Democracia participativa, protestas sociales y autoritarismo en el socialismo del siglo XXI: el movimiento estudiantil venezolano

Participatory democracy, social protests and authoritarianism in 21st century socialism: Venezuelan student movement

María Pilar GARCÍA-GUADILLA

Universidad Simón Bolívar

mpgarcia@usb.ve

Envío: 2019-12-18

Aceptado: 2020-05-26

First View: 2020-07-16

Publicación: 2020-08-04

RESUMEN: Siguiendo el enfoque de la estructura de oportunidades políticas y la noción de identidad colectiva, uno de los objetivos de este trabajo es analizar las movilizaciones y ciclos de protesta en los que participó el movimiento estudiantil venezolano, el actor con mayor credibilidad, durante el periodo 2007-2019. El propósito es conocer el impacto del cierre del sistema político a la participación, la polarización y el creciente autoritarismo y represión en su éxito o fracaso.

Palabras clave: movimiento estudiantil venezolano; protestas; democracia participativa; socialismo del siglo XXI; autoritarismo.

ABSTRACT: Following a political opportunities structure approach and the notion of collective identity, one of the objectives of this work is to analyze the mobilizations and cycles of protest in which the Venezuelan student movement, the actor with the greatest credibility, participated during the period 2007-2019. The purpose is to know the impact of the closure of the political system on participation, polarization and the growing authoritarianism and repression on its success or failure.

Keywords: Venezuelan student movement; protests; participatory democracy; 21st century socialism; authoritarianism.

I. LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PROTESTA EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI[1]

La literatura existente sobre conflictividad y repertorio de protestas ha puesto el acento sobre los movimientos antisistémicos contra el neoliberalismo. No obstante, en América Latina, las protestas se han incrementado tanto bajo modelos neoliberales como socialistas, tal como se desprende de la experiencia venezolana y, más recientemente, de las de Ecuador, Bolivia, Chile, Nicaragua y Colombia, entre otras. En Venezuela, Nicaragua y, hasta hace poco, en Bolivia, este tipo de protestas aumentaron significativamente y, con frecuencia, se tornaron violentas. En países con elevada polarización sociopolítica (García-Guadilla y Mallen, 2018; Mallen y García-Guadilla, 2017) y creciente autoritarismo como lo es Venezuela[2] (Kozak y Chaguacena, 2019; Gómez Calcaño, 2017; Corrales, 2015), la interpretación suma cero de que toda oposición política movilizada o en resistencia contra el régimen constituye «el enemigo» (Schmitt, 1996) a quien hay que eliminar ha contribuido a la represión y a la continuidad del círculo vicioso protesta-represión, lo cual afecta negativamente la gobernabilidad democrática.

En el proyecto «bolivariano» que promovió el comandante Hugo Chávez al llegar al poder, el cual se vertió en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) de 1999 resultante de un proceso constituyente, la «participación» era uno de los medios para lograr «la inclusión» de los sectores desfavorecidos. Además de la democracia representativa-electoral, esta constitución incluyó la «democracia participativa», la cual fue interpretada como un mecanismo u oportunidad política para que el «Pueblo o Soberano», definido como el sujeto constitucional por excelencia, pudiera expresar sus demandas a través de mecanismos directos de participación popular e incidiera en los procesos de toma de decisión (CRBV, art. 5). Desde sus inicios, el proyecto bolivariano promovió nuevas relaciones entre la sociedad civil, los partidos políticos y el Estado; también estimuló nuevas formas de agregación de intereses que llevaron a la creación de organizaciones y movimientos sociales.

A comienzos de 2005, con motivo de la IV Cumbre de la Deuda Social, Chávez incorporó en su discurso el concepto de «socialismo del siglo XXI» (Biardeau, 2007), pero no fue hasta el año 2007, poco después de inaugurarse su segundo mandato, que intentó legitimarlo mediante un referéndum para la reforma de la Constitución de 1999, el cual fue rechazado. No obstante, en 2009, la Asamblea Nacional, con mayoría oficialista, aprobó las Leyes del Poder Popular, donde se interpretó la noción de «democracia directa, participativa y protagónica» como la capacidad de los ciudadanos para decidir sobre los principales asuntos públicos y, en algunos casos, como la substitución de la democracia representativa por la «participativa».

En Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil han sido históricamente débiles y, con frecuencia, permanecieron al margen de la actividad política o fueron cooptadas por los partidos políticos (López Maya, 2005; García-Guadilla, 2013, 2003; Smilde y Hellinger, 2011). No obstante, a partir de la llegada de Hugo Chávez, se fue configurando una sociedad civil de la oposición, alrededor de las Asambleas de Ciudadanos, que, con el lema «Chávez vete ya», se movilizó en las calles en contra del gobierno, y con el arribo del presidente Maduro en 2013, siguió movilizándose pidiendo su renuncia a la presidencia.

En América Latina, los jóvenes se han convertido en un sujeto político de importancia, autoconvocándose y liderando acciones contestatarias (Vonmaro, 2016). A diferencia de algunos países como España (Jiménez Sánchez, 2011), representan uno de los grupos etarios más activos en las protestas, sobre todo, bajo regímenes autoritarios donde la probabilidad de represión y violencia es mayor. En los países del socialismo del siglo XXI, que cuentan con estructuras demográficas donde los jóvenes constituyen un alto porcentaje de la población[3], las protestas tienden a activarse con frecuencia alrededor del movimiento estudiantil. Esta generación joven no conoce la alternancia política pues el Ejecutivo ha durado, como promedio, más de diez años consecutivos en el poder (Alcántara y eds., 2018). Por esta razón, la demanda por el «cambio y la alternancia político-ideológica» tiende a formar parte de su agenda de luchas.

El movimiento estudiantil venezolano[4] ha sido uno de los sujetos contenciosos de la sociedad civil más activos en las movilizaciones y protestas contra los regímenes de Chávez y Maduro y cuenta con el nivel más alto de credibilidad de todos los actores sociopolíticos[5]; sin embargo, ha sido poco estudiado. Uno de los objetivos de este trabajo es analizar las protestas en las que participó durante el periodo 2007-2019 con el fin de conocer los efectos del cierre progresivo del sistema político a la participación, el tipo de alianzas con otros actores políticos, la naturaleza de las estrategias de resistencia y el creciente autoritarismo y represión por parte del Estado, entre otros factores que contribuyeron al éxito o fracaso.

II. ABORDAJE Y PREMISAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS

Las movilizaciones y protestas de los movimientos sociales en países democráticos pueden ser interpretadas como una forma institucional de participación en las políticas públicas y en los procesos de toma de decisiones (Tilly, 1995). Por tanto, constituyen un proceso eminentemente político a través del cual los grupos articulan intereses y desafían al poder. Algunos estudiosos de la transición a la democracia destacan que, con la instauración de la democracia electoral, las protestas tienden a imbricarse en la política institucional (Jiménez Sánchez, 2011); sin embargo, poco se conoce sobre estos procesos bajo contextos democráticos que han institucionalizado mecanismos de participación directa y han legitimado la movilización ciudadana, como es el caso venezolano.

Para analizar el movimiento estudiantil venezolano se adoptará el enfoque teórico de la estructura de oportunidades políticas (EOP) haciendo énfasis en MacAdam (1985) y, sobre todo, en Tilly (1978, 1995), Tarrow (1989, 2011) y Tilly y Wood (2010), quienes, además de los factores estructurales e institucionales, incorporaron el marco cultural-psicológico de los movimientos. También utilizaremos la noción de «identidad colectiva» de Melucci (1990, 1999) y la forma en que ésta se transforma en acción política.

La EOP se refiere al conjunto de relaciones de poder que define el contexto político y, más concretamente, a los incentivos o desincentivos para que los grupos movilizados participen en acciones colectivas con el propósito de posicionar sus demandas y, en algunos casos, transformar el sistema político. Dos aspectos interrelacionados que explican la acción colectiva y el cambio en la estructura de oportunidades políticas son la apertura del sistema político a la participación democrática (Tarrow, 1989; Tilly, 1978; McAdam, 1985) y el costo de tal participación, según las posibilidades de represión (Tilly, 1978; McAdam, 1985). Un factor que facilita la movilización es que exista posibilidad de participación; otro que la dificulta es la tendencia de los regímenes autoritarios de cerrar los canales de expresión del descontento, incrementando la represión, la cual pudiera desencadenar, o la radicalización de las acciones colectivas o la desmovilización. Otro factor relevante que explica las movilizaciones y sus resultados es la posibilidad de establecer alianzas con la élite o grupos de poder, aunque tal posibilidad se reduce si la élite está fragmentada (Tarrow, 1989; MacAdam, 1985). Utilizando estos enfoques, en el presente trabajo se caracterizan los diferentes ciclos de protesta[6] del movimiento estudiantil y se analiza la EOP venezolana según los factores y condicionamientos teóricos arriba enunciados, con el fin de identificar si el entorno político que institucionalizó la «democracia participativa» significó o no una oportunidad para la expresión y canalización de las protestas. Se evalua también la tendencia que tiene, según algunos estudiosos (Somuano Ventura, 2007), el movimiento estudiantil para canalizar sus demandas mediante «la democracia representativa» e, incluso, para transformarse en un partido político, o ser cooptado por éste. Se examina si la movilización y desmovilización del ciclo de protestas del movimiento estudiantil y la fragmentación del movimiento se vinculan con «la expansión y la contracción de las oportunidades democráticas» (Tilly y Wood, 2010: 21) y con el creciente autoritarismo y represión existentes en Venezuela. También se estudia si el movimiento estudiantil fue capaz de abrir el espacio de la sociedad civil frente al Estado, posee una base social que transcienda la estructura de clase media y una identidad pluralista en cuanto a ideas y valores que sea compartida por el grupo y oriente la acción colectiva (Melucci, 1990, 1999).

La perspectiva analítica del trabajo es interdisciplinaria, dinámica y procesual y se utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos. La información empírica proviene de la base de datos estudiantil del Laboratorio Interdisciplinario en Gestión Ambiental, Urbana y Sociopolítica de la Universidad Simón Bolívar (GAUS-USB), recopilada a través del seguimiento durante los últimos trece años de los movimientos sociales. Consta de más de 120 encuestas a la población estudiantil, hechas por los propios estudiantes en cinco grandes universidades (tres públicas y dos privadas), en el contexto de varios cursos de Estudios Generales sobre el movimiento estudiantil facilitados por la autora en la Universidad Simón Bolívar, y los cuales coincidieron con las protestas de 2007, 2014 y 2017. Junto a ello, incluye entrevistas a unos 20 líderes estudiantiles y observación y participación en asambleas y debates estudiantiles durante los conflictos. También se recolectó y se hizo análisis de contenido de las fuentes hemerográficas, documentales y digitales sobre protestas en Venezuela del periodo 2000-2019; en especial, los comunicados, informes anuales y reportes especiales de las organizaciones de derechos humanos (PROVEA, Observatorio Venezolano de Conflictividad Social –OVCS–, Observatorio Venezolano de Prisiones –OVP–, Foro Penal Venezolano –FPV–), así como también de los periódicos de mayor circulación nacional (El Universal, El Nacional, Últimas Noticias, y Tal Cual). Se revisaron los comunicados y manifiestos emitidos directamente por las federaciones y centros de estudiantes universitarios, y los medios digitales más activos en los periodos de protesta (Twitter y Facebook y, en algunos casos, whatsapps). Con esta información, se construyó la base de datos cronológica y analítico-procesual denominada «GAUS-USB: Base de datos sobre protestas estudiantiles 2007-2019», la cual constituye la materia prima de este estudio.

El actor estudiantil no es homogéneo ideológicamente pues conviven miembros con ideologías de derecha, centro e izquierda, lo cual afecta sus objetivos, estrategias de movilización, tipo de intermediaciones con el gobierno y con los partidos políticos, e interrelaciones al interior del propio movimiento. El análisis de los datos muestra que, a lo largo del periodo 2007-2019, el éxito o fracaso de sus acciones contenciosas varió según que sus objetivos pudieran canalizarse por la vía institucional o no; el grado de importancia que el gobierno, partidos políticos, sociedad civil y los medios tradicionales y alternativos le asignaron al movimiento estudiantil; la apertura a la participación del contexto institucional; la relación de cooperación o de cooptación que algunos sectores estudiantiles establecieron con los partidos políticos y con otras organizaciones de la sociedad civil; la fortaleza de los partidos y plataformas políticas con los que se articularon; la robustez y alcance de las redes comunicacionales a través de las cuales se expresaron; el nivel de integración o fragmentación de los actores participantes; las estrategias conciliadoras o polarizadoras que desplegaron; y el nivel de represión.

III. LOS CICLOS DE PROTESTA Y EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL VENEZOLANO

A diferencia de muchos de los movimientos que emularon el mayo francés de 1968 y se pronunciaron contra el modelo neoliberal, el movimiento estudiantil venezolano se caracteriza por confrontar a un gobierno que se proclama de «izquierda», lo cual le llevó a establecer relaciones con los partidos políticos tradicionales de corte liberal. Desde antes de Chávez, la baja credibilidad en los partidos políticos hizo que su relación con los movimientos sociales fuera de desconfianza pues estos últimos no los consideraron capaces de canalizar las demandas de la sociedad civil. No obstante, bajo una estructura favorable de oportunidad política como los referéndums y las elecciones de diversa índole, la sociedad civil estableció relaciones con algunos partidos y plataformas políticas, las cuales oscilaron entre la articulación alrededor de objetivos comunes de carácter general, la partidización de algunos sectores del movimiento y la creación de plataformas cívico-políticas.

Históricamente, el movimiento estudiantil venezolano ha tenido un espíritu libertario y contestatario (Méndez, 2010). Son jóvenes que se enfrentan al poder y sus reivindicaciones se relacionan con la defensa de los derechos humanos. Su condición de estudiantes universitarios en Venezuela, donde resulta difícil para los sectores populares acceder a los niveles superiores de la educación, los sitúa en la clase media. A pesar de su heterogeneidad ideológica, esta condición de clase llevó a que el movimiento estudiantil del periodo estudiado defendiera los principios del liberalismo y de la democracia liberal (García-Guadilla y Mallen, 2013). Por otro lado, sus protestas y movilizaciones no confrontaron abiertamente las desigualdades sociales existentes y, por esta razón, no lograron articularse con los sectores populares. Frente a la creciente naturaleza autoritaria del régimen (Puyosa, 2019), tienen un carácter antigobierno y antiautoritarismo.

La grave crisis económica que atraviesa Venezuela está modificando las demandas y el patrón de alianzas de los distintos grupos de la población. El análisis de contenido del arqueo hemerográfico de las protestas en los medios impresos (El Nacional, Últimas Noticias, El Universal, Tal Cual) y digitales (Twitter y Facebook) muestra que, durante el periodo de mayor auge del movimiento estudiantil (2007-2017), la disposición de los sectores populares a establecer alianzas con los estudiantes fue débil debido a que las banderas de «la libertad» e incluso «la democracia» no fueron priorizadas por estos sectores que se focalizaron en las carencias materiales y la sobrevivencia. Con la acentuación de la crisis humanitaria que vive el país desde la llegada de Maduro al poder y, sobre todo, en el último trienio, se han dado algunos acercamientos de los estudiantes hacia estos sectores a quienes han acompañado en protestas por falta de alimentos, medicinas, bajos salarios y deficiencia de los servicios básicos. Actualmente, con el agravamiento de la represión, el apoyo a los estudiantes por parte de estos sectores pondría en peligro las «necesitadas» prebendas de sobrevivencia que reciben del régimen, las cuales son la expresión de un fuerte clientelismo político partidario y están dirigidas exclusivamente a los «afectos» al régimen (Torrealba, 2019; Transparencia Venezuela, s/f) ).

En las protestas contra el régimen chavista-madurista pueden identificarse diversas olas de protagonismo estudiantil que varían según los factores previamente señalados. Los ciclos contenciosos más destacados del movimiento estudiantil fueron en el año 2007 y en el 2014, aunque también participaron en las protestas de 2017, 2018 y 2019, que fueron convocadas por los partidos políticos.

III.1. Ciclo de protestas 2007: el cierre del canal televisivo RCTV y la Reforma Constitucional

Aunque participó en protestas anteriores vinculadas con la ley de educación, el movimiento estudiantil venezolano de la época chavista no se visibilizó como un actor colectivo hasta el año 2007 a partir del liderazgo, o coliderazgo, en dos conflictos pioneros y emblemáticos: el cierre del canal televisivo de tendencia opositora Radio Caracas TC (RCTV) y el Referéndum por la Reforma Constitucional (Bermúdez y eds., 2009; Casanova, 2009; García-Guadilla y Mallen, 2010). Quienes conformaron el movimiento estudiantil en 2007 se autodefinieron como «estudiantes» y no tenían una ideología política definida, más allá de proclamarse «oposición al régimen».

Su lema «¿quiénes somos?», «estudiantes»; «¿qué queremos?»: «libertad» implica una identidad como defensores de los derechos políticos liberales. Desde su emergencia como actor político, este actor colectivo se incorporó a la esfera pública como oposición «leal» (Linzt, 1996); es decir, aceptando la legalidad y legitimidad del gobierno, proponiendo la reconciliación nacional y dirigiéndose a nuevos públicos más allá de la oposición. En sus inicios, no aceptó la tutoría de los partidos políticos y actuó de manera independiente, diseñando estrategias pacificas e institucionales sumamente creativas, las cuales tuvieron alto impacto en la opinión pública. Ello se facilitó porque los medios de comunicación tradicionales (radio, televisión y prensa escrita), con gran poder de difusión y convocatoria, y la mayoría en manos privadas para el momento, se convirtieron en aliados importantes y contribuyeron a ampliar el mensaje no solo de los estudiantes, sino también de la oposición (Mallen y García-Guadilla, 2017). Las protestas no fueron mayormente reprimidas por el gobierno.

Aunque el movimiento estudiantil no logró revertir el cierre de la señal televisiva ni que su propuesta de reconciliación nacional fuera aceptada, debido al contexto de la polarización política y las narrativas de lucha existencial (García-Guadilla y Mallen, 2010; PROVEA, 2008-009), tuvo oportunidad de expresarse pacíficamente y fue percibido por la oposición como el nuevo actor político y representante de la sociedad civil con la más alta credibilidad. Además, su irrupción en la esfera pública venezolana enriqueció con nuevos valores y estrategias discursivas el conflicto político entre los adeptos al gobierno y la oposición política. A fines del año 2007, el movimiento estudiantil se reactivó contra el referéndum para la reforma de la Constitución de 1999 propuesto por el presidente Chávez.

En esta segunda ola contenciosa, el movimiento estudiantil jugó un papel clave. No obstante, a diferencia del conflicto sobre RCTV, se articuló de manera autónoma con los partidos políticos de oposición y con otras organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la Reforma Constitucional, cuyo referéndum incluía la «reelección presidencial indefinida» y las bases del proyecto político del «Estado Comunal» o del socialismo de siglo XXI. Al igual que en el conflicto previo, los actores políticos y sociales participantes reconocieron la legitimidad del régimen; sus estrategias fueron pacíficas y sumamente novedosas, en general no fueron reprimidas por el gobierno y contaron con el apoyo de los medios tradicionales. Ello, junto con la apertura de los mecanismos constitucionales para dirimir el conflicto, llevó a que la reforma constitucional fuera rechazada. Una vez concluido el referéndum, la ola de protestas decayó y este ciclo de protestas se cerró.

Algunos de los estudiantes, sobre todo los representantes estudiantiles que conformaron originalmente el «Movimiento Estudiantil Nacional» en 2007, han sido identificados como la «Generación del 2007». Al igual que con las generaciones del «28» y del «58» del siglo pasado (Méndez, 2010), la del 2007 fue el germen de los líderes que reemplazaron a los viejos liderazgos de los partidos políticos de la oposición, y jugaron un rol importante en los siguientes ciclos de protesta.

III.2. Ciclo de protestas 2014: «la calle es la salida»

En febrero de 2014, los partidos de oposición Voluntad Popular (VP), fundado por Leopoldo López en el 2009, y Alianza Bravo Pueblo (ABP), fundado en el 2000 por Antonio Ledezma, junto con el movimiento político Vente Venezuela (VV), creado por María Corina Machado en 2012, convocaron a la desobediencia cívica, supuestamente «no violenta», como el medio para «la Salida» del gobierno de Maduro. Entre las razones estaban la vulneración de los derechos civiles, la injerencia de Cuba y la acusación al gobierno de «dictadura militarista» (Machado, 2016).

La primera ola de protestas de este ciclo que se inició en febrero de 2014, y en la cual participaron los estudiantes como protagonistas, tuvo como eje central «la inseguridad» en varias de las universidades públicas del interior del país. La fuerte represión policial avivó las protestas en esas ciudades, lográndose la solidaridad de otros centros y federaciones universitarias de la capital de Caracas y transformándose en demandas por el «derecho a la libre protesta y el respeto por los derechos humanos» de los manifestantes. Con el círculo vicioso protesta-represión-detenciones, emergió la crítica velada al poder encarnado en el presidente Maduro y la demanda de que éste debía renunciar. Para la misma fecha, los nuevos partidos y movimientos políticos que habían logrado incorporar a los jóvenes y, sobre todo, a los líderes estudiantiles de la Generación del 2007 aprovecharon esta coyuntura y convocaron a la población a movilizarse en contra del presidente Maduro.

En contraste con las protestas de 2007, al radicalizarse el conflicto, algunos estudiantes y exestudiantes miembros de la Generación estudiantil de 2007 se aliaron de manera subordinada con la agenda de «La Salida», promovida por VP, ABP y VV, que, al cuestionar la legitimidad del presidente Maduro, tenía como objetivo el cambio político y su renuncia. En un comunicado de la primera quincena de febrero, atribuido por los medios al movimiento estudiantil, éste se declaró en rebeldía con el gobierno, señalando que su objetivo era «la renuncia de Nicolás Maduro y todo su gabinete», y que era «absolutamente imposible el diálogo con gobernantes que han usurpado funciones que no le pertenecen» (Movimiento estudiantil venezolano, 2014).

El movimiento estudiantil, que había permanecido unido en el ciclo de protesta de 2007 a pesar de las diferencias ideológicas entre sus miembros, se dividió alrededor de si la estrategia debía ser pacifica o violenta y si los objetivos eran específicos, como salvaguardar la seguridad y los derechos humanos de los estudiantes o generales y políticos, como pedir la renuncia del presidente (Uzcátegui, 2014; PROVEA, 2016; GAUS-USB, 2007-2019). Ello hizo que se dispersara en diferentes posturas que variaron desde la institucional, representada por diferentes federaciones de centros universitarios, hasta la anarquizada, que fue articulada por los jóvenes que, de forma anónima, convocaron a las protestas violentas contra el poder, a través de redes sociales como Twitter. También hubo posturas intermedias de alianza con los partidos.

A diferencia del ciclo anterior, una parte importante de los medios de comunicación privados tradicionales estaban desactivados porque el gobierno se negó a concederles la renovación del permiso para seguir funcionando o fueron comprados por personas afines al gobierno. Ello redujo el alcance del mensaje, sobre todo en los sectores populares que dependen más de los medios de comunicación tradicionales, y la oposición perdió aliados importantes. No obstante, el creciente uso del celular y las redes en Venezuela cuya práctica estaba más extendida entre la clase media, si bien no sustituyó a los medios tradicionales, sirvió como mecanismo de comunicación y articulación (Puyosa, 2017), sobre todo, dentro de los grupos más radicales (@Anonymous War, @AnonymousAnons, @VenezuelaAnons y la Resistencia en sus variantes como @RETachira). Al igual que en otros eventos contenciosos alrededor del mundo, WhatsApp y la red social Twitter se transformaron en herramientas políticas para articular digitalmente el movimiento estudiantil siendo, además, los principales medios difusores de la información para la organización de las protestas pues garantizaban «anonimidad y sorpresa», factores importantes en el escenario de confrontación.

Las protestas de este ciclo fueron tanto pacíficas como violentas; algunos grupos de jóvenes utilizaron acciones disruptivas (barricadas y bloqueos de calles y vías) denominadas «guarimbas» para alterar el orden público. El entorno político se volvió más autoritario y el gobierno respondió criminalizando las protestas y reprimiéndolas fuertemente, lo que incrementó los costos de las movilizaciones a juzgar por el elevado número de muertos, heridos y presos (OVCS, 2014; PROVEA, 2014, 2016; OVP, 2014). La dispersión de objetivos no necesariamente afectó la posibilidad de alianzas entre el movimiento estudiantil y los partidos debido a la «doble militancia»; muchos estudiantes participaban tanto en las movilizaciones convocadas por los partidos políticos como en las del movimiento estudiantil identificado con los centros y federaciones estudiantiles. No obstante, la falta de una agenda común, junto con el hecho de que la mayoría de los partidos de la coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no participaron en las protestas debido a desacuerdos político-estratégicos, llevaron a reducir su impacto, y al fracaso y cierre de este ciclo contencioso después de cuatro meses de movilizaciones. Los desacuerdos estratégicos entre los partidos de la MUD, y entre el propio movimiento estudiantil, marcaron la fragmentación no solo de los partidos de la oposición, sino también del propio movimiento estudiantil.

III.3. Ciclo de protestas de 2017: «sin salida» constitucional

Después del fracaso de la «La Salida», la oposición política se articuló nuevamente con la tarjeta única de la MUD en las elecciones parlamentarias de 2015, logrando inesperadamente una mayoría de diputados para el periodo 2016-2021. Muchos de los integrantes de la Generación del 2007 que para la fecha eran miembros de los partidos políticos, obtuvieron curules. Como resultado del empeoramiento de la crisis política y económica, a partir de 2015, muchos jóvenes, incluyendo los estudiantes universitarios, abandonaron sus estudios y/o migraron fuera del país. Este hecho, junto con la priorización y éxito de la estrategia electoral para elegir miembros del Parlamento y la severa represión policial contra los jóvenes estudiantes que salieron a las calles en el 2014, atenuó las protestas masivas de ese año.

El éxito alcanzado en las parlamentarias convirtió a la Asamblea Nacional en la instancia rectora de las políticas y estrategias contra el régimen de Maduro y devolvió la confianza a la oposición de que podía obtener mayor éxito político, integrándose alrededor de estrategias institucionales. Dado que se cumplían los plazos que otorga la ley para convocar un referéndum contra el presidente Maduro, la oposición de 2016 priorizó esta propuesta en su agenda; el rol de los estudiantes consistió en hacer asambleas y movilizarse para recoger las firmas que exige la ley, de modo de iniciar este proceso. No obstante, a fines de año el gobierno bloqueó el proceso.

Las demandas a favor del referéndum revocatorio y del cumplimiento de la fecha de las elecciones regionales tenían basamento constitucional y las protestas tendieron a ser pacíficas. No obstante, el gobierno bloqueó el mecanismo participativo del referéndum y reprimió fuertemente las movilizaciones cerrando la posibilidad de dirimir el conflicto vía la democracia participativa. El hecho de que la oposición contara con mayoría en la Asamblea Nacional tampoco favoreció la resolución del conflicto por la vía representativa, ya que el gobierno la inhabilitó (BBC, 2016).

A pesar que hubo protestas masivas en el 2016 (New York Times, 2016), para fines de ese año, éstas se fueron atenuando debido, entre otros factores, a la severa represión policial contra los jóvenes y al hecho de que algunos partidos de la MUD decidieron responder al llamado del papa Francisco, quien pidió que, mientras duraran los intentos de diálogo propuestos por el Vaticano, no se hicieran movilizaciones. El partido VP manifestó su recelo frente al «diálogo» en un comunicado donde señaló que no existían las condiciones «dada la persistencia del régimen en impulsar la confrontación sociopolítica, la persecución y el amedrentamiento contra todo aquel quien piensa distinto» (VP, 2016) y que, por consiguiente, no participaría en el diálogo.

Cancelado el fallido diálogo entre el gobierno y la oposición, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) transfirió a fines de marzo de 2017 las facultades de la Asamblea Nacional al Poder Ejecutivo acusándola de “desacato”. Esto, junto con la muerte de un estudiante que protestaba a comienzos de abril, inició un nuevo ciclo de fuertes protestas que duró unos cuatro meses. Los estudiantes de las universidades públicas y privadas de todo el país reclamaban «la restitución del derecho a votar» (Clarin, 2017), y del derecho a «recuperar la democracia y nuestro futuro» (New York Times, 2017); además alegaban que se había roto el hilo constitucional y que entraban en rebeldía para rescatar la democracia. En algunas urbanizaciones de clase media recurrieron de nuevo a la estrategia de la «guarimba» y hubo confrontaciones violentas (PROVEA 2017). Se pedía la renuncia del presidente Maduro, quien promovió por decreto un referéndum en mayo de 2017 para instalar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con el objetivo de que redactara una nueva Constitución. Esta propuesta fue rechazada por la oposición, que se negó a participar en el referéndum por considerarlo «inconstitucional»; aducían, además, que su objetivo implícito era «hurtar» los poderes de representación a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. De hecho, una vez instalada la ANC, el gobierno obstaculizó el ejercicio de la democracia representativa al no reconocer a la Asamblea Nacional como el actor institucional y representante legítimo del Legislativo y, en algunos casos, substituir sus funciones por la ANC.

A diferencia de las protestas del 2014, la MUD apoyó el llamado de la sociedad civil que pedía movilización de calle hasta que el presidente Maduro renunciara. En este ciclo de protestas masivas, los estudiantes se expresaron como centros y federaciones estudiantiles emitiendo comunicados resultantes de asambleas estudiantiles; adicionalmente, participaron a título individual con los partidos de oposición y las otras organizaciones de la sociedad civil, atendiendo a las convocatorias de los partidos políticos. La Generación de 2007, en calidad de líderes de los partidos políticos y como legítimos representantes de la Asamblea Nacional, se puso al frente de este ciclo de protestas donde se utilizaron estrategias tanto pacíficas como violentas. Las protestas generalmente se iniciaban de forma pacífica, pero terminaban con violencia cuando un pequeño grupo reaccionaba frente a la represión del gobierno. Por lo general, el gobierno impidió el desarrollo de las marchas hacia los lugares de destino, generalmente, instituciones gubernamentales, bloqueándolas con objetos materiales y escudos policiales armados (GAUS-USB, 2007-2019). Su costo fue sumamente elevado a juzgar por la gran cantidad de personas muertas, heridas y presas (OVCS, 2017; PROVEA, 2018; OVP, 2017, FPV, 2017) ya que el gobierno aumentó la represión[7]. Dado que el gobierno tenía la hegemonía del espacio comunicacional tradicional, se usaron las redes masivamente (Puyosa, 2019). No obstante, al igual que en el 2014, esta estrategia contenciosa de carácter reactivo fracasó (Llorens, 2018) y el ciclo de protestas se cerró sin que la oposición obtuviera sus objetivos.

III.4. Protestas 2018-2019: desconocimiento del régimen y paralelismo institucional

Las elecciones presidenciales que debieron ocurrir en diciembre de 2018 fueron sorpresivamente adelantadas para el mes de mayo por el presidente Maduro, quien iba a la reelección. Mayoritariamente, la oposición decidió no votar debido a la falta de garantías para la competencia política dado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) inhabilitó a varios de los partidos de la oposición y a los líderes más destacados; también por desacuerdos con la fecha, normas, «falta de transparencia» y otros procedimientos legales establecidos. Como resultado, los mecanismos de la democracia electoral-representativa, nuevamente quedaron bloqueados para dirimir los conflictos entre el gobierno y la oposición. Aunque la demanda por un cambio político continuó a lo largo de todo el año 2018, los liderazgos se fueron erosionando y las protestas perdieron efectividad y público. La MUD se disolvió en el 2018, dejando un vacío en el liderazgo político que no logró ser llenado por el emergente Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL), creado el 8 de marzo de 2018 con el objetivo de «rescatar el orden constitucional y la democracia del país» (FAVL, 2018). La sociedad civil fue la protagonista de este frente y el movimiento estudiantil colaboró en su fundación aunque también participaron algunos de los partidos de la antigua MUD (FAVL, 2018ª). Este nuevo intento de coalición no logró reavivar las protestas masivas ante la falta de expectativas por un cambio político, el deterioro de la calidad de vida y la agudización de la crisis económica. En este escenario, las protestas se reorientaron hacia la sobrevivencia y la calidad de vida.

La oposición no aceptó los resultados de las elecciones de 2018 donde la mayoría no votó aduciendo falta de transparencia y de competencia electoral, entre otras razones. El 10 de enero de 2019, fecha de la toma de posesión, no reconocieron a Maduro como presidente y la Asamblea Nacional, con mayoría opositora, declaró un vacío de poder. El 23 de enero, el diputado Juan Guaidó del partido Voluntad Popular y presidente para la fecha del Parlamento, intentó llenar ese vacío proclamándose presidente «encargado» de Venezuela y fue reconocido por más de 50 países y organismos internacionales como el Grupo de Lima y la Unión Europea. Al desconocer la legitimidad de Maduro y bajo el liderazgo de Guaidó, la oposición reavivó las movilizaciones y protestas, principalmente pacíficas, con la agenda «crisis humanitaria, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres». Implícitamente, el objetivo final seguía siendo el mismo de 2014 y 2017: «lograr la renuncia del presidente Maduro».

Las movilizaciones de comienzos del año 2019 alrededor de la agenda de Guaidó fueron numerosas y mayormente pacíficas. Sin embargo, la creciente represión; el cerramiento de los medios de comunicación como la radio, televisión y prensa escrita y su control por parte del gobierno, y la creciente pérdida de confianza en la movilización como forma de lograr los cambios políticos, fueron reduciendo el tamaño y alcance de las movilizaciones a partir del segundo semestre del año 2019. El resultado fue la progresiva desmovilización y la reorientación de las protestas hacia la crisis humanitaria o la satisfacción de las necesidades básicas. El movimiento estudiantil decidió acompañar y apoyar las protestas de otros grupos de la sociedad civil como los gremios de médicos, enfermeras, maestros y profesores universitarios, sin dejar de lado sus demandas específicas como la defensa de la autonomía universitaria y el rechazo a la represión policial, las torturas y el encarcelamiento de los estudiantes.

IV. CONSIDERACIONES FINALES: DEL EJE CONSTITUCIONAL-CONCILIADOR AL EJE ANTISISTÉMICO-POLARIZADO

Aun cuando los ciclos de protesta del movimiento estudiantil para el periodo 2007-2019 son de carácter dinámico y deben ser vistos como un proceso, con propósitos analíticos y con base en la experiencia venezolana, pueden clasificarse cronológicamente alrededor del eje institucional-antisistémico. En el lado institucional, se reconoce la legitimidad del régimen, las protestas tienden a ser pacíficas y conciliadoras y comportan mayor posibilidad de una salida democrática. En el lado antisistémico, las protestas se perciben de forma polarizada y, en ocasiones, se usa la violencia como estrategia tanto del movimiento estudiantil como del Estado represor; además, la posibilidad de dirimir el conflicto de forma democrática se reduce drásticamente. La probabilidad que se de uno u otro lado está en función de la naturaleza institucional o no de los objetivos perseguidos; la apertura o no del contexto político a la participación; la unidad o la división del movimiento estudiantil y de los otros actores con los que se articulan; la fortaleza de las alianzas con el poder político e institucional y con los medios de comunicación; la articulación autónoma o subordinada con otros actores sociales y políticos; la naturaleza pacifica o violenta de las estrategias desplegadas; y la propensión a la represión por parte del gobierno.

Ninguno de los ciclos de protesta analizados en el caso venezolano reúne todas las características de uno u otro lado del eje. No obstante, el de 2007 estuvo más cerca del lado institucional pues se aceptó la legitimidad del régimen y la orientación de la acción fue dirigida a «adversarios» en vez de a «enemigos»; el contexto político estuvo abierto a la participación y los actores actuaron de forma autónoma y estuvieron respaldados por los medios de comunicación y por otros actores políticos y sociales. Independientemente de que el conflicto contra el cierre de RCTV no lograra sus objetivos y el de la Reforma Constitucional sí, el contexto institucional en que se dieron ambos permitió una salida aceptada por ambas partes, con lo que se redujeron las tensiones y aumentó la gobernabilidad democrática. Ello se vio facilitado por una estructura de oportunidad política que fomentó la utilización de mecanismos de participación para dirimir los conflictos bajo las normativas constitucionales vigentes; también por el reconocimiento por parte del gobierno del movimiento estudiantil como un actor con poder constitucional, numérico y simbólico en el primer conflicto y, adicionalmente, del reconocimiento de sus aliados, en el segundo. La unidad desplegada por el actor estudiantil, sus estrategias pacíficas y su alta credibilidad en el primer caso y, además de lo anterior, las alianzas establecidas en el segundo caso con otros actores que tenían poder tales como los medios de comunicación y los partidos políticos de la oposición contribuyeron no solo a la resolución democrática del conflicto, sino también al rechazo de la Reforma Constitucional propuesta por el gobierno. Este último conflicto demostró que el movimiento estudiantil fue más efectivo cuando se articuló unitariamente y de forma pacífica con otros actores políticos, de manera autónoma, alrededor de objetivos institucionales y sin perder su identidad. La escasa represión de estas protestas hizo que no hubiera costos asociados, lo que llevó a la aceptación de los resultados por ambas partes y facilitó la gobernabilidad democrática.

El ciclo de protestas de 2014, aunque más heterogéneo que el anterior en cuanto a la identidad política o social de los actores participantes, grado de autonomía de las alianzas establecidas y grado de participación del movimiento estudiantil, pudiera clasificarse como antisistémico y polarizado. En este conflicto, el actor estudiantil actuó dividido en al menos cinco grupos, lo que llevó a la dispersión de la agenda y al desdibujamiento de su identidad y demandas al aliarse, de forma subordinada en algunos casos, a la agenda antisistema de los partidos políticos convocantes que no reconocían la legitimidad del presidente y exigían su renuncia. Este ciclo de protestas tuvo menos alcance que el anterior porque una parte importante de los partidos políticos de la oposición decidió no participar. Además, se dio un mayor control del gobierno de los medios de comunicación tradicionales, por lo que las protestas recibieron menor atención por parte de éstos ante el temor a ser sancionados. Sin embargo, las protestas de 2014 marcaron la irrupción masiva de las redes y del uso del teléfono celular como herramienta de comunicación y organización de las movilizaciones; en particular, de los grupos más radicales que deseaban permanecer anónimos. En cuanto al entorno político, la heterogeneidad de las demandas de los distintos grupos no fue reconocida por el gobierno, por lo tanto sus protestas fueron reprimidas con fuerza, independientemente de si se trataba de demandas específicas como «la seguridad de los recintos universitarios», la cual pudiera haberse dirimido por canales institucionales, o «la renuncia del presidente», que implicaba la interpretación del régimen como «enemigo» en vez de «adversario». Las protestas de 2014 fueron de carácter polarizado y antagónico sin posibilidad de resolución por la vía institucional. Ello, junto con el elevado costo de la represión en cuanto al número de muertos, heridos, presos y torturados, radicalizó las estrategias de los distintos grupos tornándose con frecuencia violentas, con la excepción del movimiento institucionalizado de centros y federaciones estudiantiles que se mantuvo con estrategias pacíficas. En este contexto político se dio tanto la fragmentación de la oposición como la división del movimiento estudiantil, lo cual debilitó a ambos. Además, el planteamiento del conflicto por parte de los grupos más beligerantes fue suma-cero; ello significó que la posibilidad de dirimirlo por la vía democrática como en los conflictos de 2007, se hizo inviable y el resultado fue un aumento de la ingobernabilidad democrática.

El ciclo de protestas de 2017 pudiera clasificarse como mixto. En su inicio, las movilizaciones del 2016 y comienzos de 2017 en contra del bloqueo del Referéndum Revocatorio Presidencial por parte del gobierno y, posteriormente, en contra de la posposición de las elecciones locales, de la declaratoria de «desacato» de la Asamblea Nacional y de la instalación de una Asamblea Constituyente, se corresponden con protestas institucionales. Los partidos políticos y la sociedad civil, movilizados de forma unitaria y pacífica, demandaban el ejercicio de los derechos constitucionales para resolver el conflicto mediante la democracia participativa, en el caso del referéndum, y mediante la democracia representativa, en el de las elecciones locales. Si bien las protestas contaron con el apoyo de la Asamblea Nacional en manos de la oposición, no ocurrió lo mismo con los medios de comunicación tradicionales, mayoritariamente en manos de afectos al gobierno, por lo que las protestas no tuvieron el impacto deseado entre la población y entre los sectores populares. Por otro lado, cuando la repuesta fue el aumento de la represión y se cerraron la vías institucionales, las protestas se volvieron antisistémicas y, al igual que en el ciclo de 2014, la polarización hizo que la posibilidad de resolver el conflicto de forma pacífica y democrática se redujera drásticamente. El cerramiento de la estructura de oportunidades políticas incidió negativamente en la posibilidad de una gobernabilidad democrática. El ciclo de protestas de 2017 demuestra que no es suficiente una oposición unida alrededor de una agenda compartida, sino que es imprescindible que las demandas sean de carácter institucional y que los mecanismos de la democracia, tanto representativa como participativa, permanezcan abiertos para canalizar las demandas y conflictos y evitar que éstos se polaricen. Los costos derivados de la represión juegan un papel importante en incentivar o desestimular las protestas, y en las posibilidades de fragmentación alrededor del uso de estrategias pacíficas o violentas del movimiento. Finalmente, las alianzas con instancias de poder político, mediático o simbólico pueden ampliar los públicos, pero tampoco determinan el éxito.

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ISSN: 1130-2887 - eISSN: 2340-4396

DOI: https://doi.org/10.14201/alh.22077