Los trabajos de Galtung (1984 y 2003) sobre la historia y resolución de conflictos armados en el mundo evidencian que todo acuerdo y proceso de paz comienza con prácticas político-jurídicas que comprometen e institucionalizan las voluntades de las partes en conflicto. Sin embargo, estas prácticas no son la paz misma, sino una condición inicial de ella. Llevando a considerar que los acuerdos de paz por sí mismos no son suficientes para comprender y reparar el tejido social roto y las heridas simbólicas, físicas, imaginarias y emocionales de las personas afectadas. Por tanto, se debe entender la finalización de un conflicto armado y la construcción de paz como «un proceso dinámico, no secuencial, con altibajos y que implica diversos retos y frentes de acción paralelos» (Rettberg, 2012, p. 4).

Según lo anterior, además de lo político-jurídico se requiere el abordaje de dimensiones como la identitaria, afectiva, familiar, sanitaria, laboral, educativa y económica; soportes constitutivos de la subjetividad, identidad y bienestar de las personas y comunidades, que, en último término, son las que justifican y legitiman la sostenibilidad y el éxito de los acuerdos. Adicionalmente, es necesario un enfoque de paz territorial, entendido por Cairo y Ríos (2019) como un campo de acción para la implementación de los acuerdos de paz, que va más allá de la negociación del cese al fuego, reconociendo la diversidad histórico-cultural del país y las afectaciones particulares derivadas del conflicto. Así, Ríos y Cairo (2018), a través del análisis del discurso geopolítico, desarrollan un conocimiento sistemático para interpretar y representar diversos procesos políticos, como el proceso de paz en Colombia, señalando la importancia de descentralizar el poder como condición para suplir las necesidades locales, la incorporación de las regiones olvidadas y el fomento de su participación sociopolítica.

Consecuentemente, los últimos procesos de paz en Colombia comenzaron con estrategias político-jurídicas que en su implementación produjeron nuevos marcos sociales, legales, relacionales e interpretativos que, aunque dilemáticos e inciertos, han coadyuvado a la desactivación del conflicto armado, teniendo impactos significativos en la reconfiguración de la subjetividad de las víctimas, los excombatientes y la sociedad civil. Lo cual está haciendo ingresar a Colombia en el espectro de países que han decidido resolver sus conflictos mediante la política democrática y no mediante el derramamiento de sangre. En esta vía, entre 2003 y 2006 se desarrolló el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que ha posibilitado a día de hoy la desmovilización de 36.394 combatientes; y en 2016 el acuerdo final para la terminación del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo¹ (FARC-EP) que ha permitido la desmovilización colectiva de 14.001 combatientes a los que se suman 19.930 desmovilizaciones individuales (ARN, 2021). No obstante, los efectos del postconflicto empiezan a desbordar el plano político-jurídico de la paz, mostrando la importancia de atender otras dimensiones de tipo cultural, social, económico, psicológico y psicosocial, como condiciones de éxito del proceso de construcción de paz.

A esta comprensión multicausal y compleja de la paz responde el plan de acompañamiento e intervención que ha implementado el Estado con personas desmovilizadas y en proceso de reintegración a la vida civil, mediante la creación de entidades como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que desde 2003 tiene como misión diseñar, coordinar e implementar los procesos de reintegración integral mediante la promoción y atención de la dimensión personal, productiva, familiar, sanitaria, ciudadana, educativa y de seguridad; esto sobre el entendido de que no es posible una paz estable y duradera si no se atienden las raíces culturales y psicosociales del postconflicto, el conflicto y el malestar social que lo generó. La siguiente imagen muestra las dimensiones del proceso de reintegración estipuladas por la ARN.

La dimensión productiva busca generar capacidades para el goce efectivo de derechos económicos. Desde los acuerdos de paz se estipuló que la reincorporación requiere, por un lado, de apoyo económico transitorio, asignándose tres beneficios durante el proceso: la asignación única de normalización, otorgada una sola vez al inicio del proceso para satisfacer necesidades primordiales; renta básica mensual, equivalente al 90 % del salario mínimo legal vigente otorgado durante 24 meses siempre y cuando no se tenga vínculo laboral; apoyo para proyectos productivos, otorgado una sola vez para apalancar unidades de negocio individuales o colectivas. Por otro lado, se brinda capacitación para el ingreso al sistema laboral y financiero, mediante formación en distintos sectores productivos y para el desarrollo de proyectos autogestionarios (ARN, 2021).

De ese amplio espectro de condiciones psicosociales necesarias para la finalización del conflicto armado y la construcción de paz, este artículo considera que el trabajo constituye una dimensión fundamental. A pesar del esfuerzo de la ARN, las cifras muestran que uno de los efectos colaterales de la desmovilización y de otros factores sociopolíticos relacionados es el progresivo incremento del desempleo que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2020), en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) muestra cifras alarmantes: 2015: 8,9 %; 2016: 9,2 %; 2017: 9,4 %; 2018: 9,7 %; 2019: 10,5 %, y 2020: 13,3 % esto sin tener en cuenta los consabidos subregistros. Así, la ARN (2020a) reporta que, de las 5.859 personas en proceso de reintegración (PPR) al 20 de abril de 2020, se registran 1.421 desocupados, 0 ocupados en el sector formal, 3.737 en el sector informal y 701 corresponden a población económicamente inactiva. Así mismo, de los 25.171 que han culminado el proceso, 1.689 se registran desempleados, 3 ocupados en el sector formal, 19.573 en el sector informal, 2.191 corresponden a población económicamente inactiva y de 1.611 no se tiene información. Lo anterior desconcierta, pues, al histórico problema estructural de desempleo en Colombia, se suma la presencia de al menos 75.207 personas que entre 2001 y 2020 salieron de grupos armados (ARN, 2020b) y que para vincularse al escenario laboral encuentran obstáculos objetivos (condiciones laborales realmente existentes) y subjetivos (labilidad identitaria y débil competencia laboral) que si no se intervienen serán potenciales obstáculos para la paz. Además, a este contexto se suma la migración masiva de venezolanos que hace más complejo el panorama laboral.

Es necesario entender que las condiciones laborales en Colombia no están desarticuladas de las transformaciones mundiales, donde priman modelos de producción, organización y regulación del trabajo de tipo flexible, precario y posfordista; imponiendo cambios en los modos de producción económica vinculados a procesos de internacionalización, desterritorialización y globalización. Una consecuencia directa de esto es el incremento de la competitividad, la innovación y la variabilidad de la demanda, así como el fuerte crecimiento del sector servicios y la tercerización del trabajo. Por otro lado, la apropiación de tecnologías de información, comunicación y producción por parte de las empresas ha facilitado la rápida sustitución del talento humano, la disminución del trabajo físico y el incremento del trabajo cognitivo, así como la reducción de los niveles jerárquicos en las organizaciones y la individualización de responsabilidades laborales, que lleva a que el trabajador sea concebido más como empresario de sí mismo que como un empleado estable al estilo fordista (Carnoy, 2001 y Fumagalli, 2010).

Es así como nuevos paradigmas de producción y organización del trabajo han permeado la industria colombiana; formas de regulación del mundo laboral que obstaculizan la reintegración de los excombatientes, pues su socialización laboral no ha estado vinculada históricamente al trabajo clásico, sino al conflicto armado, y cuya procedencia sociocultural es generalmente rural, campesina e indígena. Esto indica que el mundo laboral al que intentan integrarse es un mundo extraño, para el que no cuentan con las competencias requeridas. Esto lo expone Thorsell (2013), quien encuentra que las características de los excombatientes no se acogen a los perfiles y demandas empresariales contemporáneas. Roldán (2013) señala que los desmovilizados no son empleados comunes, poseen particularidades que implican mayores esfuerzos para el logro de la vinculación laboral, razón por la cual se implementan acciones específicas para su favorecimiento, entre estas: la creación de beneficios tributarios a empresas que los incluyan en su planta laboral y el otorgamiento de microcréditos para desarrollar sus propias iniciativas económicas.

Consonantemente, otro aspecto determinante en su reintegración laboral tiene que ver con el estigma y la discriminación, en el ámbito empresarial, donde se conservan creencias estereotipadas respecto a su peligrosidad e incompetencia; atribuyéndoles rasgos deficitarios que los hacen pasar por personas psicológicamente afectadas, deterioradas moralmente y no dignas de confianza. Así lo exponen Sandoval et al. (2018), señalando una polarización de los empresarios frente a la decisión de vincular excombatientes en sus empresas, en su investigación el 40 % de empresarios los contratarían, el 33 % no los vincularían y el 27 % muestran una posición indecisa. En esta línea, Toca (2017) advierte que la discriminación ejercida por los empresarios fue clara en el plebiscito por el sí y el no a los acuerdos de paz, al no mostrar sentido de responsabilidad social a través del desarrollo de acciones pedagógicas para difundir el acuerdo y apoyar la reintegración social. De forma contraria, se encargaron de difundir los beneficios económicos y políticos en diferentes medios de comunicación, exponiéndolos en términos de beneficios no merecidos, promoviendo resentimiento social con la intención de objetivar a los excombatientes como grupo enemigo, constituyendo prejuicios que actúan como barreras psicosociales para la construcción de paz. Una muestra de ello es que existen sectores productivos vetados para esta población, por ejemplo, el sector financiero según lo indica Roldán (2013), donde los mismos empleadores manifiestan abiertamente que las características de estas personas generan ambientes de desconfianza que impiden su contratación.

Adicionalmente, otro aspecto determinante en el éxito y/o fracaso de los procesos de reintegración socioeconómica es la comprensión de las dimensiones subjetivas e identitarias de dichos actores (especialmente en el contexto laboral), porque no están configurados de la misma manera que alguien que ha crecido en la ciudad. En este sentido, se sostiene que la PPR es un sujeto sin identidad laboral definida; su trayectoria relacional ha sido tejida en escenarios simbólicos distintos, bajo el dominio de las armas, los uniformes, la violencia, etc.; elementos en los cuales se enarbolan ideologías y prácticas políticas comunes que confieren identidad (Castro y Díaz, 1997).

Frente a lo anterior, Lara (2016) habla de las transformaciones subjetivas de los excombatientes, quienes han construido su identidad en escenarios de poder coercitivo, mientras en la vida civil deben construir una identidad a partir de significantes asociados al estudio, el trabajo y el dinero. Así, al dejarse el fusil y el uniforme, se retiran dos fuertes componentes de la identidad guerrillera, renuncia que invita a desarrollar nuevas estrategias de resolución de conflictos y relacionamiento; transformaciones que constituyen un proceso complejo que, según Roldán (2013), toma tiempo, esfuerzo y requiere de la desestructuración de estigmas, debido a que los desmovilizados se sienten discriminados, ocultando muchas veces información sobre su pasado durante los procesos de selección y en la cotidianidad del trabajo, debido al miedo a perder oportunidades laborales.

Dado este panorama, el aporte y originalidad de este trabajo consiste en asumir el análisis del discurso como perspectiva teorética para comprender cómo el posible éxito y/o fracaso en la construcción de paz en un escenario de postacuerdo se relaciona estrechamente con el vector de reintegración sociolaboral de los excombatientes. El trabajo no es una variable más dentro del proceso de reincorporación a tenerse en cuenta para analizar su impacto o la calidad de vida de estos; es ante todo una plataforma para reelaborar una subjetividad, a partir de la cual han de presentarse en el nuevo escenario social. El análisis del discurso permite precisamente explorar lo que significa el trabajo para ellos, el sentido que le otorgan en su trama vital y las barreras laborales que encuentran en sus procesos de reintegración. Desde esta perspectiva se considera que sus prácticas lingüísticas sostienen y promueven determinadas relaciones, descripciones sobre el mundo, sobre su situación política y la del país; permitiendo «sacar a la luz el poder del lenguaje como una práctica constituyente y regulativa» (Íñiguez, 2011, p. 58). Así, analizar sus discursos es un camino predilecto para comprender sus experiencias de trabajo y, a partir de allí, pensar y ofrecer herramientas que posibiliten procesos de reintegración laboral más significativos. Esto implica que una reintegración laboral exitosa no es responsabilidad exclusiva del excombatiente, es necesario el trabajo mancomunado de la sociedad civil, el gobierno, la academia, el sector empresarial, entre otros.

Según las anteriores consideraciones, asumiendo una perspectiva teórica psicosocial y metodológica cualitativa, este artículo se propone explorar y comprender los discursos sobre el trabajo, los procesos de subjetivación y las barreras laborales percibidas por los excombatientes en el marco del postconflicto colombiano. En síntesis, el problema de investigación queda formulado en la siguiente pregunta: ¿Qué discursos del trabajo tienen y qué prácticas de reintegración laboral realizan personas desmovilizadas adscritas a la Agencia de Reincorporación y Normalización en el departamento de Antioquia?

Acorde con la naturaleza del problema y objetivos de investigación, se asume un diseño metodológico cualitativo, procurando comprender desde la perspectiva de los excombatientes los significados y atribuciones que realizan en torno al trabajo y los fenómenos asociados a él; específicamente se utiliza la perspectiva teorética del análisis del discurso (AD), que permite explorar los significados latentes, figuras gramaticales, pragmáticas y retóricas utilizadas por los participantes. Se asume con Van Dijk (1999) que el mundo social puede ser entendido como un conjunto de textos susceptibles de ser analizados. En particular, se hace uso de las herramientas de AD planteadas por Wetherell y Potter (1996), quienes proponen identificar los elementos discursivos usados por los hablantes para construir sus versiones sobre la realidad (repertorios interpretativos), estos últimos, cargados de figuras retóricas: tropos, metáforas, metonimias, etc. Bajo esta perspectiva analítica, se exploran los modos en que es usado el lenguaje para realizar prácticas específicas como criticar, censurar, alabar, disculpar, deslegitimar, etc., aquello que se denomina la función discursiva.

Se utilizó un muestreo intencional y por disponibilidad de sujetos, conformado por 30 excombatientes desmovilizados colectivamente y residentes del departamento de Antioquia-Colombia, 11 de sexo femenino y 19 de sexo masculino, en edades comprendidas entre los 18 y 40 años, vinculados a la ARN, que integraron las FARC-EP durante por lo menos 2 años y cuya situación jurídica les permite figurar como PPR. Todos participaron voluntariamente con las garantías éticas de la investigación en seres humanos (consentimiento informado, anonimato, privacidad, confidencialidad, etc.). No se buscó representatividad estadística, sino que se acudió a criterios de saturación teórica.

En el segundo semestre de 2019 se realizaron entrevistas individuales en profundidad mediante una guía flexible de preguntas abiertas, referidas al mundo objetivo y percibido del trabajo. Se indagó por las concepciones y afectos respecto al trabajo antes y después de la desmovilización, también por las barreras percibidas en su integración laboral postdesmovilización. El análisis de la información se realizó siguiendo las pautas de la investigación cualitativa y el AD: inicialmente, se transcribieron las entrevistas; luego se identificaron unidades de sentido, las cuales se codificaron y categorizaron en unidades mayores con la finalidad de identificar tendencias y repertorios que permitieran dar cuenta de procesos de metaforización, denominación, atribución, justificación o legitimación respecto al trabajo. La información analizada se ensambló en torno a dos grandes categorías: el repertorio interpretativo «estar tachado» y las barreras objetivas y percibidas frente al trabajo. Dichos procedimientos analíticos se realizaron con el apoyo del software Atlas-ti versión 7.5.

En el contexto moderno, la vida laboral constituye un eje fundamental de socialización y construcción de identidad, a partir del cual las personas se sienten miembros significativos de la sociedad, reconociéndose en sus lógicas culturales. En este sentido, la reintegración laboral aporta a la configuración identitaria y a solidificar el sentimiento de pertenencia social del excombatiente, razón por la que aquellas barreras objetivas y subjetivas que se encuentran para acceder al campo laboral son significadas como discriminación y estigmatización. Esta experiencia será nombrada por los actores mediante el repertorio interpretativo estar tachado, marca ontológica que les impide acceder a distintos escenarios de la vida social. En palabras de Goffman (2009) esto se relaciona con signos que exhiben algo negativo y poco habitual en el estatus moral de quien los presenta, señalando aquello que se debe evitar en la vida pública y fomentando sentimientos de anulación de la utilidad del excombatiente (Hernández, Cañaveral y Morales, 2019).

Los resultados se estructuran en dos partes, primero se desarrolla el repertorio interpretativo estar tachado, nominación que da cuenta de un dique que altera la lógica trabajo-utilidad, funcionando como barrera para la reintegración. Luego se da cuenta de barreras que no permiten el acceso al escenario laboral como de aquellas que en su interior entorpecen la configuración identitaria.

A nivel teórico, las discusiones contemporáneas sobre el trabajo en contextos neoliberales señalan una nueva economía psíquica del trabajador, que involucra la autorresponsabilización frente a sus éxitos y fracasos laborales. Así, el sujeto emerge como un ser excesivamente calculador de sus decisiones y riesgos, por tanto, el desempleo y las condiciones precarias de trabajo son meras consecuencias de sus malos cálculos, es decir, de una interioridad incapaz de gestionar su propio bienestar (Castel, 2010). Bajo este exceso de responsabilidad le sobreviene la acusada necesidad de crear las condiciones para gozar de una vida digna a costa del desasosiego intrínseco que supone el discurso de la ascesis de rendimiento, que fomenta la competencia con otros y configura el imaginario de un sujeto sin límites que siempre puede superarse. Es en dicha ascesis donde encuentra un camino para incidir voluntariamente sobre su salario, empleabilidad y condiciones de vida (Laval y Dardot, 2013). Según estos autores, esta economía psíquica está basada en la forma empresa, configurando sujetos comprometidos con mejorar sus resultados; con el perfeccionamiento continuo como condición de ser empleables, y que, en medio del riesgo, buscan maximizar los placeres, reducir pérdidas y responsabilizarse por sus fracasos.

Lo mencionado está parcialmente presente en la forma en que la ARN implementa la dimensión productiva con excombatientes, al capacitarlos y animarlos a emprender proyectos productivos de corte autogestionario; sin embargo, no es cercano a sus experiencias de trabajo, en primera medida porque en ellos no aparece el discurso de la autorresponsabilización; de hecho, las barreras sociolaborales se atribuyen a una exterioridad, advirtiendo que no hay psicologización de sus causas de desempleo. Consecuentemente, el discurso de la ascesis de rendimiento y la competencia no logra evidenciarse, debido a que sus dispositivos de subjetivación han sido evidentemente disciplinarios, constituyéndolos como sujetos responsables y obedientes frente a sus tareas cotidianas, así, su identidad y valor social no depende de prácticas de superación de sí mismos y de otros.

Por otra parte, se considera que los paradigmas de producción y regulación del trabajo (artesanal, taylorista, fordista, postfordista, capitalismo cognitivo) no son etapas secuenciales superadas la una por la otra, sino que es viable que convivan en un mismo espacio organizacional y temporalidad histórica, como es el caso de la sociedad laboral colombiana donde en una misma empresa pueden coincidir trabajos según lógicas temporales tayloristas, de producción en serie y masa como en el fordismo, desterritorializados y orientados por objetivos como en el postfordismo o inmateriales como en el capitalismo cognitivo (Morales, 2012). Esta coexistencia de modelos de producción genera múltiples formas de subjetivación laboral, sin embargo, los excombatientes, debido a su procedencia rural, su afiliación temprana al grupo armado y sus escasas experiencias de trabajo institucionalizado, encuentran barreras para su adaptación en estos entornos. Así, al no considerarse sus formas particulares de subjetivación laboral, su satisfacción y adhesión a los programas de reintegración suponen riesgos.

Sintetizando, la complejidad de los procesos de reintegración laboral pone en peligro las iniciativas de construcción de paz. Los hallazgos marcan caminos de trabajo que pueden contribuir a la implementación de la política pública de reintegración, implicando acciones directas para combatir las principales barreras de acceso al trabajo. Las acciones que se plantean son las siguientes:

A) Reducir las tasas de desempleo, informalidad y precariedad laboral de los excombatientes, ampliando los programas de sensibilización e incentivo dirigido a empresarios que vinculen capital humano en proceso de reintegración a la vida civil.

Como señalan Sandoval et al. (2018), la posición de los empresarios frente a la vinculación laboral de excombatientes en Colombia muestra una polarización que evidencia estigmas y prejuicios, por lo cual, se deben realizar acciones para movilizar sus imaginarios, lo que Barrios et al. (2019, p. 129) llaman «ponerle un rostro» a los excombatientes, proceso que implica que la población civil y los empresarios reconozcan sus historias de vida, como plataforma de reconciliación y debilitamiento del imaginario negativo que sostienen. Esto en sintonía con Rettberg (2013), quien refiere que, si el sector empresarial advierte los potenciales beneficios de la paz para sus organizaciones, como, por ejemplo, las utilidades fiscales o el aumento del reconocimiento de la empresa por su responsabilidad social, la participación del sector empresarial en pro de la paz sería más activa y efectiva.

B) Promover acciones de pedagogía social para reducir el estigma que pesa sobre el excombatiente durante los procesos de contratación y desempeño laboral.

Según Goffman (2009), el estigma actúa como una marca profundamente desacreditadora con la que carga un sujeto, llevándolo a modificar su comportamiento como en el caso de los excombatientes que, en muchas ocasiones, se ven obligados a esconder su marca en el escenario laboral para protegerse de visiones estereotipadas, prejuicios y discriminaciones, lo que inminentemente pone trabas al proceso de configuración identitaria, como se muestra en los resultados. Por lo anterior, las organizaciones con apoyo de la ARN deberían implementar en sus políticas de responsabilidad social acciones pedagógicas para la inclusión satisfactoria del excombatiente en el escenario laboral, que promuevan espacios solidarios donde puedan narrarse a sí mismos. Esto en sintonía con Barrios et al. (2019), quienes refieren que, para lograr una paz duradera y sostenible, es preciso convertir los espacios empresariales en escenarios vivos de reconciliación y construcción de paz, promoviendo dinámicas inclusivas donde la comunidad tenga la oportunidad de interactuar respetuosamente con los excombatientes para combatir los estigmas.

Este artículo señala la importancia de reflexionar y actuar sobre las barreras que la población objeto encuentra en el camino hacia la reintegración, pues estas inciden en los imaginarios sociales que guían sus prácticas cotidianas en el escenario de postconflicto. En esta línea, la investigación refuerza las consideraciones de Roldán (2013), quien expone cómo los excombatientes han encontrado dificultades que impiden el proceso de reintegración social, entre estas: los fenómenos de exclusión, categorización social, discriminación y uso de estereotipos en escenarios laborales; señalando cómo la falta de opciones laborales y económicas y el veto de su participación en los sectores productivos trae como consecuencia la reincidencia en la ilegalidad.

C) Promover escenarios laborales ajustados al perfil del excombatiente o en los que se brinden espacios formativos para que desarrolle las competencias requeridas antes de ser rechazado de los procesos de selección.

Los resultados coinciden con lo hallado por Gibson (2018) al enunciar la inconformidad de los excombatientes con el acompañamiento institucional en lo referido a la ruta de reintegración económica, ya que los talleres orientadores no desarrollan las competencias necesarias para enfrentarse al contexto laboral receptor, no contando con la formación requerida para compensar las experiencias rurales de trabajo, lo que obstaculiza su reintegración, dado que no hay coincidencia entre los saberes previos y las ofertas laborales vigentes. Lo anterior es reforzado por Thorsell (2013), quien indica que el perfil de los excombatientes no se ajusta a las demandas de los escenarios de trabajo. En este sentido, el mundo laboral contemporáneo es regido por un dispositivo neoliberal que excluye y culpabiliza al individuo que no ha sido subjetivado como un empresario de sí, es decir, como un sujeto que se perfecciona constantemente para hacerse más competente en un mundo laboral exigente y cambiante, suponiendo la suma continua e indetenible de requisitos empresariales y formativos. Bajo esta lógica, el excombatiente que se ha subjetivado en medio de un contexto de guerra no tiene otro lugar dentro del dispositivo que el de la exclusión y el de una vida precaria (Bedoya, 2018).

Se plantea que, si bien existen sectores productivos vetados para la población estudiada, deberían existir otros que se abran como oportunidad, toda vez que la naturaleza y los requerimientos técnicos de ciertos trabajos se ajustan a su pasado y conocimientos; en este sentido, no siempre puede hablarse de una transformación radical de la subjetividad en la reintegración laboral, pues algunas de las competencias forjadas en escenarios de conflicto pueden ser aprovechadas por las empresas y el mismo sujeto en beneficio de la actividad laboral, entre estas, las relacionadas con la disciplina, la vigilancia, el sentido de responsabilidad, entre otras.

Complementando, según Delgado (2018), los programas de reintegración en Colombia son desarrollados con base en lógicas urbanas de eficiencia y productividad moderna, que desconocen e infravaloran los universos simbólicos y las competencias de los excombatientes, produciendo tensiones entre los modos de ser y estar en el mundo que implican barreras en la adaptación laboral. Por tal motivo, es necesaria la creación de escenarios laborales ajustados a su perfil, que obedezcan a lógicas más rurales y menos globalizadas; o que, por lo menos en las grandes urbes, las empresas de la mano con la ARN, atendiendo a la responsabilidad social con la paz, gestionen el desarrollo de las competencias necesarias para su vinculación laboral. Sintetizando, los planteamientos de Sánchez y Suárez (2007) recalcan que la principal problemática en la vinculación al mundo laboral de excombatientes se debe a que la educación impartida en la reintegración es insuficiente para garantizar la contratación; así mismo, en muchos casos no logran acceder a empleos relacionados con la oferta educativa a la cual accedieron durante el proceso generando insatisfacción.

D) Implementar un acompañamiento psicosocial que promueva la creación de redes de apoyo comunitario entre los excombatientes y la población civil.

Como señalan Ávila-Toscano y Madariaga (2010), a los excombatientes se les dificulta la generación de vínculos sociales posteriores al proceso de desmovilización; frente a esto, esta investigación refuerza los planteamientos de Cox (2005), quien refiere que las intervenciones deben orientarse a la creación de redes de apoyo y/o al fortalecimiento de las ya existentes, como condición de éxito de los procesos de reintegración. Así mismo, confirma hallazgos como los presentados por Mouly, Hernández y Giménez (2019), quienes postulan la importancia del capital social y de canales de diálogo comunitario para que las experiencias de reintegración sean efectivas. Se considera que dichas acciones contribuirían a la construcción de un escenario de postconflicto más cálido para los excombatientes que posibilite resignificar los sentimientos de desconfianza en la institucionalidad.

Concluyendo, se plantea que la política pública de reintegración y el Estado colombiano deben reforzar y establecer nuevas acciones psicosociales enfocadas a debilitar las barreras sociopolíticas y culturales para la reintegración. Por tal razón, resulta urgente que la academia continúe investigando las experiencias de distintas comunidades que se enfrentan al proceso de construcción de paz en el escenario de postconflicto, con el fin de construir un banco de saberes que nutra e inspire la implementación y desarrollo de acciones que ayuden a consolidar un ambiente de reintegración más cálido para el excombatiente. Finalmente, se identifica una dimensión no explorada que se asocia con la manera en que la desmovilización individual versus la colectiva facilita y/o dificulta los procesos identitarios y la reintegración. Este tema queda abierto para próximas investigaciones.