En los estudios sobre la violencia estatal en el pasado reciente argentino existe un consenso desde hace décadas en torno a que la campaña de represión ilegal librada durante la última dictadura militar (1976-1983) fue producto de una planificación centralizada por las jerarquías de las Fuerzas Armadas y una ejecución descentralizada a cargo de los «grupos de tareas» y otros agentes de la «lucha contra la subversión» que la llevaron materialmente a cabo (Conte y Mignone, 2006 [1981]; Duhalde, 1999 [1983]).

En los últimos años, investigaciones a escalas locales mostraron estudios de caso en los que ese esquema redundó en una autonomización de los represores que actuaban en el territorio respecto de las cadenas de mandos de las Fuerzas Armadas. Algunos trabajos indagaron sobre la flexibilidad operativa de las fuerzas policiales y de seguridad en Santa Fe (Águila, 2008) y en la Norpatagonia (Scatizza, 2017). Otros estudiaron el caso de la Fuerza de Tareas nº 6 de la Armada, con jurisdicción sobre la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, y señalaron su autonomía para definir objetivos de la represión, realizar operativos y gestionar la circulación, la reclusión y el destino de detenidos y detenidas ilegales (Barragán, 2018; Barragán e Iturralde, 2019).

Mario Ranalletti (2018; 2020) se preguntó sobre las características que adquirió la ejecución descentralizada de la represión en los centros clandestinos de detención (CCD) y sobre los factores que habilitaron el recurso a la violencia extrema por parte de los represores que gestionaban esos espacios de cautiverio. Según el autor, una de las condiciones para el despliegue de dicha violencia habría sido una «pérdida de control» jerárquico de las cadenas de mandos de las Fuerzas Armadas sobre los «grupos de tareas» y «unidades especiales mixtas» que ejecutaban la represión, de forma que estas unidades habrían llegado a «operar por cuenta propia, fijando objetivos, obviando la cadena de mandos existente en repetidas ocasiones y asumiendo la responsabilidad de gestionar prisioneros, sus vidas, bienes y cadáveres a piacere », hasta el punto de que cabría pensar en «una delegación parcial del poder punitivo del Estado» (Ranalletti, 2020, pp. 162 y 166).

Uno de los principales casos que cita el autor para ilustrar esa hipótesis es el de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los CCD más grandes y activos del país y emblema del terrorismo de Estado. La caracterización del Grupo de Tareas (GT) 3.3 de la ESMA como ejemplo del proceso de autonomización de los agentes de la represión ilegal coincide con las descripciones que en general circulan en la literatura académica, periodística y testimonial sobre ese CCD, en las que a menudo se ha postulado un alto grado de autonomía del GT 3.3 respecto de la cadena de mandos de la Armada y se ha remarcado como característica distintiva su excepcional margen de maniobra respecto de la estructura naval de Inteligencia.

Sin embargo, con pocas excepciones (Slatman, 2012), las investigaciones sobre distintos aspectos del funcionamiento de la ESMA como CCD se centraron casi exclusivamente en una etapa específica de su desarrollo, comprendida entre 1977 y 1978, cuando tuvo lugar el período de mayor intensidad político-represiva en el centro clandestino (Calveiro, 1998, 2008; Confino y Franco, 2021; Feld, 2019; Feld y Franco, 2019; Fernández Barrio y González Tizón, 2020; San Julián, 2017). Las caracterizaciones sobre el GT 3.3 se basaron mayoritariamente en reconstrucciones históricas hechas a partir de fuentes testimoniales y documentales correspondientes a ese período.

Este trabajo se propone distinguir momentos diferenciados y puntos de quiebre en el funcionamiento del GT de la ESMA y, en particular, en su vinculación con la estructura de Inteligencia de la Armada durante la «lucha contra la subversión». Su objetivo es revisar si la autonomización del GT 3.3 respecto de dicha estructura fue o no una característica permanente y extensiva a todas las etapas de la ESMA como CCD. Su hipótesis es que, aunque esa caracterización se ajusta bien al período 1977-1978, tiene sus espejos inversos primero en 1976 y luego a partir de 1979-1980, cuando lo que se observa es un esfuerzo activo de la estructura de Inteligencia por controlar la represión en la ESMA.

El artículo aborda diversas fuentes documentales producidas por la Armada, tales como su principal documento de planificación para la «lucha contra la subversión», reglamentos navales y listados de personal superior del área de Inteligencia. Todos los documentos fueron consultados en el Archivo General de la Armada a través de solicitudes de acceso a la información pública¹. A su vez, recurrimos a reconstrucciones factuales formuladas en las causas judiciales conocidas como «ESMA II» y «ESMA III», sobre todo a la hora de apreciar las trayectorias militares de algunos victimarios.

En cuanto a la reconstrucción del funcionamiento cotidiano del CCD, apelamos a fuentes orales conformadas en su mayoría por testimonios judiciales de víctimas, aunque también atendemos a declaraciones judiciales de victimarios. Debido al problema de escasez de fuentes documentales que caracteriza a los estudios sobre la represión clandestina en el pasado reciente, los testimonios constituyen un insumo fundamental para acercarse a una comprensión histórica de la dinámica que imperaba en cada CCD. No obstante, tal como plantean Pollak y Heinich (1986), el contexto constrictivo de la sede judicial confiere a los testimonios que allí se producen un carácter restringido y limitado, circunscrito al objeto del proceso y la administración de la prueba, por lo que aquí nos atenemos a los recaudos metodológicos que señalan ambos autores sobre la necesidad de contrastar diversos testimonios comparables por su modo de solicitación.

En noviembre de 1974, en el contexto de una serie de reformas orgánicas en la estructura de la Armada, una resolución firmada por el comandante en jefe, el almirante Emilio Eduardo Massera, creó la Jefatura II de Inteligencia Naval del Estado Mayor General (JEIN), a partir de entonces máximo órgano naval de Inteligencia². Antes de la creación de la JEIN, el área de Inteligencia se había vertebrado a través del Servicio de Inteligencia Naval (SIN), un organismo que nucleaba varios departamentos, a su vez divididos y subdivididos en divisiones y secciones, y que tenía su propia escuela para oficiales aspirantes a la especialidad de inteligencia naval.

La relación entre la JEIN y el SIN se reguló en el Reglamento Orgánico de la Armada, en febrero de 1975, en el que se estableció que el SIN dependía directamente de la JEIN y que la tarea principal del jefe del SIN era asistir y ejecutar los pedidos del jefe de la JEIN, de quien además dependía su puesta en funciones³. Según la reglamentación de la Armada, los servicios navales eran organismos destinados a entender «en el sostén logístico, información o actividades encuadradas dentro de una determinada especialidad o necesidad», que en el caso del SIN era la de inteligencia, «a efectos de cumplimentar requerimientos de comandos u organismos», que en el caso del SIN le eran solicitados por la JEIN⁴.

Casi en simultáneo a estas nuevas definiciones sobre su área de Inteligencia, la Armada normativizó su planificación para la «lucha contra la subversión» a fines de 1975, a través del Plan de Capacidades Interno de la Armada de la República Argentina (PLACINTARA), un documento secreto elaborado para organizar la participación de la Armada en la campaña represiva⁵.

El PLACINTARA estableció una organización operativa ad hoc para la Armada, paralela a su organización administrativa permanente, que dividió a todas las unidades navales en once Fuerzas de Tareas (FT) con el objetivo de ampliar sus áreas de control, desplegarse en el territorio nacional y llevar a cabo las operaciones antisubversivas. Las FT estaban conformadas internamente por Grupos de Tareas (GT) y estos, a su vez, se componían de Unidades de Tareas (UT). El GT 3.3 de la ESMA pertenecía a la FT 3, con jurisdicción sobre la Capital Federal y parte de la provincia de Buenos Aires. En la única copia del PLACINTARA que ha sido recuperada hasta ahora constan nueve anexos, cuyas fechas dan cuenta de que el documento sufrió algunas actualizaciones parciales a lo largo de la dictadura. Aunque por ahora no se conoce el anexo original «Inteligencia» de 1975, a partir del análisis de otras secciones del PLACINTARA podemos conocer lo que se previó antes del golpe de Estado acerca de la intervención del área de Inteligencia cuando se capturaba a nuevos «detenidos». En el anexo «Personal» se establecía que «la investigación de personas imputadas y/o sospechosas se limita a la necesidad de obtener inteligencia» y que «los procedimientos que se realicen en la administración de los detenidos deben facilitar las actividades de inteligencia y cooperar con las mismas propiciando la intervención de personal idóneo para que las tome a su cargo». Más adelante se explicitaba que la «etapa de investigación militar» comprendía como primer paso «el interrogatorio del detenido por personal de Inteligencia», que también debía encargarse del «análisis del material y documentación capturada» y obtener de ella «los datos y copias que sean de interés para inteligencia»⁶.

Como veremos a continuación, tales disposiciones se cumplieron en la ESMA durante los primeros meses posteriores al golpe de 1976, cuando las tareas de interrogación e inteligencia sobre los secuestrados y secuestradas se realizaban en coordinación con personal del SIN.

Ha sido subrayada la importancia de adoptar una perspectiva diacrónica para pensar a la ESMA como un CCD que tuvo un desarrollo histórico dinámico y con momentos diferenciados de actividad, tanto en términos de la intensidad de la represión, como de la materialidad de su espacio de cautiverio (González Tizón y Scatizza, 2020). Un enfoque de este tipo también resulta pertinente para abordar los cambios que se produjeron en la gestión del CCD de acuerdo con los actores que intervinieron en él, lo que a su vez es un indicativo de las variaciones en el vínculo que se entabló entre la cadena de mandos de la Armada y el funcionamiento cotidiano del centro clandestino.

La reconstrucción de los primeros meses de funcionamiento de la ESMA como CCD es compleja debido a la muy baja tasa de sobrevivencia durante ese período. De manera general, Slatman (2012) ha señalado que, durante esa etapa, el GT 3.3 habría operado subordinado al SIN: los miembros del GT eran responsables de los operativos de secuestro y de la gestión física de los detenidos y detenidas, pero la planificación de inteligencia a partir de la información obtenida en los interrogatorios bajo tortura era coordinada con oficiales del SIN.

El análisis de los testimonios de algunos sobrevivientes que estuvieron en la ESMA desde 1976 nos permiten un acercamiento más detallado al funcionamiento del CCD durante su etapa primigenia⁷. Tras el golpe de Estado, en la ESMA había comenzado a operar un grupo de oficiales del SIN integrado por los tenientes Francisco Rioja, Carlos Carella y Pablo García Velasco, tres oficiales que en ese momento figuraban como cursantes en el SIN⁸. A ellos se sumaría luego como jefe del grupo otro oficial de ese órgano, el capitán Luis D’Imperio, jefe de División en el SIN desde agosto de 1976⁹.

Alfredo Buzzalino militaba en el área de prensa de Montoneros cuando fue secuestrado en junio de 1976 y Miguel Ángel Lauletta pertenecía al área de documentación cuando lo secuestraron en octubre de ese año. Pese a la distancia temporal entre sus «caídas», los testimonios de ambos coinciden en que no había oficiales del SIN presentes en sus operativos de secuestro, que fueron ejecutados por miembros del GT de la ESMA y en que, una vez arribados al CCD, las primeras sesiones de tortura para extraerles información estuvieron a cargo del grupo del SIN¹⁰. Durante las semanas posteriores, una vez iniciada la etapa de tránsito hacia la rutina de su cautiverio, Buzzalino y Lauletta tomaron cada vez mayor contacto con los miembros del GT, que a partir de entonces se hicieron cargo del seguimiento de sus «casos». De hecho, ambos pronto pasarían a integrar un reducido núcleo de prisioneros y prisioneras de quienes los marinos esperaban «colaboración».

Esta dinámica que imperaba en la ESMA en 1976 se condecía con lo que se había prescrito en el PLACINTARA: a través de los oficiales del SIN, el área de Inteligencia de la Armada dominaba la «etapa de investigación militar» en el CCD, a partir de la cual se obtenía información bajo tortura para planificar nuevos operativos. Los primeros interrogatorios eran los más valiosos para los represores: si resultaban fructíferos, les permitían organizar nuevos secuestros antes de que las organizaciones llegaran a tomar medidas de seguridad ante las «caídas» de sus militantes. En la ESMA, el GT 3.3. actuaba en función de esas necesidades de inteligencia, haciéndose cargo de los operativos de secuestro y de la gestión física de las víctimas, ya fuera su desaparición o cautiverio. Durante este primer período de funcionamiento, en la ESMA no existía una separación entre «casos» de víctimas que pertenecieran al SIN y «casos» que pertenecieran al GT: ambos grupos actuaban coordinadamente y con injerencia del SIN en el manejo de las tareas de inteligencia.

Entre fines de 1976 y comienzos de 1977, en la ESMA se inició un proceso de creciente autonomización del GT respecto del SIN. La progresiva separación entre ambos grupos se vio acelerada por dos factores. En primer lugar, un pico de secuestros en la ESMA, ocurrido a partir de octubre de 1976, que significó una ola de «caídas» de militantes de Montoneros que integraban áreas vitales de su estructura, como el sector de Finanzas, y que proveyó importantes recursos materiales y económicos propios al GT. En segundo lugar, y asociado a ese pico represivo, el ascenso de la figura del entonces capitán de corbeta Jorge Acosta, nuevo jefe de Inteligencia de la UT 3.3.2, un oficial con la bendición del almirante Massera que se convirtió en líder de hecho de los represores de la ESMA.

La autonomización del GT 3.3 no puede pensarse disociada de las tramas peculiares que el proyecto de poder de Massera, jefe de la Armada y miembro de la Junta Militar de Gobierno, imprimió al funcionamiento de la ESMA durante 1977-1978. Desde mediados de 1976, en la Armada había comenzado a aflorar una disputa interna entre dos sectores: uno que apostaba todo a las ambiciones presidenciales de Massera y otro que veía con reservas que el almirante se convirtiera en la única vía posible para ampliar la cuota de poder de la Armada frente al Ejército (Canelo, 2008; Uriarte, 2011 [1992]). Esas diferencias tuvieron incidencia temprana en la ESMA, donde los hombres del GT se alinearon en forma directa con Massera. Bajo el liderazgo de Acosta, en papel de alfil del almirante, la represión ilegal en la ESMA adquirió una dinámica estrechamente ligada al proyecto de poder del masserismo, que dio lugar a la existencia de lo que los represores denominaron un «proceso de recuperación» de algunas decenas de prisioneros y prisioneras, un experimento que apuntaba a la conversión ideológica de los militantes y que implicaba para ellos el cumplimiento forzado de diversas tareas intelectuales y manuales bajo el control de los miembros del GT (Feld y Franco, 2019).

Desde 1977 y sobre todo durante 1978, esas labores fueron orientadas según distintos objetivos de los marinos: lavar la imagen pública de Massera y de la ESMA mediante campañas de propaganda sucia u oficial; obtener y producir información que nutriera los planes políticos del almirante; «hacer caja» mediante negocios espurios de diversa índole; y ganar la «guerra» en el terreno de la inteligencia contra Montoneros, una organización a la que Massera consideraba casi derrotada en el territorio nacional, pero aún peligrosa en el ámbito internacional, donde sus miembros combinaban acciones de denuncia con militancia insurreccional y conservaban apetecibles recursos económicos.

Para Massera, involucrar compulsivamente en su proyecto a militantes de Montoneros secuestrados y secuestradas era un activo valioso. Durante la «etapa Acosta», los hombres del GT procuraron no socializar ese activo con los oficiales del SIN. Según Martín Gras, uno de los secuestrados que más tempranamente fueron incorporados al llamado «proceso de recuperación», los miembros del GT comenzaron a montar un dispositivo de inteligencia propio que pronto derivaría en una escisión entre sus actividades represivas y las del SIN:

De ese modo, al mismo tiempo que moldeaban su participación en la «lucha contra la subversión» según los intereses del proyecto de Massera, los hombres del GT ampliaban su margen de maniobra respecto de la estructura naval de Inteligencia. La ruptura entre el GT y el SIN se manifestó de en la separación de los «casos» que pertenecían a cada grupo. A diferencia de lo que había ocurrido en 1976, durante el período 1977-1978, el GT 3.3 dejó de reportarle al SIN acerca de sus propios detenidos y detenidas, cuyos interrogatorios y «seguimientos» posteriores fueron asumidos por los oficiales del área de Inteligencia del propio Grupo de Tareas.

El quiebre entre ambos grupos también llegó a evidenciarse en el manejo espacial del CCD, que quedó bajo control casi total del GT excepto por «Capuchita», como se conocía al sector donde estaban alojados los secuestrados y secuestradas cuyos «casos» correspondían al SIN y ocasionalmente a otras fuerzas represivas¹². Así como el GT había desarrollado su propio dispositivo de inteligencia, el grupo del SIN se había dotado de su propio equipo operativo, liderado por D’Imperio, un oficial que ha sido descrito como un crítico del proyecto personalista de Massera y un representante de la tradición liberal y antiperonista de la Armada¹³.

Aunque entre los secuestrados y secuestradas a cargo del SIN hubo escasísimos sobrevivientes, unos pocos testimonios revelan algunas características del funcionamiento de ese grupo en la ESMA durante 1977-1978¹⁴. Los oficiales del SIN que se ocupaban de los primeros interrogatorios eran los mismos que lo habían hecho en 1976, aunque ahora además ejecutaban sus propios operativos de secuestro¹⁵. El grupo del SIN poseía una casa operativa en la localidad de Villa Adelina, en el Gran Buenos Aires, donde solía realizar las primeras sesiones de tortura antes del traslado de los secuestrados y secuestradas a la ESMA, sin perjuicio de que a veces también siguieran utilizando las salas del sótano del CCD dispuestas para los interrogatorios. Para este grupo, «Capuchita» funcionaba principalmente como un espacio de alojamiento de víctimas previo a su «traslado», es decir, a su desaparición. Excepto D’Imperio, los oficiales del SIN no frecuentaban el sector, que era vigilado por suboficiales.

La escisión entre los «casos» del SIN y los del GT llegó a provocar situaciones de conflicto entre ambos grupos. Algunos sobrevivientes refieren, por ejemplo, episodios de visible tensión entre los hombres del SIN al enterarse de que, durante sus lapsos de ausencia en el CCD, sus secuestrados y secuestradas habían tenido algún tipo de contacto con miembros del GT¹⁶. Hacia 1978, el grado de autonomía alcanzado por el GT 3.3 respecto del SIN era tal que ambos grupos chocaban entre sí por el control de las víctimas y procuraban evitar cualquier traspaso mutuo de información.

En los últimos meses de 1978, la salida de Massera de la jefatura de la Armada y su lanzamiento abierto a la carrera política coincidieron con un incipiente proceso de reacomodamiento en la Armada que pronto tendría impacto en la ESMA. El almirante fue reemplazado en la comandancia y en la Junta Militar por el vicealmirante Armando Lambruschini, quien pertenecía a la misma promoción de la Escuela Naval Militar que Massera, pero que, a diferencia suya, representaba cabalmente la tradición antiperonista de la fuerza. El liderazgo de Lambruschini ha sido descrito como el de un jefe condicionado y siempre opacado por la figura de su antecesor (Uriarte, 2011 [1992]). Con la salida de Massera se abrió una etapa de «postcomandancia» en la que, en simultáneo a las actividades políticas que desarrollaba con base en sus oficinas de la calle Cerrito en el centro de Buenos Aires, el almirante retirado mantuvo su gravitación sobre la Armada y construyó una especie de doble comando paralelo al que funcionaba en el Edificio Libertad. Las ambiciones de Massera de convertirse en un líder que sacara del inmovilismo al régimen militar seguían vigentes, y a fin de cuentas eran lo que garantizaba a la Armada una cuota de influencia aceptable en el reparto de poder interfuerzas.

No obstante, en el terreno de la «lucha contra la subversión», la etapa que se abrió tras la salida de Massera se caracterizó por una serie de transformaciones en la participación de la Armada en la represión ilegal que tuvieron como uno de sus escenarios principales la ESMA. La comandancia de Lambruschini transcurrió en medio de una reorientación general de los objetivos represivos de las tres Fuerzas Armadas que se caracterizó por una disminución de la acción militar en el territorio, donde la operatividad de las organizaciones armadas ya estaba muy golpeada, y una priorización de las actividades de inteligencia con fines de neutralizar operaciones que el «enemigo subversivo» pudiera lanzar desde fuera de las fronteras, sobre todo a partir de 1979, cuando la conducción de Montoneros en el exilio lanzó su Contraofensiva Estratégica. Los represores de la ESMA han declarado que esa reorientación represiva empezó a correr en el CCD desde aquel año:

En la ESMA, el nuevo rumbo de la represión se manifestó en una disminución significativa de la cantidad de secuestros y, sobre todo, en el inicio de una nueva gestión al frente del CCD. Durante la primera mitad de 1979, en la ESMA tuvo lugar un período de transición que significó la salida de la mayoría de los marinos en actividad que habían integrado el GT 3.3 y su UT 3.3.2 durante la «etapa Acosta». Los testimonios judiciales de las víctimas que pasaron por el CCD en esa época han repuesto información fragmentaria pero indicativa acerca de cómo se produjo ese momento de quiebre en el manejo del campo. Los sobrevivientes recuerdan haber comenzado a recibir comentarios de los represores sobre sus inminentes cambios de destino desde los primeros meses de aquel año, y mencionan que algunos de ellos ya les referían que serían enviados a misiones en el extranjero¹⁸.

Desde hacía meses que la gestión Acosta arrastraba ya un cierto desgaste. Muchas de las denuncias por violaciones a los derechos humanos en el país que se alzaban desde el extranjero apuntaban a la ESMA. La desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, secuestradas por el GT de la ESMA en diciembre de 1977, se había convertido en una amenaza para Massera en el ámbito de la diplomacia internacional (Catoggio y Feld, 2020). En abril de 1978, una carta de denuncia enviada a los gobiernos y medios internacionales por Horacio Maggio, un prisionero que había logrado escapar de la ESMA, había identificado a algunos represores del GT 3.3. En septiembre, otro fugado de la ESMA, Jaime Dri, había ratificado y ampliado públicamente la denuncia de Maggio y, además, había elevado un minucioso informe a Montoneros sobre el funcionamiento del CCD. A fines de aquel año, los coletazos en altas esferas del poder que produjo el asesinato a manos del GT de la diplomática Elena Holmberg, una funcionaria cercana al Ejército que se había enfrentado con los marinos, habían expuesto hasta qué punto el accionar del GT podía convertirse en un arma de doble filo para Massera.

En los primeros meses de 1979, los viejos miembros del GT comenzaron su retirada de la ESMA. De los testimonios de los sobrevivientes se desprende que, para la segunda mitad de 1979, la mayoría de los marinos que lo habían integrado ya no tenían circulación por el CCD ni por los distintos espacios del «afuera» de la ESMA que gestionaban los represores¹⁹. Sus testimonios también permiten reconstruir lo que ocurrió con la figura del propio Acosta en esos meses. Mientras que, para mediados de aquel año, la mayoría de sus excompañeros ya no aparecían por el CCD, Acosta siguió frecuentando la ESMA de manera esporádica. Algunos detenidos y detenidas lo escucharon aludir por entonces a eventuales represalias judiciales de los sobrevivientes en el futuro y a la posibilidad de que lo acusaran en «un Nüremberg » por los crímenes cometidos²⁰. Para ese momento, el represor ya estaba preparando su salida del país. El pase a retiro de Massera significaba para Acosta el final de su liderazgo en la ESMA. Se conjugaban en su contra la necesidad política del almirante de despegarse de la represión ilegal y la iniciativa de la estructura de Inteligencia de la Armada para volver a tomar el control y la nueva orientación de la «lucha contra la subversión» en el centro clandestino.

La renovación del staff de oficiales permanentes en la ESMA se inició en los primeros meses de 1979 y tuvo al personal del SIN como protagonista. El capitán de navío Horacio Estrada, quien había llegado a jefe de Departamento en el SIN, asumió como jefe de la UT 3.3.2 en abril de ese año. En aquel momento también se incorporó otro oficial del SIN, Carlos Carella, quien previamente había cumplido funciones en la ESMA en 1976-1977²¹. Finalmente, Luis D’Imperio, jefe de Operaciones del SIN, que había liderado al grupo enfrentado con la gestión Acosta, reemplazó a este en la jefatura de Inteligencia del GT 3.3 y en el liderazgo de hecho en el CCD²².

Para esa época, muchas de las víctimas que habían pasado por el llamado «proceso de recuperación» habían sido liberadas y se habían exiliado. Durante la transición entre ambas gestiones, el manejo de los detenidos y detenidas pertenecientes a la «etapa Acosta» que aún quedaban en la ESMA se convirtió en un punto de tensión entre él y los oficiales que llegaron a reemplazarlo, ya que Acosta reclamaba para sí la potestad de decidir quiénes podían ser liberados²³; sin embargo, aunque intentara mantener firmes las riendas de su propia salida de la ESMA, lo cierto es que, para mediados de 1979, el liderazgo de Acosta había terminado: son contados los testimonios de sobrevivientes que mencionan haberlo visto en la ESMA más tarde que julio o agosto de 1979 y ninguno de ellos refiere haberlo visto más de una vez²⁴.

El inicio de la nueva etapa del GT 3.3 se apuntaló con una innovación en la situación de revista militar de varios de los marinos que operaban en la ESMA. Desde fines de 1979, muchos de ellos figuran en los partes de personal superior de la JEIN bajo la modalidad de «adscriptos JEIN», lo que significa que varios oficiales que cumplieron tareas en la ESMA pasaron a responder a la JEIN a partir de entonces o incluso antes²⁵. La mayoría de ellos había arribado (o vuelto a arribar) al CCD en el transcurso de 1979, como D’Imperio, Estrada, Carella, Francisco Di Paola, Carlos Capdevila y Juan Alomar, mientras que otros pocos ya operaban allí desde la «etapa Acosta», como Adolfo Donda y Ricardo Cavallo²⁶.

Estos cambios en el GT de la ESMA se enmarcaban en un relanzamiento del protagonismo de la estructura naval de Inteligencia en el frente de la «lucha contra la subversión», que a su vez formaba parte de una reorientación general de la campaña represiva de las Fuerzas Armadas y, en particular, de la Armada. En el caso de la Armada, esa reformulación estratégica quedó asentada en el PLACINTARA, a través de una actualización de su anexo «Inteligencia» en abril de 1980²⁷.

El anexo introducía en primer lugar un balance sobre los avances y retrocesos de la «guerra revolucionaria» durante la década del 70 a nivel mundial, regional e interno. Respecto de la situación local, se evaluaba que la ofensiva de las Fuerzas Armadas contra la «subversión» había producido su «derrota en el campo militar» y una retracción de la «situación insurreccional» a la que existía a fines de los 60. No obstante eso, se advertía que aún subsistían «subversivos y colaboradores prófugos en el país y en el extranjero» y que cabía esperar que estos se reagruparan y reanudaran su acción tanto militar como política e incluso partidaria-legal. De la descripción del marco interno se desprendía que las características que debía adoptar entonces la «lucha contra la subversión» eran una «disminución de la acción, especialmente militar» y un «traslado del esfuerzo principal a las tareas de Inteligencia» para detectar e impedir posibles acciones de organización, infiltración y adoctrinamiento por parte del enemigo, cuya capacidad para manifestaciones militares abiertas se consideraba neutralizada.

A su vez, la actualización de 1980 del PLACINTARA prescribía un rol central en la campaña represiva para la JEIN, que debía encargarse de informar periódicamente a las Fuerzas de Tareas sobre la situación particular de las organizaciones político-militares perseguidas y de producir y distribuir «Informes Periódicos de Inteligencia» sobre distintos factores de la situación nacional, además de recibir copia de los informes cuatrimestrales de todas las FT sobre la inteligencia obtenida del enemigo.

Por último, el anexo «Inteligencia» introducía una instrucción suplementaria: sin perjuicio de sus tareas de asesoramiento al comandante en jefe, la JEIN acumulaba la función de constituir el órgano de Inteligencia de la FT 3, aquella a la que se subordinaba el GT de la ESMA. Esta instrucción implicaba que la JEIN se convertía en el órgano del que dependían funcionalmente las áreas de Inteligencia del GT 3.3 y de su UT 3.3.2. En el marco de la dependencia general del GT 3.3 respecto de la FT 3, el nuevo anexo preveía además una coordinación específica entre el área de Inteligencia del GT y el órgano de Inteligencia de la FT, es decir, la JEIN.

En suma, hacia principios de 1980, el punto de llegada del proceso de transformación del GT de la ESMA era el fin de la etapa de autonomización respecto de la estructura de Inteligencia de la Armada. A través del desembarco de los oficiales del SIN en reemplazo de la gestión Acosta, de la innovación de los «adscriptos JEIN» en la situación de revista de los marinos que operaban en el CCD y de la introducción de una supervisión funcional directa de la JEIN sobre la FT 3, la estructura de Inteligencia de la Armada había vuelto a encuadrar al GT 3.3 y a tomar las riendas del centro clandestino tal como se había previsto antes de la «etapa Acosta».

Según Gabriela Águila, la forma en que las Fuerzas Armadas implementaron la represión durante la última dictadura describe una:

En el caso de la ESMA, la especificidad de ese «programa» represivo estuvo dada por el proyecto de poder de Massera, que llegó a convertirse en un factor ordenador del funcionamiento del CCD y se solapó de manera indisociable con el accionar del GT 3.3 durante el período 1977-1978.

Durante la etapa de liderazgo de Acosta, la autonomización del GT respecto de la cadena de mandos de la Armada se caracterizó por la construcción de un dispositivo de inteligencia propio que se nutrió del trabajo compulsivo de los prisioneros y las prisioneras incorporados al llamado «proceso de recuperación». En 1977-1978, la fractura entre el GT y el SIN y la separación tajante entre los «casos» de ambos grupos supusieron la ruptura de la supervisión funcional de la estructura de Inteligencia de la fuerza sobre la represión en la ESMA.

Sin embargo, estudiar el funcionamiento de los CCD requiere no solo un enfoque localizado que observe las variantes específicas y las opciones disponibles de los distintos espacios represivos sino, además, una perspectiva que contemple distintas temporalidades en el funcionamiento de cada CCD. En el caso de la ESMA, la articulación de una cronología que distinga las etapas diferenciadas de su desarrollo histórico es necesaria en cuanto que se trata de uno de los CCD más citados para ilustrar la naturaleza del aparato represivo durante el terrorismo de Estado en Argentina.

Siguiendo esa premisa, en este trabajo hemos procurado situar históricamente el quiebre que se produjo en el funcionamiento de la ESMA a partir de 1979, cuando dinámicas y modalidades que habían caracterizado al CCD durante 1977-1978 se modificaron tras el fin de la «etapa Acosta» y la reintervención en la ESMA de la estructura de Inteligencia de la Armada. La salida de los marinos que habían protagonizado hasta entonces el período de autonomización del GT se enmarcó en la reorganización represiva que tuvo lugar en la Armada después del pase a retiro de Massera. En la fuerza de mar, la reorientación general de la represión ensayada por las Fuerzas Armadas llegó de la mano de la recalificación de la JEIN en el liderazgo de la «lucha contra la subversión».

El reemplazo de la gestión Acosta por los oficiales del SIN y la JEIN expresaba la intención de la estructura de Inteligencia de relanzar su dominio sobre el principal dispositivo represivo de la fuerza, en un contexto en el que el régimen militar repensaba y asignaba un nuevo valor a las funciones de Inteligencia en la «lucha contra la subversión». Así como el proyecto de poder de Massera había sido una condición de posibilidad para la autonomización del GT durante la «etapa Acosta», la pérdida de influencia del almirante retirado en el funcionamiento cotidiano del CCD tuvo como correlato una decisión activa de la JEIN de retomar el control sobre la represión en el campo. De ese modo, el alto grado de autonomía del GT 3.3 de la ESMA en el ejercicio represivo había resultado finalmente transitorio, y había expresado tensiones y variantes dinámicas en el vínculo entre los agentes que ejecutaban la represión ilegal y las estructuras jerárquicas de las Fuerzas Armadas.