América Latina Hoy, 2025, 95
ISSN: 1130-2887 - e-ISSN: 2340-4396
DOI: https://doi.org/10.14201/alh.31879

Autocratización en tiempos de (in)seguridad: la deriva autoritaria en El Salvador, 2019-2023

Autocratization in Times of (In)Security: The Authoritarian Drift in El Salvador, 2019-2023

Camilo González mc_gonzalezv@javeriana.edu.co1

1 Pontificia Universidad Javeriana

Envío: 2024-01-02

Aceptado: 2024-12-04

Publicación: 2025-06-26

RESUMEN: El Salvador ha experimentado una reducción de la violencia criminal como consecuencia de la política de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele. Sin embargo, su aplicación ha conducido al desmantelamiento de las instituciones democráticas. Este artículo reconstruye mediante el uso del rastreo de procesos las interacciones entre las dinámicas de seguridad y las oportunidades políticas para explicar el tránsito hacia una autocracia electoral a través de un proceso de securitización del crimen organizado.

Palabras clave: autocratización; democracia; El Salvador; pandillas; securitización.

ABSTRACT: El Salvador has experienced a drop in criminal violence as a result of the security policy of the Nayib Bukele administration. However, its implementation has led to the dismantling of democratic institutions. Using process tracing, this article reconstructs the interactions between security dynamics and political opportunities to explain the transition to an electoral autocracy through a process of securitization of organized crime.

Keywords: Autocratization; Democracy; El Salvador; Gangs; Securitisation.

I. Introducción

Tras concluir el conflicto armado interno, El Salvador mantuvo niveles de violencia por encima de la media latinoamericana como resultado de la emergencia y la expansión de las maras. Actualmente, el país centroamericano se ha ubicado como uno de los menos violentos de la región tras la feroz campaña contra las pandillas emprendida por el Gobierno de Nayib Bukele. Sin embargo, el costo de lograr más seguridad[1] ha sido el debilitamiento pronunciado de las instituciones democráticas (Cruz, 2022), lo que ha situado al país centroamericano dentro del conjunto de las autocracias electorales a nivel global.

¿Cómo el combate contra el crimen organizado ha conducido a la autocratización en El Salvador durante el gobierno de Nayib Bukele? Generalmente, la autocratización ha sido un fenomeno que ampliamente se ha estudiado bajo los lentes de la polarización, el populismo y/o el incremento de los poderes presidenciales (Haggard y Kaufman, 2021). Sin embargo, los estudios de seguridad no se han incorporado totalmente dentro de las causas relevantes de los procesos de debilitamiento de la democracia. El caso salvadoreño muestra cómo el uso de la securitización del crimen organizado es un camino hacia la construcción de una autocracia electoral. En este artículo explicamos cómo, potenciando las prácticas formales e informales de seguridad de sus antecesores, Bukele capitalizó la reducción de los homicidios como un mecanismo para desmantelar la democracia mediante la erosión de la separación de poderes y la extensión de las prácticas de seguridad represivas hacia los oponentes políticos y la sociedad civil en general.

II. Revisión de literatura

El estudio de los actuales procesos de autocratización se ha convertido en un nuevo horizonte temático dentro los estudios de la Ciencia Política (Waldner y Lust, 2018). La autocratización entendida como el «proceso de cambio de régimen hacia la autocracia donde el ejercicio del poder político se hace más arbitrario y represivo, restringe el espacio para la impugnación pública y la participación política en la selección del gobierno» (Cassani y Tomini, 2019, p. 12) ha sido analizada fundamentalmente desde el impacto de la polarización política perniciosa y los comportamientos radicales de los actores políticos como patrones que desencadenan el desmantelamiento paulatino de las instituciones del régimen democrático.

Si bien la polarización por sí misma no es dañina para la democracia (Sartori y Sani, 1992), aquella denominada perniciosa divide a la sociedad en dos bloques antagónicos: «Nosotros» contra «Ellos» (Haggard y Kaufman, 2021; McCoy et al., 2018, p. 18; McCoy y Somer, 2021). Partiendo de esta división de la sociedad, la polarización aparece como resultado de la movilización que realizan los líderes políticos para realinear a la sociedad en términos maniqueos (Slater y Arugay, 2018). Esta realineación se da gracias a la politización de ciertos asuntos políticos, como crisis económicas, profundos resentimientos o injusticias sociales percibidas, que se canalizan a través de la polarización afectiva (Orhan, 2022) y refuerza las identidades de grupo que dibujan un juego político de suma cero (McCoy y Somer, 2019).

Por otro lado, el ascenso de líderes con aspiraciones hegemónicas pone en riesgo el sistema de pesos y contrapesos por la posibilidad de concentración de poder en manos del Ejecutivo (Gandhi, 2019; Laebens, 2019; Rhodes-Purdy y Madrid, 2020). Bajo este escenario, los presidentes con comportamientos radicales abren la puerta al debilitamiento de la separación de poderes mediante la cooptación de la legislatura (Pérez-Liñán et al., 2019) y de los tribunales de justicia (Aguiar Aguilar, 2023). En contraste, Gamboa (2017) y Cleary y Özturk (2022) han hallado que los opositores también pueden contribuir al deterioro de la democracia mediante estrategias radicales contra el Gobierno como promover golpes de Estado o juicios políticos reñidos con las normas. Esto mina las credenciales democráticas de la oposición mientras que los gobiernos bajo la amenaza de ser desalojados del poder justifican acciones que debilitan la democracia como una alternativa de supervivencia política.

II.1. Violencia criminal y autocratización

Sin embargo, una de las aristas menos exploradas dentro de los estudios de la autocratización es el impacto de la violencia criminal. En América Latina, la mayoría de procesos de transición democrática han dado como resultado democracias con instituciones poco efectivas e irresponsables en el control del crimen (Diamond, 1999), dando como resultado la coexistencia del ejercicio plural de la violencia (Arias y Goldstein, 2010) y la adopción de políticas de «mano dura» por parte de los gobiernos. Este tipo de política se refiere a los enfoques autoritarios y populistas para mantener el orden público que implementan una mayor presencia de militares y policías en las calles acompañada por el uso excesivo y letal de la fuerza, el endurecimiento de los códigos penales y la vinculación discursiva con la política de «tolerancia cero» para abordar el delito (Muggah et al., 2018; Rodríguez-Pinzón y Rodrigues, 2020).

Dicho fenómeno ha sido abordado en varios estudios para conocer sus orígenes y efectos en los ciudadanos y los gobiernos. Por un lado, los ciudadanos que han sido víctimas del crimen poseen baja la satisfacción con la democracia (Ceobanu et al., 2011), así como mayor desconfianza en el Estado de derecho (Dammert y Tobar, 2017; Smithey y Malone, 2014) y en el sistema político en general (Cruz y Kloppe-Santamaría, 2019). Esto termina por desencadenar que los ciudadanos brinden un mayor apoyo a medidas de mano dura incluso tolerando mayor represión estatal (Visconti, 2020), justificado por una lógica de populismo punitivo (Pratt, 2007) que tiende a redimir a los «buenos ciudadanos» contra las acciones de los criminales (Curato, 2016).

Por otro, este apoyo ciudadano brinda la legitimidad necesaria para que los gobiernos mantengan las políticas de seguridad represivas. La debilidad de los actores civiles frente al desafío de la violencia criminal ha abierto la oportunidad para la transformación de las agencias policiales en organizaciones militarizadas (Flores-Macías y Zarkin, 2021; Liebertz, 2020) a la vez que se incrementa el protagonismo de los militares dentro de las tareas de seguridad pública (Pion-Berlin y Carreras, 2017; Verdes-Montenegro, 2022) incluso contraviniendo los marcos júridicos existentes (Jenne y Martínez, 2022). Todo este proceso ha conducido a una naturalización de la excepción (Robledo, 2022), contribuyendo a los fenómenos de la militarización de facto y la declaratoria de estados de excepción que resultan en una mayor concentración de poder en manos de los gobiernos (Flores-Macías, 2023).

III. Metodología

Para analizar la compleja trayectoria de El Salvador hacia la autocratización empleamos el rastreo de procesos (process tracing). Desde esta aproximación analítica se busca analizar el proceso causal que interviene entre las causas sugeridas teóricamente y el resultado dentro de un caso de estudio mediante el examen de las secuencias y las coyunturas de eventos (Bennett y Checkel, 2015; George y Bennett, 2005). Concretamente, el rastreo de procesos pertenece al conjunto de los métodos de análisis dentro de los casos (Mahoney, 2007) que buscan analizar la realidad desde una perspectiva mecanísmica (mechanismic) donde la influencia de las causas sobre el resultado son complejas, dinámicas e interactivas (Aguirre, 2017; Beach y Pedersen, 2016).

Particularmente, utilizamos el rastreo de procesos para explicar un resultado (explaining-outcome process tracing), una variante cuyo objetivo es elaborar una explicación mínima y suficiente sobre un resultado político e histórico particular que dé cuenta de todos los aspectos del resultado sin redundar en las partes que componen el mecanismo causal (Beach y Pedersen, 2019). Por tanto, los mecanismos causales resultantes son elementos heurísticos construidos a partir de la combinación ecléctica (Sil y Katzenstein, 2010) de partes teóricas y partes basadas en el caso de estudio.

La estrategia de investigación se basa en una lógica iterativa (Yom, 2015) de momentos deductivos e inductivos denominada abducción, cuyo punto de partida es el alcance de la literatura respecto del fenómeno estudiado para determinar la entrada metodológica (Bril-Mascarenhas et al., 2017). A partir de ello, se desarrolla la construcción del mecanismo causal, sobre la base de conceptualizar y articular secuencialmente los aportes teóricos y el material empírico, que permita concluir con una explicación plausible del caso de estudio.

Finalmente, las explicaciones resultantes serán a partir del análisis de tres tipos de evidencia necesarios para la elaboración del mecanismo (Beach y Pedersen, 2019): evidencia secuencial (sequence evidence), relacionada con la cronología espacial y temporal de acontecimientos asociados al mecanismo causal; indicios (trace evidence), que aportan registros de actividades de artículos periodísticos extraídos de investigaciones académicas y periodísticas, así como evidencia de informes (account evidence), que amplían la información sobre los actores y sus actividades en documentos oficiales.

IV. La autocratización bajo el Gobierno de Bukele (2019-2023)

En esta sección elaboramos el argumento teórico para responder a la pregunta de investigación de cómo la política de seguridad de Nayib Bukele ha contribuido a la autocratización en El Salvador. Siguiendo el procedimiento de la variante de rastreo de procesos elegida, la construcción del camino causal partirá desde una entrada deductiva con uso de la prueba de suficiencia para confirmar las hipótesis de surgidas de la literatura. Posteriormente, se introducirá un momento inductivo basado en la evidencia del caso de estudio para complementar la explicación del resultado de interés. Las respectivas evidencias y fuentes se presentan en el anexo online.

IV.1. Conceptualización de la causa: securitización del crimen organizado

La securitización es el proceso por el cual los Estados identifican y definen un asunto como una amenaza existencial que conduce a la implementación de medidas excepcionales como resultado de la aceptación de la audiencia (Balzacq, 2010; Buzan et al., 1998; Emmers, 2018; Wæver, 1995). Se distinguen dos etapas: el movimiento securitizador (securitizing move) que se desarrolla a nivel estatal mediante la definición de la amenaza y la securitización (securitisation) propiamente, que ocurre con el convencimiento de actores significativos dentro de la audiencia (políticos, militares, opinión pública) sobre la urgencia de tomar decisiones extraordinarias para eliminar la amenaza (Verdes-Montenegro Escánez, 2015). A nivel empírico, Badillo y Mijares (2021) establecen que la securitización del crimen organizado «implica la militarización del conflicto por parte del Estado, el establecimiento de algunas barreras políticas para eventuales negociaciones y la construcción violenta del otro sin ninguna motivación ideológica» (2021, p. 314).

En El Salvador, el consenso respecto a la implementación de las políticas de mano dura ha atravesado el bipartidismo y su consecuente alternancia política. Tanto la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) sostuvieron una política de seguridad represiva como plataforma electoral que les permitiera alcanzar y mantener el poder como respuesta a un electorado que premia las posiciones contundentes frente al crimen (Rosen et al., 2023). Sin embargo, la aproximación a la mano dura de ambas formaciones políticas fue distinta. ARENA buscó resignificar en las maras el peligro social asociado al comunismo durante la guerra civil (Hume, 2007) y utilizarlo como estrategia electoral para lograr su continuidad en el Gobierno (Holland, 2013). Esto supuso el movimiento securitizador hacia el final de la administración de Francisco Flores (1999-2003) y a lo largo de la de Antonio Saca (2004-2009) con la aprobación de la Ley Antimaras (2003) y la Ley para el Combate de las Actividades Delincuenciales (2004) que aprobaron un mayor despliegue de unidades militares para las operaciones de seguridad pública (Martínez-Reyes y Navarro-Pérez, 2019), como el incremento de penas y la derogación de garantías procesales a los miembros de las pandillas (Wolf, 2017).

Por el contrario, los gobiernos del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) terminaron por reproducir y consolidar el enfoque punitivo como consecuencia del fracaso de la tregua con las pandillas (Van der Borgh y Savenije, 2019). Aunque la tregua durante la administración de Mauricio Funes resultó en un descenso del número de homicidios (Cruz y Durán-Martínez, 2016), la oposición de actores políticos, institucionales y sociales socavaría el apoyo al proceso de negociación, lo que conduciría a la reactivación de la violencia criminal cuyo pico histórico se alcanzó en 2015 con la cifra de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes (UNODC, 2023).

Por tanto, la ruptura de la tregua significó el inicio de la etapa de securitización de las maras que se vio consolidada en 2015 cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró como terroristas a las maras e ilegal cualquier intento de negociación con estas organizaciones criminales (Rauda Zablah, 2015). Con este respaldo, el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) expidió una serie de medidas extraordinarias en centros penitenciarios y ordenó operativos conjuntos entre policías y militares en zonas de dominio marero (Bergmann, 2020), logrando para el final de su mandato reducir casi a la mitad la cifra de homicidios desde la ruptura de la tregua.

En este contexto, la llegada de Nayib Bukele a la presidencia no representó un cambio en las políticas punitivas de sus predecesores[2]. Por el contrario, hay una continuidad de la política de seguridad de corte represivo con el incremento de recursos públicos para los presupuestos de los ministerios de Defensa y Seguridad Pública, el aumento de la conscripción (Rocha Gómez, 2022) y el uso comunicacional de las redes sociales para desplegar estrategias discursivas que promueven el combate frontal contra las maras, considerándolas estructuras terroristas desde el inicio de su administración (Bukele, 2019).

Ciertamente el consenso punitivo en El Salvador ya estaba instalado tanto en las élites políticas de ambos partidos políticos como en los ciudadanos. La llegada de Bukele a la presidencia no alteró precisamente este consenso ya que aquello le hubiese costado electoralmente. No obstante, hubo un cambio fundamental: la articulación entre la securitización del crimen organizado con la justificación de concentrar poder político. Tanto los gobiernos de ARENA como del FMLN habían diseñado e implementado la política de seguridad a partir de los procedimientos democráticos gracias al monopolio representativo que hasta entonces gozaban. Sin embargo, los cuestionamientos al desempeño en el control de la violencia pandillera y los escándalos de corrupción de sus administraciones comprometieron la credibilidad de la democracia bipartidista (Pocasangre, 2021). En esa línea, Perelló y Navia (2022) argumentan que el núcleo de votantes de Bukele aglutinó tanto a los votantes decepcionados del FMLN como a votantes insatisfechos y críticos del funcionamiento de la democracia, lo que nos ilustra cómo las preferencias iliberales del electorado pueden haber empujado a la prolongación de la securitización bajo un liderazgo menos comprometido con las prácticas democráticas.

IV.2. Mecanismo causal: entrada deductiva

La construcción del mecanismo causal parte de los hallazgos de la literatura. Tomamos como punto de referencia los recientes trabajos sobre el fenómeno de la militarización en América Latina: la aplicación militarizada de la ley (Flores-Macías y Zarkin, 2021) y el efecto en el aumento de poderes de los gobiernos (Flores-Macías, 2023). Bajo nuestra explicación, la securitización del crimen organizado activa la aplicación militarizada de la ley como una medida extraordinaria para responder a la amenaza. Esta parte inicial del mecanismo causal en construcción comprende las acciones de los gobiernos para asignar recursos, estructura y adiestramiento militar a las fuerzas de seguridad (Flores-Macías y Zarkin, 2021). Es así como las fuerzas policiales pueden adoptar prácticas y equipamiento típico de los militares y/o las Fuerzas Armadas logran poner bajo su competencia las tareas de seguridad pública.

De la misma manera, Flores-Macías (2023) ha argumentado que el aumento de la violencia criminal lleva a los gobiernos a adoptar estados de excepción. Estas medidas extraordinarias terminan por causar una serie de efectos en la expansión de los poderes del Ejecutivo como el recorte de libertades y derechos, la remoción de las acciones de las fuerzas militares del control legislativo y judicial, a la vez que invade las competencias de gobiernos locales.

Para comprobar la existencia de la aplicación militarizada de la ley y la declaración del estado de excepción dentro del caso salvadoreño se aplicarán la prueba de la pistola humeante (smoking-gun test). Esta prueba establece un criterio suficiente (Collier, 2011) donde la existencia de una pieza de evidencia valida la hipótesis, pero la ausencia de esta no descarta completamente la hipótesis (Mahoney, 2012). En la Tabla 1 se presentan los resultados de la prueba de suficiencia para ambas partes teorizadas.

En el caso salvadoreño, ambas partes teorizadas están presentes, como muestran las pruebas de pistola humeante. La militarización de la aplicación de la ley se ha evidenciado en la implementación del Plan de Control Territorial (PCT), que consta de siete fases con las que el Gobierno ha buscado reducir la violencia criminal mediante el involucramiento de más efectivos militares en el combate a las maras (Stelmach, 2022). Asimismo, como una secuela de la securitización del crimen organizado en el escenario político, Bukele intentó fallidamente en 2020 presionar con la fuerza militar al Parlamento opositor para aprobar de una ley para financiar con un empréstito las fases posteriores de PCT, un episodio de choque institucional que posteriormente tendría eco con el desconocimiento del presidente de los fallos de la Corte Suprema de Justicia frente a sus decisiones respecto a los confinamientos forzosos como respuesta a la pandemia del covid-19.

Por otro lado, a finales de marzo de 2022, el Gobierno decretó el estado de excepción bajo la justificación de un repunte de la violencia criminal. Tras el asesinato de 87 personas por parte de la pandilla MS-13, Bukele planteó a la Asamblea la aprobación del régimen de excepción (Consejo de Ministros de El Salvador, 2022). Bajo esta medida se suspendieron el derecho de asociación, las garantías judiciales a la presunción de inocencia y la detención administrativa, así como la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones de los ciudadanos (Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 2022a). En el Gráfico 1 se presentan las partes del mecanismo causal en su etapa deductiva.

IV.3. Mecanismo causal: momento inductivo

Sin embargo, las dos partes deductivas del mecanismo no son suficientes para explicar el camino hacia la autocratización en El Salvador. La evidencia del caso nos advierte que entre ambas partes han mediado una serie de eventos que explican con mayor profundidad el camino causal hacia la autocratización. Siguiendo la estrategia inductiva centrada en el rastreo de procesos retrospectivo se conceptualizan a partir de la evidencia hallada en el caso de las partes que complementan el mecanismo causal.

El régimen de excepción se justificó como una medida extraordinaria del Gobierno Bukele ante el incremento repentino de los homicidios. Para 2021, la tasa de homicidios había caído a 18 homicidios por cada 100.000 habitantes (UNODC, 2023), lo que se atribuía exclusivamente a la implementación de las fases del PCT. No obstante, entre noviembre de 2021 y marzo de 2022 se registraron dos picos de violencia (Papadovassilakis, 2022; Robbins, 2021) que torpedearon la narrativa de Bukele sobre el control de la violencia de las maras. Además de demostrar la capacidad violenta de las pandillas, estos hechos descubrieron la fragilidad del acuerdo informal con las maras que el Gobierno había estado gestando desde el inicio de su periodo. Concretamente, las investigaciones periodísticas llevadas a cabo por El Faro han expuesto que el incremento de la violencia criminal que llevó a la implementación del estado de excepción estuvo relacionado con la ruptura de un acuerdo informal entre el Gobierno Bukele y las maras[3] (Martínez, 2022).

Dicho acuerdo informal tenía por objetivo reducir los homicidios para elevar la popularidad del Gobierno Bukele aprendiendo de las experiencias pasadas que indicaban que la aplicación exclusiva de la represión había fortalecido a las pandillas. Es así como el acuerdo comprometía a las tres grandes maras salvadoreñas (MS-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios) a disminuir los ataques entre ellas y contra los funcionarios policiales y militares para mejorar la percepción de seguridad. A cambio, el Gobierno se comprometía a mejorar las condiciones de los pandilleros en las cárceles mediante la reversión de medidas represivas como el agrupamiento de miembros de distintas maras en un mismo centro penitenciario (Martínez et al., 2020). En ese sentido, otras evidencias apuntan a este pacto registrando la inusual colaboración de las maras para el cumplimiento de la cuarentena en varias zonas de la capital salvadoreña (Martínez y Martínez, 2020) y la garantía a las maras de la aprobación de una nueva ley carcelaria en caso de vencer el partido de Bukele en las elecciones legislativas (Valencia, 2022). Por tanto, la reducción de los homicidios combinó la presencia de militares y policías en las calles con la voluntad de las pandillas de cesar la violencia (International Crisis Group, 2020).

Conceptualmente, estos hechos se pueden definir en torno al concepto de gobernanza crimilegal (Schultze-Kraft, 2019), definido como el ejercicio de la autoridad política mediante la combinación fluida de los medios legales y los criminales. Siguiendo esta definición, el acuerdo informal del Gobierno Bukele con las maras se conceptualiza como la creación de una gobernanza crimilegal, mientras que las olas homicidas que condujeron a la declaración del estado de excepción se interpretaron como la ruptura de la mencionada gobernanza.

No obstante, el rompimiento de ese acuerdo informal no habría sido suficiente para conducir a la declaración del estado de excepción. Para ello era necesario concentrar los poderes públicos en manos del Gobierno para lograr tal medida excepcional. Aunque los homicidios disminuyeron entre 2019 y 2021 gracias a la combinación de mano dura y negociaciones informales con las pandillas, la coalición de gobierno seguía siendo minoritaria[4] e incapaz de proteger al presidente de las acusaciones de la Fiscalía por malversación de fondos durante la pandemia (Calderón, 2020). Las elecciones de 2021 se presentaron como una oportunidad de superar esta situación gracias a la aprobación presidencial de Bukele del 83 % (Directorio Legislativo, 2021) y al ascenso en la intención de voto de su partido, Nuevas Ideas (NI), que aventajaba por 30 puntos porcentuales a ARENA y el FMLN[5] (Instituto Universitario de Opinión Pública [IUDOP], 2021). Finalmente, el partido de Bukele y sus aliados alcanzaron 63 de las 84 curules de la Asamblea Legislativa (Córdova Macías y Cubas, 2021; Meléndez-Sánchez, 2021), suficientes para lograr los dos tercios requeridos para legislar sin negociar con otras formaciones políticas.

Además de lograr la mayoría legislativa, Bukele se aprestó a copar las instituciones judiciales. Mediante un procedimiento irregular y expedito, NI y sus aliados destituyeron a los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general (France 24, 2021; Fundación para el Debido Proceso, 2022) y llenaron sus vacantes con miembros afines al Gobierno. Asimismo, la purga se extendió a varios niveles de la Administración de justicia (Miranda, 2021). Con estas maniobras, Bukele blindó sus decisiones frente a cualquier veto institucional. Con un legislativo controlado, el régimen de excepción fue aprobado sin apenas oposición e incluso la destitución del fiscal Raúl Melara y su desplazamiento por un funcionario cercano al Gobierno permitió tanto el desmonte de diversas investigaciones respecto al presidente y su círculo cercano como instrumentalizar la fiscalía para perseguir a sus opositores. De la misma manera, la elección de nuevos magistrados de la Sala Constitucional favoreció la anuencia con la profundización de la securitización y, en particular, abrió el camino a la postulación del presidente Bukele para el periodo 2024-2029, aun cuando la Constitución lo prohíbe (Gavarrete et al., 2021).

IV.4. Resultado: autocratización

Como consecuencia de la aplicación del régimen de excepción, El Salvador ha transitado a un escenario de autocracia electoral. La extensión ininterrumpida del régimen de excepción ha posibilitado la violación de derechos y libertades (El Parlamento de El Salvador Aprobó la decimosexta prórroga del régimen de excepción que suspende las libertades y garantías, 2023). Evidentemente, se ha profundizado la securitización con el endurecimiento de las penas contra pandilleros y sus colaboradores mediante seis reformas del Código Penal (Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 2022b) y la aprobación de los juicios colectivos que vulneran el debido proceso de los detenidos (Parlamento de El Salvador aprueba juicios colectivos, 2023). Sin embargo, un rasgo relevante ha sido la extensión de la represión a la sociedad civil y los opositores políticos. Por un lado, se estima que alrededor de 5.000 personas han sido víctimas directas de los abusos cometidos por policías y soldados dentro del estado de excepción (Deutsche Welle, 2023; Human Rights Watch y Cristosal, 2022) mientras que el Gobierno ha adoptado una legislación que castiga a los periodistas con 15 años el cubrimiento de noticias relacionadas con las pandillas (Nueva ley adoptada en El Salvador sanciona con penas de hasta 15 años de prisión a los periodistas que den cobertura informativa a las pandillas, 2022). Por otro lado, el uso de la justicia contra los opositores y el espionaje ha sido evidente para acosar a miembros de partidos políticos, sindicatos e incluso funcionarios disidentes de su Gobierno. Esto ha generado que en el país se haya instalado un estado policial en la que la sociedad civil está en constante riesgo de que el ejercicio de sus derechos políticos sea criminalizado.

Por otro lado, durante el régimen de excepción se desequilibraron las normas de representación política. Gracias a la supermayoría legislativa, Bukele sancionó la reforma electoral para reducir la composición de la Asamblea Legislativa de 84 a 60 diputados y del número de municipios de 262 a 44 (Campos Madrid, 2023). En las elecciones legislativas de 2024, NI logró consolidar su completo dominio de la Asamblea Legislativa obteniendo 54 de los 60 escaños, pulverizando cualquier presencia opositora. Asimismo, tras una campaña electoral poco competitiva, Bukele logró reelegirse para un segundo periodo con el 84,6 % de los votos, con lo que consolida una nueva etapa en El Salvador signada por la hegemonía del bukelismo.

En el Gráfico 2 se sintetiza la explicación causal. El argumento construido es que el camino hacia la autocratización en El Salvador combinó la preservación de las políticas de seguridad de gobiernos del bipartidismo con la intención y las oportunidades políticas de Bukele para desmantelar los contrapesos institucionales. Mientras se fortaleció el consenso punitivo de los gobiernos de ARENA y el FMLN mediante la articulación de políticas de mano dura y las negociaciones informales con las pandillas, la reducción de las tasas de homicidios fue capitalizada por Bukele para perseguir la concentración de poder después de las elecciones legislativas de 2021. La grieta en la política de seguridad tras las olas homicidas de 2022 supuso una coyuntura clave para acelerar el proceso de autocratización con la declaración del estado de excepción, que con el tiempo no solo desarticuló la mayoría de las estructuras pandilleras, sino que extendió la represión hacia la sociedad civil y configuró un escenario político que favoreció la controversial reelección presidencial y la construcción de una hegemonía partidaria en manos de NI.

V. Conclusiones

Este artículo ha buscado contribuir a la literatura de los estudios de seguridad y la autocratización a través de dos líneas. Por un lado, ha profundizado mediante el uso extensivo del rastreo de procesos sobre el mecanismo causal que conecta la persistencia de las políticas de mano dura con el desmantelamiento de las instituciones liberales de la democracia. En ese sentido, la existencia de un consenso punitivo y su interacción con un líder con aspiraciones hegemónicas resultó en un riesgo para la supervivencia de la democracia. Bukele logró la popularidad continuando las políticas de seguridad de sus predecesores, pero se diferenció en su voluntad de avasallar al Parlamento y los tribunales para consolidar la securitización y beneficiarse tanto de sus resultados electorales como del aparato represivo para transformar el régimen político.

Sin embargo, si el consenso punitivo, la volatilidad de los acuerdos crimilegales y el debilitamiento de la separación de poderes fueron las claves del fenómeno en El Salvador, habría que preguntarse por qué algunos países con similares políticas de securitización no han caído en el autoritarismo. Brasil, Ecuador y Honduras son ejemplos de «democracias violentas» que mantienen la resiliencia de sus instituciones democráticas aun cuando sus intentos de militarización de la seguridad pública no han sido exitosos y, por el contrario, han causado cientos de muertos por parte tanto de actores estatales como no estatales. En esa línea es posible establecer diferencias y coincidencias a priori de Bukele frente a otros mandatarios de la región: su falta de vetos partidarios internos y de una oposición parlamentaria lo distancia de presidentes como Xiomara Castro o Lula da Silva, pero su perfil de candidato independiente lo aproxima al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa. Asimismo, circunstancias como la crisis del sistema de partidos y los interregnos de inestabilidad en el gobierno también facilitan la comparación entre los casos ecuatoriano y salvadoreño para comprender las oportunidades políticas de la ocurrencia de un evento de autocratización.

Futuras investigaciones podrían avanzar en la comprensión de las tendencias regionales a partir de la comparación de variables de especial atención como la organización del Estado y sus fuerzas de seguridad, el sistema de partidos, la configuración de actores criminales y las condiciones socioeconómicas. Ciertamente, la criminalidad se ha posicionado como uno de los eslabones perdidos de la erosión de la democracia, por lo que casos como los de El Salvador sirven de referencia empírica para analizar los mecanismos que impulsan los contraproducentes efectos de las políticas de seguridad que provocan el socavamiento de los límites de la democracia en tiempos de alta inseguridad.

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Anexo