ISSN: 1130-2887 - eISSN: 2340-4396

DOI: https://doi.org/10.14201/alh.21885

Asimetría del conflicto y mecanismos alternos de diálogo y negociación en Venezuela (2002-2019)

Conflict Asymmetry and Alternative Mechanisms of Dialogue and Negotiation in Venezuela (2002-2019)

Miguel Ángel MARTÍNEZ MEUCCI

Universidad Austral de Chile

miguel.martinez@uach.cl

Francisco ALFARO PAREJA

Universidad Simón Bolívar

falfaropareja@usb.ve

Envío: 2019-12-04

Aceptado: 2020-06-02

First View: 2020-06-23

Publicación: 2020-08-04

RESUMEN: Durante los últimos veinte años, la conflictividad política en Venezuela ha conllevado la implementación de al menos cinco mecanismos alternos de diálogo y negociación con participación internacional. Sus resultados han sido limitados y no han logrado la transformación positiva y sostenible de la conflictividad. En este artículo se argumenta que la asimetría presente entre las coaliciones enfrentadas ha sido un factor determinante en el conflicto y por lo general subestimado al implementar dichos mecanismos.

Palabras clave: asimetría; iliberalismo; resolución de conflictos; revolución; Venezuela

ABSTRACT: Over the past twenty years, political conflict in Venezuela has led to the implementation of at least five alternative mechanisms for dialogue and negotiation with international participation. Their results have been limited and none have achieved any positive, sustainable transformation of the conflict. This article argues that the asymmetry between the opposing coalitions has been a determining, and generally underestimated, factor in the implementation of such mechanisms.

Keywords: asymmetry; illiberalism; conflict resolution; revolution; Venezuela

I. INTRODUCCIÓN

En Venezuela, desde el año 2002 hasta nuestros días, se han desarrollado varios mecanismos alternos de diálogo y negociación (MADN) con participación de actores externos[1]. Se entienden por MADN aquellas instancias instaladas deliberadamente para la regulación, transformación y/o solución de un conflicto político ante el colapso o inefectividad de los mecanismos institucionales, legales y electorales (ver Alfaro Pareja, 2018a). Durante el período presidencial de Hugo Chávez (1999-2012) se registró al menos un MADN que tuvo lugar entre 2002 y 2004, auspiciado por la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Durante el período presidencial de Nicolás Maduro se han implementado al menos cuatro: a mediados de 2014; en la segunda mitad del 2016 y principios de 2017; a finales de 2017 y principios de 2018; y a mediados de 2019. En cada caso varió la metodología empleada y sus resultados fueron diversos.

Por un lado, los MADN han influido notablemente en el desarrollo de la conflictividad política, generando efectos tales como la reducción de escaladas de violencia en momentos coyunturales, la promoción de salidas electorales o la identificación de intereses opuestos, comunes y diferentes entre coaliciones. Por otro lado, no solo no han generado una transformación positiva o una solución sostenible del conflicto político, sino que la situación general del país no ha cesado de empeorar en términos económicos, sociales y políticos. Así, el estudio de tales mecanismos resulta fundamental para comprender la evolución de la conflictividad en Venezuela y su situación actual. Específicamente cabe preguntarse ¿por qué los MADN desarrollados hasta ahora, a pesar de haber ayudado a desescalar puntualmente la violencia directa, no han logrado el retorno permanente al cauce institucional democrático, hasta el punto de ser implementados una y otra vez ante nuevas escaladas del conflicto?

El análisis de los MADN desarrollados en Venezuela durante los últimos veinte años permite sostener, a modo de hipótesis, que un grupo de pronunciadas asimetrías que se mantienen relativamente constantes en el tiempo entre los sectores enfrentados –referidos aquí como «coalición iliberal revolucionaria» (CIR) y «coalición demoliberal» (CDL)– ha influido de modo determinante en la efectividad de dichos mecanismos. Si bien no cabe afirmar que la reducción de tales asimetrías redundaría con certeza en una mayor eficacia de los MADN, sí se considera que su análisis permite comprender mejor la dificultad recurrente de tales mecanismos para generar una transformación positiva del conflicto en Venezuela. En virtud de lo anterior, en este artículo se examina la complejidad del concepto de asimetría y se establece una definición funcional al respecto; se determinan las principales asimetrías presentes en el caso venezolano y su evolución en el tiempo, y finalmente se expone el modo en que estas han incidido en la implementación y resultados de cada uno de los cinco MADN analizados.

II. EL CONCEPTO DE ASIMETRÍA EN CONFLICTOS POLÍTICOS

Diversos autores (Mitchell, 1995; Rouhana, 2004; Kriesberg, 2009) señalan que la literatura especializada en el estudio y gestión de conflictos políticos maneja distintas definiciones con respecto al concepto de asimetría. Por lo general, en conflictos interestatales se entiende por asimetría una significativa diferencia de medios bélicos entre los Estados enfrentados, mientras que en conflictos intraestatales el concepto suele aludir al hecho fundamental de que uno de los actores controla el Estado y que, por ende, dirige las fuerzas armadas oficiales y reclama el monopolio del uso legítimo de la violencia mientras sus rivales intentan alcanzar dicho control –soliendo ser considerados como actores revolucionarios, insurgentes o terroristas, o en todo caso retadores del statu quo–.

Esta noción básica es reflejada en diversos autores. Según Geiss (2006: 758), la asimetría consiste en una «significant inequality of arms, that is a disparate distribution of military strength and technological capability in a given conflict», donde por lo general uno es un actor estatal y el otro no lo es. Tanto Arreguin-Toft (2001: 93-96) como Butler y Gates (2009: 330-340) vinculan la idea de asimetría con las diferencias en el poder relativo manejado por las partes en un conflicto armado, entendido este como expresión de las capacidades militares de los bandos enfrentados, el manejo de información, el control territorial y la lealtad de la población. Butler y Gates sostienen, además, que la asimetría de poder relativo entre los actores en lucha suele vincularse a una asimetría en la percepción del conflicto como tal, donde el actor más fuerte puede perder el conflicto como consecuencia de una subestimación del oponente o de la percepción de que dicho conflicto no afecta sus intereses vitales.

A lo anterior cabe agregar que autores como Zartman (2000) sostienen que usualmente los conflictos requieren «madurar» hasta alcanzarse cierta percepción simétrica entre los contendientes, por la cual se persuaden de la conveniencia de un acuerdo negociado. Zartman sostiene que «The concept of a ripe moment centers on the parties’ perception of a mutually hurting stalemate (MHS), optimally associated with an impending, past, or recently avoided catastrophe» (2000: 228). Según la ripeness theory, las negociaciones desarrolladas antes de que los conflictos maduren no suelen ser exitosas.

Jehn et al. (2000, 2008, 2010) exploran en diversos trabajos la importancia de la asimetría en las percepciones del conflicto, así como su incidencia en el desarrollo del mismo. Jehn y Chatman (2000: 61) definieron la composición del conflicto perceptivo como «the degree to which each individual in a group perceives levels of conflict differently compared to other member perceptions’ in the group». Las asimetrías en las percepciones se producen tanto entre los grupos enfrentados como dentro de cada uno de ellos, así como también en los mediadores eventualmente involucrados, y sus efectos se manifiestan en sus motivaciones, actitudes y desempeño.

Asimismo, Jehn et al. (2010: 342) explican las dificultades que acarrean las asimetrías de percepción en las tareas de mediación, dado que estas, al implicar por definición una posición esencialmente neutral (Bercovitch, 1996), tienden a ser más cuestionadas por las partes en conflicto de lo que suele ocurrir en conflictos relativamente simétricos. También Yu et al. (2015: 8627) exploran el modo en que la asimetría de poder entendida como situación en la que «one of the decision makers (DMs) in a conflict can influence the preferences of other DMs by taking advantage of additional options reflecting the particular DM’s more powerful position»– puede influir en la dimensión perceptual del conflicto.

Kriesberg, por su parte, entiende la asimetría como un fenómeno multidimensional, contingente y evolutivo. Enfocado principalmente en conflictos inter-intraestatales de larga escala, el autor afirma que «not only is asymmetry multi-dimensional, but it is also contingent on the issue in dispute […] Asymmetries also depend on how the adversaries define themselves and define each other […] Finally, asymmetries depend upon the relations each adversary has with external organizations and other collectivities» (2009: 6). Kriesberg sostiene que la evolución de la asimetría característica de cada conflicto puede ayudar o perjudicar sus posibilidades de transformación positiva, dependiendo de varios factores. Su noción de asimetría, no exclusivamente circunscrita a la distinta capacidad militar, permite una comprensión más amplia y dinámica de las disparidades que suelen presentarse en conflictos asimétricos.

En este artículo se considera como «asimetría» una relación existente entre actores en conflicto, por la cual uno de ellos es capaz de explotar una diferencia fundamental (que por lo general involucra una interacción de variables) hasta convertirla en una ventaja decisiva que le permite imponerse a sus adversarios al preferir recurrentemente su MAAN («mejor alternativa a un acuerdo negociado»; ver Fisher et al., 1993). En consecuencia, la complejidad específica en la gestión de conflictos asimétricos especialmente para su facilitación o mediación radicaría en la dificultad para plantear parámetros o normas comunes o imparciales a actores en situaciones profundamente desiguales más allá de que existan acuerdos formales en torno al marco legal, dado que estos pueden ver en tales asimetrías la oportunidad de convertirlas en ventajas decisivas para prevalecer en el conflicto.

III. ASIMETRÍAS EN EL CASO VENEZOLANO

La conflictividad política experimentada en Venezuela durante las últimas dos décadas ha estado marcada por asimetrías con mayor o menor propensión a evolucionar en el tiempo. A continuación, se caracterizan los distintos elementos asimétricos presentes entre las coaliciones enfrentadas, así como su evolución en el tiempo (ver también la Tabla I).

Un elemento asimétrico fundamental ha sido el control del Estado –especialmente la presidencia de la República y las Fuerzas Armadas– por parte de la CIR. En un petroestado con tradición presidencialista, y donde la constitución de 1999 restó contrapesos al poder del presidente[2], el control del Estado ha otorgado ventajas fundamentales durante la evolución del conflicto. Es bien sabido que, en el marco de conflictos políticos, el manejo del Estado propicia una mayor cohesión entre quienes lo ocupan que entre quienes intentan obtenerlo (Vayrynen, 1991). Por su parte, la CDL ha logrado controlar varios gobiernos regionales o locales, sin que ninguno de ellos le haya facilitado un control político determinante en el nivel nacional. Solo con la conquista de dos tercios de los escaños de la Asamblea Nacional (diciembre 2015), y con el posterior reconocimiento por parte de más de 50 países de Juan Guaidó como presidente encargado pero legítimo de Venezuela (enero 2019), la CDL logró reducir parcialmente la asimetría que este factor encarna.

Desde entonces, la pugna entre las dos figuras que reclaman para sí el estatus de jefe de Estado se ha centrado en garantizarse la obediencia de los militares. Hasta ahora, y con la única excepción del paréntesis del 11 de abril de 2002 (cuando el presidente Chávez fue depuesto por 48 horas) y de periódicas deserciones de grupos minoritarios, los militares se han mantenido fundamentalmente apegados a la línea política trazada por la CIR, la cual ha convertido a la Fuerza Armada Nacional en su pilar fundamental (Díez y McCoy, 2012; Sucre 2017), propiciando su corrupción interna (Jácome, 2018; Bitar, 2019; Naím y Toro, 2019) y la militarización de la seguridad (Machillanda, 2005; Alvarado, 2019). La lealtad de la institución como bloque ha sobrevivido a las tensiones propiciadas por situaciones tan comprometedoras como la represión durante largos ciclos de protesta –2014, 2017– o la violación masiva de DD. HH[3]. Frente a ello, el uso de la violencia por parte de la CDL se ha concentrado en disturbios callejeros sin uso de armas de fuego, eficazmente reprimidos por la fuerza pública. Otros mecanismos empleados, tales como boicots electorales o huelgas generales, no califican como un empleo sistemático de la violencia.

Esta segunda asimetría (la total concentración de los medios de fuerza y el uso de armas en una de las coaliciones) ha ejercido un peso esencial en el desarrollo del conflicto, en tanto la enorme mayoría de las víctimas de violencia directa por causas políticas (detenciones ilegítimas, persecuciones, torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales) han manifestado su oposición a la CIR, tras ser consideradas como «enemigos sustanciales (internos y/o externos)» en el marco de la denominada «guerra asimétrica y no convencional» (Fernández, 2019). Lo mismo sucede con quienes sufren sanciones (inhabilitación política, prohibición de salida del país, privación de la libertad, exilio, etc.) por parte del sistema judicial y demás órganos del Estado. Asimismo, quienes han recibido este tipo de sanciones en el seno del oficialismo generalmente manifestaron previamente su discrepancia o alejamiento de la línea oficial (Méndez y Uzcátegui, 2019)[4].

Por otra parte, y a pesar de que la constitución actual es el resultado de modificaciones profundas impulsadas por la CIR en 1999, ha sido precisamente esta la que recurrentemente ha intentado sobrepasar los límites constitucionales en el desarrollo del proceso revolucionario, mientras que la CDL ha procurado –de forma fallida pero sistemática– ampararse en ella como última garantía de convivencia democrática. El control de las diversas ramas del Estado por parte de la CIR le ha permitido vulnerar repetidamente las disposiciones constitucionales (Brewer-Carías, 2019) y desarrollar una jurisprudencia políticamente sesgada (Canova et al., 2014) en una deriva autoritaria que registran los estudios de la calidad democrática[5].

Lo anterior se relaciona con una tercera asimetría fundamental: el diverso carácter político de ambas coaliciones. Mientras una demuestra siempre su carácter iliberal (Zakaria, 2006; Martínez-Meucci, 2010; Alfaro Pareja, 2018a) y revolucionario (Harnecker, 2003; Monedero, 2008; Romero, 2010; Martínez-Meucci y Vaisberg, 2015; Aveledo, 2017; Penfold, 2019), la otra se mantiene en los cánones de la democracia liberal y representativa (Martínez-Meucci, 2010; 2012; Diez y McCoy, 2012; Aveledo, 2019). La polarización resultante ha favorecido la naturalización y legitimación de la violencia y, con ello, la posibilidad de justificar la violación de Derechos Humanos (Lozada, 2011). En el caso de la CIR, el socavamiento del principio de tolerancia y contención (Levitsky y Ziblatt, 2017) y el uso de la polarización le ha facilitado su consolidación en el poder y la imposición a la sociedad de un modelo ajeno a la Constitución (López Maya y Lander, 2011). De este modo, mientras la CIR ha buscado en todo momento reservarse la capacidad de modificar las normas para mantener su proyecto «revolucionario», la CDL ha buscado preservar la estabilidad normativa «contrarrevolucionaria» en el tiempo y asentar algún tipo de statu quo institucional, incluso si las normas vigentes no han sido fruto de sus propias iniciativas políticas[6]. Se aprecia así que, por lo general, mientras en la CIR lidera el sector más radical, en la CDL predomina el moderado.

Como consecuencia de lo anterior parece haberse ido profundizando una cuarta e importante asimetría como es la naturaleza de los apoyos internacionales recibidos por ambas coaliciones. Desde su llegada al poder, la CIR imprimió un importante giro geopolítico en la diplomacia venezolana para establecer o fortalecer vínculos con regímenes revolucionarios o autocráticos, como los de Cuba, Irak, Siria, Rusia, China, Irán, Bielorrusia o Turquía (Romero, 2010; Martínez-Meucci, 2012; Boersner y Haluani, 2013; Mijares, 2017; López Maya, 2019). Y a pesar de que durante cierta etapa coincidente con el alza de los precios del petróleo y el auge de organismos impulsados por la «nueva izquierda latinoamericana» como UNASUR, CELAC o ALBA la CIR contó con el apoyo decidido de diversas democracias occidentales, en 2019 se ha consumado una polarización notable entre quienes respaldan a Guaidó más de 50 gobiernos en defensa de la democracia representativa y los DD. HH. y los regímenes que siguen brindando un apoyo significativo a Nicolás Maduro, basados en los principios de libre determinación y no intervención, muchos de ellos autoritarios e iliberales (Penfold, 2019; Alfaro Pareja, 2019; 2020), además de algunas democracias[7]. La deriva que condujo hasta este punto ha repercutido negativamente en el multilateralismo regional (Legler, Serbin y Garelli, 2018; Legler y Nolte, 2019).

Por otro lado, hay asimetrías que, o bien no han sido tan pronunciadas, o bien han dejado de favorecer a una coalición para mejorar la posición de la otra. Por ejemplo, el clivaje entre clases sociales se ha mostrado inestable: mientras algunos autores (Lander y López Maya, 2005; Handlin, 2013) insistieron en su fortaleza en años anteriores, otros autores descartaron su importancia (Lupu, 2010). En todo caso, este clivaje ha registrado cambios importantes durante el período de Maduro, como parece evidenciarlo su propensión creciente a condicionar la realización de los comicios tras el resultado adverso de 2015. Por su parte, el clivaje campo-ciudad tampoco representa una asimetría permanente durante las últimas dos décadas[8], y menos aún puede afirmarse la presencia de clivajes de orden étnico o religioso en el conflicto venezolano. En la actualidad, más bien, la dramática crisis económica y social parece estar difuminando la polarización política[9], generando espacios de encuentro a partir de las carencias compartidas entre los sectores más vulnerables y la depauperada clase media (Alfaro Pareja, 2019; Stelling, 2019).

Por último, el respaldo popular mayoritario también parece haber ido pasando, en términos muy generales, de una coalición a otra. Por un lado, el liderazgo principal de la CDL a pesar de sus diferencias internas ha tendido cada vez más a pensar que unas elecciones verdaderamente libres le reportarían una victoria electoral determinante y, por ende, las ha buscado. Por otro lado, y a partir de cierto momento –marcado por los ciclos de protesta de 2014 y 2017, la derrota en las elecciones parlamentarias de 2015 y la creciente debacle económica desde 2013–, la seguridad de la CIR dejó de centrarse en las urnas y pasó a girar más específicamente en torno al control del aparato del Estado, en clara deriva hacia un autoritarismo hegemónico. Por ende, el respaldo popular solo ha sido realmente asimétrico en determinados momentos y, de hecho, ha variado notablemente en el tiempo.

En resumen, las principales asimetrías que se mantienen constantes durante las últimas dos décadas (y que, por ende, han influido más en el desarrollo de los MADN implementados) son: 1) el distinto modo de entender la política, con una coalición de carácter iliberal revolucionario y otra de orientación demoliberal (con mayor peso del extremismo en el lado oficialista); 2) el manejo del Estado (sobre todo presidencia y Fuerzas Armadas); 3) la relación entre uso y víctimas de armas de fuego; y 4) las alianzas internacionales, con una tendencia creciente a alinear democracias y autocracias de lados opuestos.

Tabla I. VARIABILIDAD DE LAS PRINCIPALES ASIMETRÍAS EN EL CONFLICTO POLÍTICO EN VENEZUELA (1999-2019)

Elementos de asimetría

más bien constantes

En qué consiste
la asimetría

Variación en el tiempo (baja)

Modo de entender la política, traducido en lenguaje y líneas de acción política.

CIR: concepción revolucionaria del poder y la política, la cual opera más allá de los resultados electorales. Predominan sectores de línea dura en esta coalición.

CDL: idea clásica de la democracia representativa, vinculada a la política realizada en el marco de las instituciones. Han solido predominar sectores moderados en la coalición.

CIR no detiene su proceso de control cada vez mayor. CDL, a pesar de victorias electorales, tiene un control cada vez menor.

Control del aparato e instituciones del Estado.

El Estado, y sobre todo la presidencia y Fuerzas Armadas, han estado siempre bajo control de la CIR. Ello favorece la cohesión de dicha coalición. CDL solo ha accedido a cargos regionales, o bien a cargos desposeídos de sus facultades.

Solo el control de la Asamblea Nacional desde 2016 ha ocasionado algún cambio en este elemento asimétrico, aunque sus actos no sean reconocidos por la CIR.

Acceso y uso de armas de fuego vs. víctimas de la violencia.

Uso de la fuerza pública y paramilitar en la represión por parte de la CIR para reprimir manifestaciones y hostigar a la disidencia. No hay uso equivalente en dirección contraria.

Episodios de violencia por parte de la CDL son escasos y de baja potencia. Control siempre en manos de la CIR. Muchas más víctimas en la CDL.

Alianzas internacionales.

CIR ha recibido el apoyo de regímenes autoritarios e iliberales. CDL siempre ha sido apoyada por gobiernos democráticos liberales. Por su parte, gobiernos democráticos de izquierda han ido revisando su anterior respaldo a la CIR.

De una relativa imparcialidad hasta 2016 se pasó al creciente rechazo de la CIR por parte de múltiples democracias. Autocracias mantienen respaldo a CIR.

Elementos de asimetría

más bien constantes

En qué consiste
la asimetría

Variación en el tiempo (baja)

Respaldo popular mayoritario.

El respaldo mayoritario ha variado con el tiempo. También se ha registrado una despolarización progresiva desde 2011.

Predominio CIR hasta 2006, equilibrio 2006-2013, y desde entonces progresivo desequilibrio a favor de CDL.

Clivajes identitarios (religiosos, étnicos).

En términos generales, no se presentan grandes clivajes identitarios en la sociedad venezolana.

Clivaje pobres-ricos.

Diversos estudios disienten al respecto. Sectores más vulnerables.

Penetración de la CIR en sectores más pobres fue mayor en los primeros años en un contexto de mayor polarización. Ha tendido a equilibrarse desde 2010.

Clivaje campo-ciudad.

En general, sectores urbanos tienden a marcar las tendencias futuras.

Penetración de la CIR en sectores rurales se afianzó paulatinamente, pero tiende a equilibrarse desde 2010.

Fuente: Elaboración propia.

IV. CARACTERIZACIÓN DE LOS CINCO MADN IMPLEMENTADOS EN EL CASO VENEZOLANO

En Venezuela se han desarrollado cinco MADN en los últimos 17 años con apoyo de actores externos: Mesa de Negociación y Acuerdos (2002-2004); Conferencia Nacional por la Paz (2014); Mesa de Diálogo Nacional (2016-2017); Mesa de Diálogo en República Dominicana (2017-2018); y el Mecanismo de Oslo (2019). Los cinco MADN tienen en común (Alfaro Pareja, 2018b): a) surgen tras escaladas de violencia directa que amenazan el poder presidencial; b) focalizan la negociación en salidas electorales, donde la CDL busca condiciones más transparentes; c) desescalan la violencia directa, permitiendo a la CIR ganar tiempo y estabilizar su control; d) han contado con la presencia de actores foráneos que inciden en la configuración de ambas coaliciones; e) en la CIR predominan las facciones de línea dura, mientras que en la CDL lo hace el sector moderado (Alfaro Pareja, 2020). En cambio, como elementos que han ido cambiando en el tiempo, se aprecia que en cada MADN: a) el régimen se ha ido haciendo más autocrático, mutando desde su carácter híbrido de democracia iliberal (Martínez-Meucci, 2012; Alfaro Pareja, 2019) a un autoritarismo electoral (Corrales e Hidalgo, 2013; Corrales y Penfold, 2015; Camero, 2016; Hidalgo et al., 2016) y luego hegemónico con vocación totalitaria (Martínez-Meucci, 2012; López Maya, 2017); b) se ha modificado la fuerza y unidad de cada coalición; c) ha variado el comportamiento del entorno internacional; y d) ha cambiado la metodología y rigurosidad de los MADN (Alfaro Pareja, 2018b).

La Mesa de Negociación y Acuerdos (1) se estableció en Venezuela a raíz del golpe y contragolpe de Estado del 11 de abril de 2002 y tras activarse la Carta Democrática de la OEA (2002-2004). Facilitaron las negociaciones el secretario general de dicha organización, el Centro Carter y el PNUD. Actuó también un Grupo de Países Amigos liderado por el Brasil del recién elegido Luiz Inácio Lula da Silva, y conformado además por Chile, México, España, EE. UU. y Portugal. Tanto el gobierno como la oposición llegaban en situación de debilidad e incertidumbre a la Mesa, donde se utilizó una metodología basada en la negociación interélites (Track 1) y en el trabajo con sectores medios y de base (Track 2)[10].

Tras la redacción común de una «Síntesis Operativa», la Mesa se propuso básicamente «buscar acuerdos para solucionar la crisis del país por la vía electoral» (Díez y McCoy, 2012: 85-86). Los principales acuerdos fueron una «Declaración contra la Violencia, por la Paz y la Democracia» (febrero 2003, tras un paro general de dos meses promovido por la CDL), por la que se expresó un común repudio a la violencia, y el acuerdo del 29 de mayo de 2003, por el que se aceptó el mecanismo constitucional del referéndum revocatorio presidencial (RR) como medio para implementar la solución «constitucional, democrática, pacífica y electoral» que demandaba la resolución 833 de la OEA.

El RR fue superado exitosamente por el presidente Chávez, aunque tras claras muestras de ventajismo e incumplimiento de normativas por parte del gobierno (Kornblith, 2005). El énfasis en el resultado, por encima de las condiciones procedimentales y de convivencia, auguró una posición de debilidad para los vencidos (Martínez-Meucci, 2012), quienes denunciaron ventajismo oficialista, cuestionaron las condiciones del recuento de votos, se dividieron hasta disolver la Coordinadora Democrática (su coalición) y se negaron posteriormente a participar en las elecciones parlamentarias de 2005. Francisco Díez, facilitador del Centro Carter, advirtió previamente esta situación al señalar en carta privada a su organización que «la solución electoral no es para nada una solución democrática […] debido a que la visión que ambas partes mantenían era la de eliminar al otro» (2012: 182). Así, aunque este MADN condujo a un acuerdo bastante completo y ayudó a desescalar la violencia, sus términos no fueron siempre respetados y no condujo a transformar el conflicto (Martínez-Meucci 2010, 2012; Alfaro Pareja, 2011).

Años después, tras fallecer Chávez y ser elegido Maduro como presidente (abril 2013) en elecciones reñidas y marcadas por el ventajismo (Salamanca, 2014), la CIR ha tendido a perder su mayoritario apoyo popular. El régimen híbrido derivó hacia un autoritarismo competitivo donde el establishment político dejó de arriesgar en elecciones el control sobre el Estado y las Fuerzas Armadas (Camero, 2016). En 2014 se desarrolló un ciclo de protestas opositoras que se extendió por cuatro meses, generando así las condiciones que motivarían la implementación de los siguientes MADN.

La Conferencia Nacional por la Paz (2) fue convocada y gestionada directamente por el presidente Maduro (febrero-abril 2014). La CIR propició la incorporación de acompañantes internacionales a la iniciativa, no como facilitadores sino como testigos de buena fe, emitiendo invitación formal a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y participando desde el inicio los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador, así como el Vaticano. Tuvo particular relevancia la segunda reunión (10 de abril, Palacio de Miraflores), transmitida en vivo por televisión y donde participaron tanto los testigos externos como la máxima representación política de ambas coaliciones (Track 1). Allí Maduro declaró liderar un proyecto de carácter revolucionario pero democrático, mientras que en una tercera reunión Ramón G. Aveledo, entonces secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) coalición opositora, reiteró que el marco de entendimiento aceptado por ambas partes giraba en torno a dos ejes: el rechazo a la violencia y el respeto a la Constitución Nacional. No obstante, el mecanismo ni logró la instalación de una Comisión de la Verdad imparcial, ni concretó la elección consensuada en el Parlamento de los representantes al poder electoral y ciudadano. Solo se alcanzó la reducción de la violencia directa (no así de la polarización) y reoxigenar la interlocución. Casi no hubo fase de prenegociación, no se implementó una metodología cuidadosa y la participación foránea fue casi testimonial (Alfaro Pareja 2018a).

Más adelante, la CDL conquistó dos tercios del Parlamento (diciembre 2015) y activó la posibilidad de un referéndum revocatorio presidencial (mediados de 2016). La pérdida de control institucional por parte de la CIR la llevó a distanciarse del camino constitucional y electoral, bloqueando mediante tribunales incompetentes la solicitud de referéndum revocatorio presidencial que legalmente adelantaba al CDL. Ante la nueva escalada del conflicto, la CIR convocó un tercer MADN (3) a finales de 2016 con el aval de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Fungieron como «acompañantes» José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español; Leonel Fernández, expresidente de República Dominicana, y Martín Torrijos, expresidente de Panamá. La CDL exigió la invitación formal del Vaticano. Siguiendo la sugerencia de los acompañantes, se acordaron las premisas del diálogo, sus ejes temáticos, metodología y cronograma, designándose cuatro mesas de trabajo. Las delegaciones firmaron un documento denominado Convivir en Paz (UNASUR, 12-11-2016) y se comprometieron con una hoja de ruta para normalizar la relación constitucional entre los poderes del Estado, trabajar conjuntamente en la gestión de la crisis económica, nombrar dos de los rectores del Consejo Nacional Electoral y mantener una posición común ante el diferendo limítrofe con Guyana. Se creó también una Comisión de Seguimiento.

A la postre, no se cumplió con lo acordado. A pesar de la petición de avanzar por parte del Vaticano (1 de diciembre de 2016), la designación unilateral por parte del TSJ de dos rectoras del Consejo Nacional Electoral que tenían plazo vencido terminó por hundir la iniciativa. Así, a pesar de que la Mesa de Diálogo Nacional sí contó con una metodología rigurosa y con la activa participación de terceros, resultó evidente la escasa voluntad política, representatividad y operatividad de las partes involucradas. Mientras la CDL fue dividida a la mesa y no envió a sus líderes decisores, la CIR ofreció mucho y cumplió poco. Sin embargo, el proceso ayudó a desmovilizar la escalada de protestas contra el gobierno.

El cuarto MADN tuvo lugar a mediados de 2017 y estuvo precedido por las sentencias n.º 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (28-29 de marzo, en las que retira sus atribuciones a la Asamblea Nacional) y el consiguiente ciclo de protestas que se extenderá por varios meses, convocadas por la CDL. La apuesta opositora fallida fue propiciar el desacato de la Fuerza Armada Nacional para que exigiera el retorno al orden constitucional. En medio de una brutal represión de la protesta, la CIR no solo decidió convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con el aval del TSJ, a ser elegida el 30 de julio y en violación de las bases comiciales, sino también un nuevo MADN. La Mesa de Diálogo de República Dominicana (4) fue encabezada por el presidente de ese país, Danilo Medina, con la cooperación de su canciller Miguel Vargas y de Rodríguez Zapatero (septiembre 2017-febrero 2018). Las reuniones exploratorias entre el gobierno y la oposición venezolana comenzaron el 13 y 14 de septiembre de 2017. México, Chile, Nicaragua y Bolivia conformaron una Comisión de Seguimiento. Se trabajó en reuniones bilaterales, multilaterales y con las cancillerías de los países garantes bajo el principio de que «nada está resuelto hasta que todo esté resuelto».

El 1 y 2 de diciembre se realizó la primera reunión entre las delegaciones de ambas coaliciones, y a partir de allí seis rondas hasta febrero de 2018. Los cancilleres de los países garantes redactaron un borrador de acuerdo. Las versiones corregidas por ambas delegaciones (Diario Digital Tal Cual, 07-02-2018) permiten identificar como diferencias principales a) el cronograma, condiciones y garantías electorales y b) el desconocimiento de la ANC por parte de la CDL. Nunca se superaron estas diferencias, pues la CIR no se comprometió con condiciones de transparencia electoral y la CDL no logró un consenso interno. No obstante, el mecanismo logró el planteamiento de aspectos que apuntan a la resolución o transformación del conflicto, y no solo su gestión. Es notable, asimismo, el mayor peso de la comunidad internacional.

La falta de transparencia electoral se tradujo más adelante (mayo 2018) en un «fraude electoral integral» (Observatorio Electoral Venezolano, 2018: 42) en los comicios por los que Maduro inició un segundo período presidencial. Desconocido el resultado por la CDL y más de cincuenta gobiernos, el hecho derivó en el reconocimiento, por parte de tales actores, del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de la república (enero 2019). Se presentó así una situación de «soberanía múltiple» (Tilly, 1995) que cuestionó la legitimidad de la jefatura del Estado. Para entonces, la cuestión venezolana registraba ya un notable involucramiento de actores foráneos (EE. UU., Rusia, China, Grupo Internacional de Contacto sobre todo UE, Grupo de Lima), algunos en apoyo directo a cada coalición y otros para promover una salida negociada, pero que, en todo caso, pareció traducirse en un mayor equilibrio de poder entre las coaliciones enfrentadas.

El escalamiento de la violencia con el intento de ingreso de ayuda humanitaria (23 febrero) por parte de la CDL y con la intentona fallida «cívico-militar» contra la CIR (30 de abril) derivó en la instalación del quinto MADN, conocido como el «Mecanismo de Oslo» (5) y facilitado por el gobierno de Noruega con algunas reuniones en Barbados. Metodológicamente es el más riguroso desde 2002-2004; se orienta a una salida constitucional y consensual (Eriksen Søreide, 2019) y los puntos principales de la agenda son político-electorales (Blyde, 2019). Mientras la CLD demandó elecciones con nuevo Consejo Nacional Electoral, cese de la ANC, reincorporación del chavismo a la Asamblea Nacional y elecciones presidenciales en menos de un año, la CIR buscó sobre todo el levantamiento de las sanciones impuestas por EE. UU. y UE.

El Mecanismo de Oslo coincide con un desescalamiento de la confrontación, pero los sectores más extremos de ambas coaliciones han rechazado las posibilidades de un acuerdo. Tras las nuevas sanciones impuestas por los EE. UU. el día anterior a la «Cumbre Mundial sobre Venezuela» en Lima (6 de agosto de 2019), la CIR decidió retirarse de las negociaciones, y un mes después la CDL señaló el «agotamiento del formato utilizado» (15 de septiembre de 2019). Mientras la CDL propuso la creación de un «Consejo de Gobierno de Transición» compuesto por representantes de ambas coaliciones (excluyendo a Maduro y Guaidó) hasta realizar elecciones libres, transparentes y justas, la CIR desestimó esta propuesta y paralelamente propició la instalación de una «Mesa Nacional del Diálogo por la Paz» con un sector muy minoritario de la CDL bajo la premisa de «acuerdos parciales» (Zambrano, 2019), iniciativa que podría dividir aún más a esta última coalición. Asimismo, en la medida en que la incidencia de actores foráneos es cada vez más nítida y decisiva (injerencia cubana, apoyo ruso a Maduro, sanciones estadounidenses, etc.), el riesgo de que los actores internos controlen cada vez menos sus agendas negociadoras parece ir en aumento (Smilde y Ramsey, 2020).

V. INCIDENCIA DE LAS ASIMETRÍAS Y DE SU EVOLUCIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS MADN

En la Tabla II se sintetiza la caracterización/comparación de los cinco MADN y se enuncian algunas regularidades o patrones que emergen de dicha comparación.

Entre las regularidades percibidas cabe señalar, en primer lugar, que los MADN aparecen al escalar la presión directa de la CDL, la cual coincide a su vez con lo que esta considera como acciones inconstitucionales de la CIR. Esta última, a su vez, considera compatibles constitución y revolución. Por otro lado, el deterioro de variables económicas internas (caída del PIB y de la producción petrolera, inflación, escasez, etc.) alimenta el estallido de diversas crisis que, a su vez, dan lugar a los MADN.

Simultáneamente, en la medida en que la crisis venezolana escala y otros países se ven afectados, aumenta la disposición de estos a presionar y participar en los MADN. Una mayor y más equilibrada participación de actores foráneos, tendente a equilibrar las fuerzas internas en conflicto, parece favorecer negociaciones más formales, a centrar la agenda y a procurar resultados más concretos, aunque no los garantiza. Hasta ahora, el único resultado cierto que coincide con cada MADN ha sido el desescalamiento de las tensiones y, a menudo, la desmovilización o profundización de las divisiones en la CDL. Esto parece aprovecharlo la CIR, empleando los MADN como un recurso para ganar tiempo y manejar tensiones.

Así, los MADN han ayudado a disminuir, al menos temporalmente, la violencia directa, pero no la violencia estructural y cultural (Galtung, 1998). En la medida en que el conflicto no es transformado, que la autocratización se profundiza y la situación venezolana se agrava, se percibe una posición cada vez más firme de parte de las democracias al gestionar el caso venezolano. Si bien se mantiene la tesis de la no intervención en asuntos internos, se ha fortalecido la de proteger la democracia representativa y los DD. HH. Esto parece mejorar la posición negociadora de la CDL frente a la CIR, pero no al punto de compensar su carencia de medios de fuerza ni el creciente bloqueo de los medios institucionales para la acción política.

Tabla II. CARACTERIZACIÓN DE LOS «MADN» EN VENEZUELA (1999-2019) Y PRINCIPALES REGULARIDADES REGISTRADAS

Elementos variables / Años

2002-2004

2014

2016-2017

2017-2018

2019

Aparentes patrones o regularidades

Contexto político

49 decretos-leyes del presidente Chávez por Ley Habilitante (2001).

Contexto del golpe 11 abril 2002.

Paro general de la empresa petrolera, empresarios y sindicatos (diciembre 2002).

Primer año no electoral en mucho tiempo.

Ciclo de protestas de la CDL (febrero-mayo).

CDL alcanza dos tercios del Parlamento. Referéndum bloqueado.

Desmovilizada la CDL.

EE. UU. inicia imposición de sanciones individuales a funcionarios de la CIR.

CIR desconoce legitimidad del Parlamento controlado por CDL.

Ciclo de protestas de la CDL (abril-julio 2017).

CDL no reconoce Constituyente 2017 ni elección presidencial 2018.

Más sanciones individuales por parte de EE. UU. y UE.

«Soberanía múltiple».

Episodios de deserción militar.

Sanciones de EE. UU. dejan de ser únicamente individuales y se extienden a PDVSA.

Reducción relativa de asimetría entre bandos y equilibrio en influencia de actores foráneos genera diálogos más formales.

Jefatura del Estado es eje del conflicto.

MADN surgen tras escaladas del conflicto.

CIR gana tiempo. CDL se desmoviliza.

No transformación del conflicto y autocratización deriva en deterioro general.

Contexto económico

Paro PDVSA. Luego suben precios del petróleo.

Recesión PIB y repunte de la devaluación.

Escasez y parálisis económica.

Hiperinflación desde noviembre 2017. Crisis humanitaria y éxodo masivo.

Crisis económica agudiza el conflicto y propicia más diálogos.

Grupos negociadores

Gobierno CIR y Coordinadora Democrática.

Gobierno CIR y Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Gobierno CIR y MUD.

Gobierno CIR y una parte de la MUD.

CIR y Frente Amplio, Venezuela Libre.

Estado unifica al bando que lo ocupa. Unidad de la CDL sufre altibajos y crea diversas plataformas.

Facilitadores/ Mediadores

OEA, Centro Carter, PNUD.

Maduro dirige diálogos, no se asume como parte.

Cancilleres de 3 países fungen como testigos de buena fe.

UNASUR, 3 expresidentes (Zapatero, Torrijos, Leonel Fernández) y el Vaticano (Tscherrig y Celli) como acompañantes.

Gobierno de República Dominicana y Rodríguez Zapatero.

Institute for Integrated Transitions (IFIT).

Gobierno del Reino de Noruega. Gobierno de Barbados. IFIT.

A medida que se incrementa la imparcialidad de instancias mediadoras aumenta la formalidad del mecanismo de negociación.

Instancias multilaterales de apoyo y/o presión

Grupo de Países Amigos (Brasil, Chile, España, Portugal, México, EE. UU.).

UNASUR (cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil) y Nuncio Apostólico en Caracas.

UNASUR

Grupo de Lima.

Grupo de Países Amigos (México, Chile, Nicaragua y Bolivia).

Grupo de Lima; Grupo Internacional de Contacto; ONU, OEA. EE. UU., Cuba, Rusia y China. Mecanismo de Montevideo. El Vaticano.

Mayor presión internacional. Mayor cuestionamiento al gobierno. Tesis Democracia + DD. HH. cobra fuerza ante Tesis No Intervención. Crisis venezolana adquiere mayor peso global.

Modalidad

Diálogos en sedes nacionales imparciales. (Discreción y vocería acordada). Track 1 y Track 2. Método del Penduleo (Go Between).

Mesa en Miraflores (parcializada, publicitada). Mesas por temas (discreción media).

Diálogos en sedes nacionales imparciales. (Discreción media y vocería acordada).

Mesas temáticas

Diálogos en el extranjero (República Dominicana). Presencia de negociadores y asesores. (Discreción media y vocería acordada).

Diálogos en el extranjero (Noruega, Barbados y Cuba). (Discreción media y vocería no acordada).

Penduleo.

Mientras mayor es la participación foránea, mayor énfasis en la formalidad del mecanismo.

Resultados

De los acuerdos solo se cumple la solución electoral: Referéndum Revocatorio. Tensión disminuye. CDL se desmoviliza

Tensión disminuye. CDL acepta elecciones con ventajismo.

Tensión disminuye. CDL se desmoviliza.

Tensión disminuye. CDL se divide y tiende a desmovilizarse.

Tensión disminuye. CDL tiende a desmovilizarse.

Diálogos disminuyen tensión. No transformación del conflicto. Formalidad, metodología y participación foránea centran agendas de negociación.

Fuente: Elaboración propia

Se aprecia así, en resumen, la existencia de un ciclo recurrente durante las últimas dos décadas de bloqueo institucional / escalada de tensiones / aplicación de MADN / discusión de salida electoral sin acuerdos consistentes / desescalamiento / supresión del conflicto. En ello influyen decisivamente las asimetrías identificadas como constantes en el tiempo. En primer lugar, la condición de actor revolucionario de la CIR lo conduce a realizar cambios una y otra vez en las reglas del juego que son rechazados por la CDL, la cual intenta plantear un statu quo en los términos de una democracia representativa convencional.

En segundo lugar, el control del Estado (y más concretamente de la jefatura del mismo y de las Fuerzas Armadas) otorga a la CIR mayores ventajas para mantenerse unida y la capacidad de usar la fuerza para avanzar en el proceso revolucionario, vulnerando las disposiciones legales y reprimiendo las consiguientes acciones directas de la CDL.

Tercero, el hecho de que el costo humano sea mayoritariamente asumido por un grupo (expropiaciones, multas, inhabilitaciones, ilegalizaciones, exilios, detenciones, torturas, muertes) hace que la CDL ceda ante la represión, aceptando acuerdos o disposiciones desfavorables o poco sustentables que no se cumplen o no restituyen el Estado de derecho.

Finalmente, el progresivo alineamiento de las democracias y de las autocracias en posiciones opuestas con respecto al caso venezolano también parece acarrear un impacto sobre los MADN y las coaliciones, dadas las distintas formas de abordar el caso y la priorización de distintos principios por parte de ambas: las autocracias tienen menos reparos en apoyar acciones violentas de sus aliados.

En conclusión, las regularidades apreciadas en el desarrollo de los MADN en Venezuela permiten sostener que su tendencia a suprimir el conflicto y su dificultad para transformarlo están directamente relacionadas con asimetrías constantes en el tiempo, centradas fundamentalmente en el distinto modo de entender la política que demuestran las coaliciones enfrentadas, el manejo del Estado y el uso represivo de las armas por parte del gobierno, y con la distinta vocación y modo de actuar de sus principales aliados externos. Así, el limitado alcance de los MADN parece coincidir en el caso venezolano con los postulados básicos de la ripeness theory (Zartman, 2000) sobre la escasa efectividad de los mecanismos de mediación en conflictos en los que los contendientes no registran perjuicios equivalentes.

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[1]. También se han desarrollado algunos MADN de alto nivel, pero de bajo perfil, que no son analizados en este estudio.

[2]. Entre otras medidas, la Constitución de 1999 eliminó el Senado, extendió el mandato presidencial de cinco a seis años, permitió la reelección inmediata del presidente por un período adicional, creó la figura de un vicepresidente designado unilateralmente por el presidente y transfirió la facultad de decidir los ascensos militares del Congreso (ahora Asamblea Nacional, unicameral) al presidente.

[3]. Sobre las violaciones de DD. HH. en Venezuela, especialmente las referidas a los años 2018 y 2019, ver el respectivo Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publicado el 4 de julio de 2019.

[4]. Mientras figuras principales de la coalición demoliberal han sido encarceladas (Leopoldo López, Juan Requesens y Edgar Zambrano), inhabilitadas políticamente (Henrique Capriles y Henry Ramos Allup) o bien para salir del país (María Corina Machado), habiendo optado varios por el exilio (Julio Borges, Manuel Rosales, Carlos Vecchio, Miguel Pizarro, Antonio Ledezma) y siendo sus partidos sometidos a diversas trabas para actuar en el marco de la ley, algunos miembros disidentes de la coalición iliberal revolucionaria están también en el exilio o en cautiverio sin acceso al debido proceso (Raúl Isaías Baduel, Luisa Ortega Díaz, Miguel Rodríguez Torres, Rafael Ramírez, Hugo Carvajal, etc.).

[5]. Así lo refleja la evolución del caso venezolano que ha sido registrada en los índices V-Dem, EIU, Polity IV, entre otros.

[6]. Entre 2002 y 2004 la CDL intentó mantener intacta la vigencia de la Ley del Sufragio y la Participación Política. En los referendos de 2007 y 2009 llamó a votar en contra de la reforma y la enmienda propuestas por el chavismo para modificar la Constitución de 1999. Por lo general se ha opuesto a las reformas de los reglamentos y calendarios electorales que la CIR suele introducir antes de cada proceso electoral.

[7]. Entre los países que reconocieron a Guaidó se encuentran los integrantes del Grupo de Lima, la mayor parte de los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia e Israel, entre otros. Han manifestado expresamente su reconocimiento a Maduro los gobiernos de Rusia, China, Turquía, Siria, Irán, Bielorrusia, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Uruguay y México, entre otros.

[8]. Según Sagarzasu (2011: 136-137) «ha sido la estrategia electoral de las nuevas fuerzas postcolapso [del sistema de partidos anterior a los años 90] lo que ha determinado su penetración electoral. Mientras los partidos tradicionales perdían apoyo en los distritos menos poblados, el MVR/PSUV fue capitalizando a través de la inversión de recursos políticos y fiscales. A su vez, las dificultades iniciales del MVR/PSUV para ingresar en estos distritos llevaron a la implementación de alianzas electorales con actores locales, así como a políticas de inversión social a través de programas del Ejecutivo nacional (misiones). Mediante estas estrategias, el MVR/PSUV logró en tiempos más recientes convertirse en el principal actor político de los distritos rurales, desplazando tanto a los partidos tradicionales como a sus aliados originales».

[9]. «Pese al significativo éxito que la PP [polarización política] parece haber tenido para el chavismo y su proyecto de país, en la actualidad las difíciles condiciones fiscales y económicas de Venezuela desafían su eficacia a futuro. En efecto, existe hoy un escenario donde la PP puede resultar hasta contraproducente para el oficialismo» (López Maya, 2011: 19).

[10]. En el lenguaje de las relaciones internacionales y la gestión de conflictos, Track 1 significa contactos y negociaciones oficiales entre líderes y representantes de alto nivel, habilitados para generar decisiones, acuerdos y comunicados oficiales. Por su parte, Track 2 se refiere a diálogos informales o no oficiales con los cuales se busca abrir canales de comunicación, generar confianza, incorporar otros sectores, estimular nuevas perspectivas sobre el conflicto y, eventualmente, resolver problemas concretos.