La literatura especializada en el campo CTS ha echado luz sobre un tema sustancial: la falacia que reside en la pretensión de neutralidad de la evaluación de la ciencia y la tecnología (Chubin y Hackett, 1990; Martin, 2016; Wenneras y Wold, 1997; Link, 1998; Kreimer, 2011). Esta pretensión de neutralidad se ha extendido sobre un amplio espectro de dimensiones que va desde el artículo presentado por uno o un conjunto de investigadores que desea publicar en una revista científica hasta las instituciones mismas que tienen en sus estructuras funciones de investigación y desarrollo.

A pesar de ello, buena parte de los análisis realizados sobre la Evaluación Institucional que desarrolla la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)¹ tienden a destacar la búsqueda de la mejora continua que, este organismo descentralizado, promueve en las Universidades argentinas (Gómez y Negro, 2016). Este organismo evalúa a las Universidades públicas y privadas utilizando un mismo instrumento metodológico -como veremos más adelante- incluso habida cuenta de las marcadas heterogeneidades del Sistema Universitario (De Vincenzi, 2013).

Este trabajo se propone analizar los supuestos teóricos que subyacen a la Evaluación Institucional de la CONEAU, a partir de los cuales se puede inferir una determinada definición de ciencia, centrada en supuestos propios del modelo lineal de la ciencia. Para ello, se seleccionó un caso de estudio – la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM)- que ha recibido la visita de la Comisión en tres oportunidades: 2010, 2015 y 2022. Aquí se analizan los informes correspondientes a las visitas de los años 2010 y 2015, que corresponden a los informes publicados durante los años 2012 y 2017; debido a que, la tercera y última visita se inició en 2022 y durante el año 2023 se realizó la Evaluación Externa y en la actualidad se está a la espera de los resultados. La metodología aplicada es cualitativa, ya que, esta investigación se nutre del análisis documental de los informes de evaluación publicados en la página web oficial de la CONEAU.

Este trabajo se organiza en cuatro grandes apartados. En el primer apartado se presenta la perspectiva teórica a partir de la cual se funda la reflexión que expresa este artículo. El segundo apartado introduce a la Evaluación Institucional CONEAU que será, posteriormente, objeto de consideración. El tercer apartado presenta nuestro caso de estudio y desarrolla el análisis de las dos Evaluaciones Institucionales que la CONEAU llevó a cabo en la UNLaM. Finalmente, el último apartado expone las conclusiones de este trabajo y futuras líneas de investigación.

Los procesos de evaluación en el campo Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) tienen sus orígenes en el siglo XVII, dada la institucionalización de la ciencia moderna (Shapin, 1996). Por aquel entonces, el objetivo principal de la evaluación era establecer métodos que permitieran construir un estándar de calidad para distinguir aquellos manuscritos que debían ser publicados de aquellos que no (Zuckerman y Merton, 1973).

Con el transcurso del tiempo y la creciente profesionalización de la carrera científica (Kreimer, 2011), la evaluación adquirió gran relevancia tanto a nivel institucional como en relación con la asignación de financiamiento a los proyectos de investigación y el ingreso de los investigadores a los distintos tipos de carrera vigentes (Chubin y Hacket, 1990). Sin embargo, de acuerdo con Invernizzi y Davyt (2019), se registra un cambio paradigmático a partir de los años 60´, vinculado con la aparición de mecanismos cienciométricos para la evaluación CTS en detrimento del espacio privilegiado que ostentaba la evaluación por pares².

Más específicamente, en cuanto al conjunto de las políticas gubernamentales sobre evaluación, para Araujo (2014), se encuentra enmarcadas en el problema de la “calidad” en la educación superior. Para la autora, este proceso se caracterizó por una fuerte tensión entre el gobierno y las instituciones universitarias, expresada en la antesala de la sanción de la Ley Nacional de Educación Superior (LES) N|25.521/95, que legalizó la evaluación creando la CONEAU y sentó las bases en esta materia en el sector de la educación superior. En efecto, durante los años noventa se sancionó y diseñó los encuadres normativos que sustentan, hasta hoy, la evaluación del sistema universitario (Araujo, 2014).

Continuando con la autora, la utilización de estas políticas para regular las vinculaciones entre el Estado y las instituciones universitarias tuvo tres particularidades:

Es decir, según la autora, se depositó en la evaluación una confianza extrema como práctica capaz de mejorar la “calidad” de las universidades. En este sentido, la inclusión de la evaluación en la agenda gubernamental fue producto de negociaciones en diferentes ámbitos y con diversos actores, situación que originó prácticas con distintos propósitos, características y dinámicas para legitimarlos (Araujo, 2014).

Asimismo, en la actualidad, la preocupación por la legitimidad de los mecanismos de evaluación CTS no ha pasado inadvertido (Invernizzi y Davyt, 2019). En esa línea, en el año 2022 Kupervaser y Corengia publicaban un trabajo orientado a analizar el funcionamiento del Programa de Evaluación Institucional (PEI)³. En el marco de una serie de entrevistas realizadas por las autoras se destaca el comentario de uno de los expertos, quien sostenía que: “la evaluación promovida por el PEI tiene consecuencias “blandas”, ya que solamente tienen por finalidad dar lugar a mejoras en los procesos evaluados” (Kupervaser y Corengia, 2022, p.29). Con esto se pretende resaltar que, a diferencia de los procesos de acreditación de carreras que lleva adelante la CONEAU no existe ninguna penalidad para la Universidad evaluada en caso de recibir una evaluación desfavorable (Tiscornia, 2009).

Este antecedente, sintéticamente expuesto, nos permite observar una perspectiva teórica desde la cual ha sido estudiada la evaluación institucional. El presente trabajo pretende discutir esta noción de evaluación según la cual se entiende a este proceso como caracterizado por la neutralidad y objetividad. En este sentido, retomando a Varsavsky (1969) podemos afirmar que los mecanismos de evaluación utilizados en la ciencia nada tienen de neutrales. Existen sesgos que forman parte de la subjetividad de quien evalúa que, en la mayoría de los casos, inclinan la balanza por sobre investigaciones, proyectos y políticas tradicionalistas, condenando al fracaso a todo intento innovador (Link, 1998).

Mas específicamente, estos sesgos se nutren de paradigmas estructurados en torno a supuestos acerca de la producción y transferencia del conocimiento, así como, de la gestión de la innovación (Rothwell, 1992). Como veremos a continuación, estos paradigmas se diferencian de acuerdo con los actores e instituciones que consideran que participan en los procesos de innovación y la forma en la que se desarrollan tales vínculos.

El primero de estos paradigmas se denomina modelo lineal. Dentro del mismo conviven tanto la acepción de impulso de la ciencia como la de impulso de la demanda. El modelo lineal de impulso de la ciencia fue el primer esquema que teorizó acerca de las etapas innovativas (Forrest, 1991). Sus inicios se remontan a mediados del siglo XX y su apogeo hasta los años 70´, período en el cual se entendía que existía una secuencia lógica unidireccional desde el conocimiento científico expresado en la investigación básica hasta la comercialización de un producto innovador (Fernández Sánchez, 1996).

A diferencia del modelo de impulso de la ciencia, el modelo de impulso de la demanda cuestionaba la emergencia de ideas innovadoras en el campo científico. De esta forma, durante buena parte de los 70´, el mercado fue percibido como fuente de inspiración que desencadenaba este proceso, caracterizado, al igual que el anterior, por la secuencialidad lineal. Tanto en el modelo de impulso de la ciencia como en el de impulso de la demanda, los actores que participan de los procesos de innovación son, los científicos, los tecnólogos y el sector productivo.

Ya durante la década del 80´se evidenció la ruptura de los esquemas lineales. El contexto de restricciones económicas y búsqueda de racionalización de gastos fue el marco en el cual surgieron los modelos interactivos. Si bien los modelos interactivos buscaron romper la linealidad previamente instalada, a partir de la reciprocidad entre actores que establecen vínculos en los que existe el feedback, no se elimina por completo la idea de secuencia. Esta última opera en trayectos que entrelazan a la investigación pura, el conocimiento científico tecnológico disponible y el mercado (Kline y Rosenberg, 1986).

Asimismo, resulta menester destacar que, en Argentina la producción de una serie de investigadores, tradicionalmente agrupados dentro de lo que se conoce como pensamiento latinoamericano, inició una serie de cuestionamientos propios del modelo sistémico con anterioridad a los 80´. Ya en los 60´ Sábato y Botana planteaban a la producción de conocimiento innovativo como el producto de una asociación virtuosa entre los tres vértices de un complejo triángulo integrado por el Gobierno, la Estructura productiva y la Estructura científico-tecnológica, combatiendo la linealidad del primer modelo presentado (Galante y Marí, 2020).

De forma simultánea, comienzan a proliferar, basados en la experiencia de las empresas japonesas, los modelos integrados. Estos modelos logran prescindir de la secuencialidad por completo, reemplazándola por la construcción de equipos multidisciplinarios que interactúan desde el inicio y van dando forma a las innovaciones (Takeuchi y Nonaka, 1986).

Finalmente, el modelo en red enfatiza el aprendizaje dentro de las empresas como elemento clave en el proceso innovativo (Hobday, 2005). Este tipo de modelos tienen una perspectiva sistémica a partir de la cual otorgan mayor centralidad a los actores con los que interactúan las empresas, en particular, sus clientes. Esto permite advertir la aparición de un nuevo actor – el beneficiario / cliente / usuarios – que se incorpora al proceso innovativo.

En síntesis, aunque cada modelo surgió en un momento histórico, ofreciendo respuestas a problematizaciones contextuales, ello no significa que se reemplacen unos por otros. Al contrario, en la actualidad conviven, de forma subrepticia, elementos de cada modelo en las instituciones que forman parte de cada Sistema Nacional de Innovación y que se pueden vislumbrar en la Evaluación de dicho Sistema.

Como se mencionó, algunas de las transformaciones inauguradas durante los 90´, que aún perduran, en relación con la gestión de la educación y de la ciencia y tecnología tuvieron un impacto sustancial en el Sistema Universitario. De las referidas transformaciones nacieron actores que complejizaron la dinámica del Sistema en cuestión, siendo uno de ellos la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)⁴ (Marquina, 2020). En este marco, en la legislación argentina se reconocen dos practicas diferenciadas para las instituciones y los actores universitarios: la evaluación y la acreditación (Araujo, 2014).

Así, de acuerdo con la Ley 24.521/95, las actividades de evaluación y acreditación podrán estar a cargo de la CONEAU o por entidades privadas constitutivas para ese fin. Sin embargo, la política de evaluación en Argentina se realiza solo a través de la CONEAU, abarcando una diversidad de funciones: coordinar y realizar evaluaciones externas, acreditar carreras de grado y posgrado, evaluar la consistencia y viabilidad del proyecto institucional requerido para autorizar la creación de una nueva institución universitaria nacional, y, por último, elaborar los informes solicitados para la autorización y reconocimiento definitivo de universidades privadas.

De lo expuesto se desprende que, la Evaluación Institucional es tan solo una de las funciones que lleva a cabo este organismo. Además, cabe destacar que este proceso es voluntario, razón por la cual las instituciones firman un acuerdo a tal efecto (Gómez y Negro, 2016). En los “lineamientos para la evaluación institucional”, elaborados en 1997, se señala que la evaluación “debe servir para interpretar, cambiar y mejorar, y no para normatizar, prescribir, y mucho menos como una ´actividad punitiva´. Para ello debe realizarse en forma permanente y participativa, creando un sistema que se retroalimente en forma continua” (CONEAU, 1997: 11). En estas líneas lo que se expresa es el espíritu por el cual fue creada la Comisión. Asimismo, el procedimiento de Evaluación Institucional que desarrolla la CONEAU consta de dos etapas: la autoevaluación y la evaluación externa. La primera etapa consiste en una Autoevaluación que, como su nombre lo indica, está a cargo de la propia universidad

en cuestión. La segunda etapa implica una evaluación externa que es realizada por los pares evaluadores que designa la Comisión. Retomando a Araujo (2014) el proceso de autoevaluación en el que se diagnostican las principales problemáticas institucionales permite, principalmente a quienes gobiernan y gestionan la Universidad, reconocerse como parte de un mismo universo simbólico (Araujo, 2014).

De forma concreta, ambas etapas toman en consideración las siguientes dimensiones, expresadas en la Resolución No 328/12: a) contexto local y regional, b) misión y proyecto institucional, gobierno, gestión, c) gestión académica, d) investigación, desarrollo y creación artística, e) extensión, producción de tecnología y transferencia, f) bibliotecas, centros de documentación y publicaciones. De esta conformación podemos inferir que no se espera que el conocimiento científico producido sea, necesariamente, aplicado; ya que, la transferencia se encuentra dentro de la dimensión extensión, en lugar de formar parte de la dimensión investigación.

Adicionalmente, siguiendo a Codner (2017), es posible advertir que, una de las diferencias sustanciales entre investigación y extensión reside en que, la primera, necesariamente, se propone generar conocimiento científico, mientras que, la segunda puede prescindir de ello. De lo expuesto se deduce que la aplicación del conocimiento no está ceñida a su producción.

Más específicamente, la dimensión que aquí interesa es la relativa a la investigación, desarrollo y creación artística. Por ello, a continuación, se presentan los criterios que la CONEAU propone para la evaluación de esta dimensión:

En suma, la perspectiva propuesta por la CONEAU busca ser una perspectiva holística de la evaluación y contiene un carácter pragmático orientado al mejoramiento de la calidad institucional (Informe de Evaluación Externa, CONEAU: 113). En este marco, con el objetivo de dilucidar el concepto de ciencia propio del organismo, el siguiente apartado aborda las sugerencias que realizó la CONEAU a la UNLaM acerca de la dimensión Investigación, desarrollo y creación artística en las dos Evaluaciones Institucionales cuyos informes se publicaron en los años 2012 y 2017⁵.

La UNLaM ha sido creada en el año 1989⁶. En la actualidad, su estructura departamental está conformada por cinco Unidades Académicas que cuentan con sus respectivas Secretarías de Ciencia y Tecnología, articuladas en un Consejo de Investigación con la Secretaría de Investigación central (Bidiña et al, 2023). En este aspecto, la UNLaM cuenta con un modelo de centralización administrativa y descentralización académica, es decir, que los procesos administrativos se estandarizan de forma centralizada, mientras que los aspectos específicos de la gestión académica se guían por lo que Mintzberg (1980) denomina esquema descentralizado.

Así, la Secretaría de Ciencia y Tecnología es la encargada de ejecutar la política de investigación de la UNLaM. Su responsabilidad primaria es la de asistir al Rector en todo lo vinculado con el diseño de la política de investigación científica y tecnológica y la promoción de los mecanismos necesarios para su fomento y ejecución, así como la coordinación de dicha política con la del conjunto del Sistema Nacional de investigación científica y tecnológica (Informe de evaluación externa, CONEAU). La misma se completa, como se mencionó, con las Secretarías de Ciencia y Tecnología de cada uno de los Departamentos.

A esta estructura, se suma en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, un Comité que se constituye como órgano consultivo, integrado por un grupo de Docentes- Investigadores específicamente designados; con la finalidad de formar una opinión fundamentada en un marco gnoseológico, epistemológico y ético, sustentado por la comunidad científica internacional y por el marco normativo vigente. Este órgano evalúa proyectos de políticas, leyes y regulaciones vinculados a la producción de resultados provenientes de proyectos y programas de investigación desarrollados desde las unidades académicas de la UNLaM, y la propuesta de un programa estratégico para gestionar y difundir el conocimiento generados desde la Universidad (Bidiña, 2015).

Asimismo, resulta pertinente destacar el comienzo del Programa de Incentivos a docentes-investigadores (Decreto 2427/93), a principios del año 1993, ya que fue coincidente con lo que la Universidad denomina la etapa de “activación” de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. De esta forma, y como veremos más adelante, la identificación de la debilidad que supone la carencia de recursos propios para el desarrollo de las actividades de investigación llevó a la UNLaM a formular en el año 2004 un programa de investigación científica y tecnológica respaldado por recursos propios y por la canalización de recursos provenientes de otras procedencias llamado CyTMA (Ciencia y Técnica en la Universidad de La Matanza), formalizado mediante Resolución 016/04 del Honorable Consejo Superior (p.67). Para Araujo (2003), el Programa de Incentivos a docentes-investigadores se

constituye como una de las primeras iniciativas institucionalizadas del Estado Evaluador (Araujo, 2003). De este modo, hace referencia a una nueva forma de construcción de las relaciones Estado-Sociedad- Educación Superior.

En este marco, a lo largo de su historia, como se mencionó, esta Universidad recibió la visita de la CONEAU en tres oportunidades. La primera de ellas se inició en el año 2010 y en el año 2012 se publicó el informe de evaluación externa correspondiente. Mientras que, la segunda visita se realizó durante el año 2015 y en el año 2017 se publicó el informe de evaluación externa correspondiente. Finalmente, la tercera y última visita se inició en 2022 y durante el año 2023 se realizó la Evaluación Externa y en la actualidad se está a la espera de los resultados. A continuación, se presentan las principales sugerencias realizadas a la función de I+D.

La presente investigación se propuso analizar los supuestos teóricos que subyacen a la Evaluación Institucional de la CONEAU con respecto a la función de I+D. Así, se buscó inferir una determinada definición de ciencia, centrada en el modelo lineal, que se ve reflejada en esos complejos procesos.

Para ello, se seleccionó un caso de estudio, la Universidad Nacional de La Matanza, que, a lo largo de historia, ha recibido la visita de la Comisión en tres oportunidades: 2010, 2015 y 2022. Aquí se analizaron los informes correspondientes a las visitas de los años 2010 y 2015, que corresponden a los informes publicados durante los años 2012 y 2017. La metodología aplicada fue cualitativa, ya que, esta investigación se nutre del análisis documental de los informes de evaluación publicados en la página web oficial de la CONEAU.

El primer apartado de este trabajo expuso el marco teórico que informó el análisis conducido. Desde nuestra perspectiva, los procesos de evaluación se encuentran teñidos de paradigmas, teorías y miradas que se esconden bajo el velo de la búsqueda de la mejora continua. Así, que exista una etapa de evaluación por pares externos no afecta a las subjetividades, sesgos y particularidades que subyacen a cualquier clase de evaluación, aunque aportan una mirada distinta a la que tiene la institución sobre sí misma.

Luego, se presentó al organismo encargado de realizar las Evaluaciones Institucionales: la CONEAU y la forma en que realiza la evaluación en I+D en las instituciones universitarias. Una de las funciones que desempeño la CONEAU es la realización de las Evaluaciones Institucionales, en cuyo marco se analiza a las Universidades desde una perspectiva holística. Esta forma de evaluación es la que aplica a todo el universo de las intuiciones que componen el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. En este marco, aquí nos interesó en particular la mirada que se proyecta sobre la función gestión en Investigación y Transferencia, es decir en la función I+D de la UNLaM.

Más adelante, durante el tercer aparatado, se describió brevemente nuestro caso de estudio y se describieron y analizaron las recomendaciones realizadas por los pares externos que visitaron la UNLaM en ambas instancias y que se consolidaron en dos informes finales publicados en el sitio web de la Comisión. En este sentido, se pudo observar que en la primera evaluación no se aprecian, con claridad, elementos distintivos de algunos de los modelos lo que podría corresponderse con el escaso desarrollo de una función muy recientemente creada en aquel entonces. Mientras que, en la segunda evaluación, con un desarrollo superior de la función I+D, los supuestos basados en el modelo lineal se tornan más evidentes.

En este sentido, si bien el listado resulta extenso, diverso y heterogéneo se advierten recomendaciones que permiten traslucir el énfasis puesto en tres grades cuestiones. Por un lado, se encuentra la recomendación acerca de la promoción del contacto con comunidades científicas del exterior – donde los resultados de las investigaciones se publican en revistas de alto impacto, en idiomas extranjeros y en relación con temas de interés para tales regiones-.

Por otro lado, se fomenta el desarrollo de ciencias básicas como paso previo necesario para la producción de tecnologías. En esa línea se reproduce el esquema de las agencias nacionales abocadas a las carreras de investigadores puros que acumulan antecedentes y pueden conquistar financiamientos externos.

Por lo tanto, de todo lo expuesto podría interpretarse que la CONEAU convalida una definición de ciencia consistente con los postulados del modelo lineal, que privilegia el diálogo con el sector académico y mantiene gran independencia respecto de las demandas concretas del entorno.

Lo antedicho representa que avanzar en el camino de la implementación de un programa que busque dar respuesta a las sugerencias realizadas por la CONEAU implica adoptar una determina definición de ciencia que se plasma en la gestión de la investigación. Por ello, resulta de interés para futuras investigaciones, analizar las evaluaciones de la CONEAU en otras universidades y así evidenciar si se presentan lógicas similares o contrapuestas a la descripta en el presente artículo.