido crecimiento económico creó más recursos para la inversión pública y el aumento del gasto social condujo a una disminución de las tasas de pobreza en varios países². Se lograron avances significativos con relación al problema endémico de la desigualdad económica en América Latina, ya que el coeficiente de Gini para la región disminuyó un 10 % entre 2000 y 2013. Sin embargo, el auge no duró. En 2011, los precios de las materias primas comenzaron a caer, lo que contribuyó a una desaceleración del crecimiento económico y al aumento de la insatisfacción del electorado. A partir de la victoria electoral de Mauricio Macri en Argentina en 2015, los presidentes de derecha comenzaron a reemplazar a sus predecesores de izquierda; por ejemplo, en 2018 Jair Bolsonaro fue elegido en Brasil y Sebastián Piñera fue elegido nuevamente como presidente en Chile³.

La literatura brinda información sobre cómo el récord macroeconómico de la liberalización del mercado vs. la intervención estatal puede moldear las actitudes públicas hacia la intervención estatal. Podría pensarse que el apoyo a la intervención estatal en la economía esté inversamente relacionado con el éxito económico de un país luego de la liberalización del mercado. En otras palabras, si la liberalización de la economía conduce al crecimiento, la gente desearía menos Estado en el mercado. Por el contrario, si la intervención estatal (particularmente cuando se combina con el auge de las materias primas) genera crecimiento económico y reduce la desigualdad de ingresos, el apoyo público a dicha intervención podría aumentar. Sin embargo, existen dos problemas al vincular los resultados macroeconómicos con el apoyo a nivel micro (individual) hacia la intervención del gobierno en la economía.

Primeramente, los diferentes componentes del Consenso de Washington han tenido resultados distintos. Por ejemplo, un país puede haber tenido éxito en mantener bajos niveles de inflación, mientras que la privatización puede haber provocado el aumento de precios y la disminución de los niveles de empleo (Baker, 2009). Mientras florecía la ideología económica neoliberal en Estados Unidos, en América Latina «los líderes adoptaron reformas de mercado ‘más por defecto que por convicción’, por lo que la implementación de la reforma rara vez estuvo acompañada de una retórica grandilocuente sobre la ‘libertad económica’ o la ‘responsabilidad individual’ que podría proporcionar una razón unificadora para diferentes creencias políticas» (Baker, 2009, p. 29; citando aManzetti, 1999, p. 164). Como resultado, el apoyo público a la liberalización tiende a variar según el tipo de intervención estatal (Baker y Greene, 2011). El mayor apoyo tiende a ser para las medidas antiinflacionarias (Lora y Olivera, 2005), mientras que la privatización es la reforma menos popular (Lora y Olivera, 2005;Baker, 2009;Baker y Greene, 2011;Stallings y Peres, 2011).

En segundo lugar, los éxitos relativos de los componentes del Consenso de Washington pueden deberse a condiciones institucionales previas que respaldan el funcionamiento de los mercados, en particular la transparencia, los bajos niveles de corrupción y la aplicación de la ley (Lora y Panizza, 2002). De hecho, fueron factores históricos e institucionales los que determinaron los éxitos —o reveses— de la privatización en América Latina. Por ejemplo, Lora y Panizza (2002) y Stallings y Peres (2011) encuentran una relación entre niveles más altos de corrupción y el rechazo público a la privatización, ya que «el público latinoamericano parecería concluir que la privatización no ha brindado beneficios debido a la corrupción» (Lora y Panizza, p. 14). Vogel (1998) demuestra que el cambio de una industria nacionalizada hacia servicios públicos privatizados requiere un Estado fuerte y legítimo para crear las instituciones y regulaciones necesarias para una competencia de mercado efectiva. North y Clark (2018) señalan que muchos países latinoamericanos tienen un capitalismo institucionalmente débil, caracterizado por una élite cerrada y redes económicas determinadas por el parentesco. Los Estados débiles tienden a ser indulgentes con los grupos empresariales que tienen grandes ganancias empresariales y de exportación (Madariaga et al., 2019, p. 2). En síntesis, la literatura indica que, en países con debilidad institucional, la privatización puede beneficiar a un puñado de personas bien conectadas y sus respectivos grupos empresariales, a expensas de ofrecer mejores precios y rendimiento a los consumidores. Por ello, la utilización de indicadores macroeconómicos podría oscurecer estas complejas dinámicas, además de obviar el impacto desigual que han tenido las reformas de mercado para diferentes grupos ciudadanos.

Dados los inconvenientes relacionados con la utilización de indicadores macroeconómicos, algunos investigadores se han centrado más directamente en evaluar cómo percibe el público el impacto económico de la liberalización del mercado vs. la intervención estatal. De hecho, la liberalización económica en toda la región podría llevar a que, en lugar de seguir indicaciones partidistas o tendencias ideológicas, los latinoamericanos evalúen el papel del Estado en la economía con base en sus experiencias. Baker (2009) proporciona un marco para comprender las reacciones del público a los cambios de política económica. Basándose en datos hasta 2007, Baker argumenta que las actitudes de los ciudadanos no están determinadas por la desigualdad económica o por una ideología unificada en torno a las prescripciones del Consenso de Washington, sino más bien por cómo las personas evalúan el impacto de las reformas a políticas específicas desde su perspectiva como consumidores. En su estudio encontró que el apoyo hacia el libre comercio y la inversión extranjera se manifestó en todos los grupos socioeconómicos, ya que percibían que estas reformas traerían precios más bajos y productos de mayor calidad al mercado. Baker indica que el bajo apoyo a la privatización es consecuencia de los aumentos de precios que enfrentaron los consumidores, especialmente tras la privatización de los servicios públicos. Señala el «efecto del consumo de abajo hacia arriba», en el cual el apoyo a la privatización varía en función de su impacto diferencial en los consumidores de todos los grupos de ingresos. Nuestra primera hipótesis se deriva de esta literatura: H_1:En países en los cuales el Estado intervino más activamente en la economía, los ciudadanos con evaluaciones positivas de la economía nacional son más propensos a apoyar la intervención económica estatal.

Stallings y Peres (2011) también encontraron la validez del «efecto de consumo de abajo hacia arriba» señalado por Baker, argumentando que «la región se ha vuelto más pragmática y menos ideológica. Si las reformas funcionan, serán apoyadas. Si no, no lo serán» (p. 776). Esto se hace eco de otros hallazgos que describen al votante latinoamericano como pragmático y materialista (Holland, 2018;Queirolo, 2013). De hecho, los significados de los términos «izquierda» y «derecha» varían entre individuos y países, particularmente en América Latina (Zechmeister, 2015). Al examinar la relación entre la ideología y las actitudes hacia la intervención económica estatal, Zechmeister y Corral (2010) encontraron que tanto la importancia de la ideología como la dirección de la relación varían entre los países latinoamericanos. Zechmeister (2006) argumenta que el discurso de la élite determina cuándo es la ideología significativa: cuando las élites usan una terminología de izquierda a derecha para describir ciertas políticas, la ideología es más importante para predecir el apoyo público a ciertas políticas. Morgan y Kelly (2017) llegan a una conclusión similar en su análisis de la opinión pública latinoamericana sobre la redistribución económica: la ideología es más relevante cuando los líderes la capitalizan y enmarcan su discurso en términos ideológicos. Dados estos hallazgos en la literatura, nuestra siguiente hipótesis se relaciona con el impacto de la ideología en el apoyo del público a la intervención estatal en la economía: H₂: Es más probable que los ciudadanos que se identifican con la izquierda ideológica apoyen la intervención estatal en la economía cuando los líderes enmarcan las políticas en términos ideológicos.

Otros académicos se han enfocado en el papel que juega el estatus socioeconómico de un individuo en la configuración de su apoyo a la intervención económica estatal vs. la liberalización del mercado. Al analizar el apoyo público a la intervención estatal para reducir la desigualdad de ingresos, algunos, incluidos Boix (2003) y Meltzer y Richard (1981), predicen que los votantes más pobres apoyarán mayores impuestos y la redistribución económica a las personas de menores ingresos. De manera similar, algunos predicen una relación inversa entre los ingresos y el apoyo a la redistribución económica (Romer, 1975;Roberts, 1977;Meltzer y Richard, 1981). La idea intuitiva es a la vez materialista y racional: la redistribución es apoyada si maximiza los intereses materiales de una persona. Dados los altos niveles de desigualdad económica en América Latina, se podría predecir que los ciudadanos de menores ingresos dan más apoyo a la intervención estatal. Sin embargo, esta correlación es, en el mejor de los casos, inconsistente. Si bien algunos académicos han encontrado una relación entre bajos ingresos y apoyo a la redistribución (Morgan y Kelly, 2010;Haggard, Kaufman y Long, 2013), otros académicos han tenido hallazgos inconsistentes (Dion y Birchfield, 2010;Kaufman, 2009). Kaufman (2009) encontró que, en América Latina, «los pobres no necesariamente votan por impuestos más altos para los ricos o por transferencias redistributivas» (p. 363). Esto podría deberse a que muchos beneficios patrocinados por el Estado, como los beneficios de jubilación y la educación terciaria gratuita, son «altamente regresivos porque los grupos de ingresos medios y altos los disfrutan de manera desproporcionada» (Baker, 2009 ⁴. Holland (2018) encontró que los altos niveles de exclusión de las políticas sociales explican por qué pareciera que los pobres no apoyan las políticas redistributivas. Argumenta que el ingreso explica las preferencias por la redistribución cuando se considera la estructura del Estado de bienestar: los países con Estados de bienestar más amplios tienen preferencias redistributivas más polarizadas, donde los grupos más pobres apoyan la redistribución (ibíd., 577). En otras palabras, cuando el Estado de bienestar redistribuye el ingreso de los ricos a los pobres, los pobres exhiben niveles mucho más altos de apoyo al Estado de bienestar que sus compatriotas más ricos. Nuestras próximas tres hipótesis se sustentan en esta literatura:

H₃: Es menos probable que los ciudadanos latinoamericanos con mayores niveles de ingresos apoyen la intervención estatal en la economía.

H₄: Es más probable que los ciudadanos que reciben asistencia financiera del gobierno apoyen la intervención estatal en la economía.

H₅: Los ciudadanos con evaluaciones más positivas de sus propias circunstancias económicas serán menos propensos a apoyar la intervención estatal en la economía.

Los académicos también han destacado la importancia de las élites y las percepciones del desempeño del gobierno en la formación de las actitudes públicas. Kaufman y Zuckermann (1998) encontraron que, en la década de reformas neoliberales que siguieron a la crisis económica de 1982 en México, «las orientaciones favorables hacia el presidente y el partido gobernante fueron consistentemente los predictores más fuertes de las preferencias» acerca de las reformas económicas de libre mercado, junto con las evaluaciones sociotrópicas de la economía (Kaufman y Zuckermann, 1998, p. 359). Por el contrario, su estudio encontró evidencia limitada sobre la importancia de las evaluaciones de la economía personal y los factores socioeconómicos individuales. Meneguello (2005) reportó resultados similares en su análisis del apoyo a la reforma del sector público en Brasil, ya que las evaluaciones positivas del desempeño del gobierno aumentaron el apoyo a la reforma de la seguridad social para el sector público, particularmente porque los costos políticos de las reformas se limitaron a los servidores públicos, y «sus pérdidas no resuenan con otros segmentos» (Meneguello, 2005, p. 171). Estos estudios son particularmente importantes para comprender las actitudes públicas hacia la intervención estatal después de la marea rosa, ya que una serie de líderes carismáticos de izquierda personalizaron sus políticas económicas y afirmaron ser defensores de aquellos a quienes el neoliberalismo dejó atrás. Particularmente en los países que forman la Alianza Bolivariana (ALBA), los líderes lanzaron una serie de llamados populistas para convencer a los votantes de que utilizarían el poder del Estado para intervenir en la economía y corregir problemas de pobreza y desigualdad. En algunos países de la marea rosa, la intervención económica estatal también estuvo estrechamente entrelazada con líderes carismáticos. Estos ejemplos subrayan la importancia de examinar el papel de las élites en el fomento del apoyo a la intervención económica del Estado, y explorar además si las actitudes hacia las instituciones gubernamentales en general ejercen influencia en la percepción del público acerca del papel del Estado en la economía. Nuestras dos hipótesis finales tienen por objetivo analizar estas relaciones:

H₆: Cuando el presidente de turno apoya la intervención estatal en la economía, la aprobación hacia ese mandatario aumentará el apoyo público a la intervención estatal.

H₇: Los ciudadanos con niveles más bajos de confianza en las instituciones estatales tienen menos probabilidades de apoyar la intervención estatal.

Este artículo busca identificar las variables que explican las actitudes de los ciudadanos hacia la intervención estatal en la economía en América Latina en el período en el cual la llamada marea rosa comenzó a retroceder. Estas explicaciones a nivel individual son importantes, pero es imperativo examinarlas en países con distintas experiencias de intervención económica del Estado. Al utilizar promedios regionales de datos agregados, como lo hace Baker, se puede obtener un análisis general, pero esta agregación puede ocultar las diferencias entre países. Además, es importante analizar país por país, debido a la considerable variación en la capacidad institucional en los distintos países de América Latina. Blekesaune y Quadagno (2003) subrayan la importancia de evaluar las tendencias por país en América Latina dado que «varios países generan diferentes creencias públicas sobre los problemas sociales nacionales y sobre la relación entre los individuos, el Estado y otras instituciones» (p. 415).

Por ello, en este artículo se analiza la relación entre diversos factores individuales y el apoyo a la intervención económica estatal dentro de cada país. Para facilitar el análisis y la discusión de resultados, se clasifica a los países en tres grupos diferentes: 1) los países que adoptaron, al menos verbalmente, las políticas de izquierda más radicales del socialismo del siglo XXI y formaron ALBA (Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia); 2) otros países que fueron parte de la marea rosa (El Salvador, Honduras, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay), y 3) los países que no eligieron un presidente de izquierda en el período de tiempo bajo estudio (México, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Colombia). Si bien esta agrupación de países sirve para facilitar la presentación de resultados y la posterior discusión, cabe aclarar nuevamente que los análisis de regresión se hacen país por país y no con base en los grupos anteriores⁵.

Para medir nuestras variables dependientes, recurrimos al Barómetro de las Américas 2016/17, que incluyó dos preguntas relevantes. Una de ellas mide la opinión de los ciudadanos latinoamericanos acerca de la propiedad estatal de las principales industrias, mientras que la otra pregunta mide la opinión de los ciudadanos acerca de las políticas estatales para reducir la desigualdad de ingresos. Se preguntó a los encuestados de todos los países en qué medida estaban de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones en una escala del uno (muy en desacuerdo) al siete (muy de acuerdo):

Esta sección discute los resultados de las regresiones utilizando nuestra segunda variable dependiente: el apoyo de los ciudadanos a las políticas estatales para reducir la desigualdad de ingresos. El apoyo público a este tipo de intervención económica estatal es mucho más alto en promedio en comparación con el apoyo a la propiedad estatal de empresas, y las desviaciones estándar de los países son mucho más pequeñas, lo que indica mucho más consenso en torno a este tipo de políticas. LaTabla 2muestra el resumen de nuestros principales resultados.

Los países del ALBA tienen varios puntos en común. La confianza en las instituciones fue nuevamente una variable significativa y positiva, y la ideología y la aprobación presidencial fueron significativas en la dirección prevista en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Estos hallazgos concuerdan con el argumento de Zechmeister (2006) de que la ideología es una herramienta más importante para los votantes cuando los propios líderes enmarcan sus políticas en términos ideológicos, como ha sido el caso en los países de ALBA. Sin embargo, la ideología y la aprobación presidencial no fueron significativas en Nicaragua. Además, en los países del ALBA, las demás variables no se comportaron de manera consistente. La percepción de la economía nacional, el ingreso y la mayoría de las variables sociodemográficas solo tuvieron efectos aislados en el apoyo a las políticas estatales de reducción de la desigualdad de ingresos. Las experiencias personales con la corrupción gubernamental y las evaluaciones egotrópicas de la economía tampoco fueron relevantes en los países de ALBA. La recepción de ayuda gubernamental fue significativa en Bolivia y en Venezuela, pero el signo fue negativo en Bolivia y positivo en Venezuela. En comparación con los resultados de laTabla 1, los modelos que examinan el apoyo a las políticas estatales para reducir la desigualdad (Tabla 2) son débiles para explicar la variación en las actitudes públicas, con un pseudo R2 que oscila entre el 5 y el 11 %.

En los otros países de la marea rosa, los modelos de regresión se desempeñaron de manera más inconsistente. Ni las percepciones económicas sociotrópicas ni las egotrópicas, ni el nivel de ingreso fueron variables significativas. La ideología fue significativa en tres países (Argentina, El Salvador y Uruguay), ya que los encuestados que se identificaron con la izquierda tenían más probabilidades de apoyar las políticas estatales para reducir la desigualdad de ingresos. La aprobación presidencial fue significativa (negativa) en Argentina y Brasil y significativa (positiva) en Chile y El Salvador. La recepción de asistencia del gobierno fue significativa únicamente en Argentina y Uruguay, en donde las personas que reciben algún tipo de ayuda tenían más probabilidades de apoyar las políticas estatales para reducir la desigualdad. La experiencia personal con la corrupción gubernamental tampoco fue significativa en estos países, excepto en Uruguay. Finalmente, la confianza en las instituciones fue significativa y positiva solo en Honduras y El Salvador.

En los países sin un presidente de izquierda al realizar la encuesta, el apoyo para nuestras hipótesis fue mucho más débil. Ni las percepciones de la economía (nacional y personal) ni la ideología fueron significativas en estos países. Los ingresos fueron significativos solo en Colombia. La recepción de ayuda del gobierno fue significativa en México y Guatemala, ya que los encuestados que recibieron algún tipo de asistencia del gobierno tenían más probabilidades de apoyar la intervención estatal para reducir la desigualdad de ingresos. Estos hallazgos son consistentes con la investigación de Holland (2018), que señaló que la relación entre los ingresos y el apoyo a la intervención estatal varió entre países, un hallazgo que ella atribuyó a las diferencias en la provisión del Estado de bienestar.

En los países sin un líder de izquierda, la confianza en las instituciones se correlacionó significativamente con el apoyo a la intervención estatal contra la desigualdad en tres países: en Colombia y Panamá la dirección de la relación fue positiva (como se esperaba), pero negativa en República Dominicana. La aprobación presidencial fue significativa y positiva solo en República Dominicana. La victimización por corrupción fue significativa y negativa únicamente en Costa Rica.

Es notable que, en los países sin un presidente de izquierda en el período bajo estudio, la educación surgió como un predictor importante del apoyo a las políticas estatales para reducir la desigualdad. En cinco de los seis países, los niveles más altos de educación se asociaron significativamente a un mayor apoyo a las políticas de reducción de desigualdad (México fue la única excepción en este grupo de países). En los países de izquierda moderada (marea rosa), la educación fue significativa y positiva en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Honduras, y estuvo muy cerca de alcanzar ser estadísticamente significativa en Perú (p < .06). Sin embargo, la educación fue significativa y negativa en Uruguay, y no relevante El Salvador. En los países del ALBA, la educación fue significativa y positiva en dos de los cuatro países, Bolivia y Nicaragua.

Nuestro análisis estadístico indica que las perspectivas de los ciudadanos sobre el papel del Estado en la economía no están necesariamente vinculadas a una ideología izquierda-derecha, sino que están determinadas por variables como la confianza institucional y la aprobación presidencial. El impacto de la ideología varía entre países: es muy importante en los países de ALBA y algunos otros países de la marea rosa, pero menos en otros casos. Esto respalda los hallazgos en la literatura que sugieren que la ideología en América Latina varía según el tiempo y el país y no siempre se asocia a puntos de vista económicos tradicionales de izquierda o derecha (Zechmeister,2006,2015). La aprobación presidencial también surgió como variable significativa en casos seleccionados, particularmente cuando presidentes carismáticos abogan por un mayor involucramiento del Estado en la economía.

En general, se encontró que, después de la marea rosa, el predictor más importante de apoyo ciudadano a la propiedad estatal de las empresas es la confianza en las instituciones: en los 18 países de América Latina, los ciudadanos que tienen una mayor confianza en las instituciones son más propensos a apoyar la propiedad estatal de las industrias. La literatura había sido ambigua sobre este punto, ya que algunos académicos han señalado que la confianza en las instituciones es un requisito previo para una privatización eficaz y libre de corrupción (Lora y Panizza, 2002;Stallings y Pérez, 2011), lo que implica que es más probable que aquellos que confían en las instituciones apoyen los esfuerzos de privatización. Nuestros hallazgos son inequívocos: la confianza en las instituciones está asociada a un mayor apoyo a la propiedad estatal de empresas e industrias. Nuestro análisis mostró que el impacto de la confianza en las instituciones fue menos relevante para predecir el apoyo a políticas estatales de reducción de la desigualdad.

La educación, que incluimos como variable de control en nuestros modelos de regresión, también surgió como un predictor importante, particularmente del apoyo a las políticas estatales dirigidas a reducir la desigualdad de ingresos. En países donde la ideología y/o la aprobación presidencial tuvieron un mayor impacto, los efectos de la educación disminuyeron, pero la educación siguió siendo un factor importante para explicar el apoyo público a las políticas estatales de reducción de la desigualdad en la mayoría de los casos. En la mayoría de los países de América Latina, los ciudadanos con más educación son más proclives a apoyar la intervención estatal contra la desigualdad de ingresos. La educación también fue un factor determinante del apoyo a la propiedad estatal de las industrias y empresas, pero la dirección de la relación fue mixta en diferentes países. En contraste con la educación, y en línea con la literatura previa (Holland, 2018;Kaufman, 2009), la riqueza no resultó ser un fuerte predictor en nuestros análisis.

Otras variables destacadas en la literatura mostraron efectos mucho más débiles. Nuestros resultados con respecto a la recepción de asistencia gubernamental, la victimización por corrupción y las percepciones económicas fueron mixtos e inconsistentes en toda la región. Las variables demográficas como la edad y el sexo fueron estadísticamente significativas en algunos países, pero la dirección de estas relaciones tampoco fue consistente.

En suma, la confianza en las instituciones y la educación parecen ser los principales determinantes del apoyo a diferentes tipos de intervención estatal en la economía; la ideología y la aprobación presidencial son relevantes cuando los presidentes de turno enmarcan sus políticas en términos ideológicos y abogan por la intervención estatal. Una investigación más detallada podría ayudar a determinar si nuestros hallazgos están vinculados a experiencias específicas de ciudadanos o países con esquemas de privatización o redistribución. Además, nuestros hallazgos se basan en análisis transversales y la investigación futura podría examinar el apoyo a la intervención estatal longitudinalmente, para explorar más a fondo la forma en que las actitudes públicas pueden evolucionar con el tiempo. Esta línea de futura investigación es particularmente prometedora en los países de ALBA, donde la llegada y/o salida de un presidente carismático podría moldear las actitudes públicas hacia la intervención económica estatal.

Finalmente, la pandemia de COVID-19 ha colocado al Estado al frente del combate a la enfermedad y el diseño y adopción de políticas para ayudar a la población afectada económicamente por la crisis. En tal sentido, investigaciones futuras podrían replicar nuestros modelos estadísticos para examinar si en la postpandemia se modifica la opinión pública sobre el papel del Estado en la economía.

La Tabla A7 muestra las probabilidades, por país, para dos de nuestras variables de interés: confianza institucional y aprobación presidencial. Nuestras dos últimas hipótesis examinan si el apoyo a la propiedad estatal de las principales industrias, que tiende a ser la forma más controvertida de intervención económica estatal, está vinculado a una confianza duradera en las instituciones o a la aprobación del presidente en funciones. La aprobación presidencial como predictor es particularmente interesante en países donde líderes carismáticos y populistas defienden el papel del estado en la economía.

Las medidas de probabilidad de la Tabla A7 permiten medir la magnitud del impacto de estas dos variables en el apoyo a la propiedad estatal de las principales industrias. En todos los países, se observa que la confianza en las instituciones tiene al menos un impacto moderado en el apoyo público a este tipo de intervención económica estatal. En Uruguay, este impacto es más modesto, ya que cada aumento en la confianza en las instituciones se traduce en un aumento del 10% en la probabilidad de apoyar la propiedad estatal de las principales industrias. En Ecuador, la magnitud del impacto es más fuerte, ya que cada unidad que aumenta la confianza en las instituciones estatales da como resultado un aumento del 72 % en la probabilidad de apoyo.

La variable que mide la confianza institucional oscila entre 1 y 7; en contraste, el rango para la aprobación presidencial es de 1 a 5. El impacto de la aprobación presidencial es insignificante en varios países. Por ejemplo, en Panamá, México y Costa Rica, la probabilidad de 1,0. Sin embargo, se observa un impacto más pronunciado en los países del ALBA, donde un aumento de una unidad en la aprobación presidencial aumenta la probabilidad de apoyo a la propiedad estatal: desde un 16 % en Nicaragua a un 46 % en Bolivia. El impacto de la aprobación presidencial también fue fuerte en algunos países de la marea rosa. En Uruguay, una mayor aprobación presidencial aumentó la probabilidad de apoyo a la propiedad estatal en un 30 %. En El Salvador, este aumento fue del 20%. En conjunto, estos hallazgos indican que la confianza en las instituciones tiende a tener un impacto más fuerte y más consistente en el apoyo a la propiedad estatal de las principales industrias.

Las Tablas A10-A13 replican los modelos estadísticos utilizados en nuestro artículo, pero utilizando datos del Barómetro de las Américas de 2008. Las variables dependientes utilizadas en nuestro estudio fueron incluidas por primera vez en el cuestionario en 2008. Sin embargo, dos de nuestras variables independientes no estaban disponibles en 2008: recibe ayuda del gobierno y color de piel. Por lo tanto, estas variables no se incluyen en este análisis de 2008. Los resultados de 2008 muestran la importancia de realizar análisis longitudinales por país en lugar de análisis regionales. Particularmente en los países del ALBA, es interesante analizar patrones longitudinales para determinar si el apoyo a la intervención económica estatal se correlaciona con la llegada (y/o salida) de un líder populista. De hecho, dado que los hallazgos de 2008 se desvían un poco de los que presentamos en 2016, estos análisis longitudinales podrían arrojar luz sobre por qué surgen estas diferencias.

LaFigura A1muestra las actitudes del público hacia la propiedad estatal de industrias y empresas importantes de 2008 a 2016. A modo de comparación, incluimos datos de Estados Unidos (disponibles para todos los años excepto 2012). En promedio, el apoyo público a las industrias nacionalizadas es mucho menor en los Estados Unidos y nunca se acercó al punto medio de la escala. En América Latina, en promedio, los encuestados mostraron más ambivalencia acerca de la propiedad estatal de las principales industrias. En los países del ALBA, sin embargo, el apoyo a la industria nacionalizada tendió a ser el más bajo de la región, aunque la magnitud de esta diferencia fue pequeña. En laFigura A1, en la mayoría de los años no hubo una diferencia perceptible, en promedio, entre el apoyo a las industrias nacionalizadas en los países que tenían experiencia con líderes moderados de la marea rosa y aquellos que no tenían un líder izquierdista importante entre 2008 y 2016.

LaFigura A2muestra el apoyo público a un papel importante del Estado en la reducción de la desigualdad de ingresos, un sello distintivo de la marea rosa, pero de los países del ALBA en particular. El Barómetro de las Américas también incluyó esta pregunta en su encuesta en Canadá, proporcionando un punto adicional de comparación. En esta variable se observan niveles de apoyo mucho más altos en promedio, en comparación con el apoyo a la propiedad estatal de empresas e industrias. Con la excepción de Estados Unidos, el apoyo público a un papel estatal en la reducción de la desigualdad de ingresos se encuentra directamente en el extremo superior del espectro, que va desde «de acuerdo» hasta «totalmente de acuerdo». En 2008 y 2016, el apoyo a este ítem es menor en los países del ALBA en comparación con los demás casos latinoamericanos, pero de 2010 a 2014, los patrones de apoyo a este ítem son prácticamente iguales en los países de América Latina, en promedio.