Durante la década del noventa comenzó a registrarse en Argentina -en consonancia con tendencias regionales y mundiales- un período de crecimiento y consolidación de proyectos mineros de envergadura, en el marco de una coyuntura signada por crecientes demandas e incremento de precios de minerales en el escenario global. Este modelo implicaba, además, la implementación de nuevas tecnologías para la obtención del material diseminado entre las rocas que contemplan, entre otros procesos, grandes voladuras de montañas y procesos de lixiviación (separación de los minerales buscados de las rocas) que requerían de grandes cantidades de agua.

Desde entonces, las extracciones a partir de la implementación de la denominada minería de gran escala o megaminería han ido en aumento (multiplicando por más de diez veces las toneladas de materiales exportados en las últimas décadas), propiciados además por una serie de reformas del marco regulatorio de las actividades mineras (Walter y Wagner, 2021). Entre éstas se destacan la “provincialización de los recursos naturales” establecida en la reforma constitucional de 1994, y una serie de medidas que buscaron favorecer a empresas transnacionales a través del ofrecimiento de estabilidad fiscal y exenciones de pago de impuestos, como deducción de ganancias, cánones de explotación o de retenciones por exportación, entre otros de relevancia (Svampa et al., 2009).

Ante el crecimiento de este tipo de proyectos, se ha registrado también la emergencia de resistencias en el país a impactos sociales, económicos, culturales y ambientales asociados a estos procesos extractivos. Entre otros casos de relevancia se destacan resistencias tempranas como el “No a la mina” en Esquel, que alcanzó picos de visibilidad en 2003 y sentó bases para futuras protestas; las discusiones en torno a las actividades en La Alumbrera, provincia de Catamarca; e incluso en La Rioja, donde se alzaron voces de protesta contra la minería metalífera en la zona del cerro conocido como el “Famatina”. Esto se explica, entre otras cuestiones, en tanto el proceso de extracción de minerales mediante megaminería a cielo abierto, el método más extendido en el país y la región, es considerado como unas de las actividades más contaminantes y también conflictivas en el mundo (Walter y Wagner, 2021).

En términos más generales, las resistencias a la megaminería se inscriben también en el marco de crecientes discusiones y conflictos en torno a la cuestión ambiental que han ido en aumento en Argentina y la región desde comienzos del milenio (Merlinsky, 2022), entre los que se han destacado aquellos que ponen el foco tanto en actividades mineras (e.g. Svampa & Antonelli, 2009; Wagner & Walter, 2020), como en discusiones vinculadas con la localización de industrias con potencial contaminante (e.g. Cortassa et al., 2013; Vara, 2007); la producción de alimentos y modelos de producción agraria (e.g. Gárgano, 2022; Giarraca & Teubal, 2013); o la producción de energía (e.g. Garrido & Recalde, 2022; Svampa & Bertinat, 2022).

En Argentina, los procesos extractivos del uranio -considerado por entonces mineral estratégico- se remontan a mediados del siglo pasado, y se han encontrado históricamente vinculados a la CNEA (Reverberi, 2003). Desde entonces se han ejecutado proyectos de mediana y baja escala, que alternaron técnicas de extracción entre minería subterránea y a cielo abierto, predominando estas últimas en las décadas pasadas. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con la minería metalífera de otros elementos (y lejos de incrementarse), la minería del uranio se interrumpió en el país a mediados de los noventa, según adujo la CNEA, por razones económicas asociadas a los costos extractivos del material y precios internacionales⁷.

A comienzo del nuevo milenio Argentina retomó el interés por la minería de uranio, en el marco de la reactivación de la actividad nuclear en el país en 2006; del pico histórico alcanzado por el precio de este elemento el mercado internacional; y de los proyectos que buscaban aumentar la producción de nucleoelectricidad en el territorio, como parte de la lucha contra el calentamiento global y proyectos de transiciones energéticas. En este escenario, de manera análoga a lo ocurrido con otros proyectos mineros de creciente presencia en el país, se registró la emergencia de cuestionamientos y resistencias a las intenciones de reapertura y búsqueda de nuevos sitios explotables. Sin embargo, no se trató de conflictos noveles. Al contrario, las más recientes resistencias se inscriben en el marco de históricas discusiones por procesos de extracción y tratamiento del uranio identificados en Argentina desde el retorno a la democracia en 1983 hasta la actualidad, tras la reapertura de la esfera y el espacio público para la participación política. Si bien no han sido masivas, sí se han registrado cuestionamientos que alcanzaron cierto grado de visibilidad a nivel local e incluso nacional que, en ocasiones, han derivado en acciones de protesta de relevancia que promovieron impactos varios (Piaz, 2020, 2022).

En términos más generales, y a diferencia de lo ocurrido en el escenario internacional, en tanto -según explica Hecht (2012)- las resistencias a la minería de uranio han permanecido fuera del mainstream antinuclear, los cuestionamientos y protestas en contra de los procesos extractivos de este elemento en Argentina se han sumado a cuestionamientos vinculados con otras etapas del proceso productivo de la nucleoelectricidad registradas en el país, como la producción de dióxido de uranio, la fabricación de elementos combustibles nucleares y el manejo y disposición de residuos radiactivos. Entre otros episodios contenciosos de relevancia vinculados a la minería y manufactura del uranio se destacan cuestionamientos a métodos de tratamientos de residuos radiactivos en el Centro Atómico Ezeiza y el Complejo Fabril Córdoba (complejo minero-fabril ubicado en la provincia de Córdoba), así como también resistencias vinculadas a procesos extractivos y de purificación del uranio en provincias como Córdoba, Mendoza y Chubut.

En mayo de 2006 se estableció un Convenio Marco de Cooperación y Coordinación entre el Estado Nacional y la Provincia de La Rioja, con el objetivo de impulsar proyectos vinculados al área nuclear en materia de “aprovechamiento energético de los recursos naturales; establecimiento de bases tecnológicas para industrias químicas o metalúrgicas; generación valor agregado a los recursos minerales; formación de recursos humanos y asistencia tecnológica” (Convenio marco de cooperación…, s/f). En agosto de ese mismo año, la oficialización de la reactivación de las actividades nucleares en el país implicó un nuevo impulso al desarrollo y la implementación de esta tecnología con fines industriales y para la producción de energía eléctrica que contemplaba, como anticipamos, la reactivación de la minería de uranio en el territorio nacional. Para aquél entonces, los trabajos de búsqueda de minerales en la región Centro de la CNEA se encontraban orientados hacia la provincia de La Rioja, un territorio con potencial para el desarrollo de actividades mineras y que, a diferencia de otras provincias bajo la órbita de la regional, no presentaba por aquel entonces legislaciones restrictivas a este tipo de actividades.

Entre las zonas disponibles para la búsqueda de uranio se destacaron las áreas circundantes al cerro Famatina (y el pueblo homónimo), y la zona de la Sierra de Velasco, en las cercanías a La Rioja, ciudad capital de la provincia⁹. Mientras que los trabajos en inmediaciones del Famatina fueron desestimados por autoridades de la CNEA, en el marco de un importante conflicto por la minería de oro en la zona que implicaba a empresas transnacionales, las tareas de prospección avanzaron en la otra área prevista. Como explican Giarraca y Hadad (2009), desde 2006 “este territorio y parte de su población están en ´estado de alerta´ porque sufren la constante amenaza de la explotación minera, tanto de oro como de uranio y otros minerales” (p.230).

Tras la realización de estudios preliminares, se encontraron resultados positivos en cuanto a la presencia y viabilidad de extracción del uranio aproximadamente a unos 20 km de la ciudad capital de la provincia y en inmediaciones de varios parajes habitados. Según explica el Entrevistado A, funcionario jerárquico del área de geología de la CNEA- allí se identificó la presencia de uranio de fácil extracción, tratándose de “unos minerales muy fáciles de recuperar de la roca, que son altamente solubles y están en superficie, (...) prácticamente con una pala podés movilizar y cargar al menos lo que está en superficie, aplicar tratamiento y sacarle el uranio (entrevista personal, 2023). En esta zona, también identificada por la CNEA como Quebrada de Alipan o Alipan I en informes oficiales, se avanzó con campañas de prospección para avanzar con los estudios del suelo.

El incremento de la presencia de personal de la CNEA y la movilización de equipamientos en la zona comenzaron a llamar la atención de pobladores de parajes colindantes y miembros de la Asamblea Riojana Capital (ARC)¹⁰, quienes comenzaron a interesarse por los proyectos uraníferos y posibles impactos socioambientales de la minería en la zona y sus alrededores.

Al tiempo que la CNEA avanzaba con los trabajos, tomaron estado público las intenciones de construir en la provincia una Planta productora de dióxido de uranio, prevista para “satisfacer en el futuro la mayor demanda de dióxido de uranio que se generará a partir de la entrada en operación de la Central Nuclear Atucha II”¹¹ (CNEA, 2010). La noticia potenció el estado de alerta de vecinos e integrantes de la ARC, en un escenario signado además por dos eventos vinculados con resistencias a las actividades mineras y la producción de nucleoelectricidad. Por un lado, los cuestionamientos a la tecnología nuclear habían adquirido un nuevo impulso en el escenario global, no siendo Argentina una excepción, tras el accidente ocurrido en 2011 en las centrales japonesas de Fukushima Daiichi (Hindmarsh & Priestley, 2016). Por aquél entonces, la producción de nucleoelectricidad se encontraba bajo escrutinio en el país, registrando protestas y movilizaciones con epicentro en las provincias de Buenos Aires y Córdoba (que cuentan con reactores de investigación, potencia e instalaciones varias vinculadas al proceso productivo de la energía nucleoeléctrica). Por otro lado, los cuestionamientos a la minería de uranio se intensificaron en un escenario de creciente oposición a la explotación minera en la zona de Famatina, que alcanzaron masividad y visibilidad incluso a nivel nacional e internacional cuando en enero de 2012 se realizaron movilizaciones que reunieron más de 10 mil personas bajo la consigna del “Famatina no se toca” (Famatina, una causa nacional, s/f).

En este panorama, se registraron voces de alerta que fueron en aumento desde que tomara estado público el proyecto. Como explica una referente de la ARC

Si bien las protestas y cortes de ruta resultaron de especial relevancia, en el devenir de las disputas las resistencias -que alcanzaron picos de visibilidad entre 2012 y 2014, aunque se extendieron hasta la actualidad- se expresaron mediante un vasto repertorio de acciones colectivas. Entre éstas se han registrado actividades culturales y performáticas -como la realización de charlas en escuelas, bibliotecas populares, o performances como “El funeral de la CNEA” (Capital, 2014)-; intervenciones en medios de comunicación autogestionados y de comunicación masiva; la creación de material audiovisual y divulgación de posicionamientos públicos contra la minería de uranio (e.g. Bustos, 2014); elaboración de petitorios; el impulso de legislaciones anti mineras; e incluso acciones de protesta más disruptivas, que incluyeron movilizaciones y reuniones en la ciudad capital y cortes de ruta para resistir el avance de la que consideraban como “la peor de todas las minerías” (Entrevistado E, Entrevista personal, 2023)¹².

La minería de uranio puede ser implementada mediante diversas técnicas de extracción, cuya aplicación varía según las características de los sitios explotables, la disponibilidad y accesibilidad al elemento, o las capacidades económicas, técnicas y operativas de las empresas involucradas, entre otros factores de relevancia. Entre estas posibilidades se encuentran la minería a cielo abierto (open pitt mining), la minería subterránea (underground mining) y la lixiviación in situ o de tratamiento “en el lugar”, que implica -como su nombre lo indica- la implementación del proceso de lixiviado bajo tierra. La extracción de uranio a cielo abierto -como la proyectada en La Rioja- genera rocas residuales con concentraciones “similares o algo superiores” a la concentración que se encuentra en la naturaleza, que superan en cantidad y volumen a las que se obtienen, por ejemplo, mediante minería subterránea. Una vez realizado el proceso de lixiviación, mediante tratamientos hidrometalúrgicos, se obtiene, por un lado, el concentrado de uranio; por otro lado, las denominadas “colas”, que consisten en residuos líquidos y sólidos resultantes del proceso. Éstas contienen no sólo el uranio que no se ha podido extraer de la roca (que oscila entre el 5 y el 10% aproximadamente), sino también otros productos asociados al decaimiento de este elemento (nuevos elementos en los que se transforma el uranio al modificarse su composición). Si bien la radioactividad de estas colas es baja (ya que se trata de uranio en estado natural), sus impactos ambientales se encuentran asociados a las cantidades de material que contienen, “su contenido residual de radionucleidos de período largo y otros componentes peligrosos como, por ejemplo, metales pesados y arsénico” (Fernández Niello, 2005: p. 103-104).

Por tanto, a diferencia de actividades extractivas de otros minerales como oro, plata o litio, la minería de uranio debe contemplar cuidados tanto químicos como radiológicos.

Estas características y particularidades que presenta la actividad han impactado en la percepción de este tipo de minería como especialmente riesgosa para el ambiente y la salud de las personas (Slovic, 2000), así como también han conformado parte central de los argumentos esgrimidos por actores resistentes. En este sentido, en el marco de la controversia se identifican argumentos de índole más general, vinculados a la minería a cielo abierto, como aquellos que ponderan la posibilidad de contaminación de sitios como resultado de procesos de lixiviación, utilización de grandes cantidades de agua, impactos en flora y fauna nativa, reconfiguración de los territorios, impactos en economías o formas de vida locales (Svampa y Antonelli, 2009; Wagner y Walter, 2020). Empero, las actividades vinculadas a la extracción y tratamiento del uranio han sido también cuestionadas a partir de la presentación de argumentos más específicos, que ponen el foco tanto en las características químicas como radioactivas que presenta este elemento. Reparando en las particularidades de los cuestionamientos a la minería de uranio (revisando especialmente lo registrado en África, Australia y Estados Unidos), Hecht (2012) señala que “los peligros de la contaminación radiológica les han otorgado [a los resistentes] una misión distintiva”. Mientras que algunos “han desarrollado experticia en temas de radioactividad”, otros han encontrado formas de traducir el excepcionalismo de los asuntos nucleares a “idiomas tradicionales” (p. 289).

En el devenir de las resistencias en La Rioja, es posible observar esta “misión distintiva” en, al menos, dos dimensiones. Por un lado, los actores resistentes han adquirido cierta experticia en cuestiones predominantemente técnicas vinculadas con la radioactividad y problemáticas asociadas al uranio y su “familia” (es decir, esos elementos en los que se transforma el uranio a partir de su decaimiento), como su potencial contaminante y capacidad para producir impactos irreversibles y por extensos períodos de tiempo en el ambiente y la salud de las personas, que han puesto en juego durante episodios contenciosos como argumentos para impulsar y sostener acciones de protesta. Por otro lado, han aunado esfuerzos por transmitir estos conocimientos aprehendidos, así como también en transmitir los cuestionamientos específicos a las actividades resistidas que exceden en términos estrictos a la minería de uranio y que históricamente se han expresado en el país como parte de discusiones más amplias vinculadas al desarrollo y la implementación de la tecnología nuclear.

Mientras que en la cartelería exhibida en las protestas se multiplicaban consignas como “Uranio para todos, cáncer para todos”; “No al uranio, no al plan nuclear”; “Agua si, uranio no” -acompañadas de aquello autores como Weart (2012) proponen pensar como imaginería nuclear (tales como imágenes del símbolo radiactivo, máscaras de protección, el ´hongo´asociados a explosiones nucleares, etc.)-, los argumentos más extensivos en contra de estas actividades se expresaron en intervenciones públicas de los miembros de la ARC y, con posterioridad, en intervenciones de otras organizaciones antinucleares que apoyaron la causa. Entre éstas se destacan, por ejemplo, publicaciones que sostienen la vinculación del uranio con el desarrollo de enfermedades como cáncer, o aquellas que señalan que “la explotación de uranio es la minería más tóxica, ya que en su proceso se liberan sustancias radiactivas. Las minas de explotación de uranio son letales. El gas radón emitido durante la explotación es radiactivo y viaja hasta 1000 kilómetros” (Página/12, s/f).

Asimismo, este argumentario identificado resulta de una síntesis producto de consensos alcanzados durante años de lucha en los que se identifica un proceso de construcción colaborativa de conocimientos y un apoyo en experiencias previas de luchas antinucleares, en consonancia con los procesos de difusión y transmisión (McAdam et al., 2009; Pleyers, 2018) identificados¹³. Por ejemplo, ante el avance de proyectos mineros en la zona cordillerana del país, un spot publicitario de 2009 elaborado por la Organización No Gubernamental Conciencia Solidaria, señalaba que “de toda explotación metalífera, la del uranio es la más perjudicial y perversa. La contaminación radioactiva condena terribles padecimientos a la humanidad y la naturaleza. No queremos extracción de uranio ni exportación de plutonio” (Conciencia Solidaria, 2009). Asimismo, estos argumentos son replicados en publicaciones impulsadas por organizaciones no gubernamentales que han sido referentes de procesos de discusión de la cuestión ambiental y antinuclear en el país, como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace; o BIOS Argentina.

En otro orden de ideas, tanto desde sectores promotores de la tecnología nuclear como desde entes reguladores se ha puesto el acento en que, si bien toda actividad antrópica -como la minería- genera impactos, éstos pueden ser minimizados, mitigados y controlados. Es decir que, a pesar de las características distintivas que presenta el uranio -como la radioactividad-, desde instituciones como la CNEA y la ARN -organismo que se encarga controlar la seguridad física y radiológica de los sitios en los que se obtiene y/o procesa el uranio- ses sostiene la posibilidad de llevar a cabo una minería “cuidada y sustentable” de este elemento, que no implica mayor complejidad que otras actividades similares. Como explica un trabajador de la ARN,

Asimismo, se registra también un un amplio consenso en que las prácticas mineras y los estándares de seguridad y cuidados ambientales se han elevado considerablemente con el correr de los años, a partir de “malas prácticas” registradas no sólo en Argentina sino también en otros países mineros que suelen imponer estándares de calidad y protección ambiental, como Estados Unidos, Canadá o Francia. Los cambios han resultado de tal magnitud que, según un alto funcionario de la gerencia de minerales de la CNEA, las actividades pasadas resultan impracticables en la actualidad

Ahora bien, como señala Hecht (2023) en su más reciente estudio sobre controversias por la minería de uranio, focalizar la atención sólo en el elemento cuestionado puede conducir a falsas soluciones. Al contrario, postula la necesidad de prestar atención no sólo a “las moléculas” sino también a las profundamente enraizadas infraestructuras que los producen y los procesos productivos asociados (p.16). En tanto las actividades extractivas no han sido implementadas en La Rioja hasta la actualidad (por lo que no es posible avanzar en el estudio de aquellas infraestructuras que las posibilitan), en el siguiente apartado se abordan impactos de las resistencias prestando especial atención, por un lado, a impactos en procesos productivos cuestionados y en las formas en que se implementan los reclamos; por otro lado, a los procesos productivos con los que estas actividades se encuentran relacionados. Es decir, con el proceso productivo de la nucleoelectricidad.

En agosto de 2012 se promulgó la ordenanza municipal 4930 que declara al Municipio del Departamento Capital de La Rioja como “no tóxico, no nuclear y ambientalmente sustentable”, en un panorama signado por momentos de mayor visibilidad pública de las controversias en torno a los proyectos de minería de oro y uranio, y la multiplicación de acciones de protesta en el territorio provincial. De acuerdo con los concejales firmantes de la norma, su impulso surgió a partir de preocupaciones de “asambleas ambientales”¹⁴ que buscaban detener los proyectos de minería de uranio en el municipio y sus inmediaciones, y que venían participando de las crecientes discusiones sobre actividades mineras en la provincia, los proyectos extractivos en la zona del Famatina, y ante el posible avance de “empresas transnacionales como Barrick y posteriormente Osisko” (Entrevistado F, entrevista personal, 2023).

La entrada en vigencia de la ordenanza implicó un impacto en los proyectos de la CNEA, que derivó en la suspensión de actividades ese mismo año en la quebrada de Alipan. Sin embargo, De acuerdo con miembros de la ARC, que celebraron la paralización del proyecto, el éxito (al menos momentáneo) que hasta entonces habían alcanzado no se explica únicamente a partir de la implementación de este considerado “mecanismo de protección social”, sino que se inscribe en el marco de un plan de lucha más extensivo que ha caracterizado a la protesta social, movilizaciones y cortes de ruta como parte de las expresiones más determinantes y eficaces de las resistencias

Tras la promulgación de la ordenanza y la paralización del proyecto comenzó una disputa legal que se dirimió en el ámbito judicial e impactó en el devenir de las discusiones. En este escenario, la CNEA avanzó con la presentación de un recurso de amparo que instó la declaración de la ordenanza como inconstitucional en 2017, fallo que fue apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero que, sin embargo, fue ratificado por el tribunal. Tras quedar sin efecto la ordenanza, en tanto la justicia consideró que la Municipalidad de la Rioja no se encuentra en condiciones de prohibir “una actividad ya autorizada debidamente por la Provincia y por el órgano legalmente competente para ello” (Sentencia…, s/f), la CNEA intentó retomar actividades en el territorio que, sin embargo, aún no han prosperado.

En cuanto a las resistencias, es posible afirmar que se encuentran en estado de latencia, en un escenario en el cual vecinos, miembros de las unión de asambleas de comunidades, y movimientos ambientalistas y antinucleares interesados en la problemática siguen de cerca los pasos de la CNEA, se han movilizado ante intentos de avance de los proyectos cuestionados (Basualdo, 2021), continúan expresando públicamente su rechazo y aúnan esfuerzos para resistir tanto la megaminería a cielo abierto en general, como a la minería de uranio en particular y, en términos más generales, el proceso productivo de la nucleoelectricidad.

La utilización del uranio para la fabricación de combustibles nucleares y la inescindible vinculación de este elemento con el proceso productivo de la nucleoelectricidad impulsó a miembros de la ARC a interiorizarse en las crecientes discusiones que se registraban en Argentina en torno al desarrollo y la implementación de la tecnología nuclear. En este escenario, la toma de estado público de las mencionadas intenciones de trasladar a La Rioja una planta productora de dióxido de uranio¹⁵, ¹⁶ -que enfrentaba cuestionamientos por su ubicación en una zona residencial de la ciudad capital de la provincia de Córdoba, pedidos de relocalización y clausuras preventivas- potenció el estado de alerta de vecinos y actores resistentes. El temor de que se avanzara con la minería de uranio en la provincia para proveer de materia prima a la planta y los pasivos ambientales asociados al complejo donde se encontraba ubicada llamaron la atención de miembros de la ARC que se expresaron públicamente en contra del proyecto

Si bien se trataba de un alternativa incipiente, que finalmente no prosperó, los rumores de una posible relocalización en La Rioja contribuyó, por un lado, a reforzar la vinculación de la minería del uranio con la fabricación de elementos combustibles nucleares y el proceso productivo de la nucleoelectricidad; por otro lado, con la emergencia y consolidación de redes de articulación, cooperación e intercambio de información con movimientos ambientalistas y antinucleares de extensa trayectoria en el país.

Desde entonces, se han multiplicado en comunicados, intervenciones públicas y -especialmente- en la cartelería y folletos difundidos, propuestas como “No al plan nuclear nacional. Basta de megaminería”; “La Rioja, no tóxico y no nuclear”; o la más extendida “Uranio No, Gracias”, que hace referencia al eslogan antinuclear más conocido en el mundo que pondera “Nuclear, No Gracias”. Desde entonces, integrantes de la ARC, junto con otros colectivos ambientalistas de la provincia que apoyaron las luchas contra la minería de uranio, han estrechado -como anticipamos- acercamientos con organizaciones que históricamente han discutido el desarrollo y la implementación de la tecnología nuclear en Argentina. Tras años de intercambio y trabajo colaborativo, miembros de la Asamblea Riojana participaron de la reunión fundadora del Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA), en la que destacaron su compromiso no sólo con las resistencias al uranio sino también con la producción de nucleoelectricidad

Estos impactos de las resistencias se inscriben a su vez en dos dimensiones que Hess (2022) propone pensar como “cambios sociotécnicos” vinculados al hacer de reclamos -entre los que se encuentran la paralización del proyecto o la promulgación de normas restrictivas a los procesos resistidos-, y como parte de “cambios sociales”, tales como la consolidación de redes de actores y la conformación de nuevos espacios organizacionales como el MARA.

En otro orden de ideas, desde sectores promotores del desarrollo nuclear se ha insistido con la necesidad de continuar con los proyectos delineados y retomar la minería de uranio en el país en tanto actividad estratégica y eslabón fundamental en proyectos tecnopolíticos como el desarrollo de la tecnología nuclear en particular y de la ciencia y la tecnología en general (Hurtado, 2014). En palabras de un alto directivo de la CNEA: “necesitamos volver a la minería de uranio, porque perdimos un eslabón clave de la cadena de valor de combustible en Argentina, que tiene una experiencia enorme. Hay que volver a producir uranio en el país” (Entrevistado D, entrevista personal, 2023). Además, se destacan también aquellos consensos que señalan la necesidad de modificar prácticas pasadas, reforzar cuidados ambientales y retomar la minería de uranio mirando “más allá” de los aspectos económicos de corto plazo; es decir, con una mirada estratégica. En este sentido, desde sectores promotores de la energía atómica se promueve una visión más general que contemple, asimismo, procesos de aceptación social y trabajos en la mitigación de los impactos a estas actividades asociados: “hay que volver a la minería de uranio con licencia social, con mejores capacidades de remediación (...) vamos a ahorrar plata comprando uranio afuera, pero acá das trabajo a la gente, volvés a cerrar tu cadena de combustible, los efectos multiplicadores son otros“ (Entrevistado D, entrevista personal, 2023). En este escenario, los proyectos de minería de uranio en La Rioja no han sido desestimados y se mantienen activos, al tiempo que se avanza con la búsqueda de este elemento en otros sectores del territorio nacional.