Nicaragua ha aparecido recientemente en las noticias debido a las enormes protestas populares contra Daniel Ortega y a su represión violenta. Ortega es un exrevolucionario sandinista que se ha convertido en un «presidente» permanente. Las protestas indican que su poder puede estar decayendo. El resultado de la lucha entre Ortega y los ciudadanos y el papel de la comunidad internacional en el apoyo al retorno de la democracia en Nicaragua siguen siendo desconocidos. Sin embargo, hay mucho que podemos aprender de Nicaragua. En particular, podemos aprender cómo un presidente electo se convierte en un líder autoritario, comprando la aquiescencia popular a lo largo del tiempo. Nicaragua también nos muestra que comprar apoyo no es lo mismo que ganar popularidad legítima, por lo que la aquiescencia también puede convertirse repentinamente en resistencia.

Este artículo examina la deriva de Ortega hacia el autoritarismo y su manipulación de la opinión pública como parte de ese proceso¹. Su contenido se estructura de la siguiente manera: comenzamos con una visión breve de los antecedentes del autoritarismo de Ortega que incluye las contribuciones a la situación actual tanto de la derecha como de la izquierda. Examinamos las elecciones de 2006 y la victoria de Ortega, para, posteriomente, discutir sus políticas después de 2006. Dichas políticas incluyen tanto programas sociales como esfuerzos para socavar los controles institucionales sobre su poder. Más adelante, examinamos a los seguidores de Ortega en 2016 con el propósito de conocer dónde y cómo aumenta su base de apoyo en 2016. Este apoyo se evaporó rápidamente a principios de 2018. Al final, el artículo plantea una reflexión sobre la resistencia contemporánea a Ortega en Nicaragua. El paso nicaragüense de aquiescencia a resistencia nos muestra tanto los peligros de la aquiescencia como los límites del autoritarismo.

Nicaragua era una democracia en desarrollo en 2006. Había experimentado victorias legítimas de la izquierda en 1984 y 2006 y de la derecha en 1990, 1996 y 2001. Según Huntington (1991), la rotación en el poder a través de varias elecciones debería señalar la llegada definitiva de la democracia. Sin embargo, es un país de profunda pobreza, lo cual hace a su democracia vulnerable, incluso después de veinte años de elecciones libres.

En 1979, la Revolución Sandinista de Nicaragua derrotó a la dictadura de Somoza, la cual fue apoyada por Estados Unidos (Booth, 1985; Walker, 1982). El gobierno sandinista estableció una junta dirigida por Ortega, que gobernó sin elecciones desde 1979 a 1984 (Martí i Puig, 2012). Dicha junta fue notablemente pluralista durante sus primeros años (Close, 2007). Una primera elección en noviembre de 1984 dio la victoria al candidato sandinista, Daniel Ortega (LASA, 1984; McConnell, 2012, pp. 129-130)². Pero, entre 1984 y 1990, Ortega se volvió cada vez más autoritario. Cuando se postuló de nuevo en 1990, el pueblo lo rechazó y eligió a Violeta Chamorro, una candidata de derecha moderada (LASA, 1990; Anderson y Dodd, 2005). La disposición de Ortega a aceptar la derrota causó una impresión positiva en el mundo y proporcionó más apoyo al argumento de que Nicaragua y los sandinistas eran excepcionales. No solo habían ganado una revolución y unas elecciones, sino que ahora habían aceptado la derrota electoral. Ningún otro partido revolucionario podía presumir de estos logros (Anderson, Dodd y Park, 2020; Icaza Gallard, 2012, p. 79).

La presidencia de Chamorro marcó el comienzo de un proceso de democratización que puso fin a la guerra de los Contras y trajo consigo la pacificación y el desarme del movimiento de resistencia armada. Finalmente, Chamorro supervisó el fin del embargo económico de Reagan a Nicaragua y lo reinsertó en la economía mundial (Walker, 1997b; Icaza Gallard, 2018, p. 67). Sin embargo, Chamorro fue la primera de una serie de presidentes derechistas que fueron una decepción para el país con respecto a la pobreza. Desmanteló los programas sociales sandinistas (Walker, 1997b). Una de sus políticas más atroces fue permitir que muchas escuelas volvieran a la política de cobrar a los padres una cuota por niño. Los pobres dejaron de enviar a sus hijos a la escuela y el analfabetismo resurgió.

Arnoldo Alemán ganó las elecciones en 1996 y trató de mejorar la administración de los programas de pobreza. Estableció transferencias de dinero a familias de bajos ingresos. Los índices de escolaridad aumentaron un 13 % y las estadísticas de trabajo infantil disminuyeron un 5.5 % (Spalding, 2012). Sin embargo, la presidencia de Alemán se caracterizó por unos altos niveles de corrupción (The Irish Times, 2003)³, tan extrema que su propio vicepresidente, Enrique Bolaños, comenzó a pedir que su comportamiento fuese investigado.

Bolaños ganó en 2001 y pidió un juicio para investigar el robo y la corrupción de Alemán. El expresidente fue encontrado culpable del delito de corrupción y fue sentenciado a veinte años de cárcel, conmutado a arresto domiciliario por razones de salud. Pero Bolaños cambió la inversión social para alejarla de los programas contra la pobreza. Cuando Bolaños dejó el cargo el nivel de pobreza en Nicaragua era más elevado (Spalding, 2012, p. 220). Sin embargo, la presidencia de Bolaños fue significativa por otro motivo: sentó las bases para un regreso de la división electoral de la derecha. Cuando Bolaños, miembro de la derecha moderada (Partido Conservador) llamó a una acción judicial contra Alemán (ultraderechista Partido Liberal), se generó una animosidad entre los dos partidos que duró más que su propia presidencia.

En resumen, los dieciséis años de control derechista (1990-2006) no habían producido una democracia real. La pobreza, reducida entre 1979-1984, había regresado durante esos años. Los desempleados y subempleados fueron los más perjudicados, al eliminarse las garantías de empleo sandinistas. Además, el aumento de los salarios benefició principalmente a los que estaban empleados (Banco Mundial, 1995, p. 32). Para 1993, el 74.8 % de la población era «pobre» (definido como una o más necesidades básicas insatisfechas) y esta estadística aumentó del 69.4 % en 1985 (Arrien y De Castilla Urbina, 2001, pp. 83-85). Junto a ello, Bolaños lideró la entrada de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA). El CAFTA se había presentado como un acuerdo que traería nuevos empleos a Nicaragua, pero esa promesa no se cumplió en su mayor parte (Spalding, 2014, pp. 135-141)⁴.

La información mostrada anteriormente es importante para nuestra comprensión del apoyo popular a Ortega después de 2006. Para este año, la derecha en el poder había perdido su oportunidad de obtener apoyo popular a través del alivio de la pobreza. En una nación tan pobre como Nicaragua, los programas de pobreza son una parte esencial de la legitimidad del gobierno. Con su victoria en 2006, Ortega tuvo la oportunidad de utilizar el poder del gobierno nacional para aliviar la pobreza, como sucedió en la década de 1980.

La victoria de Ortega en el 2006 fue en gran parte resultado de la división que se había desarrollado en la derecha durante la presidencia de Bolaños. En cada una de las elecciones nacionales entre 1990 y 2001 los partidos de la derecha se habían unido en torno a un solo candidato, y esa unidad permitió que ganara. En 2006 la derecha se dividió, como lo había hecho en 1984. En lugar de unirse en torno a un solo candidato, se subdividió en una extrema derecha que apoyaba a José Rizo y una derecha más moderada que apoyaba a Eduardo Montealegre⁵. Nuestros datos de 2006 muestran que Rizo y Montealegre juntos obtuvieron más votantes que Ortega .

Veamos, entonces, la victoria de 2006. Ortega se había postulado repetidamente para la presidencia en 1990, 1996 y 2001, y había perdido todas las veces. El hecho de que se presentara una vez más en 2006 habla de su determinación personal, pero también de la naturaleza no democrática del propio Partido Sandinista. Cualquier otro partido político que operara dentro de una democracia establecida se habría librado de un líder político que había sido tan poco exitoso en la arena electoral. Sin embargo, Ortega tenía un control completo sobre el partido y nunca había logrado destituirlo, esa realidad presagia lo que sucedería en la nación en general después de la victoria de Ortega en 2006. Con su partido incapaz de deshacerse de él, se postuló nuevamente en 2006 y ganó no porque fuera popular, sino porque el desafío de la oposición había cambiado.

La Tabla 1 proporciona información sobre cómo se dividió el electorado durante los meses de esa campaña electoral.

La Tabla 1 muestra tres columnas de datos acerca de esas elecciones: una para la primera mitad de la campaña, una para nuestra última encuesta antes de las elecciones y una con los resultados oficiales proporcionados por el Consejo Supremo Electoral en ese momento, como se informó en The New York Times. Al comienzo de la campaña Ortega se enfrentó a dos desafíos de la derecha, pero también a un desafío de la izquierda. Herty Lewites, alcalde de Managua, hizo campaña como disidente sandinista bajo la bandera del partido MRS (Movimiento Renovador Sandinista). Su compañero de candidatura fue Edmundo Jarquín. En la primera columna se muestra que Herty (como lo llamaba la gente) presentaba un desafío significativo a Ortega en los primeros meses de la campaña. La historia podría haber sido muy diferente si Herty hubiera vivido. Sin embargo, murió en agosto de 2006 mientras estaba en una reunión de campaña. Después de su muerte, Jarquín continuó con la campaña de la izquierda disidente, pero no tenía el reconocimiento de Herty. El apoyo popular a esa candidatura disminuyó sustancialmente. La segunda columna de la tabla muestra las cifras de las encuestas para octubre del 2006, la última encuesta antes de las elecciones. Mientras el apoyo de Jarquín había caído sustancialmente, el apoyo a Ortega había aumentado de forma significativa. Por su parte, el voto de la derecha (42.2 % combinado) estaba dividido entre sus dos candidatos.

En la tercera columna de la Tabla 1, que informa sobre el resultado electoral propiamente dicho. El porcentaje dado para cada uno de los tres primeros candidatos fue más alto que el de nuestra encuesta final. Sin embargo, tanto nuestra encuesta final como los resultados electorales revelan la delgada naturaleza de la victoria de la pluralidad de Ortega y el hecho de que la mayoría de los votantes no lo apoyaron. En nuestra encuesta final y en los resultados electorales, la suma de los votos de ambos candidatos de derecha fue más alta que los votos para Ortega. Incluso frente a una derecha dividida, Ortega estaba a menos de diez puntos porcentuales por delante de Montealegre. Estas cifras indican que, si la derecha se hubiera unido en torno a un candidato, probablemente habría derrotado a Ortega. Además, el uso del ballotage electoral hubiera producido la derrota de Ortega y la elección de Montealegre.

En sentido, es necesario realizar dos observaciones sobre la posición de Ortega dentro del contexto histórico y político más amplio de Nicaragua. En primer lugar, después de dieciséis años en la oposición y tres elecciones presidenciales infructuosas, el apoyo popular de Ortega fue similar en las cuatro elecciones: 40.9 % en 1990, 37.75 % en 1996, 42.3 % en 2001 y 37.99 % en 2006 (Political Database of the Americas). Cuando la derecha se unió, Ortega obtuvo menos del 40 % del total de los votos. Su popularidad en 2006 estaba por debajo de lo que había estado en 2001. Ortega ganó en 2006 no porque el electorado hubiera cambiado su opinión sobre él, sino porque sus oponentes cambiaron de estrategia y porque la nación opera bajo un sistema de pluralidad⁶. En segundo lugar, incluso frente a dieciséis años de decepcionantes gobiernos de derecha, Ortega fue un candidato minoritario. Su atractivo personal era tan bajo que la mayoría de los votantes todavía preferían a la derecha. En resumen, cuando asumió el cargo en 2006, Ortega se enfrentó a una oposición significativa tanto de izquierda como de derecha. Desde esta posición comenzó la consolidación de su poder autoritario⁷.

Veamos ahora el perfil sociodemográfico de los partidarios de Ortega en 2006, empezando por tomar en consideración el nivel educativo (Tabla 2).

La Tabla 2 muestra que los mayores partidarios de Ortega eran aquellos que no tenían educación formal, pero que habían aprendido a leer en un programa de alfabetización de adultos. La tabla también muestra que aquellos con mayores niveles de educación generalmente mostraron menores niveles de apoyo a Ortega.

A continuación observamos los partidarios de Ortega en 2006 según su estatus socioeconómico⁸. La Tabla 3 muestra nuestros resultados⁹.

La Tabla 3 muestra que el mayor apoyo de Ortega provino de los encuestados más pobres: el 32.48 % dijo que lo apoyaría mientras que alrededor del 16 % dijo que apoyaría a Rizo y el 24.45 % a Montealegre.

Esta sección subraya la naturaleza limitada y accidental de la victoria de Ortega en 2006. Tan solo un evento entre varios podría haber impedido su victoria. Si la derecha se hubiera unido, si el país hubiera usado el ballotage, si Herty hubiera vivido, bajo cualquiera de esas circunstancias Ortega probablemente hubiera perdido. Es importante recordar la dudosa y peculiar naturaleza de su victoria de 2006, al considerar lo que Ortega hizo con su victoria.

Los partidarios más fuertes de Ortega en 2006 fueron aquellos con menores ingresos y nivel educativo. Ese apoyo reflejaba los dieciséis años de gobierno de la derecha. Una observación interesante aquí es que el porcentaje de nicaragüenses con ingresos bajos excedía por mucho el porcentaje que había votado por Ortega. Si todos los votantes de renta baja hubieran votado por él, su apoyo hubiera sido mucho más del 38 %.

Con su victoria, Ortega había ganado la oportunidad de reinstituir los programas sociales sandinistas. Durante los siguientes diez años, haría precisamente eso, aumentando su apoyo popular. Simultáneamente, rompería la democracia nicaragüense, utilizando los programas sociales para comprar la aquiescencia popular en su proyecto autoritario.

Ortega había hecho campaña en 2006 en una plataforma de educación gratuita, prometiendo eliminar el analfabetismo. En consecuencia, comenzó por eliminar las impopulares cuotas escolares que Chamorro había impuesto. Su nuevo ministro de Educación, Miguel de Castilla Urbina, lanzó un programa de alfabetización de adultos que se basó en el modelo ya existente en muchos municipios y supervisado por el alcalde local. El nuevo programa se dirigió a 500.000 adultos. Centralizó el programa de alfabetización y posteriormente lo amplió para incluir un programa de educación continua de adultos. Más allá de la alfabetización, Ortega lanzó un programa Cero Hambre dirigido a reducir la desnutrición que se había convertido en un problema importante en Nicaragua. Cero Hambre proporcionó animales de granja a comunidades de bajos ingresos e incluyó un programa de alimentación escolar para estudiantes de preescolar y primaria (Spalding, 2012).

Mucha de la literatura sobre los programas sociales de Ortega desde el 2006 no revela lo que había estado sucediendo antes de ese momento a nivel subnacional, específicamente dentro de los 163 municipios de Nicaragua. Gran parte del plan de trabajo de Ortega provino de la agenda que ya había sido implementada por los alcaldes sandinistas. Esta sección considera lo que el sandinismo había hecho a nivel local antes del 2006 y particularmente a partir del 2000, cuando la derecha todavía estaba en el poder a nivel nacional.

Una ley de 1988 aprobada en los últimos años de la anterior presidencia de Ortega había intentado llevar la democracia electoral al nivel subnacional, que es el municipio¹⁰. Esa ley ordenó la elección popular de alcaldes a partir de 1990. Hasta ese momento era el gobierno nacional el que los nombraba. En 1988, los sandinistas habían apuntado a democratizar la nación y la ley de 1988 era parte de su estrategia para profundizar la democracia a nivel local.

Sin embargo, la ley de 1988 no se había llevado a efecto a nivel municipal, tal como se había planeado. Por el contrario, al coincidir las elecciones nacionales y subnacionales, los efectos de las elecciones nacionales habían arrollado a las contiendas municipales. Las victorias derechistas de 1990 y 1996 trajeron consigo un gobierno derechista también en la mayoría de los municipios. La ley de 1988 establecía además unas funciones limitadas de los alcaldes. En este sentido, ante la profunda pobreza, los alcaldes derechistas que entraron en funciones en la década de 1990 carecían de visión e iniciativa, y se limitaron a la aplicación de esas limitadas competencias, trabajando en sus empleos regulares y no abordando la pobreza.

Los sandinistas locales vieron en esto una oportunidad de ganar mayor poder a nivel local. Empezaron señalar la negligencia de la derecha a nivel municipal, ofreciendo su propia agenda de alivio de la pobreza. A nivel nacional, Ortega se dio cuenta de que era necesario un cambio de calendario. Como la ley de 1988 no había democratizado las municipalidades de Nicaragua ni había traído un gobierno local efectivo, Ortega vio una oportunidad de cambio cuando Alemán se le acercó en 1999, buscando un pacto, el cual se convirtió en el primer pacto extralegal entre los dos. Alemán esperaba un segundo período presidencial, algo que estaba en contra de la Constitución en ese momento. Alemán no ganó una segunda campaña electoral porque su propio partido no le permitió postularse¹¹. Ortega estuvo de acuerdo en permitirle a Alemán un escaño en la legislatura, una concesión que se otorga a los candidatos presidenciales no exitosos. A cambio de este apoyo, Ortega estableció dos condiciones: primero, el período presidencial se acortaría de seis a cinco años, Alemán reduciría su primer período en el cargo en un año e intentaría una segunda candidatura electoral en 2001. Segundo, Ortega quería que el calendario electoral municipal cambiara, las elecciones municipales se separarían de las nacionales y se celebrarían cada cuatro años a partir de 2000. Alemán aceptó ambas condiciones¹².

El pacto dio a los líderes sandinistas locales la oportunidad de recuperar un lugar para el partido dentro de la estructura de poder político del país, viniendo desde abajo y operando a nivel local. Para ganar cargos municipales, los líderes locales sandinistas abordaron la pobreza local. Demostrando audacia y osadía más allá de la ley que definía las limitadas competencias municipales, los candidatos sandinistas ofrecieron una agenda de alivio de la pobreza. Hicieron campaña para las elecciones municipales de 2000 prometiendo programas sociales. Basándose en esta promesa, en el año 2000, los candidatos sandinistas obtuvieron cargos de alcalde en muchas ciudades secundarias de todo el país. La campaña izquierdista continuó a lo largo de la década de los 2000. Mirando hacia las elecciones municipales de 2004, esta primera oleada de alcaldes sandinistas cumplió sus promesas. Estas incluyeron préstamos de bajo costo para mejoras en la vivienda para aquellos con bajos ingresos. También llevaron pozos, letrinas y mejores suministros de agua a muchos municipios. Los alcaldes establecieron un programa de alfabetización de adultos a nivel de aldea que comenzaría a revertir las tendencias hacia el aumento del analfabetismo que habían comenzado con Chamorro. Mejoraron la infraestructura, pavimentaron los caminos, construyeron puentes y arreglaron las calles¹³. Para ello, financiaron sus programas a través de tres fuentes distintas: donaciones de embajadas extranjeras de países democráticos, ingresos fiscales locales y un flujo de fondos que llegaba desde el gobierno nacional, vinculado al nivel de recaudación de impuestos exitoso que cada municipio había logrado (Anderson, 2010; Anderson y Park, 2016).

Durante toda la década de 2000, estas políticas municipales dieron como resultado un aumento de la fuerza del partido sandinista en todo el país. Para el 2006, los sandinistas ocupaban la alcaldía en la mayoría de los municipios del país. Sus programas y políticas trajeron una creciente visibilidad al partido y ayudaron a que Ortega ganara en ese año. Los programas de alcaldías también establecieron un plan que Ortega seguiría para aumentar su propia popularidad entre 2006 y 2016. El pacto había sido un brillante movimiento político de Ortega y del partido en general. Ilustraba que Ortega había reconocido dónde se encontraba el punto débil de la derecha y dónde la izquierda podía intervenir para recuperar el apoyo popular y, al mismo tiempo, permanecer fiel a los objetivos originales de la Revolución Sandinista.

Después del 2006, Ortega recogería y reclamaría como propios la mayoría de los programas sociales de los alcaldes. Todos los programas descritos anteriormente se mantuvieron, pero fueron coordinados por el gobierno nacional. La centralización trajo algunas ventajas claras, por ejemplo, los préstamos para la vivienda ahora solo se concedían a los beneficiarios elegibles que podían demostrar que sus hijos estaban en la escuela primaria a tiempo completo y habían sido vacunados contra enfermedades infantiles prevenibles. Además, las mejoras en las infraestructuras se extendieron ahora entre los municipios sin que se produjeran disputas sobre dónde terminaba la responsabilidad de un municipio y dónde empezaba la del siguiente. Las comunicaciones y los viajes mejoraron en la mayor parte de las zonas rurales de Nicaragua.

La intervención del gobierno central, liderado por Ortega, en los programas municipales de las alcaldías trajo más recursos y una mayor coordinación, ambos ejemplos del gobierno efectivo que la derecha había dejado de proporcionar de manera consistente desde 1990 hasta 2006. Sin embargo, estas mejoras tuvieron dos efectos secundarios no democráticos: 1) el debilitamiento de la autonomía de las alcaldías y de la democracia municipal y 2) la creciente dependencia nacional de Venezuela, cuyos líderes nacionales no estaban comprometidos con la democracia.

Después de 2006, Ortega utilizó el fraude y las irregularidades electorales para reemplazar a los alcaldes libremente elegidos en la mayoría de los municipios. En su lugar instaló a alcaldes afines a sus agenda política. También condujo a la nación y a su régimen a una creciente dependencia del petróleo venezolano y de otros tipos de ayuda. Durante más de diez años, los programas sociales de Ortega y la ayuda venezolana desviaron con éxito la atención popular del otro objetivo importante de Ortega: la ruptura de la democracia nicaragüense y el establecimiento de un régimen cada vez más autoritario. A partir de estos programas sociales, podemos ver que Ortega no era simplemente un dictador, pues muchos de estos programas mejoraron la vida de la gente de una manera que la derecha no había logrado.

Mientras utilizaba los fondos venezolanos para ejecutar programas sociales, entre 2006 y 2016, Ortega socavó los controles institucionales contra su poder. Comenzó por tomar gradualmente el control de la Asamblea Nacional unicameral, compró el apoyo de los delegados de la oposición a través del soborno o mediante amenazas y coerción. La mayoría de los diputados estaban dispuestos a apoyar a Ortega si esto significaba que podían obtener ganancias inesperadas en sus negocios privados o que podían escapar de los grandes pagos del impuesto sobre la renta. Sin embargo, para aquellos que no respondían al soborno, Ortega socavaba sus posibilidades de oponerse a él con otras medidas, por ejemplo, hizo que los tribunales retiraran la personería jurídica de Eduardo Montealegre, negándole así la oportunidad de lanzar otra campaña política. Montealegre era un blanco obvio para este tipo de opresión porque su candidatura de 2006 había sido la más exitosa de todos los candidatos de la oposición. Utilizando diversas tácticas, Ortega obtuvo la aquiescencia de la mayoría de los diputados en pocos años o los hizo incapaces de oponerse a él abierta o políticamente.

Una vez que se aseguró el apoyo legislativo, Ortega se movió en contra del poder judicial, reemplazando a los jueces que lo desafiaban¹⁴. De la misma forma, utilizó la legislatura y el soborno para obtener el control del Consejo Supremo Electoral (CSE), la cuarta rama del gobierno de Nicaragua. El CSE había asegurado originalmente la integridad electoral, pero la intervención de Ortega produjo precisamente lo contrario, ahora el CSE le ayudaba a utilizar el fraude para distorsionar el voto. De esta forma, el CSE intervino varias veces en las elecciones municipales, anulando el recuento justo y produciendo una «victoria» oficial que favoreció a Ortega¹⁵.

Finalmente, Ortega se movió en contra de cualquiera que tuviera sus propios seguidores populares y que, por lo tanto, pudiera representar un potencial adversario político. Esta táctica significó que los líderes políticos individuales que habían sido populares antes de 2006 o poco después ahora eran ineficaces como adversarios políticos. Por ejemplo, el alcalde de Managua, que ganó el cargo en 2008, Alexis Argüello, fue encontrado muerto bajo circunstancias sospechosas en julio de 2009. La Policía, ahora controlada por el nuevo poder judicial, dictaminó que la muerte fue un suicidio y no investigó¹⁶. Otros alcaldes populares fueron amenazados con la pérdida de sus beneficios de seguridad social o de jubilación y prefirieron permanecer callados en lugar de oponerse abiertamente a Ortega¹⁷. Utilizando diversas medidas financieras, legales y coercitivas, Ortega pudo silenciar a todas las personas e instituciones que pudieran desafiarlo. Mientras tanto, la población permaneció en silencio.

Al mismo tiempo que socavaba las instituciones del Estado y el Estado de derecho y reprimía e intimidaba a la oposición y a los potenciales líderes de la oposición, Ortega también tomó medidas para ganar el apoyo de las grandes empresas en Nicaragua. En particular, logró que el COSEP, la gran organización empresarial, se asociara de manera no oficial con su régimen. Otorgó incentivos financieros a los grandes empresarios y aceptó subsidiar sus costos de producción con energía de bajo costo (electricidad) y gasolina subsidiada importada de Venezuela. Como parte de un pacto extraoficial entre Ortega y el COSEP, se acordó fijar los precios de la energía y la gasolina con el aporte del COSEP. En respuesta a estos favores, el COSEP acordó no oponerse al régimen de Ortega ni al creciente control autoritario del poder presidencial. Las concesiones de Ortega a las grandes empresas no se extendieron a las empresas medianas y pequeñas.

Las medidas represivas y opresivas contra líderes individuales y contra las instituciones del Estado no fueron cuestionadas por la población civil nicaragüense hasta las protestas de 2018. La sociedad civil permaneció quieta mientras los programas sociales continuaron y la economía pareció florecer bajo la grandeza venezolana. Los alcaldes habían financiado sus programas de fuentes democráticas. Sin embargo, Ortega financió estos mismos programas con fondos venezolanos y los canalizó a través de la Presidencia, permitiendo que su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, los gestionara¹⁸. También usó el clientelismo para recompensar a quienes apoyaban a Ortega y para negar los fondos a quienes no lo hacían. El apoyo venezolano comenzó con Hugo Chávez, muerto en 2013, y continuó con Nicolás Maduro.

Estos programas dieron frutos políticos para Ortega. A pesar de su deriva autoritaria, fue más popular en 2016 de lo que había sido en 2006. Nos basamos aquí en los datos recogidos en torno a las elecciones de 2016¹⁹. Para permitir la comparación, volvemos a presentar los datos de 2006 y examinamos a los partidarios de Ortega por nivel educativo.

La Tabla 4 muestra que el apoyo a Ortega aumentó en todas las categorías educativas para 2016. Esto es notable porque nuestros datos de 2006 mostraron que los individuos con nivel educativo más alto estaban menos inclinados a votar por Ortega ese año. Además, en 2006, la mayoría de los votantes en la mayoría de las categorías educativas habían dicho que no tenían la intención de votar por Ortega. Este hallazgo de 2006 encaja con la baja base de apoyo general que encontramos para Ortega en la población en general ese año. Ahora, para 2016, el porcentaje de encuestados en cada categoría educativa que dijo que tenía la intención de votar por Ortega ese año había aumentado considerablemente. El apoyo a Ortega en 2016 fue más alto entre todos los grupos educativos, pero el mayor incremento se dio entre los grupos educativos más bajos, especialmente los analfabetos. La tendencia de un mayor apoyo a Ortega entre quienes tienen menor nivel educativo es aún más fuerte si se incluye a los encuestados que no son de Managua.

El caso nicaragüense muestra cómo un líder electo puede consolidar el poder hasta el punto de convertirse en un líder autoritario sin enfrentarse a una resistencia popular significativa. La victoria presidencial de Ortega en 2006 fue legítima en una elección libre y justa que se ajustó a las leyes electorales de Nicaragua. Sin embargo, a partir de ese momento, utilizó los recursos venezolanos y una economía temporalmente vibrante para aumentar su popularidad. Sus programas sociales hicieron que los votantes aceptaran su poder presidencial cada vez más descontrolado. Este apoyo popular le permitió a Ortega consolidar el poder de una manera que hará difícil su remoción. El autoritarismo, al igual que la democracia, se fortalece con el tiempo. Sin embargo, en última instancia, la popularidad de Ortega y su régimen cada vez más autoritario se basó en un desesperado acuerdo que los ciudadanos de bajos ingresos habían hecho: la aquiescencia continuará solo mientras los bienes y servicios continúen.

Para 2017, la voluntad de Venezuela de apoyar a Ortega había sobrepasado sus capacidades: la economía venezolana comenzó a quebrar (Levine y Molina, 2012). Chávez había puesto en marcha un plan económico que era insostenible a largo plazo, incluyendo un generoso gasto social dentro de Venezuela y una generosa pero inasequible ayuda para Nicaragua (Corrales y Penfold, 2015). Gradualmente durante el año 2017 la ayuda venezolana a Nicaragua se redujo y posteriormente terminó. Este cambio significó que los precios del gas y la energía, esenciales para la economía nicaragüense y profundamente subsidiados por Venezuela, empezaran a subir considerablemente. Ahora el gobierno nicaragüense carecía de recursos para financiar los generosos programas sociales que habían comprado la quietud popular a lo largo de la década anterior.

Para el 2018 el apoyo venezolano había terminado. Ante la disminución de los fondos venezolanos, Ortega rompió dos pactos no escritos, uno con las grandes empresas y otro con el pueblo. Aumentó los precios de la energía sin consultar con el COSEP. Así violó el pacto extraoficial que mantenían. A mediados de abril de 2018, cortó repentinamente los beneficios de la seguridad social a miles de nicaragüenses. En respuesta a ese revés, ambos se volvieron en su contra.

En abril de 2018 la población se manifestó en protesta. Para una población con una larga historia de impugnación y protesta, diez años de quietud habían sido más una anomalía histórica que un reflejo del típico comportamiento popular. Estudiantes y nicaragüenses de bajos ingresos salieron a las calles para protestar contra los recortes de la seguridad social. Ortega respondió con represión. Las protestas populares se intensificaron y Ortega respondió con más represión. El COSEP declaró su apoyo a los manifestantes, paso que significó que las protestas no fueran solamente oposición estudiantil de izquierda o protestas de bajos ingresos, sino que los empresarios apoyaron a los manifestantes en la calle. En todo el espectro político, todos los nicaragüenses pidieron la renuncia de Ortega, elecciones anticipadas y el regreso de la democracia. La fachada de apoyo popular que el dictador había elaborado tan cuidadosamente se cayó rápidamente. Ortega emergió como un líder autoritario dispuesto a usar armas de asalto, gas lacrimógeno y tortura contra civiles desarmados.

Después de que las protestas más extensas se extinguieran, volvimos a encuestar a la población. No se trataba de una encuesta electoral, sino de sondear la opinión popular sobre la resistencia. En octubre de 2018 preguntamos a los ciudadanos si habían participado en manifestaciones o marchas contra el gobierno de Ortega en 2018. Casi el veinte por ciento (19.69) de nuestros encuestados dijo «sí»; solo el 2.6 % se negó a responder. Este es un porcentaje muy alto de participación popular en la resistencia y un nivel relativamente bajo de no respuesta, particularmente dada la violencia de la represión.

Bermeo (2003) nos dice que la mayoría de la gente común y corriente preferiría no participar en la resistencia, incluso en apoyo de la democracia; la gente común en tiempos extraordinarios generalmente se queda en casa. La protesta requiere un tiempo y una energía enorme, algo que muchas personas no tienen, especialmente cuando son muy pobres. La gente que resiste a veces muere, como muchos han hecho en Nicaragua. Claramente, el caso nicaragüense es una excepción a la regla común que Bermeo encontró para prevalecer en otros lugares: los nicaragüenses de hoy en día se resisten al autoritarismo y reclaman la democracia, sin embargo, como argumenta Bermeo, los nicaragüenses no estaban ansiosos por protestar. Permitieron que Ortega acumulara poder sin control durante doce años. Si hubiesen actuado antes, su tarea podría ser más fácil hoy. Sin embargo, cualquier líder autoritario debería recordar que los ciudadanos que han hecho un trato desesperado esperan que el dictador cumpla. Cuando no lo hace, la aquiescencia puede evaporarse rápidamente, particularmente cuando el apoyo popular es tenue todo el tiempo.

Hemos visto que Ortega era un dictador de orientación social. Desarrolló programas sociales mientras destruía la democracia. Sin embargo, hoy en día es solo un dictador y, como tal, solo permanece en su lugar a través de la represión. Los comentaristas de hoy lo comparan con el último dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle. Sin embargo, Ortega es más vulnerable que Somoza en 1979. Ha operado a lo largo de estos dieciséis años dentro de un régimen político híbrido, más que en un contexto totalmente autoritario²⁰. A diferencia de Somoza, vive con una población que conoce el poder de las elecciones, a pesar de su uso del fraude electoral en los últimos años. Ahora exigen una elección honesta y supervisada. Por ese método, esperan removerlo del poder completamente.

El futuro de Nicaragua es incierto. La represión de Ortega invita a una comparación con Somoza. Sin embargo, hay diferencias claves y estas no se limitan a sus programas sociales. Por el momento, Ortega no tiene ni una fuerza aérea ni un ejército masivo que pueda usar para reprimir a los manifestantes. Tom Ginsburg (2018) ha argumentado que los esfuerzos para romper la democracia no siempre tienen éxito. Él llama a estos casos «casi fracasados» y mira específicamente a Finlandia, Colombia y Sri Lanka, casos en los que actores no elegidos intervinieron para salvar la democracia. Entre ellos se encuentran las elites políticas, los jueces y los burócratas, por esta razón, el futuro de Nicaragua es todavía indeterminado.

En Nicaragua, un actor no elegido es la propia población. A través de las clases políticas, el pueblo está unido en su determinación de destituir a Ortega y celebrar nuevas elecciones. Nuestros datos del 2018 muestran que el 64.90 % de nuestros encuestados dijeron que se sentirían muy o algo cómodos con el voto en una elección libre supervisada por la comunidad internacional. La mayoría de nuestros encuestados todavía creen en las elecciones, a pesar del fraude electoral de Ortega. Sin embargo, la represión y las miles de muertes estimadas hasta la fecha, así como la tortura y las desapariciones, han reducido la protesta a esporádica en lugar de masiva. Muchos nicaragüenses simplemente han huido del país y muchos otros están escondidos en algún lugar de Nicaragua. El conflicto entre Ortega y la población civil ha destrozado la economía, que ahora funciona a una fracción del nivel que había alcanzado a principios de 2018. El turismo, una fuente importante de fondos externos, ha desaparecido. La diferencia entre la protesta popular actual y la revolución popular de los años 70 es que hoy en día la población nicaragüense no tiene ningún grupo insurrecto armado que luche contra el autoritarismo de Ortega. La población se erige como un David desarmado que se enfrenta a un Goliat brutal y esa batalla desigual en sí misma subraya el nivel de autoritarismo que ha alcanzado Ortega.

El papel del Ejército nicaragüense es de crucial importancia. Hasta la fecha el Ejército se ha negado a reprimir a la población, esta posición tiene ventajas e inconvenientes. A diferencia de Somoza, Ortega no puede contar con una fuerza armada represiva para hacer su voluntad. En particular, el ejército ha controlado el aire y esto ha significado que Ortega no ha podido bombardear a la población civil. Esto ha significado que el número de muertos es mucho menor de lo que sería de otra manera. Ortega solo cuenta con la Policía y algunos grupos mercenarios contratados para reprimir a la población. Estos grupos han hecho mucho daño, pero un ejército permanente habría hecho un daño mayor. Por otro lado, la posición del Ejército también ha sido objeto de considerables críticas por parte de la Alianza Cívica, que es el grupo que aglutina toda la oposición a Ortega. Si el Ejército no ha estado dispuesto a reprimir a los manifestantes, tampoco está dispuesto a desarmar a la Policía y a los mercenarios que están llevando a cabo la represión. Los líderes de la Alianza Cívica sostienen que el Ejército tiene el deber de defender y proteger a la población. Han llamado al Ejército a usar su poder para desarmar a los grupos represivos. El Ejército también se ha negado a hacerlo, no están dispuestos a reprimir a los manifestantes y tampoco están dispuestos a protegerlos. Esa negativa por parte del Ejército ha permitido que Ortega se mantenga en el poder hasta el presente²¹.

En esta situación incierta, tanto la Iglesia católica nicaragüense como la comunidad internacional han intentado mediar. Esos esfuerzos siguen en marcha y se desconoce su resultado. La OEA ha votado definitivamente en contra de Ortega, condenando su represión. El Papa se ha negado a recibir a un representante de Ortega que visitó el Vaticano para pedirle que retire su apoyo a los obispos nicaragüenses, promoviendo el diálogo y llamando a elecciones anticipadas. Incluso algunos republicanos del Congreso de los Estados Unidos y Donald Trump pidieron a Ortega que se hiciera a un lado.

Tal como señala Bermeo (2016), estudiar cómo las democracias retroceden y qué procesos emergen de la ruptura democrática. Este artículo muestra cómo podemos estudiar el deterioro de una democracia. El caso nicaragüense ilustra cómo un líder autoritario puede pasar de ser un legítimo vencedor electoral a ser un dictador y cómo una población inactiva puede facilitar ese paso. Mientras la economía estuvo en buena forma, la mayoría de los ciudadanos no hicieron nada para remover al líder. Ahora enfrentan una tarea más difícil para deshacerse de él que si se hubieran opuesto a su consolidación gradual de poder en una etapa mucho más temprana del proceso. Para ello, necesitan la ayuda de la comunidad religiosa e internacional y no está claro si esos esfuerzos serán suficientes.

Este caso constituye un ejemplo sobre el que reflexionar para los dictadores y los aspirantes a dictadores de todo el mundo. Las circunstancias cambian y la inactividad puede no durar para siempre. Comprar el apoyo popular es exactamente eso y nada más: cuesta dinero y solo durará mientras duren los fondos. La compra de apoyo es diferente a la lealtad electoral voluntaria que se da porque a los ciudadanos les gusta y respetan al líder. Cuando la aquiescencia termina en un mundo donde la democracia se ha convertido en la norma, un dictador puede enfrentarse a la condena internacional, así como a la resistencia interna. Esto es lo que está sucediendo en Nicaragua hoy en día.

El caso nicaragüense es relevante para los dictadores electos en otras partes de América Latina, especialmente en la propia Venezuela; Maduro permanece en el poder solo por los militares y por el apoyo financiero ruso (Trudolyubov, 2019). O bien será destituido o continuará con un control cada vez más represivo del poder; cualquiera de los dos escenarios es inherentemente inestable y tiene consecuencias negativas a largo plazo para la nación.

La democracia siempre es vulnerable en condiciones de pobreza severa, porque los pobres, en su condición de extrema necesidad, pueden estar dispuestos a hacer el tipo de trato que hicieron con Ortega. Es aún más probable que los pobres estén dispuestos a llegar a ese tipo de negociación cuando los gobiernos anteriores, aunque elegidos, fueron negligentes en la lucha contra la pobreza. Estas condiciones describen muchos países de América Latina, pero no se limitan a América Latina. En 1929 los votantes de Luisiana, un estado del sur de los Estados Unidos, tomaron una decisión similar. Después de décadas de un gobierno ineficaz que no hizo nada por los pobres, eligieron a Huey Long, un dictador en potencia que prometió y llevó a cabo programas de atención a colectivos con bajos recursos durante sus primeros dos años como gobernador (Kane, 1941). En contraste con Long, Ortega lo ha hecho mucho mejor, gracias a Venezuela, y desarrolló programas sociales durante unos once años. «Después de todo», dijo un partidario de Long, «la democracia no es buena si no funciona. ¿Realmente crees que la libertad es tan importante?» (White, 2006, p. xii).

Los nicaragüenses, al parecer, han encontrado su respuesta a esa pregunta: sí, la libertad importa y puede valer la pena luchar por ella. Ortega buscó dos objetivos contradictorios: un régimen autoritario y un apoyo electoral abrumador. Esos objetivos incompatibles finalmente chocaron. Nuestros datos muestran que, mientras aproximadamente el 54,37 % del electorado fue a las urnas en 2016 para votar por Ortega, el 7,56 % votó activamente en contra de él y el 38,07 % no votó en absoluto en una elección en la que los ciudadanos se sintieron presionados a votar. Además, ese 38 % estaba compuesto en gran parte por ciudadanos que históricamente habían apoyado a la derecha. Ortega no logró obligar a estos individuos a acudir a las urnas y no logró generar el masivo mandato electoral que esperaba que justificara su presidencia autoritaria. Sin embargo, sí logró silenciar a la oposición, tanto a los partidos como a los líderes, y recibió la mayoría de los votos realmente emitidos. A continuación, pregonó esta victoria al mundo como prueba del éxito de su régimen. Fue una victoria hueca. En el plazo de un año, tanto la población como las grandes empresas se habían vuelto en su contra, al igual que la mayoría de las naciones del hemisferio. En definitiva, este trabajo ha mostrado que los regímenes basados en un trato desesperado, en lugar de un genuino apoyo popular, son inseguros e inestables. La esperanza es que otros posibles dictadores latinoamericanos estén escuchando.