América Latina Hoy, 2025, 95
ISSN: 1130-2887 - e-ISSN: 2340-4396
DOI: https://doi.org/10.14201/alh.32171

Las capacidades estatales de los gobiernos subnacionales en Brasil

The State Capacities of Subnational Governments in Brazil

Juan Vicente Bachiller bachiller_juan@id.uff.br 1

1 Universidade Federal Fluminense

Envío: 2024-11-17

Aceptado: 2025-03-26

Publicación: 2025-07-31

RESUMEN: El análisis del alcance del Estado como herramienta de transformación social ha fomentado numerosos estudios comparativos sobre sus capacidades estatales entre naciones. Sin embargo, existe todavía una laguna sobre su desarrollo intraestatal en países federales descentralizados como Brasil. El presente trabajo pretende adaptar una operacionalización del concepto de capacidades estatales, comparando cómo cada uno de los estados brasileiros ejerce sus funciones básicas, de acuerdo a dos dimensiones: poder infraestructural y capacidad burocrática. A través del análisis de conglomerados jerárquico, se han establecido un total de cuatro tipologías diferentes de estados, detectando las variables más relevantes en la configuración de cada uno de estos grupos.

Palabras clave: capacidades estatales; federalismo; gobiernos subnacionales; capacidad burocrática; poder infraestructural.

ABSTRACT: The analysis of the reach of the State as a tool of social transformation has fostered numerous comparative studies on state capacities among nations. However, there is still a gap regarding their intrastate development in decentralized federal countries such as Brazil. This paper aims to adapt an operationalization of the concept of state capacities, comparing how each of the Brazilian states exercises its basic functions, according to two dimensions: infrastructural power and bureaucratic capacity. Through hierarchical cluster analysis, a total of four different state typologies have been established, identifying the most relevant variables in the configuration of each of these groups.

Keywords: State capacities; federalism; subnational governments; bureaucratic capacity; infrastructural power.

I. Introducción

Los países de América Latina se enfrentan a numerosos problemas sociales que con frecuencia hacen que se señale al Estado como el principal culpable, ya sea por una supuesta omnipresencia ya sea por su ausencia. Mientras que en el debate cotidiano se ha extendido esta contradicción acerca de si el gran problema para el desarrollo económico y social es el exceso de Estado o su falta, en el ámbito académico este problema parece resuelto desde hace décadas. A partir de las contribuciones del neoinstitucionalismo (Peters, 1999), y de la paulatina superación de las explicaciones pluralistas o individualistas (O’Donnell, 1993; Skocpol, 1985), se ha consolidado la visión de que el Estado, más que un obstáculo, es una variable decisiva en las transformaciones estructurales.

Esta perspectiva, sin embargo, no defiende que cualquier Estado pueda fomentar el desarrollo, sino que su foco está en la calidad de las instituciones y de las intervenciones estatales. Por consiguiente, una de las preocupaciones de las denominadas como las teorías centradas en el Estado es la comprensión de la existencia de «capacidades estatales», es decir, aquello que permite a sus instituciones «actuar con eficacia y eficiencia, repetir la actuación a lo largo del tiempo, y gestionar la crisis y el cambio a medida que se van presentando» (PNUD, 2010). A partir de este punto de vista, analizando el papel de los distintos tipos de Estados, existirían aquellos capaces de resolver los problemas públicos que le son planteados aquellos incapaces de resolverlos, y aquellos que además de no resolverlos crearían ellos mismos nuevos problemas (Kohli, 2004).

Considerando la existencia de diferentes tipos de Estados y de grados distintos de su desempeño, uno de los abordajes más característicos de la literatura sobre capacidades estatales son los análisis comparativos entre países (Brieba, 2014; Evans & Rauch, 1999; Geddes, 1994; Mazzuca, 2021). Sin embargo, una cuestión que debería ser planteada es si también a nivel intraestatal pueden existir diferencias en el grado de desempeño de un Estado a lo largo de su territorio. Esta cuestión se torna mucho más relevante en realidades federales en las que la provisión de determinados bienes públicos depende de estructuras político-administrativas subnacionales (Garritzmann et al., 2021; Vampa, 2024).

Por tanto, se estima la necesidad de comprender mejor cómo las distintas capacidades estatales se desarrollan internamente en países federales, como es el caso de Brasil, donde además del gobierno central, los distintos gobiernos subnacionales desempeñan un papel esencial (Grin & Abrucio, 2018). Funciones propias de la organización estatal como la provisión de salud, educación, seguridad, recaudación fiscal o la articulación de determinadas políticas de desarrollo económico regional descansan, de forma exclusiva, compartida o coordinada, en las competencias atribuidas a cada uno de los estados de la federación, y pueden ser observadas variaciones significativas en la calidad del gobierno de cada una de estas unidades federativas.

Teniendo esto en cuenta, el principal objetivo de este artículo es operacionalizar el concepto de capacidades estatales para desarrollar un análisis comparado de los veintiséis estados brasileños y del Distrito Federal. Para eso, será construido un índice bidimensional, en el que serán agregados cada uno de los múltiples indicadores que componen el concepto de capacidades estatales. Una vez desarrollado el índice se aplicarán técnicas de análisis multivariante como el análisis de conglomerados para establecer una clasificación de los distintos estados brasileños en función de su capacidad estatal.

Además de esta introducción y las conclusiones, este artículo está dividido en tres apartados. En el primero de ellos, de índole teórica, se defenderá la elección de un enfoque multidimensional para operacionalizar las capacidades estatales, en la línea de los estudios que van más allá del análisis de una única dimensión (Cingolani, 2013; Geddes, 1994; Gomide et al., 2014; Hendrix, 2010; Kocher, 2010). En el segundo apartado, de naturaleza metodológica, serán presentadas las dos dimensiones para medir las capacidades estatales de los estados brasileños –el poder infraestructural y la capacidad burocrática– junto con sus subdimensiones e indicadores. Esta operacionalización está basada en Brieba (2014, 2018) y fue originalmente desarrollada para realizar comparaciones entre países de América Latina. El principal desafío, por consiguiente, es adaptar una metodología para realizar comparaciones entre países para un análisis dentro de un país federal. Por último, en el tercer apartado son presentados y discutidos los principales resultados.

II. Definición multidimensional del concepto de capacidades estatales

El concepto de capacidades estatales ha sido desarrollado por tres perspectivas teóricas que pretendían volver a considerar al Estado como una variable decisiva en el estudio de la política, y no simplemente como una arena sometida a los intereses de distintos actores o clases dominantes. La primera de ellas, denominada como neomarxista y desarrollada por Nicos Poulantzas (1978), hizo renacer este interés por la denominada «autonomía relativa del Estado», analizando relaciones entre la clase dominante, sus diferentes fracciones, y el resto de clases, según las cuales los modernos Estados pueden conseguir actuar estableciendo sus propios objetivos. La segunda es la denominada perspectiva relacional, planteada entre otros por Migdal (1988) y Mann (2008) a través de la noción de que el desarrollo del Estado, más allá de lo que podríamos concebir como su aparato, resulta de la interacción entre este último y la sociedad, tejiendo redes con los distintos actores y grupos de interés (Cingolani, 2013, p. 6).

En tercer lugar, la denominada como teoría centrada en el Estado –State centered theory– afirma que políticos y burócratas pueden potencialmente establecer objetivos y, por tanto, políticas autónomamente, sin que estas sean consecuencia de presiones o demandas provenientes de poderes fácticos. Este abordaje está anclado en la perspectiva weberiana de que el desarrollo del Estado moderno se produce a través de un proceso histórico de concentración de poder, eliminando o neutralizando a fuerzas paralelas que rivalizan con su autoridad en el territorio bajo su jurisdicción, así como creando una Hacienda que extraiga recursos de su población y una administración pública centralizada que actúe bajo criterios legales (Tilly, 2015). En este sentido, establece que existen distintos grados en el desarrollo de tal autoridad estatal, siendo que tan sólo en sus niveles más altos de autonomía –pleno ejercicio de la coerción sobre todo el territorio y burocracia racional-legal– es plenamente capaz de moldear la sociedad y dirigir sus aspectos clave (Przeworski, 1970; Evans, 1997).

Las tres teorías difieren a la hora de destacar los medios a través de los cuales el Estado desempeña sus funciones, las cuales, de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial (1997), serían mínimas, intermedias e intervencionistas. Según Fukuyama (2015), la capacidad estatal es la habilidad para desempeñar dichas funciones de forma eficaz, que, de acuerdo a las perspectivas neomarxista y relacional, se ejerce al establecerse conexiones de abajo a arriba con los grupos sociales, influyendo y también siendo influido por ellos. La perspectiva estadocéntrica, en cambio, es institucionalista y sostiene que la capacidad para que el Estado ejerza sus funciones se desarrolla a través de su poder soberano mediante la consolidación de un aparato basado en recursos humanos, económicos, legales y técnicos, lo cual le permite implementar sus objetivos políticos.

Esta diferencia entre funciones, capacidades y medios permite establecer una clasificación de la literatura más relevante relacionada con las capacidades estatales. Comenzando por las funciones básicas, uno de los enfoques más relevantes es el estudio de los denominados Estados débiles. Estos serían aquellos cuyas capacidades a la hora de garantizar el monopolio de la coerción apenas se han desarrollado, lo que les hace propensos a generar crisis causadas por terrorismo, crimen organizado, grupos paraestatales, guerras civiles o movimientos de refugiados o inmigrantes ilegales, entre otros (Hameiri, 2007; Hendrix, 2010; Kocher, 2010). Esta carencia, estudiada para en el caso latinoamericano a través de una perspectiva estadocéntrica, se debería, según Centeno (2002) a la falta de amenazas militares externas que estimulen entre las élites políticas la creación de maquinarias estatales fuertes. Por otro lado, desde una perspectiva relacional, según Migdal (1988), en los Estados débiles del Tercer Mundo la sociedad compite con estos por el control y la autoridad, generando falta de legitimidad de las instituciones, lo que impide que este ejerza de forma efectiva su autoridad.

En cuanto a las funciones intermedias, tales como la provisión de bienes y servicios característicos del Estado del Bienestar, diversos estudios analizan, por ejemplo, la relación entre capacidad estatal y la mejora en indicadores de salud o equidad (Vaccaro & Panaro, 2025). Estos estudios consideran, en general, la capacidad estatal como proceso de construcción institucional de burocracias profesionales y autónomas, desde una perspectiva estadocéntrica (Cingolani et al., 2015), aunque también existen ejemplos del análisis de la penetración social del Estado, desde una perspectiva más relacional (Brieba, 2018).

Además, las capacidades estatales en sus funciones más intervencionistas han sido analizadas destacando la relevancia del papel del denominado Estado desarrollista en la industrialización (Woo-Cumings, 1999), y más recientemente también se ha llamado la atención sobre la capacidad del Estado para fomentar la innovación tecnológica (Mazzucato, 2015). Estos estudios podrían encuadrarse dentro de la perspectiva estadocéntrica, dado que establecen una correlación positiva entre la creación de organismos con burocracias autónomas y profesionales y el éxito en la transformación productiva (Evans & Rauch, 1999). No obstante, la importancia concedida a los denominados Sistemas Nacionales de Innovación (Jaguaribe, 2016), es decir, conjuntos de interacciones público-privadas como pieza clave del desarrollo económico, ha estimulado también la perspectiva relacional del denominado Estado desarrollista en red (Keller et al., 2022)

Estos estudios permiten observar que el grado de capacidad estatal se manifiesta en una escala continua, bien a través del enraizamiento social del Estado o bien a través de la acumulación centralizada de autoridad, y vinculado a una función específica. No obstante, esta literatura sobre capacidades estatales no pretende analizar la habilidad de las instituciones públicas para desarrollar políticas concretas, sino que el concepto es más amplio y pretende clasificar y comparar Estados como unidades de análisis. En otras palabras, la capacidad estatal se puede observar a través de la habilidad del Estado para desarrollar una determinada función o política, pero se refiere al funcionamiento integral del Estado, en todas las dimensiones de su actividad, cualesquiera que sean los medios empleados para ejercer efectivamente su autoridad. De hecho, la mayoría de los trabajos hasta aquí citados consideran que la capacidad estatal es un concepto multidimensional, por lo que lo habitual es proceder a su operacionalización, utilizando algunas de las dimensiones descritas a continuación.

Según Cárdenas (2010), cuatro han sido las dimensiones a la hora de definir operacionalmente las capacidades estatales: la militar, la burocrática y administrativa, la fiscal y la calidad y coherencia de las instituciones políticas. Cingolani (2013), por su parte, reseña que serían siete las principales dimensiones de las capacidades estatales: coercitivas/militares, fiscales, administrativas o de implementación, transformativas o industrializantes, relacionales o de cobertura territorial, legales y políticas. Hendrix (2010), por su parte, señala la militar, la administrativa y burocrática, el ejercicio del imperio de la ley, la extractiva, y la calidad y coherencia de sus instituciones, como las dimensiones más analizadas.

Si estas operacionalizaciones cuentan con la ventaja de reflejar la naturaleza multidimensional del fenómeno, sin embargo, presentan el inconveniente de estar poco sistematizadas. Para establecer una definición operacional más parsimoniosa es conveniente reducir el número de dimensiones y establecer dentro de ellas subdimensiones e indicadores. Se emplea para ello la definición presentada por Brieba (2018), que establece que las capacidades estatales son una combinación de capacidad burocrática –imparcialidad, meritocracia y autonomía– y de poder infraestructual, redes logísticas para implementar políticas y hacer cumplir la ley efectivamente, a lo largo de territorios y grupos sociales. Es decir, la capacidad estatal dependería por una parte de la calidad de las burocracias y de las estructuras estatales –perspectiva estadocéntrica– y, por otra parte, de la naturaleza de las relaciones entre Estado y sociedad –perspectiva relacional–.

Cabe destacar, no obstante, que, aunque las capacidades estatales se refieren a la calidad institucional del Estado de forma integral, estas no tienen por qué ser uniformes a lo largo del territorio. Como señala O’Donnell (1993), no existe homogeneidad en el alcance territorial del Estado, y las órdenes emitidas por los organismos estatales no tienen la misma eficacia en todo el país. Un mecanismo para aumentar la intensidad de la presencia del Estado es la creación de estructuras de gobierno descentralizadas, integradas en un Estado federal (Elazar, 1987), aunque no necesariamente estos gobiernos subnacionales tienen por qué favorecer la correcta provisión de bienes y servicios por parte del Estado. Según Ziblatt (2008), tomando como ejemplo Alemania durante la República de Weimar, un Estado central podría no tener sus capacidades desarrolladas, pero esta carencia puede ser compensada por unidades de gobierno subnacionales con un mejor grado de desempeño a la hora de ofrecer bienes públicos, siempre que exista una coordinación federativa eficaz. También puede ocurrir que, de forma inversa, procesos de integración nacional promovidos por la acción de un Estado centralizador fueran frenados por los obstáculos de los gobiernos estaduales intentando defender prácticas políticas arraigadas (Abrúcio, 1998; Mazzuca, 2021; Weir, 2005).

En el caso de Brasil, lo que puede ser observado es cómo en medio del largo e inacabado proceso de transición hacia un federalismo cooperativo, los gobiernos estaduales han tenido una serie de dificultades para desarrollar algunas de las funciones bajo sus competencias (Arretche, 2009). Considerando aisladamente las competencias exclusivas de la União, por lo menos en términos comparados con la realidad latinoamericana y de los países emergentes, encontramos que la construcción de sus capacidades estatales ha sido relativamente satisfactoria. Históricamente, el llamado Estado desarrollista brasileño ha desempeñado un importante papel en las transformaciones estructurales en la economía brasileña (Schneider, 2014), la burocracia federal es la más avanzada de América Latina (Cortázar Velarde et al., 2014), tiene la mayor capacidad de recaudación fiscal de la región, por encima de la media de los países de la OCDE (OECD et al., 2022), y el refuerzo de las instituciones de control ha consolidado la política macroeconómica y fiscal con un elevado grado de confiabilidad y previsibilidad (Alston et al., 2016). En contraposición, fallas en aspectos como el monopolio de la violencia legítima, en la extensión de servicios públicos que garanticen un Estado de bienestar de calidad, en la capacidad de extraer tributos de forma equitativa, en la existencia de una administración pública cualificada y de reclutamiento meritocrático, o en el correcto desempeño de las instituciones de accountability horizontal son realidades más acentuadas en aquellos ámbitos que son competencia, exclusiva o compartida, de las entidades subnacionales brasileñas (Palotti, 2023). Así pues, en los siguientes apartados se analizará la desigual distribución a lo largo del territorio nacional brasileño de tales realidades identificadas con las capacidades estatales de los gobiernos estaduales.

III. Operacionalización de la capacidad estatal de los estados brasileños

En el apartado anterior se defendió, por una parte, que las capacidades estatales son un concepto multidimensional y, por otra parte, que pueden variar a niveles inferiores al Estado-nación. De acuerdo con Snyder (2001) una de las principales ventajas de la aplicación de estrategias comparativas subnacionales es analizar de forma más precisa los efectos de transformaciones políticas que ocurren de forma irregular a lo largo de un territorio. Por consiguiente, el objetivo de las dos próximas subsecciones es adaptar esta operacionalización, ideada originariamente para estudios comparados entre países, al análisis de las capacidades de los estados brasileños, considerando cuáles son los bienes y servicios públicos cuya implementación depende de sus competencias propias. Cada una de las dos dimensiones presentadas para medir las capacidades estatales, capacidad burocrática y poder infraestructural (Brieba, 2014), consta por su parte de una serie de subdimensiones e indicadores, que serán presentados a continuación.

III.1. Capacidad burocrática

La capacidad burocrática puede ser entendida como el grado de institucionalización del sistema de funcionariado público (Souza, 2016, 2017), que debe ser suficiente en su cantidad para conseguir ejecutar las tareas que le son encomendadas, además de estar reclutado en función del mérito y con un funcionamiento basado en criterios técnicos (Geddes, 1994). Puede ser definida también como el grado en que la burocracia se aleja de las características del clientelismo y el patrimonialismo (Grindle, 2012). Como es bastante conocido en la literatura al respecto, existe una correlación positiva entre burocracias de reclutamiento meritocrático, regidas por normas impersonales y con carreras que ofrecen horizontes estables, y la continuidad y coherencia de las políticas públicas (Evans & Rauch, 1999). Por el contrario, una administración clientelar se muestra incapaz de que estas sean efectivamente implementadas.

Para definir la calidad del funcionariado público se parte de cuatro subdimensiones, cada una representada por un único indicador: tamaño de la burocracia, profesionalismo, capacitación y autonomía. Para la primera subdimensión la variable a considerar es el total de servidores públicos estaduales por cada 1000 habitantes, mientras que para la segunda se calculará el porcentaje de servidores públicos de carrera (reclutamiento meritocrático y relación estatutaria) sobre el total de funcionarios. La tercera subdimensión, relacionada con la capacitación de la burocracia, puede ser medida a través del porcentaje de servidores públicos estaduales con estudios universitarios superiores sobre el total de empleados públicos. Por último, la cuarta subdimensión es la autonomía respecto del poder político, medida a través del porcentaje de cargos de designación política sobre el total de servidores públicos, contabilizando entre estos últimos tanto a los estatutarios como al personal laboral.

III.2. Poder infraestructural

Como fue señalado en el anterior apartado, el poder infraestructural es la capacidad del Estado para penetrar en la sociedad civil y ejecutar sus acciones a lo largo del territorio (Mann, 2003). Según Mann (2008), la influencia del Estado se extiende desde un centro irradiador hacia todo el territorio de su jurisdicción a través de «infraestructuras» –tales como carreteras, ferrocarriles, sistemas educativos, redes informáticas, etc.– a través de las cuales las informaciones fluyen de fuera hacia dentro y las órdenes de dentro hacia fuera. Soifer y Von Hau (2008), completando esta visión, establecen que el poder infraestructural se refiere al alcance del Estado, entendiéndolo como la capacidad de ejercer su poder a distancia, en todo el territorio que reclama para su gobierno.

Para medir el poder infraestructural Soifer (2008) define tres dimensiones. La primera es la extractiva, y comprende la habilidad del Estado para extraer impuestos de la población. La segunda de ellas es la seguridad, medida por las tasas de crímenes violentos, de puniciones extrajudiciales tales como linchamientos, y de la generalización del uso de la seguridad privada. La tercera de ellas es la administración de servicios fundamentales, tales como la existencia de censos de población, de carnets de identidad o la vacunación de la población. Brieba (2014), por su parte, señala cuatro dimensiones: el monopolio del uso de la violencia como reflejo de la ausencia de insurgencias, la capacidad extractiva como relación entre impuestos y PIB, la penetración social y territorial medida por la tasa de escolaridad primaria, y, por último, la capacidad administrativa de procesar información básica, medida por la frecuencia y exactitud de los censos poblacionales.

En la operacionalización del poder infraestructural subnacional aquí empleada será excluida la última de las dimensiones apuntadas, dado que la elaboración de censos poblacionales o cualquier otra forma de obtención de información básica es una competencia exclusiva del gobierno federal. Sin embargo, las dimensiones relacionadas con la seguridad y el ejercicio del monopolio de la coerción, la extracción fiscal, así como la expansión de servicios sociales corresponde a las competencias que de forma compartida con el gobierno central tienen cada uno de los estados, en materia de policía, de recaudación de tributos propios y de ejecución del gasto público. Asimismo, se incluye exclusivamente el tramo de educación secundaria -la escolarización en la educación primaria es competencia de los municipios- para efectos del análisis que va a ser aquí realizado.

De esta forma, la subdimensión de seguridad será calculada utilizando un indicador compuesto por cuatro variables: el gasto estadual en la rúbrica «seguridad» por habitante, la tasa de efectivos policiales –policías civiles y militares– por cada mil habitantes, la tasa de estos respecto del número total de vigilantes privados, y el número de crímenes con resultado en muerte en los que está involucrada la policía por cada 100.000 habitantes. En Brasil las competencias en materia de seguridad pública recaen principalmente en los estados, que se encargan de la vigilancia directa y ostensiva a través de los cuerpos estaduales de policía militar, y de la investigación de delitos a través de los cuerpos estaduales de policía civil, mientras que el gobierno federal se dedica exclusivamente a controlar las fronteras y a combatir delitos internacionales. Por tanto, calcular el número de policías con que cuenta cada estado ponderado por el número de vigilantes privados, juntamente con el gasto que cada estado realiza en políticas de seguridad, es una operación análoga a la que establece la literatura sobre capacidades estatales en sus comparaciones internacionales (Hendrix, 2010; Cárdenas, 2010). Asimismo, debido a que en muchos territorios el Estado a través de las policías estaduales es incapaz de ejercer el monopolio de la violencia legítima, se establece como indicador el número de crímenes con resultado en muerte violenta en los que está involucrada la policía como proxy de la existencia de conflicto armado con las fuerzas estatales.

En cuanto a la subdimensión de la capacidad fiscal, esta será medida a través de dos variables. La primera de ellas es el cálculo del total de recaudación de los impuestos que los estados tienen como propios como porcentaje del PIB estadual, medición típica para establecer la capacidad extractiva de cualquier entidad política en las comparaciones internacionales (OECD, 2024). Asimismo, como gran parte de los ingresos fiscales de los estados brasileños no son autónomos, sino que dependen en buena medida de las transferencias que se realizan desde el gobierno central, el tamaño del sector público no se corresponde exactamente con su capacidad recaudatoria. Es por eso por lo que resulta interesante a efectos de una medición más precisa de la capacidad fiscal utilizar un segundo indicador, como es el gasto público estadual por habitante.

Por último, la subdimensión de la penetración social a través de la expansión de los servicios públicos ofrecidos a la población será medida a partir del indicador del porcentaje de matrículas de educación secundaria que corresponde a la red pública estadual, porque es en esta fase de la escolarización donde los gobiernos estaduales tienen la competencia exclusiva, pues la educación infantil y primaria corresponde al municipio y la superior a los estados y a la federación de forma compartida. Además, se completa este indicador con la tasa de cobertura de la educación secundaria, es decir, el porcentaje de la población en la franja de edad correspondiente a este nivel educativo que está efectivamente matriculada, con lo que se intenta reflejar el grado de universalización en la población de este derecho cuya responsabilidad compete a los gobiernos estaduales.

IV. Medición de la capacidad estatal de los estados brasileños

Una vez realizada la operacionalización del concepto de capacidades estatales, en el tercer y último de los apartados serán presentados los principales resultados. Para poder agregar todos los indicadores en un índice, primeramente, se precisa transformar cada una de ellos en una escala padronizada que irá del 0, límite mínimo, o menor valor real de la distribución, y el 1, límite máximo, o mayor valor real de la distribución. Este es el denominado método min-max que se utiliza, por ejemplo, en la síntesis de indicadores internacionalmente reconocidos como el Índice de Desarrollo Humano. Sin embargo, dada la existencia de valores atípicos, y con la intención de que estos no tengan un efecto desproporcionado en los resultados, se sustituirá el menor valor real por el segundo menor valor real, y el mayor real por el segundo mayor valor real, a la hora de delimitar el rango de la escala. En cualquier caso, tanto el mayor valor real como el menor valor real seguirán conservando el valor de 1 y 0 respectivamente.

Una vez padronizados cada uno de los indicadores en una misma escala de 0 a 1, el siguiente paso es agregar todos ellos en una medida sinóptica para calcular el índice de la capacidad estatal de cada uno de los estados brasileños. Para ello, cada una de las dimensiones (capacidad burocrática y poder infraestructural) tendrán un peso igual de 1. La dimensión capacidad burocrática se calculará dando a cada una de las cuatro subdimensiones (tamaño de la burocracia, meritocracia, autonomía y capacitación) un peso igual de 0,25. La dimensión poder infraestructural se calculará dando a cada una de las tres subdimensiones (monopolio de la coerción, capacidad extractiva y penetración social) un peso igual de 0,33. Para calcular cada subdimensión cada uno de los indicadores que la componen tendrá también un peso igual.

De esta forma es posible construir una clasificación en la que se puedan comparar cuáles son los estados brasileños con mayores y menores capacidades estatales. Los resultados para cada una de las dimensiones vienen presentados en las Tablas 3-5 que representan respectivamente cada una de las variables que componen las dimensiones capacidad burocrática y poder infraestructural. En ellos vienen ordenados cada uno de los estados por orden alfabético, el valor real de cada uno de los indicadores, y su valor ponderado en la escala de 0 a 1.

Asimismo, en las figuras que siguen se recogen en gráficos de barras la clasificación final, tanto para cada una de las dos dimensiones (capacidad burocrática –Figura 1– y poder infraestructural –Figura 2–) como la clasificación agregada de la capacidad estatal de los estados brasileños, que aparecen agrupados de mayor a menor –Figura 3–.

A continuación, y para analizar estos agrupamientos, detectando la existencia de posibles tipologías de gobiernos subnacionales según su capacidad estatal, se utilizará el análisis de clúster jerárquico (agrupamiento por enlazamiento completo) a través de la representación en dos dendogramas. En el primero de ellos se agrupan los estados brasileños en función de las variables que definen la capacidad burocrática, mientras que en el segundo de ellos se agrupan estos en función de aquellas variables que recogen el poder infraestructural.

A continuación, y para analizar estos agrupamientos, detectando la existencia de posibles tipologías de gobiernos subnacionales según su capacidad estatal, se utilizará el análisis de clúster jerárquico (agrupamiento por enlazamiento completo) a través de la representación en dos dendogramas. En el primero de ellos se agrupan los estados brasileños en función de las variables que definen la capacidad burocrática, mientras que en el segundo de ellos se agrupan estos en función de aquellas variables que recogen el poder infraestructural.

Asimismo, al analizar el agrupamiento conformado por los estados en función de su poder infraestructural es posible observar un primer conjunto formado por Amapá, Distrito Federal, Roraima, Tocantins, Acre y Rondônia, además de un segundo conjunto formado por el resto. Las diferencias estadísticamente significativas detectadas por los test de Wilcoxon se dieron en las variables «muertes violentas» y «proporción de policías/vigilantes», y en el «gasto estadual» por habitante, mientras que en el resto de variables no se aprecian diferencias significativas.

De esta forma, podría establecerse una tipología de gobiernos subnacionales brasileños en función de sus capacidades estatales. Para ello, aunque la consideración conjunta de las dos dimensiones –capacidad burocrática y poder infraestructural– fue relevante para construir la medida única y la clasificación de los distintos estados, las diferencias entre conjuntos de estados se explorarán mejor analizando las dos dimensiones de forma separada. Así, en un primer conjunto encontraríamos exclusivamente al Distrito Federal, que forma parte tanto del primer grupo de capacidad burocrática como del primer grupo de poder infraestructural. Se trata de un gobierno subnacional que destaca por la elevada autonomía de su burocracia y por la capacitación de sus servidores públicos, además de disfrutar de un elevado nivel por habitante tanto de gasto público como de recursos humanos dedicados a la seguridad pública. Asimismo, cabe mencionar que el Distrito Federal es, con una puntuación de 1,4 sobre 2 (ver Figura 3) el gobierno subnacional con mayor capacidad estatal de Brasil. En un segundo conjunto encontraríamos a un conjunto formado por Acre, Amapá, Rondônia, Roraima y Tocantins, caracterizado también por pertenecer al grupo de estados con elevados niveles de gasto público por habitante y de recursos humanos dedicados a la seguridad pública, aunque sin pertenecer a los estados que destacan por su capacidad burocrática. En cualquier caso, se trata en general de gobiernos subnacionales con niveles altos de capacidad estatal, entre 1,5 y 1, con la única excepción de Tocantins, que cuenta con un nivel bajo. Por su parte, en un tercer conjunto encontraríamos a Goiás, Río de Janeiro, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina y São Paulo, que, a diferencia del anterior, destaca por la autonomía y capacitación de su burocracia, pero sin destacar en la dimensión del poder infraestructural. De estos estados, tan sólo Paraná y São Paulo tienen capacidades estatales altas, mientras que el resto tienen niveles bajos por debajo del 1 sobre 2. Por último, cabe mencionar un cuarto grupo en el que se encuentran el resto de estados, caracterizado por una mayor variabilidad y diversidad, y en el que se encuentran estados con capacidades estatales altas (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais y Pernambuco) y con capacidades estatales bajas (Alagoas, Amazonas, Bahía, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul y Sergipe).

V. Conclusiones

En este trabajo fue defendido el argumento de que la capacidad estatal es un concepto de naturaleza multidimensional, debido a la diversidad de funciones que realiza el Estado moderno. Por otro lado, se defendió que esta se extiende de forma irregular a lo largo del territorio, fenómeno que en los países federales como Brasil merece ser analizado de acuerdo a las capacidades de los distintos gobiernos subnacionales.

A través de esta conceptualización, su operacionalización y posterior análisis empírico, se puede concluir que los estados brasileños muestran la necesidad de realizar mejoras en su capacidad estatal, habida cuenta de que la mayoría, 15 de un total de 27, presentan niveles bajos, por debajo del 1 en una escala total que va del 0 al 2. La capacidad burocrática es la dimensión donde los estados brasileños muestran un peor desempeño, con apenas 8 de los 27 puntuando por encima del 0,5 en una escala que va del 0 al 1. Por su parte, el poder infraestructural, presenta un panorama un poco más halagüeño, aunque sólo 13 de los 27 gobiernos subnacionales puntúan por encima del 0,5 sobre 1 en esta dimensión.

En cuanto a los gobiernos subnacionales con mayor capacidad estatal cabe destacar en primer lugar al Distrito Federal, seguido de Acre, Amapá y Mato Grosso. Los tres primeros comparten un conjunto de características, como formar parte del conglomerado de estados que, dentro de la dimensión del poder infraestructural, destacan por un alto grado de gasto público por habitante y de policías por cada 1000 habitantes, indicadores ambos de una mayor penetración social y territorial del poder estatal. Se trata de estados pequeños –el Distrito Federal apenas circunscrito al territorio urbano de la capital Brasilia, y con mayor homogeneidad social, económica y territorial. Por su parte, los gobiernos subnacionales con menor nivel de capacidades estatales son Paraíba, Sergipe, Alagoas y Bahía, todos situados en la región Nordeste del país, la que menos desarrollo económico y social tiene. Por lo tanto, se abre la posibilidad para que futuras investigaciones aborden la importancia de variables geográficas, demográficas y económicas en la configuración no sólo de distintos grados como de distintos tipos de capacidades estatales subnacionales. Además de este tipo de factores explicativos, otros de tipo histórico-estructural, podrían ser los causantes de las diferencias en la construcción de las capacidades estatales de cada uno de los estados brasileños.

En cualquier caso, el objetivo de este artículo era descriptivo, y su principal resultado ha sido la elaboración de un total de cuatro tipologías diferentes de gobiernos subnacionales en función de su capacidad estatal. Puede concluirse que, aunque existen avances significativos por lo que respecta a la conceptualización y medición de la capacidad estatal, todavía son necesarios más estudios respecto de los factores que causan divergencias en cuanto a sus niveles, ya sea en las comparaciones internacionales como también entre gobiernos subnacionales.

VI. Bibliografía

Abrúcio, F. (1998). Os barões da federação: Os governadores e a redemocratização brasileira. Hucitec.

Alston, L., Melo M. A., Mueller, B., Pereira, C. (2016). Brazil in transition: Beliefs, leadership, and institutional change. New York: Princeton University Press.

Arretche, M. (2009). Continuidades e descontinuidades da Federação Brasileira: De como 1988 facilitou 1995. Dados, 52(2), 377-423. https://doi.org/10.1590/S0011-52582009000200004

Banco Mundial. (1997). The state in a changing world. Oxford University Press.

Brieba, D. (2014). Disaggregating state capacity: Explaining policy effectiveness in Latin America, 1996-2006 [PhD Thesis]. University of Oxford.

Brieba, D. (2018). State Capacity and Health Outcomes: Comparing Argentina’s and Chile’s Reduction of Infant and Maternal Mortality, 1960-2013. World Development, 101, 37-53. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.08.011

Cárdenas, M. State capacity in Latin America. Economía, 2010, 10(2): 1-45. https://doi.org/10.1353/eco.2010.0003

Centeno, M. A. (2002). Blood and debt: War and the nation-state in Latin America. Pennsylvania State Univ. Press.

Cingolani, L. (2013). The state of state capacity: A review of concepts, evidence and measures. UNU-Merit Working Paper, nº 13. https://www.merit.unu.edu/publications/wppdf/2013/wp2013-053.pdf.

Cingolani, L., Thomsson, K., & De Crombrugghe, D. (2015). Minding Weber More Than Ever? The Impacts of State Capacity and Bureaucratic Autonomy on Development Goals. World Development, 72, 191-207. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.02.016

Cortázar Velarde, J. C., Lafuente, M., Sanginés, M., Schuster, C., Echebarría, K., Longo, F., Strazza, L., & Iacoviello, M. (2014). Serving Citizens: A Decade of Civil Service Reforms in Latin America (2004-13). Inter-American Development Bank. https://doi.org/10.18235/0012567

Elazar, D. J. (1987). Exploring Federalism. University of Alabama Press. https://books.google.com.br/books?id=0CQBBAAAQBAJ

Evans, P. (1997). The Eclipse of the State? Reflections on Stateness in an Era of Globalization. World Politics, 50(1), 62-87. https://doi.org/10.1017/S0043887100014726

Evans, P., & Rauch, J. E. (1999). Bureaucracy and Growth: A Cross-National Analysis of the Effects of «Weberian» State Structures on Economic Growth. American Sociological Review, 64(5), 748-765. https://doi.org/10.1177/000312249906400508

Fukuyama, F. (2015). Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy. Farrar, Straus and Giroux.

Garritzmann, J. L., Röth, L., & Kleider, H. (2021). Policy-Making in Multi-Level Systems: Ideology, Authority, and Education. Comparative Political Studies, 54(12), 2155-2190. https://doi.org/10.1177/0010414021997499

Geddes, B. (1994). Politician’s Dilemma: Building State Capacity in Latin America. University of California Press. https://books.google.com.br/books?id=B-zjoVG-ZOMC

Gomide, A., Pires, R., & Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Orgs.). (2014). Capacidades estatais e democracia: Arranjos institucionais de políticas públicas. Ipea.

Grin, E. J., & Abrucio, F. L. (2018). Las capacidades estatales de los municipios brasileños en un contexto… de descentralización de políticas. Revista del CLAD Reforma y Democracia, 70, 93-126. https://doi.org/10.69733/clad.ryd.n70.a151

Grindle, M. S. (2012). Jobs for the boys: Patronage and the state in comparative perspective. Harvard University Press.

Hameiri, S. (2007). Failed states or a failed paradigm? State capacity and the limits of institutionalism. Journal of International Relations and Development, 10(2), 122-149. https://doi.org/10.1057/palgrave.jird.1800120

Hendrix, C. S. (2010). Measuring state capacity: Theoretical and empirical implications for the study of civil conflict. Journal of Peace Research, 47(3), 273-285. https://doi.org/10.1177/0022343310361838

Jaguaribe, A. (2016). Capacidades estatais comparadas: A China e a reforma do Sistema Nacional de Innovação. IPEA: Textos para Discussão, 2085.

Keller, M. R., Block, F., & Negoita, M. (2022). What makes a developmental network state durable? Sociology Compass, 16(1), e12948. https://doi.org/10.1111/soc4.12948

Kocher, M. (2010). State capacity as a conceptual variable. Yale Journal of International Affairs, 5(2), 137-145.

Kohli, A. (2004). State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery (1º ed). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511754371

Mann, M. (2003). The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results. Em N. Brenner, B. Jessop, M. Jones, & G. MacLeod (Orgs.), State/Space (1º ed, p. 53-64). Wiley. https://doi.org/10.1002/9780470755686.ch3

Mann, M. (2008). Infrastructural Power Revisited. Studies in Comparative International Development, 43(3-4), 355-365. https://doi.org/10.1007/s12116-008-9027-7

Mauricio Cárdenas. (2010). State Capacity in Latin America. Economía, 10(2), 1-45. https://doi.org/10.1353/eco.2010.0003

Mazzuca, S. (2021). Latecomer State Formation: Political Geography and Capacity Failure in Latin America. Yale University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv1mgmcz2

Mazzucato, M. (2015). Entrepreneurial State: Debunking Public Vs. Private Sector Myths. Perseus Book LLC (Ingram). https://books.google.com.br/books?id=Wro1DgAAQBAJ

Migdal, J. S. (1988). Strong societies and weak states: State-society relations and state capabilities in the Third World. Princeton Univ. Press.

O’Donnell, G. (1993). Estado, democratización y ciudadanía. Nueva Sociedad, 128:, 62-87.

OECD. (2024). The OECD classification of taxes and interpretative guide Health Taxes in OECD Countries.

OECD, Inter-American Center of Tax Administrations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, & Inter-American Development Bank. (2022). Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2022. OECD. https://doi.org/10.1787/58a2dc35-en-es

Palotti, P. (with Lício, E. C., Gomes, S., Segatto, C. I., & Silva, A. L. N. da). (2023). E os Estados?: Federalismo, relações intergovernamentais e políticas públicas no Brasil contemporâneo. Ipea.

Peters, B. G. (1999). Institutional theory in political science: The new institutionalism. Pinter.

Poulantzas, N. A. (1978). State, power, socialism. NLB.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). Medición de la capacidad. PNUD.

Przeworski, A. (1970). Estado E Economia No Capitalismo. Relume-Dumará.

Schneider, B. R. (2014). O Estado desenvolvimentista no Brasil: Perspectivas históricas e comparadas. IPEA: Textos para Discussão, 1871.

Skocpol, T. (1985). Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research. Em P. B. Evans, D. Rueschemeyer, & T. Skocpol (Orgs.), Bringing the State Back In (1º ed, p. 3-38). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511628283.002

Snyder, R. (2001). Scaling Down: The Subnational Comparative Method. Studies in Comparative International Development, 36(1), 93-110. https://doi.org/10.1007/BF02687586

Soifer, H. (2008). State Infrastructural Power: Approaches to Conceptualization and Measurement. Studies in Comparative International Development, 43(3-4), 231-251. https://doi.org/10.1007/s12116-008-9028-6

Soifer, H., & Vom Hau, M. (2008). Unpacking the Strength of the State: The Utility of State Infrastructural Power. Studies in Comparative International Development, 43(3-4), 219-230. https://doi.org/10.1007/s12116-008-9030-z

Souza, C. (2016). Capacidade burocrática no Brasil e na Argentina: Quando a política faz a diferencia. Textos para Discussão: IPEA, 2035.

Souza, C. (2017). Modernização do Estado e construção de capacidade burocrática para a implementação de políticas federalizadas. Revista de Administração Pública, 51(1), 27-45. https://doi.org/10.1590/0034-7612150933

Tilly, C. (2015). Coercion, capital, and European states, AD 990-1992. Blackwell.

Vaccaro, A., & Panaro, A. V. (2025). It’s the state, indeed! How state capacity facilitates social equality in authoritarian regimes. Contemporary Politics, 31(1), 24-45. https://doi.org/10.1080/13569775.2024.2310745

Vampa, D. (2024). Subnational Policymaking in an Era of Political Instability: Developing a New Typology for Comparative Analysis. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 1-19. https://doi.org/10.1080/13876988.2024.2359687

Weir, M. (2005). States, Race, and the Decline of New Deal Liberalism. Studies in American Political Development, 19(2), 157-172. https://doi.org/10.1017/S0898588X05000106

Woo-Cumings, M. (Org.). (1999). The Developmental State. Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/9781501720383

Ziblatt, D. (2008). Why Some Cities Provide More Public Goods than Others: A Subnational Comparison of the Provision of Public Goods in German Cities in 1912. Studies in Comparative International Development, 43(3-4), 273-289. https://doi.org/10.1007/s12116-008-9031-y