El 29 de noviembre de 2007, se instaló una nueva Asamblea Constituyente en Ecuador. La misma marca un hito en la historia política del país, ya que no solo logró la integración de diferentes actores de la sociedad civil, sino también la adición de diferentes términos que modificarían sustancialmente la Constitución. Este hecho, a más de transformar el diseño del Estado y modificar las agendas de distintas instancias gubernamentales, fomentó diversas reflexiones de carácter teórico y jurídico que, al día de hoy, continúan vigentes.

El libro se centra en uno de los puntos que mayor discusión suscitó: el artículo primero de la Constitución. Con una ingeniosa estructura, los capítulos hacen una revisión de las transformaciones que presenta este. Una de las contribuciones académicas es que su lectura se realiza desde diferentes áreas como jurisprudencia, filosofía, ciencia política, relaciones internacionales, sociología y antropología. Y varias de ellas contienen una contextualización teórica e histórica, seguida de su análisis en el cuerpo del articulado.

Con el propósito de esbozar una puesta en común de los capítulos que la conforman, se divide la obra en tres partes. La primera de ellas tiene al Estado como eje e hilo conductor. Es así que el capítulo de Vicente Solano Paucay, «Estado constitucional de derechos y justicia», parte desde el punto de vista del debate jurídico, para evaluar las implicaciones de la transición de un Estado de derecho a un Estado de derechos, y su respectiva relación con el Estado de Justicia; David Cordero-Heredia y Carlos Carrillo Jaramillo, en «El Ecuador como Estado Social», indagan históricamente en este concepto final y su evolución, que desemboca en un Estado de derechos del buen vivir conformado por derechos económicos, sociales y culturales, y el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos; Agustín Grijalva, en «Estado democrático», inicia, desde el marco de la democracia representativa, su relación con la democracia participativa y la posible yuxtaposición con la democracia comunitaria a partir de los elementos constitutivos y culturales del Ecuador; y Abraham Zaldívar Rodríguez, en «Estado unitario», elabora un análisis de distintos articulados de la constitución, en los que resalta el diseño unitario y la regulación jurídica que determinan el carácter del Estado unitario ecuatoriano.

La segunda parte corresponde a capítulos que problematizan específicamente un concepto inmerso en el artículo en cuestión. Es así que Adriana Rodríguez Caguana, en «La interculturalidad en la Constitución ecuatoriana de 2008, ¿una política de transformación fallida?», explora los retos que enfrenta la interculturalidad frente a un multiculturalismo de corte neoliberal, que permiten un cambio de paradigma en la identidad del Estado ecuatoriano; Efrén Guerrero Salgado y Maurie Franco Muñoz, en «Soberanía: un concepto en constante construcción», realizan un acercamiento jurídico al mismo y las consecuencias del carácter polisémico del término, con un recorrido a través de pensadores clásicos y contemporáneos y el abordaje de la teoría monista y pluralista, plantean la tensión que se genera en el texto con la normativa nacional e internacional; Andrés Martínez Moscoso, en «La descentralización en el Ecuador. ¿Panacea o placebo frente al centralismo?», indaga en la evolución normativa de la descentralización en el Ecuador a través de la reconfiguración constitucional y los cambios en el sistema legal y político; y Mario Melo Cevallos, en «La plurinacionalidad en la práctica: el caso de la masacre a los taromenane», analiza a partir de un estudio de caso la complejidad de la aplicación del pluralismo en el ámbito jurídico y sus implicaciones al momento de aplicar la ley en miembros de un población no contactada.

La parte final está compuesta por capítulos en los que el componente histórico destaca. Juan Francisco Camino Apunte, en «Tensiones en el proceso de construcción del Estado ecuatoriano», realiza un recorrido por elementos concomitantes que influyen en la conformación del Estado-nación ecuatoriano, como el debate Estado unitario vs. Estado federal, el proceso de descentralización, la influencia de la Iglesia y su repercusión en la cultura política del país; Diego Jadán-Heredia, en «En el nombre de Dios: La laicidad en la constitución ecuatoriana», propone una aproximación histórica a la relación entre el Estado y la Iglesia, la utilidad simbólica de la religión para conformar una identidad comunitaria y la determinación constitucional en el 2008 del Estado laico; y Salim Zaidán Albuja, en «El Ecuador […] se organiza en forma de República», conceptualiza el término república, estudia la conformación de este tipo de régimen en Ecuador a través del estudio de historiadores y constitucionalistas, y establece que esta surge de manera independiente en la segunda Constitución de 1835.

La obra –a partir de la diversidad de sus enfoques y análisis– invita a la reflexión de las nuevas complejidades que se presentan, una vez que el nuevo marco constitucional es llevado a la arena de la praxis. De igual forma, esta reforma constitucional da paso a una reconfiguración del Estado ecuatoriano y su estructura institucional, lo que implica un examen interno, como también a los cambios en la relación del mismo con diferentes actores de la comunidad internacional, lo que conlleva una evaluación externa. Esta es otra de sus fortalezas.

Como lo exponen sus autores, aún quedan temas sensibles por resolver en el aspecto jurídico, político, social y cultural que permitan la conformación de un verdadero Estado-nación y su posterior fortalecimiento. Si bien la incorporación de conceptos a la carta magna puede considerarse como un avance desde el área constitucional y jurídica, únicamente la disminución de las brechas de desigualdad económica y social permitirán fortalecer una democracia ciudadana. Caso contrario, continuará siendo un símil a otros Estados en Latinoamérica, que presentan estos pendientes