ISSN: 1130-2887 - e-ISSN: 2340-4396
Andrés Felipe Cortés Aguilar, Camilo Eduardo Espinosa, Carolina María Horta, David Roll Vélez, Javier Duque Daza, Luis Fernando Álvarez, Juan Daniel Elorza Saravia, Luis Horacio Botero Montoya, Luz Margarita Cardona-Zuleta, Manuel Alcántara Sáez, Martha Liliana Gutiérrez, Mary Luz Álzate-Zuluaga, Porfirio Cardona Restrepo y Yulieth Carvajal Londoño, convergen en esta obra con la intención de ejecutar desde la acción teleológica el proceso de análisis interpretativo que permite desentrañar el verdadero espíritu constitucional de la Carta Magna de 1991, reflexionando sobre sus aciertos, conflictos y contradicciones reflejados desde el acercamiento meramente formal con la norma constitucional hasta el análisis profundo de su orientación material, que a su vez permite entrever la intersección con el carácter jurídico, político, filosófico y social en relación con la necesidad circunstancial de la creación normativa y en contraste con el dinamismo de la realidad social y su insondable vínculo con las instituciones y el poder.
En un principio, el texto se estructura con el desarrollo del prólogo realizado por el profesor y exmagistrado del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez, quien reconoce que la obra es un esfuerzo mancomunado para ahondar en las profundas pasiones y vivencias que han circundado el desarrollo normativo constitucional, en cuanto afirma que, a través de la lógica del metalenguaje, ha sido posible comprender las finalidades y los efectos de las disposiciones normativas más allá de la expresión lingüística; el lenguaje simbólico ha sido factible y viable para la regulación de lo que no se dice de forma expresa y directa.
Posteriormente, como aspectos introductorios, el profesor Manuel Alcántara Sáez desarrolla importantes consideraciones para el análisis de la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo como aspecto esencial en la acción política y su impacto en América Latina desde 1978 hasta la actualidad, haciendo alusión particular al funcionamiento del presidencialismo.
En efecto, luego de la parte introductoria, el libro se compone en tres grandes vertientes, la primera corresponde a Estado y derecho, en la que se aborda «Las libertades civiles en Colombia 1990-2022. Tres décadas de ciudadanía limitada», de autoría del profesor Javier Duque Daza, que encauza su argumento principalmente en analizar la consagración de las libertades civiles en Colombia, tomando como punto de orientación la constitución del 91, y el cómo se acogió un modelo garantista en relación a los derechos y libertades civiles. Además, aborda el panorama de incongruencia que se presenta al relacionar los derechos formalmente señalados en la Carta Magna y el desarrollo de los mismos en la realidad, en la que se evidencia de manera sistemática la afectación sustancial de las libertades civiles, situación que comparte a modo de ilustración en distintos cuadros estadísticos y finaliza su intervención explicando brevemente cuales son los factores que originan dichas limitaciones.
Por otra parte, Juan Daniel Elorza Saravia, en su capítulo: «La Carta del 91: la nave de Teseo en el lecho de Procusto», mediante su aproximación a las narrativas griegas, propone el tema sobre la distinción clásica del constitucionalismo: la diferencia entre la constitución como texto jurídico-político y la constitución como práctica político-jurídica, en la que afirma que no es una denominación caprichosa y que distan de manera determinante un concepto del otro. Principalmente se interesa por revelar la práctica constitucional desde las relaciones entre los ciudadanos y el Estado; así mismo, expone su primer acercamiento con la constitución colombiana, su entusiasmo por las transformaciones constitucionales y el camino hacia la revelación de su verdadera vocación. Además, prosigue con la narración sobre la práctica constitucional antes de la Carta del 91, haciendo énfasis en una herramienta que surgió entonces, como lo fue la Acción Publica de Inconstitucionalidad como medio para alivianar el autoritarismo conservador de la Constitución de 1886, y como un mecanismo de control judicial de la ley, que le abriría paso a la supremacía constitucional, y que considera debe conservarse a ultranza.
Elorza Saravia, también aborda la acción de tutela en la conformación de la práctica constitucional colombiana, señalando que la incorporación de este mecanismo de protección de derechos fundamentales generó que la ciudadanía afianzara su vínculo con la constitución y promovió el sentido de pertenencia sobre los derechos que detentamos. Además, de confesar su entusiasmo por la argumentación jurídica, el autor desarrolla algunas reflexiones finales sobre la necesidad de reformar la constitución, afirmando que deben adaptarse a los nuevos contextos sociales.
La segunda parte del libro, titulada el Ordenamiento territorial, comprende la «Descentralización política en Colombia. El caso de Medellín, Antioquia» cuyos autores son Carolina María Horta y Porfirio Cardona Restrepo quienes realizan en primera instancia una aproximación histórica del centralismo, y posterior a ello, explican la intención de la descentralización política, administrativa y fiscal, la cual consiste en fortalecer la relación de ciudadanos con el Estado y permitirles mayor intervención en la toma de decisiones y en la administración de los recursos públicos.
A partir de esos presupuestos, los autores se detienen en explicar el contexto social, político y económico del poder empresarial de Medellín, Antioquia. También desarrollan un análisis cronológico sobre la política de descentralización en los planes de desarrollo nacional desde el año 1983 hasta el año 1991 y finalmente, abordan la política de descentralización en Medellín a partir de la Constitución Política de 1991, concluyendo que pese a ser la ciudad que lidera las políticas de descentralización, continúa siendo un territorio con altos índices de pobreza, violencia y marginalidad.
Las investigadoras Luz Margarita Cardona-Zuleta, Mary Luz Álzate-Zuluaga y Yulieth Carvajal Londoño emprenden un análisis sobre «Mujeres de Medellín y su incidencia en el poder local a partir de la Constitución de 1991», donde explican, cuáles fueron las expectativas de las mujeres en torno a la reforma constitucional y la necesidad de sostener las políticas de inclusión de género que permitan una participación más activa en las comunidades locales y en todo el territorio nacional.
Culmina esta parte «Gobernanza territorial y poder ciudadano tras la Constitución Política de Colombia de 1991» de Luis Horacio Botero Montoya, quien se extiende en desarrollar el concepto de gobernanza como formula innovadora de gobierno, haciendo énfasis en su importancia en tanto que permite la incorporación de diferentes sectores y actores en torno a la materialización de la verdadera democracia participativa.
La tercera parte de la obra: Reformas constitucionales inicia con el tema «Jueces y Política en Colombia: a 30 años de la Constitución de 1991» por Martha Gutiérrez, quien aborda particularmente el poder judicial y cómo se evidenció una notable transformación de esta rama del poder público a partir de la constitución del 91; el concepto de justicia es el núcleo de su argumento.
Andrés Felipe Cortés Aguilar y David Alberto Roll Vélez plantean «De las promesas a los hechos. Un balance de las transformaciones de los partidos políticos a partir de la Constitución de 1991», donde examinan los cambios generados a partir de la Carta Magna del 91 en relación con del sistema político colombiano, mediante herramientas metodológicas que reflejan el estado actual en términos de democracia y transparencia.
En último término, Camilo Eduardo Espinosa-Díaz, se aproxima al tema «Mecanismos de justicia transicional: análisis de la Constitución de 1991», y aborda un tema de envergadura para la actualidad como lo es la justicia transicional y el por qué ha sido necesaria su implementación en el país, en razón de los trascendentales acontecimientos anteriores a la Constitución del 91.
30 años de la Constitución Política de Colombia. Análisis y perspectivas, es una obra que integra las reflexiones más relevantes sobre la Carta Magna del 91, e insta al lector a cuestionarse acerca del alcance, eficacia y razonabilidad de las disposiciones normativas contenidas en ella y como a partir de la rigurosidad analítica se pueden plantear iniciativas de trasformaciones que permitan una mejor adecuación al contexto social, político y jurídico del país, así como también propugna conservar las herramientas que fomentan la democracia participativa, fortalecen el sistema político, el poder institucional, y protegen efectivamente los derechos y garantías.
AJuan Pablo Quintero López
Universidad Pontificia Bolivariana