ISSN: 1130-2887 - e-ISSN: 2340-4396 DOI: https://doi.org/10.14201/alh.31163
Carlos Ugo Santander carlossantander@ufg.br 1
Ana Dirino anadirino@discente.ufg.br 1
Gabriela Peixoto gabriela_silva@discente.ufg.br 1
Gabriel Madeira gabriel.madeira@fgv.edu.br 2
1 Universidade Federal de Goiás
2 Fundação Getúlio Vargas
Envío: 2023-04-01
Aceptado: 2023-07-06
Publicación: 2024-07-31
RESUMEN: Este artículo identifica los factores relacionados con la participación de las mujeres en las comisiones parlamentarias. Se analizan datos de legislaturas de América Latina y se prueban tres factores interactivos con el género: ideología, experiencia parlamentaria previa y participación en la coalición de gobierno. A partir de un análisis multivariado, los resultados indican que, a pesar de haber conquistado importantes espacios de representación, las mujeres aún enfrentan desventajas y ocupan posiciones subordinadas dentro de esta institución, lo que afecta su desempeño y su carrera política.
Palabras clave: género; legislativo; comisiones ordinarias; representación política.
ABSTRACT: This article identifies factors related to the participation of women in parliamentary commissions. Data from legislatures in Latin America are analyzed and three interactive factors with gender are tested: ideology, previous parliamentary experience, and participation in the government coalition. Based on a multivariate analysis, the results indicate that, despite having conquered important spaces of representation, women still face disadvantages and occupy subordinate positions within this institution, which affects their performance and political careers.
Keywords: gender; legislative; ordinary committees; political representation.
El tema de la subrepresentación femenina es uno de los principales argumentos de los movimientos feministas, quienes luchan por la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones públicas. Desde una perspectiva feminista, los estudios legislativos buscan cuestionar las narrativas establecidas y analizar cómo las mujeres son incorporadas en los espacios políticos, tomando en cuenta sus condiciones de elegibilidad, los recursos simbólicos y materiales disponibles para ellas (Krook y Mackay, 2010; Norris y Lovenduski, 1995; Rezende, 2017). Incluso después de su elección, diversos estudios analizan el posicionamiento de las mujeres en las dinámicas internas del Legislativo, donde se observa un sesgo de género en la lucha por el poder (Krook, 2010; Marques, 2019).
Aunque se ha observado una tendencia hacia la ampliación de espacios de representación para las mujeres en el ámbito político, aún persisten numerosos obstáculos que limitan su plena participación y permanencia. Diversos estudios han destacado factores como los patrones diferenciados de socialización entre hombres y mujeres, la persistencia de roles de género tradicionales que limitan su acceso a la política, una estructura política masculinizada, la misoginia y la falta de acceso simétrico a recursos, entre otros desafíos. Sin embargo, es importante señalar que los estudios de género y feminismo raramente dialogan con el área de estudios legislativos, cuyo enfoque se ha centrado más en el poder de la agenda del Ejecutivo que en la del propio Parlamento (Marques, 2019, pp. 210-211). En esa perspectiva, el propósito principal de este estudio es identificar los factores que influyen en la indicación de las mujeres en las comisiones ordinarias de los Legislativos en América Latina en 2020.
Para realizar esta investigación, fue necesario clasificar las comisiones en las que las mujeres tuvieron mayor presencia. Se tomó como referencia el estudio de Heath et al. (2005), quienes establecieron cuatro tipos de comisiones: de Asuntos de la Mujer, de Asuntos Sociales, de Asuntos Económicos y Extranjeros, y de Asuntos de Poder. Sin embargo, la clasificación no se utilizó debido a que las comisiones denominadas «Asuntos de la Mujer» implicarían roles que se consideran propios de las mujeres, como las comisiones sobre adolescentes o niños; tampoco reconoce la heterogeneidad de las comisiones, como en los casos de medio ambiente o cultura. Además, en las comisiones denominadas «Asuntos de Poder», no se hace una distinción entre las de agricultura, defensa y economía.
Otra clasficación, es la propuesta por Miguel y Biroli (2011), quienes dividieron las comisiones de la Cámara de Diputados de Brasil en tres categorías: hard, soft y middle. Las comisiones de soft politics se enfocan en temas sociales, mientras que las de hard politics tratan los asuntos fundamentales para el ejercicio del poder del Estado y de la economía. Por último, las comisiones de middle politics abordan temas mixtos como previsión y cuentas públicas. No obstante, esta clasificación se basa en las dinámicas del Congreso de los Estados Unidos y no resulta adecuada para los países de América Latina debido a la heterogeneidad del trabajo legislativo y la fragmentación del poder en esta institución.
Para llevar a cabo esta investigación, se ha elaborado una clasificación propia que toma en cuenta las particularidades de los países de la región en cuanto al número, heterogeneidad e interdisciplinariedad de las comisiones ordinarias de las casas legislativas. Esta clasificación se divide en tres grupos, de asuntos políticos, asuntos económicos y asuntos sociales. Las comisiones de asuntos políticos están relacionadas con los núcleos de poder más cercanos a la estructura del Estado y son consideradas las más relevantes o estratégicas, así como las de mayor prestigio dentro de una casa legislativa; por ejemplo, las de constitución, justicia y relaciones exteriores, entre otras. Las comisiones de asuntos económicos, por su parte, se vinculan con el sector productivo del país, como las de industria, comercio y sistema financiero. Finalmente, las de asuntos sociales se enfocan en el núcleo principal de las políticas sociales o el papel redistributivo de las políticas públicas orientadas al bienestar social, como son las comisiones de educación, salud, asistencia social y cultura. Es importante destacar que esta clasificación es flexible y se ajusta a las particularidades de cada país.
Los estudios legislativos consideran que las comisiones parlamentarias son esenciales al proceso legislativo, incluyendo el papel informacional (Santos y Canello, 2016), en el presupuesto (Santiso, 2005), en las carreras políticas (Cirone y Van Coppenolle, 2018) y en el proceso decisorio referente a la aprobación de leyes (Lupia y McCubbins, 1994). Además de eso, las nominaciones para las comisiones son importantes para entender la dinámica de género en las legislaturas (Bolzendahl, 2014; Funk et al., 2017; Heath et al., 2005; Prihatini, 2021; Rezende, 2015).
Estudios nacionales indican que algunas comisiones están asociadas a las mujeres debido a la naturaleza soft de sus temas, asociados a asuntos sociales, cultura, igualdad de género y educación (Heath et al., 2005; Miguel y Biroli, 2011); en contrapartida, otras definidas como hard, como defensa, relaciones exteriores y presupuesto, están relacionadas con los hombres. Investigaciones sobre comisiones legislativas sugieren que hay diferencias de género para este tipo de asignación, las mujeres estarían subrepresentadas porque las atribuciones se realizan teniendo en cuenta los papeles tradicionales de género (Schwindt-Bayer, 2010). Como resultado, las mujeres no son designadas para cargos de poder político y/o comisiones de prestigio, por lo tanto, son marginalizadas y sin las mismas oportunidades disponibles para los hombres (Heath et al., 2005).
Un estudio realizado en Costa Rica encontró que las comisiones parlamentarias son más activas, cuando lideran ellas. Sin embargo, siguen siendo minoría en muchas de las comisiones ordinarias (Funk y Taylor-Robinson, 2014). En Argentina se ha sugerido que las mujeres eran marginadas en las comisiones de asuntos políticos debido a la reacción contra las cuotas de paridad de género. Más de una década después de la adopción de estas políticas, las mujeres han aprendido a negociar para obtener mejores posiciones de poder en el Parlamento (Barnes, 2014).
El concepto de discriminación vertical y horizontal de las mujeres en el Parlamento, introducido por Drude Dahlerup (2006), destaca que, aunque la participación femenina en los Parlamentos ha aumentado, las mujeres aún enfrentan dos formas de discriminación: 1) discriminación vertical, que resulta en su menor presencia en cargos de liderazgo, como las presidencias de comisiones legislativas, y 2) discriminación horizontal, donde son asignadas a cargos considerados «femeninos» o a comisiones menos estratégicas.
En México, se demostró que las cuotas de género tuvieron un efecto positivo en la representación de las mujeres en las comisiones ordinarias, y no se encontró evidencia significativa de que las mujeres tuvieran menos posibilidades de ocupar estos puestos después de la implementación de las cuotas de paridad (Kerevel y Atkeson, 2013).
Diferentes factores se han identificado en la asignación de las mujeres para las comisiones parlamentarias, incluyendo implicaciones culturales, estereotipos de género, el proceso de selección institucional de mujeres candidatas, la ideología del partido, el acceso de las mujeres a cargos de poder a nivel partidario (Heath et al., 2005) y factores personales, incluyendo las experiencias anteriores (Espírito-Santo y Sanches, 2020). Un estudio realizado en el Parlamento portugués encontró que las diputadas tienen más probabilidades de ser asignadas a comisiones de asuntos sociales, independientemente de su experiencia previa y tiempo en el Parlamento, mientras que la probabilidad de que tanto mujeres como hombres sean indicados para comisiones de cuestiones económicas y de asuntos políticos es similar (Espírito-Santo y Sanches, 2020).
Se considera que los partidos políticos son una fuente clave para promover la igualdad de género en la coordinación de actividades en las comisiones. Por lo tanto, la afiliación a un partido político tiene un impacto directo en la obtención de una nominación en comisiones estratégicas. Sin embargo, las investigaciones sugieren que en América Latina se ha marginado a las mujeres al asignarles encargos que tratan exclusivamente de «temas de mujeres» como es el caso de las comisiones específicas para tratar temas de género, manteniéndolas alejadas de las comisiones de asuntos políticos en los Legislativos latinoamericanos (Heath et al., 2005).
Aunque haya una mayor presencia numérica de mujeres en el Legislativo aún no se garantiza su plena incorporación, ya que los hombres continúan acumulando los escasos recursos y con ello el poder político.
En cuanto a las condiciones laborales de las mujeres en el ámbito legislativo, se ha comprobado que el factor de género juega un papel central en el reclutamiento de mujeres para «comisiones de asistencia social, cuyas competencias reproducen actividades tradicionalmente femeninas» (Rezende, 2015, p. 165 - traducción libre). Por el contrario, otras comisiones como la de constitución valoran la experiencia legislativa.
Existen varios factores que pueden explicar la composición de las comisiones legislativas, desde las coaliciones de gobierno hasta las características históricas de consolidación de los espacios políticos. Al examinar diferentes países de una región, se observa una heterogeneidad de realidades que, sin embargo, se entrecruzan en el análisis desde la perspectiva de género (Krook, 2010). En cuanto a la participación de las mujeres, las investigaciones sobre género y política ofrecen indicadores importantes sobre las desigualdades en cuanto a la ocupación de espacios públicos y privados (Pateman, 1993), donde lo masculino se apropia de lo político situado en la esfera pública (Darcy, 1996; Taylor-Robinson y Heath, 2008), debido al carácter patriarcal de las instituciones políticas (Miguel y Biroli, 2010) y las dificultades del trabajo de reproducción social, que recae principalmente en las mujeres (Federici, 2019; Matos, 2010).
La hipótesis general planteada es que, a pesar del aumento en el número de mujeres en las elecciones parlamentarias, lo cual contribuye a reducir la desigualdad de género al ocupar espacios de representación, esto se ha traducido en una menor ocupación proporcional de posiciones en comisiones estratégicas o relevantes dentro de los Legislativos en América Latina. Por lo tanto, se puede afirmar que las mujeres continúan ocupando una posición subalterna cuando son designadas para estas comisiones. En otras palabras, aunque las mujeres logren posiciones de paridad en los procesos electorales, todavía son marginadas debido a los atributos de género, lo que las lleva a ocupar posiciones menos estratégicas en el trabajo interno del Legislativo.
Como desdoblamiento de esta proposición, se presentan también las siguientes hipótesis:
H1: La posición ideológica de los parlamentarios contribuye a que las mujeres ocupen determinadas comisiones ordinarias.
La inclusión de la posición ideológica ha sido importante en la medida que la pauta de género se debate de diferentes formas de acuerdo con la posición ideológica de los partidos. Es necesario destacar la dificultad de encontrar un cuerpo teórico común que permita una clara clasificación de los partidos políticos según la ideología y que haya permitido su aplicación a todos los países analizados. En todo caso, se puede observar, por medio de las teorías de género, especialmente las feministas, que los partidos de izquierda han adoptado históricamente la pauta feminista, mientras que los partidos de derecha –incluso con el aumento de una mayor demanda de derechos de las mujeres‒ suelen tener posiciones conservadoras o incluso se oponen explícitamente a la importancia de lograr la paridad de género.
H2: La experiencia obtenida previamente en mandatos de elección anterior en la casa legislativa aumenta la probabilidad de nombramiento para comisiones de asuntos políticos.
La bibliografía sobre las ventajas de la incumbencia indica que, cuanto mayores son los índices de reelección, menor es la representación de las mujeres en los cargos representativos (Schwindt-Bayer, 2005). La experiencia previa de un parlamentario o parlamentaria en el trabajo político dentro del Legislativo es relevante, ya que dicho ámbito es un espacio altamente competitivo por recursos y mayor visibilidad, factores clave para el desarrollo de una carrera política en el Parlamento. La experiencia previa, como haber ocupado un mandato parlamentario anterior, podría situar al parlamentario o parlamentaria en una posición estratégica favorable para buscar la participación en comisiones ordinarias de importancia estratégica.
H3: Las mujeres vinculadas al partido o coalición de gobierno tienen mayor probabilidad de participación en comisiones de asuntos políticos, comparadas a las mujeres en partidos de oposición.
La literatura sobre los Parlamentos latinoamericanos en las últimas décadas indica que la principal división entre parlamentarios se da entre aquellos que apoyan el Gobierno y los que hacen oposición (Limongi, 2006; Morgenstern et al., 2008; Zucco, 2009). Se ha observado que las mujeres parlamentarias vinculadas al partido de gobierno tienen mayores probabilidades de ocupar posiciones estratégicas, especialmente en aquellas relacionadas con la agenda política del Ejecutivo. Esto se debe a que el Gobierno suele buscar tener un mayor control sobre la agenda legislativa y, por tanto, la designación de mujeres en estas comisiones puede formar parte de su estrategia política. Por otro lado, para los parlamentarios de oposición, puede resultar más difícil acceder a estas posiciones y tener un papel activo en la toma de decisiones sobre la agenda legislativa.
La investigación examinó 13 países de América Latina, de los cuales cinco tienen una estructura unicameral: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Perú; mientras que los países bicamerales son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Uruguay. Para este estudio, el análisis de las comisiones ordinarias de las cámaras bajas equivalen a las comisiones ordinarias de los países unicamerales. Se recopilaron datos durante el segundo semestre de 2020 a través de la búsqueda en los sitios web oficiales de cada Parlamento. Algunos países tuvieron que ser excluidos debido a la falta de plataformas en funcionamiento o a la falta de actualización de la información. Se definió a las comisiones ordinarias principalmente por su carácter permanente en el tiempo y su especialización continua en los trabajos legislativos.
Es importante destacar que se encontró una gran heterogeneidad de comisiones, más allá de los diferentes diseños y formatos encontrados en la estructura legislativa (Colomer y Negretto, 2003). Sin embargo, se identificaron puntos de comparación y se determinaron las comisiones parlamentarias con mayor potencial de visibilidad y recursos (Rohde, 1979; Samuels, 2000), cuyos espacios se evaluaron como propicios para impulsar una carrera política.
La variable dependiente de la investigación consideró un total de 496 comisiones ordinarias de 13 Legislativos de América Latina. Estas comisiones se clasificaron en tres categorías: asuntos políticos (29,6 %), asuntos económicos (31,2 %) y asuntos sociales (39,0 %)[1].
Tenemos cuatro variables independientes que consideramos en nuestra investigación. La primera de ellas es el porcentaje de mujeres, que corresponde a la proporción de parlamentarias en las Cámaras de Diputados y Senado en América Latina en las últimas elecciones previas al 2020. En general, se observa que las mujeres siguen siendo una minoría representada en los países analizados, con excepción de Argentina, Costa Rica, Bolivia y México, donde se adoptaron cuotas paritarias y se obtuvieron los mejores resultados en términos de representación femenina en ambas cámaras.
La segunda variable es la ideología. En la literatura, frecuentemente se asocia la designación ideológica «derecha» como contraposición a los movimientos feministas y a las demandas de las mujeres en general. También es posible percibir que la relación entre los grupos feministas y los grupos de izquierda, especialmente parlamentarios, está llena de dudas sobre la capacidad de estos últimos para promover llevar adelante las agendas feministas (Varikas, 2013). Aun así, los partidos de izquierda demuestran mayor compromiso con la pauta de la participación de las mujeres en el Legislativo, ya que esto se relaciona con su defensa de los derechos de las minorías y grupos en condición de vulnerabilidad (Caul, 1999).
La experiencia previa en el Parlamento es otra de las variables independientes que consideramos, la cual se relaciona específicamente con la probabilidad de reelección y es relevante para identificar la continuidad o no de la carrera política de las mujeres en el Legislativo de sus países. Si en algunos países de América del Norte, donde el sistema electoral se enfoca en el distrito y el desarrollo común de carreras políticas, las parlamentarias tienden a volver a ser premiadas por el electorado, como sugiere Susan Franceschet (2008); ya en los países de América Latina, el índice de reelección es bajo. García y Rivas (2021), basados en datos del Proyecto Élites Parlamentarias Latinoamericanas (PELA-USAL) recopilados de 2000 a 2019, encontraron que la permanencia de los hombres en el Legislativo alcanza el 35 %, mientras que la de las mujeres solo llega al 23,4 %. Además, el porcentaje de hombres que no han permanecido en la Cámara de Diputados ha sido del 59,2 %, mientras que el de las mujeres alcanza el 70,1 %.
Por último, la variable vinculación de las parlamentarias que forman parte de la oposición o del partido/coalición gobernante busca identificar si las mujeres, de acuerdo con su posición frente a esta dinámica (apoyo/oposición), tienen ventajas como parte de la estrategia desarrollada por el Poder Ejecutivo, esto en consonancia con la literatura sobre presidencialismo, donde el presidente busca tener un dominio de la agenda legislativa y con ello control del proceso decisorio. Cada una de estas variables tiene un impacto en la representación femenina en los Parlamentos de la región.
En nuestro modelo empírico (Ecuación 1), llevamos a cabo una serie de regresiones logísticas, cada una con una de nuestras cuatro variables independientes. En primer lugar, nos interesó analizar el impacto de ser mujer con relación a ser hombre en cuanto a la participación en las comisiones legislativas. En segundo lugar, dado que nuestras hipótesis están condicionadas, hemos estimado modelos interactivos entre el género y cada uno de los moderadores.
Membresíait = β0 + β1Géneroi + β2Porcentaje de mujeresi + β3Ideologíai + β4Experienciai + β5Gobiernoi + β6(Géneroi × Porcentaje de mujeresi) + β7(Géneroi × Ideologíai) + β8(Géneroi × Experienciai) + β9(Géneroi × Gobiernoi) + ϵit |
(1) |
Las tres variables dependientes principales miden la membresía en cada una de las tres categorías de comisiones legislativas: comisiones de asuntos políticos, comisiones de asuntos económicos y comisiones de asuntos sociales. La unidad de análisis en nuestro modelo es el legislador individual. Un legislador se codifica con el valor de 1 si forma parte de las comisiones y con el valor de 0 en caso contrario.
En nuestro modelo empírico, clasificamos a los participantes de las comisiones legislativas según su género (mujeres = 1, hombres = 0). En general, los parlamentarios son asignados a las comisiones legislativas de manera proporcional al resultado de las elecciones. Para facilitar la interpretación de nuestras hipótesis, utilizamos modelos interactivos (Brambor et al., 2006) para calcular conjuntos de probabilidades predichas de que un legislador promedio sea asignado a cada tipo de comisión, considerando el porcentaje de muxjeres en la legislatura, la ideología del partido (de izquierda a derecha), la experiencia previa y la membresía en el gobierno como moderadores.
Las variables independientes se operacionalizaron de la siguiente manera: se registraron parlamentarios activos en 2020, donde se estableció 1 para las que se identifican como mujeres y 2 para los que se identifican como hombres. No encontramos parlamentarios que se identifiquen con otras identidades de género. La variable relacionada con la vinculación política de las parlamentarias se codificó como 1 si estaban vinculadas al Gobierno y 0 si eran de la oposición o independientes. La tercera variable, que medía la ideología de cada partido, se evaluó en una escala de 0 a 20, donde la extrema izquierda representaba 0 y la extrema derecha 20. Se utilizó la medición basada en expertos para atribuir ideología a cada partido en los países latinoamericanos (Wiesehomeier et al., 2019). La variable de experiencia política previa en el Parlamento se calificó con 0 para los representantes sin experiencia y con 1 para los que habían tenido algún mandato previo en una función legislativa a nivel nacional.
Al analizar la variable de mujeres que ocupan un escaño en la Cámara Baja o de Diputados (ver Tabla 1), se puede observar que, a pesar de los criterios de paridad y cuotas establecidos para garantizar la representación femenina, esto no se ha traducido proporcionalmente en la participación de las mujeres en las comisiones más estratégicas, como son las de asuntos políticos de los Legislativos en América Latina. La excepción a esta tendencia es Bolivia, donde el 58 % de las mujeres ocupan estas comisiones. En México, Costa Rica y Argentina, países muy cercanos a la paridad, las mujeres están ligeramente subrepresentadas en estas comisiones. Sin embargo, en las comisiones de asuntos sociales, las mujeres están sobrerrepresentadas en estos cuatro países: Costa Rica con un 68,08 %, Bolivia con un 65,90 %, México con un 58,45 % y Argentina con un 57,46 %.
En Paraguay, donde el porcentaje de mujeres en la Cámara Baja es del 13,6 %, se observa que el 26,56 % de las mujeres ocupan las comisiones de asuntos políticos, lo que sugiere una mayor inclusión en estos espacios clave.
Se puede observar que la participación de las mujeres en las comisiones de economía en varios países de América Latina es proporcional y se refleja en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay. Sin embargo, en otros diez países, las mujeres están ligeramente subrepresentadas en estas comisiones, como es el caso de Argentina, donde, del 40,9 % de las parlamentarias, solo el 37,2 % componen estas comisiones. Es importante destacar que, en los países donde no se promovió la paridad por medio de cuotas, se evidencia una situación de desigualdad que refuerza posiciones subalternas dentro del Legislativo. Los casos más extremos son Brasil, Colombia y Uruguay.
Es interesante destacar que, en la mayoría de los países estudiados, se observa una concentración de mujeres en las comisiones de asuntos sociales que supera el porcentaje que representan en el Legislativo. La excepción es El Salvador, donde las mujeres presentan una proporcionalidad, a pesar de un número bajo de mujeres que obtuvieron representación.
Tabla 1. Porcentaje de parlamentarias y vínculo en las comisiones ordinarias en los Legislativos de América Latina
Cámara Baja (%) |
Cámara Alta (%) |
|||||||
Países |
% de mujeres en el Legislativo |
Comisión de asuntos políticos |
Comisión de asuntos económicos |
Comisión de asuntos sociales |
% de mujeres en el Legislativo |
Comisión de asuntos políticos |
Comisión de asuntos económicos |
Comisión de asuntos sociales |
Argentina |
40,90 |
37,28 |
29,81 |
57,46 |
40,30 |
34,59 |
39,55 |
65,85 |
Bolivia |
53,10 |
58,00 |
41,37 |
65,90 |
47,20 |
64,28 |
33,33 |
28,57 |
Brasil |
14,60 |
10,69 |
9,47 |
30,87 |
13,60 |
8,51 |
9,37 |
19,04 |
Chile |
22,60 |
25,00 |
14,17 |
28,82 |
23,60 |
19,44 |
26,41 |
31,42 |
Colombia |
18,30 |
9,78 |
23,76 |
27,77 |
21,70 |
24,63 |
18,96 |
53,12 |
Costa Rica |
45,60 |
41,52 |
46,00 |
68,08 |
- |
- |
- |
- |
Ecuador |
30,40 |
28,88 |
32,00 |
46,66 |
- |
- |
- |
- |
El Salvador |
33,30 |
17,50 |
25,00 |
31,64 |
- |
- |
- |
- |
Guatemala |
19,00 |
13,74 |
16,66 |
24,56 |
- |
- |
- |
- |
México |
48,20 |
42,89 |
40,00 |
58,45 |
49,20 |
50,96 |
40,00 |
61,04 |
Paraguay |
13,60 |
26,56 |
14,13 |
21,96 |
20,00 |
14,28 |
14,63 |
32,60 |
Perú |
30,00 |
26,26 |
21,53 |
36,03 |
- |
- |
- |
- |
Uruguay |
21,20 |
9,43 |
7,14 |
33,33 |
29,00 |
21,87 |
16,66 |
49,01 |
Promedio |
30,06 |
26,70 |
24,70 |
40,80 |
30,57 |
29,80 |
24,80 |
42,60 |
Fuente: Elaboración propia con base en sitios web oficiales de los Legislativos en América Latina.
En los países con Cámara Alta o Senado, también se observa una desproporción entre la composición de esta cámara y la participación de las mujeres en las comisiones de asuntos políticos. México es una excepción destacada, ya que ha logrado la paridad de género. En Bolivia, las mujeres son mayoría en la Cámara Alta (64,28 %), mientras que, en Colombia, donde la representación de mujeres es baja (21,7 %), se observa proporcionalidad en la comisión de asuntos políticos y las mujeres ocupan el 53,12 % de las comisiones de asuntos sociales. En Argentina, aunque la representación femenina también es baja (34,59 %), las mujeres componen el 65,85 % de las comisiones de asuntos sociales.
En los países que no han adoptado ningún criterio para garantizar la representación de las mujeres, la situación es aún más desigual. Además del reducido número de mujeres que obtuvieron representación, se refuerza el papel subalterno que históricamente han ocupado en los trabajos legislativos. Este es el caso de Brasil, donde solo el 13,6 % de las mujeres componen el Senado, mientras que el 8,51 % ocupan las comisiones de asuntos políticos, el 9,37 % las comisiones de asuntos económicos y el 19,4 % participa en las comisiones de asuntos sociales.
En los Gráficos 1 y 2, respectivamente para las Cámaras Bajas/de Diputados y Cámaras Altas/de Senadores, mostramos las probabilidades pronosticadas con intervalos de confianza del 95 % para cada escenario. Estos gráficos nos permiten visualizar cómo varía la probabilidad de asignación a un tipo de comisión para legisladores hombres y mujeres en diferentes situaciones.
A partir de los resultados obtenidos, se observa en los Gráficos 1 y 2 que, en las Cámaras Bajas, las mujeres tienen una mayor probabilidad de ser nombradas en las comisiones de asuntos sociales, lo cual resulta significativo y se mantiene robusto al incluir todas las variables especificadas en el modelo. Por otro lado, se observa que las mujeres tienen menos probabilidades de ser nominadas para comisiones económicas y políticas, aunque estos resultados no son estadísticamente significativos.
Además, se evidencia que la probabilidad de designación para cada una de estas comisiones cambia a medida que aumenta el porcentaje de mujeres en las legislaturas. El principal hallazgo de la investigación se observa en la primera línea, tercera columna del Gráfico 1, donde se muestra que, a medida que aumenta el porcentaje de representación de mujeres en los Legislativos, tanto hombres como mujeres tienen oportunidades semejantes de formar parte de las comisiones de asuntos políticos. Es decir, en las cámaras con un 50 % o más de parlamentarias, la probabilidad de ocupar escaños en las comisiones de asuntos políticos es similar para hombres y mujeres.
En cuanto a los resultados del modelo interactivo para el Senado (Gráfico 2), podemos observar que son similares a los de la Cámara de Diputados, aunque un poco más heterogéneos en lo que respecta a las comisiones de asuntos políticos. En las comisiones de asuntos sociales en ambas cámaras, hay un predominio de las legisladoras, mientras que, en las comisiones de economía y asuntos políticos, hay un predominio de los legisladores.
Sin embargo, en las cámaras altas, el efecto del género en las comisiones de asuntos políticos es moderado por las cuatro variables condicionales. En la línea cuatro del Gráfico 2, podemos observar que tanto las legisladoras como los legisladores tienen las mismas probabilidades de ser asignados a las comisiones de asuntos políticos, independientemente de la composición de la cámara, la ideología, la experiencia previa o la pertenencia al Gobierno.
En la cuarta columna del Gráfico 2, podemos ver, en términos de probabilidad, que la composición de la cámara, la ideología, la experiencia previa o la pertenencia al Gobierno no son factores que interfieran significativamente en la presencia de mujeres en las comisiones de asuntos políticos, en comparación con los hombres. Por lo tanto, el género sigue siendo el elemento preeminente.
Al analizar los resultados relacionados con la ideología del partido al que se vincula el legislador (H1), se observa que esta variable no tiene un impacto significativo en la probabilidad de que una mujer sea designada para una comisión de asuntos políticos. Del mismo modo, la ideología del partido tampoco es relevante para la designación de un hombre en dichas comisiones. En otras palabras, ser mujer en un partido de izquierda o de derecha no tiene influencia diferencial en su designación para una comisión de asuntos políticos. Por otro lado, se evidencia que los hombres tienen una probabilidad mucho mayor de ser designados en las comisiones de economía y política, independientemente de la posición ideológica del partido. Mientras tanto, las mujeres son designadas en mayor medida en las comisiones de asuntos sociales, nuevamente sin que la ideología del partido tenga un efecto significativo en esta asignación.
En la cuarta columna, segunda línea, del Gráfico 1, correspondiente a las cámaras bajas, se observa una ligera diferencia en la probabilidad de designación para las comisiones de asuntos políticos. En particular se muestra que la probabilidad de designación es ligeramente mayor para los legisladores de partidos de derecha en comparación con los de izquierda. Sin embargo, esta variación se aplica tanto para hombres como para mujeres, aunque la probabilidad sigue siendo mayor para los hombres. Es posible que esta diferencia se deba a un mayor poder de nombramiento de los partidos de derecha y no tenga relación con la condición de género del parlamentario.
En el Gráfico 2, se observa que, en las comisiones de asuntos políticos de las cámaras altas, hay una ligera variación entre hombres y mujeres de los partidos de izquierda, siendo que la probabilidad de designación para los hombres continúa siendo mayor. Sin embargo, en general se observa un equilibrio en la probabilidad de designación entre hombres y mujeres, y no se encontró una significancia estadística en la diferencia entre partidos de derecha y de izquierda para la designación de hombres y mujeres para estas comisiones. Es importante destacar que este patrón de aumento de la participación de las mujeres, particularmente en partidos de derecha, ha sido identificado por Santos y Amâncio (2012) al analizar la ley de paridad en Portugal. Sin embargo, aun con el aumento general, se puede afirmar que las mujeres de izquierda tienen menos probabilidades de ser nombradas para las comisiones de asuntos políticos, como también de asuntos económicos.
Según los resultados descritos en los gráficos mencionados, la variable de tener o no experiencia previa (H2) no influye en las comisiones de economía. Sin embargo, en las comisiones de asuntos políticos, tener un mandato anterior aumenta la probabilidad de participar en ellas, sin importar el género. Tanto hombres como mujeres experimentan un incremento en la probabilidad de ser designados si tienen experiencia previa.
En el caso de las comisiones de asuntos sociales, las mujeres tienen muchas más probabilidades de participar en ellas, independientemente de si tienen o no experiencia previa en comparación con los hombres, mientras que los hombres, incluso si tienen experiencia previa, participan en menor medida en estas comisiones.
Los datos indican que la experiencia previa no influye en las designaciones de las comisiones de economía, mientras que tener un mandato anterior aumenta las probabilidades de participar en las comisiones de asuntos políticos para ambos sexos. Además, se destaca la mayor probabilidad de participación de las mujeres en las comisiones de asuntos sociales, independientemente de su experiencia previa, mientras que los hombres muestran una participación más limitada en estas comisiones, incluso si tienen experiencia previa.
Según algunos estudios, las mujeres enfrentan obstáculos adicionales para acceder a cargos de liderazgo y tomar decisiones importantes, especialmente dentro de los partidos políticos. A menudo son percibidas como un grupo homogéneo, sin tener en cuenta sus habilidades y trayectoria, y se espera que aborden los problemas de manera más ética y moral (Pinheiro, 2006, p. 201). Este enfoque está relacionado con el llamado «pensamiento materno» en el feminismo, que sostiene que las mujeres tienen una perspectiva más sensible y ética debido a su asociación con el cuidado.
En cuanto a la variable de ser miembro del gobierno (H3), en las cámaras bajas se observa que no hay una influencia significativa en la probabilidad de ser designado para una comisión. Este hallazgo es relevante, ya que contradice la literatura sobre el poder de la agenda en el presidencialismo latinoamericano, que sugiere que los miembros del Gobierno buscan dominar las comisiones más influyentes en la toma de decisiones.
Los resultados para las cámaras altas son similares a los de las cámaras bajas. Sin embargo, se observa una diferencia que no se encontró en los efectos de experiencia en las comisiones de asuntos políticos. Las mujeres de un mismo partido o que forman parte de la base del Gobierno tienen menos probabilidades de ser designadas para comisiones, independientemente de su prestigio, lo que contradice algunos estudios previos sobre el tema.
Se ha observado que uno de los factores que pueden impulsar a las mujeres a ocupar posiciones de poder depende de la posición del partido político al que pertenecen o del vínculo que tienen con la alianza de gobierno. Sin embargo, los resultados de la investigación muestran que, incluso formando parte de una alianza de gobierno, las mujeres no son impulsadas a ocupar las comisiones más importantes. Esto indica que la participación de las mujeres en los partidos políticos que conforman la base de gobierno todavía las mantiene alejadas de los núcleos de poder. Estas asimetrías invisibles son una muestra de la continuación de la discriminación vertical (Drude Dahlerup, 2006) en la ocupación de cargos de dirección de las comisiones ordinarias, donde el 67 % están ocupados por hombres y solo el 33 % por mujeres.
De los resultados encontrados se puede concluir que la presencia de mujeres en las comisiones legislativas de asuntos políticos en América Latina, consideradas como estratégicas, es baja en general. Además, la participación de las mujeres en estas comisiones no es proporcional a su representación dentro del Poder Legislativo de cada país. Incluso en los países donde hay una mayor presencia de mujeres en el Legislativo, existe una desigualdad en el desarrollo de la carrera política de estas en comparación con la de los hombres, que no se justifica por factores como la ideología partidaria, la participación en la coalición gobernante y la experiencia previa.
A diferencia de algunos estudios, como el caso de Uruguay (Chasquetti y Pérez, 2012), que identifican que la posición de las mujeres en las comisiones ordinarias en el Legislativo no se explica solo por su género, sino también por una estructura de oportunidades determinada por variables institucionales que se encuentran en la ‘puerta de entrada’, nuestros datos muestran que, incluso en países que establecen una plena paridad en la ‘puerta de entrada’, las mujeres tienden a participar menos en las comisiones jerárquicamente establecidas, ya sean de asuntos políticos o económicos; en todo caso, se ubican en comisiones de asuntos sociales.
Del total de 496 comisiones identificadas en los Legislativos de 13 países de América Latina en 2020, solo 23 comisiones estaban mayoritariamente ocupadas por mujeres, y la mayoría de ellas se relacionaban con asuntos de género. Además, las tres comisiones vinculadas con asuntos políticos se encontraron encabezadas por mujeres en Bolivia y Costa Rica.
Aunque ser elegida para ocupar un escaño en el Poder Legislativo es importante, no es suficiente para garantizar el acceso equitativo a los recursos y oportunidades de desarrollo de carrera política en los legislativos. Incluso en países con políticas de igualdad de género más avanzadas, como la plena paridad, las mujeres todavía enfrentan obstáculos para acceder a los núcleos de poder.
Se puede afirmar que las mujeres predominan en gran medida en las comisiones de asuntos sociales, es decir, en aquellas que se encargan de temas menos estratégicos y que generalmente están relacionados con políticas sociales y/o funciones de cuidado, como la salud, la educación, la juventud, el bienestar, entre otros. De esta manera, las mujeres continúan siendo relegadas a cumplir un papel de género, asociado a los «atributos de la feminidad» (Federici, 2019; Miguel y Biroli, 2010).
La evaluación de las hipótesis indica que la afiliación ideológica de los partidos no tiene un impacto significativo en la asignación de mujeres en comisiones estratégicas, o con menos recursos, y que la experiencia previa, aunque influye en la participación en comisiones relevantes, no es diferente para hombres y mujeres. Este último punto es relevante ya que, a diferencia de lo que sugiere la literatura, en países como Costa Rica y México, donde la reelección parlamentaria consecutiva no está permitida, la experiencia previa puede influir en la asignación de mujeres en comisiones de asuntos políticos.
Finalmente, se puede constatar que las coaliciones políticas no intervienen en la inclusión de mujeres en las comisiones de asuntos políticos. Al eliminar estas variables, se observa que los roles sociales de género son los principales factores que influyen en la asignación de las comisiones, lo que genera una exclusión significativa en los Parlamentos de América Latina.
En general, el derecho al voto conquistado por las mujeres en el siglo XX no ha sido suficiente para transformar las estructuras políticas y lograr una representación equitativa en la división del trabajo político. Incluso en países donde la participación de las mujeres en la legislatura es relativamente prolongada, se evidencia una subrepresentación de género en las comisiones de asuntos políticos y económicos, esto es, en las comisiones estratégicas que deben permitir las mismas oportunidades en el impulso de las carreras políticas de estas.
Se observa que hay una división del trabajo político dentro de los Parlamentos, de modo que la división sexual del trabajo, incluida la política, no es solo apenas un efecto de género, sino que en sí misma lo produce (Biroli, 2016). Por lo tanto, la jerarquía de género que otorga la primacía del poder político y económico al género masculino se impone como principio organizador de la distribución del poder en las instituciones legislativas en América Latina, de acuerdo con la dicotomía entre lo público y lo privado, relegando a las mujeres a cuestiones relacionadas con el trabajo de reproducción social, como el cuidado de los niños, los ancianos, la educación, etc.
La paridad de género en la puerta de entrada es importante, pero no suficiente. Las mujeres todavía enfrentan barreras y desempeñan roles menos estratégicos en la política debido a la división sexual del trabajo y los atributos de género. Se evidencia que el género es una categoría crucial en el análisis político que permite entender la exclusión de las mujeres de los espacios de poder y su asignación en el trabajo de cuidados, que se ha explicado en gran medida por las teorías de la reproducción social.
En este sentido, consideramos que una agenda pública de investigación en el campo de las políticas públicas puede ayudar a revelar asimetrías en otros espacios que tradicionalmente presentan rigidez en el campo institucional, como es el caso del ámbito judicial en América Latina o en otros espacios en los cuales se abordan una serie de demandas que van más allá de la epresentación.
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Tabla A1. El efecto del género en la participación en las comisiones legislativas-Cámara Baja
Comisiones de asuntos políticos |
Comisiones de asuntos económicos |
Comisiones de asuntos sociales |
|
Mujeres |
-0,6358 (0,4002) |
-0,5419 (0,3377) |
0,6756* (0,3152) |
% de mujeres |
0,0117*** (0,0035) |
0,0025 (0,0032) |
-0,0138*** (0,0032) |
Mujeres × % de mujeres |
0,0078 (0,0067) |
-0,0077 (0,0059) |
0,0037 (0,0055) |
Ideología |
0,0141 (0,0091) |
0,0001 (0,0084) |
-0,0121 (0,0082) |
Mujeres × ideología |
0,0068 (0,0177) |
0,0099 (0,0153) |
-0,0011 (0,0141) |
Experiencia |
0,3692*** (0,0891) |
0,0640 (0,0838) |
-0,3690*** (0,0833) |
Mujeres × experiencia |
-0,2462 (0,1622) |
-0,1149 (0,1576) |
0,3186* (0,1370) |
Gobierno |
0,0468 (0,0922) |
-0,0470 (0,0841) |
0,0589 (0,0824) |
Mujeres × gobierno |
0,0471 (0,1759) |
0,2974 (0,1621) |
-0,2695 (0,1401) |
Intercepto |
-1,6305*** (0,1879) |
-0,5654*** (0,1709) |
-0,0978 (0,1736) |
N |
5,603 |
5,603 |
5,603 |
pseudo R-cuadrado |
0,0105 |
0,0145 |
0,0269 |
AIC |
6,403 |
7,103 |
7,203 |
BIC |
6,503 |
7,103 |
7,303 |
Fuente: Elaboración propia.
Nota: Errores estándar entre paréntesis, *p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. La tabla presenta los resultados de las regresiones lineales en Cámara de Diputados. Se identifican los efectos de cada una de las variables independientes sobre el nombramiento para cada tipo de comisión.
Tabla A2. El efecto del género en la participación en las comisiones legislativas-Cámara Alta
Comisiones de asuntos políticos |
Comisiones de asuntos económicos |
Comisiones de asuntos sociales |
|
Mujeres |
-1,3121 (0,6720) |
-0,7406 (0,6791) |
1,7237** (0,6235) |
% de mujeres |
0,0221*** (0,0060) |
-0,0155* (0,0063) |
-0,0114 (0,0074) |
Mujeres × % de mujeres |
0,0151 (0,0115) |
0,0003 (0,0113) |
-0,0162 (0,0112) |
Ideología |
-0,0071 (0,0163) |
0,0109 (0,0158) |
-0,0157 (0,0173) |
Mujeres × ideología |
0,0396 (0,0286) |
-0,0165 (0,0288) |
-0,0084 (0,0276) |
Experiencia |
0,2573 (0,1594) |
-0,0389 (0,1500) |
-0,2431 (0,1619) |
Mujeres × experiencia |
0,1019 (0,2805) |
0,3974 (0,2809) |
-0,3197 (0,2611) |
Gobierno |
0,1884 (0,1714) |
0,0176 (0,1632) |
-0,2873 (0,1812) |
Mujeres × gobierno |
0,0324 (0,3197) |
0,0332 (0,3100) |
-0,0245 (0,3001) |
Intercepto |
-1,4292*** (0,3321) |
-0,2332 (0,3041) |
-0,2525 (0,3480) |
N |
1,403 |
1,403 |
1,403 |
pseudo R-cuadrado |
0,0302 |
0,0336 |
0,0360 |
AIC |
1,803 |
1,703 |
1,703 |
BIC |
1,903 |
1,703 |
1,803 |
Fuente: Elaboración propia.
Nota: Errores estándar entre paréntesis, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. La tabla presenta los resultados de las regresiones lineales en Cámara de Senadores. Se identifican los efectos de cada una de las variables independientes sobre el nombramiento para cada tipo de comisión.
Tabla A3. Clasificación
País |
Asuntos políticos |
Economía |
Sociedad |
Argentina Cámara de Diputados |
Asuntos constitucionales |
Presupuesto y hacienda |
Educación |
Legislación general |
Obras públicas |
Ciencia, tecnología e innovación productiva |
|
Relaciones exteriores y culto |
Agricultura y ganadería |
Previsión y Seguridad Social |
|
Justicia |
Finanza |
Acción social y Salud pública |
|
Legislación penal |
Industria |
Familia, Niñez y Juventudes |
|
Defensa nacional |
Comercio |
De las personas mayores |
|
Asuntos municipales |
Energía y combustibles |
Legislación del trabajo |
|
Peticiones, poderes y reglamentos |
Transportes |
Comunicaciones e informática |
|
Juicio político |
Economías y desarrollo regional |
Prevención de adicciones y control del narcotráfico |
|
Seguridad interior |
Intereses marítimos, fluviales, pesqueros y portuarios |
Población y desarrollo humano |
|
Especial modernización del funcionamiento parlamentario |
Vivienda y ordenamiento urbano |
Deportes |
|
Turismo |
Asuntos cooperativos, mutuales y de ONG |
||
Economía |
Discapacidad |
||
Defensa del consumidor, del usuario y de la competencia |
Mujeres y diversidad |
||
Minería |
Recursos naturales y conservación del medio ambiente |
||
Análisis y seguimiento de normas tributarias y previsión |
Libertad de expresión |
||
Pequeñas y medianas empresas |
Derechos humanos y garantías |
||
|
Mercosur |
|
|
Argentina Senado |
Acuerdos |
Agricultura, Ganadería y Pesca |
Banca de la Mujer |
Asuntos administrativos y municipales |
Coparticipación Federal de impuestos |
Ambiente y Desarrollo sustentable |
|
Asuntos constitucionales |
Economía nacional e inversión |
Ciencia y tecnología |
|
Defensa nacional |
Economías regionales, economía social, micro, pequeña y mediana empresa |
Deporte |
|
Seguridad interior y narcotráfico |
Industria y comercio |
Educación y cultura |
|
Justicia y asuntos penales |
Infraestructura, vivienda y transporte |
Población y desarrollo humano |
|
Legislación general |
Minería, energía y combustibles |
Salud |
|
Relaciones exteriores y culto |
Presupuesto y hacienda |
Sistemas, medios comunicación y libertad expresión |
|
Turismo |
Derechos y garantías |
||
|
Trabajo y previsión social |
||
Brasil Cámara de Diputados |
Constituição e Justiça e de Cidadania |
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural |
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática |
Legislação Participativa |
Defesa do Consumidor |
Defesa dos Direitos da Mulher |
|
Relações Exteriores e de Defesa Nacional |
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços |
Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa |
|
Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado |
Desenvolvimento Urbano |
Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência |
|
Finanças e Tributação |
Direitos Humanos e Minorias |
||
Fiscalização Financeira e Controle |
Educação |
||
Brasil Cámara de Diputados |
Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia |
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável |
|
Minas e Energia |
Seguridade Social e Família |
||
Turismo |
Trabalho, de Administração e Serviço Público |
||
|
Viação e Transportes |
Esporte |
|
Brasil Senado |
Constituição, Justiça e Cidadania |
Assuntos Econômicos |
Assuntos Sociais |
Relaciones Exteriores e Defesa Nacional |
Desenvolvimento Regional e Turismo |
Direitos Humanos e Legislação participativa |
|
Comissão de Serviços de Infraestrutura |
Educação, Cultura e Esporte |
||
Agricultura e Reforma Agraria |
Meio Ambiente |
||
|
Transparência, governança, fiscalização e controle e defensa do consumidor |
Senado do Futuro |
|
Chile Cámara de Diputados |
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento |
Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural |
Ciencias y Tecnología |
Control del sistema de inteligencia del Estado |
Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los Consumidores y Turismo |
Deportes y Recreación |
|
Defensa Nacional |
Especial Mixta de Presupuestos |
Derechos Humanos y Pueblos Originarios |
|
Ética y Transparencia |
Hacienda |
Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación |
|
Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización |
Minería y Energía |
Educación |
|
Régimen Interno y Administración |
Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones |
Emergencia, Desastres y Bomberos |
|
Chile Cámara de Diputados |
Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana |
Pesca, Aquicultura e Intereses Marítimos |
Familia y Adulto Mayor |
Seguridad Ciudadana |
Recursos Hídricos y Desertificación |
Medio Ambiente y Recursos Naturales |
|
Revisora de Cuentas |
Mujeres y Equidad de Género |
||
Zonas Extremas y Antártica Chilena |
Salud |
||
|
Trabajo y Seguridad Social |
||
|
|
Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales |
|
Chile Senado |
Gobierno, Descentralización y Regionalización |
Economía |
Educación y Cultura |
Relaciones Exteriores |
Hacienda |
Medio Ambiente y Bienes Nacionales |
|
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento |
Obras Públicas |
Trabajo y Previsión Social |
|
Defensa Nacional |
Agricultura |
Salud |
|
Régimen Interior |
Minería y Energía |
||
Seguridad Pública |
Transportes y Telecomunicaciones |
Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía |
|
Ética y Transparencia del Senado |
Revisora de Cuentas |
Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación |
|
Especial Mixta de Presupuestos |
Vivienda y Urbanismo |
||
|
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura |
|
|
Uruguay Cámara de Diputados |
Asuntos Internacionales |
Ganadería, Agricultura y Pesca |
Derechos Humanos |
Asuntos Internos |
Industria, Energía y Minería |
Educación y Cultura |
|
Constitución, Códigos, Legislación General y Administración |
Hacienda |
Legislación del Trabajo y Seguridad Social |
|
Defensa Nacional |
Presupuestos |
Salud Pública y asistencia social |
|
Transporte, comunicaciones y Obras Públicas |
Vivienda, Territorio y Medio Ambiente |
||
Turismo |
|||
Uruguay Senado |
Asuntos Administrativos |
Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios |
Educación y Cultura |
Constitución y Legislación |
Hacienda |
Medio Ambiente |
|
Defensa Nacional |
Asuntos laborales y Seguridad Social |
Ciencia, Innovación y Tecnología |
|
Asuntos Internacionales |
Presupuesto |
Salud Pública |
|
Transporte y Obras Públicas |
Población, desarrollo e inclusión |
||
|
Ganadería, Agricultura y Pesca |
Vivienda y ordenamiento territorial |
|
Paraguay Cámara de Diputados |
Asuntos Constitucionales |
Asuntos Económicos y Financieros |
Ciencia y Tecnología |
Legislación y Codificación |
Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones |
Justicia, Trabajo y Previsión Social |
|
Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno |
Educación, Cultura y Culto |
||
Asuntos Municipales y Departamentales |
Agricultura y Ganadería |
Prensa, Comunicación Social, Artes y Espectáculos |
|
Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción |
Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo |
Salud Pública |
|
Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves |
Desarrollo Social, Población y Vivienda |
||
Paraguay Cámara de Diputados |
Relaciones Exteriores |
Presupuesto |
Ecología, Recursos Naturales y Medio Ambiente |
Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria |
Equidad Social y Género |
||
Energía y Minería |
Deportes |
||
Entes Binacionales Hidroeléctricos |
Pueblos Indígenas |
||
|
Asuntos Migratorios y Desarrollo |
||
|
Juventud y Desarrollo |
||
|
Familia y Tercera Edad |
||
|
|
Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad |
|
Paraguay Senado |
Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública |
Hacienda y Presupuesto |
Cultura, Educación, Ciencia, Tecnología y Deportes |
Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo |
Economía, Cooperativismo, Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana |
Derechos Humanos |
|
Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales |
Reforma Agraria y Bienestar Rural |
Salud Pública y Seguridad Social |
|
Peticiones, Poderes y Reglamentos |
Obras Públicas y Comunicaciones |
Equidad y Género |
|
Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos |
Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible |
Desarrollo Social |
|
Industria, Comercio y Turismo |
Pueblos Indígenas |
||
|
Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado |
Derechos para las Personas con Discapacidad |
|
Ecuador |
Fiscalización y Control Político |
Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero |
Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología |
Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial |
Biodiversidad y Recursos Naturales |
||
Justicia y Estructura del Estado |
Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa |
Derechos Colectivos Comunitarios y la Interculturalidad |
|
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral |
Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control |
Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social |
|
|
Participación Ciudadana y Control Social |
||
|
|
Derecho a la Salud |
|
Colombia Cámara de Diputados |
Asuntos Constitucionales |
De Hacienda y Crédito Público |
Salud, Seguridad Social y Familia |
Relaciones Internacionales |
Presupuesto |
Derechos Humanos y Audiencias |
|
Comisión de Investigación y Acusación |
Agro, Mar y Ambiente |
Afrocolombiana |
|
Ética y Estatuto del Congresista |
Transportes y Comunicaciones |
||
Acreditación Documental |
Cuentas |
|
|
Colombia Senado |
Asuntos Constitucionales |
Hacienda y Crédito Público |
Salud, Seguridad Social y Familia |
Relaciones Internacionales |
Presupuesto |
Derechos Humanos y Audiencias |
|
Ética y Estatuto del Congresista |
Agro, Mar y Ambiente |
Equidad de la Mujer |
|
Acreditación Documental |
Transportes y Comunicaciones |
||
Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia |
|||
de Administración |
|
||
Guatemala |
Asuntos de Seguridad Nacional |
Agricultura, Ganadería y Pesca |
Ambiente, Ecología y Recursos Naturales |
Apoyo Técnico |
Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas |
Asuntos sobre Discapacidad |
|
Asuntos Electorales |
Defensa del Consumidor y el Usuario |
Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales |
|
Asuntos Municipales |
Descentralización y Desarrollo |
Deportes |
|
Gobernación |
Economía y Comercio Exterior |
Derechos Humanos |
|
Integración Regional |
Energía y Minas |
Desarrollo Social |
|
Defensa Nacional |
Finanzas Públicas y Moneda |
Educación, Ciencia y Tecnología |
|
Reformas al Sector Justicia |
Pequeña y Mediana Empresa |
De la Juventud |
|
Relaciones Exteriores |
Turismo |
De la Mujer |
|
Transparencia y Probidad |
Migrantes |
||
|
Previsión y Seguridad Social |
||
|
Pueblos Indígenas |
||
|
Vivienda |
||
|
Salud y Asistencia Social |
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|
Seguridad Alimentaria |
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|
Trabajo |
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|
|
Del Menor y de la Familia |
|
El Salvador |
Asuntos Municipales |
Agropecuaria |
Cultura y Educación |
Defensa |
Economía |
Justicia y Derechos Humanos |
|
Legislación y Puntos Constitucionales |
Financiera |
Juventud y Deporte |
|
Política |
Hacienda y Especial del Presupuesto |
Legislación y Puntos Constitucionales |
|
El Salvador |
Reformas Electorales y Constitucionales |
Obras Públicas, Transporte y Vivienda |
Medio Ambiente y Cambio Climático |
Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior |
Mujer y la Igualdad de Género |
||
Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad |
Reformas Electorales y Constitucionales |
||
|
Salud |
||
|
Trabajo y Previsión Social |
||
|
|
De la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad |
|
México Cámara de Diputados |
Asuntos Frontera Norte |
Economía Social y Fomento del Cooperativismo |
Asuntos Migratorios |
Asuntos Frontera Sur |
Economía, Comercio y Competitividad |
Atención a Grupos Vulnerables |
|
Defensa Nacional |
Energía |
Ciencia, Tecnología e Innovación |
|
Federalismo y Desarrollo Municipal |
Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria |
Comunicaciones y Transportes |
|
Gobernación y Población |
Ganadería |
Deporte |
|
Jurisdiccional |
Hacienda y Crédito Público |
Derechos de la Niñez y Adolescencia |
|
Justicia |
Infraestructura |
Derechos Humanos |
|
Marina |
Pesca |
Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad |
|
Puntos Constitucionales |
Presupuesto y Cuenta Pública |
Desarrollo Social |
|
Relaciones Exteriores |
Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento |
Educación |
|
Seguridad Pública |
Turismo |
Igualdad de Género |
|
México Cámara de Diputados |
Transparencia y Anticorrupción |
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación |
Juventud y Diversidad Sexual |
|
Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales |
||
|
Protección Civil y Prevención de Desastres |
||
|
Pueblos Indígenas |
||
|
Radio y Televisión |
||
|
Salud |
||
|
Seguridad Social |
||
|
Trabajo y Previsión Social |
||
|
|
Vivienda |
|
México Senado |
Administración |
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural |
Asuntos Fronterizos y Migratorios |
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana |
Asuntos Indígenas |
||
Estudios Legislativos |
Hacienda y Crédito Público |
Comunicaciones y Transportes |
|
Estudios Legislativos Primera |
Minería y Desarrollo Regional |
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia |
|
Estudios Legislativos Segunda |
Turismo |
Derechos Humanos |
|
Gobernación |
Recursos Hidráulicos |
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda |
|
Junta de Coordinación Política |
Reforma Agraria |
Desarrollo y Bienestar Social |
|
Jurisdiccional |
Economía |
Educación |
|
Justicia |
Energía |
Juventud y Deporte |
|
Marina |
|
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático |
|
Puntos Constitucionales |
|
Para la Igualdad de Género |
|
México Senado |
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias |
Radio, Televisión y Cinematografía |
|
Relaciones Exteriores |
|
Salud |
|
Relaciones Exteriores América del Norte |
Seguridad Social |
||
Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe |
Trabajo y Previsión Social |
||
Relaciones Exteriores Asia - Pacífico - África |
Seguridad Pública |
||
Relaciones Exteriores Europa |
|||
Zonas Metropolitanas y Movilidad |
|||
Costa Rica |
Asuntos Jurídicos |
Asuntos Agropecuarios |
Ambiente |
Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo |
Asuntos Hacendarios |
Asuntos de Discapacidad y de Adulto Mayor |
|
Consultas de Constitucionalidad |
Control de Ingreso y Gasto Público |
Asuntos Sociales |
|
Honores |
Asuntos Económicos |
Ciencia y Tecnología y Educación |
|
Nombramientos |
|
Derechos Humanos |
|
Redacción |
|
Juventud, Niñez y Adolescencia |
|
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior |
Mujer |
||
Seguridad y Narcotráfico |
|||
Comisión Plena Primera |
|
||
Comisión Plena Segunda |
|
||
Comisión Plena Tercera |
|
|
|
Bolivia Cámara de Diputados |
Constitución, Legislación y Sistema Electoral |
Planificación, Política Económica y Finanzas |
Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, Culturas e Interculturalidad |
Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado |
Economía Plural, Producción e Industria |
Educación y Salud |
|
Organización Territorial del Estado y Autonomías |
Derechos Humanos |
||
Bolivia Cámara de Diputados |
Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas |
Política Social |
|
Política Internacional y Protección al Migrante |
Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente |
||
Bolivia Senado |
Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral |
Planificación, Política Económica y Finanzas |
Política Social, Educación y Salud |
Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado |
Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización |
Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente |
|
Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana |
|||
Organización Territorial del Estado y Autonomías |
|||
Política Internacional |
|
||
Perú |
Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las drogas |
Agraria |
Educación, Juventud y Deporte |
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado |
Comercio y Turismo |
Inclusión Social y Personas con Discapacidad |
|
Constitución y Reglamento |
De defensa del consumidor y Organismos reguladores de los servicios públicos |
Justicia y Derechos Humanos |
|
Fiscalización y Contraloría |
Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera |
Mujer y Familia |
|
Inteligencia |
Energía y Minas |
Ciencia y Tecnología |
|
Relaciones Exteriores |
Presupuesto y cuenta general |
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología |
|
Producción, Micro y Pequeña Empresa y cooperativas |
Salud y Población |
||
Perú |
Presupuesto y cuenta general |
Trabajo y Seguridad Social |
|
Producción, Micro y Pequeña Empresa y cooperativas |
Transportes y Comunicaciones |
||
|
Vivienda y Construcción |
||
|
|
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología |
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de las páginas institucionales de los legislativos que participan en el presente estudio.
[*]. Una discusión previa de este artículo, fue presentado en el 6.º Simposio Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Goiás. Los autores agradecen los comentarios pertinentes de las profesoras Camila Romero y Denise Paiva, así como agradecemos las sugerencias de los editores de ALH.